Gonzalo Velasco Gutierrez

Expediente 1284/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1284/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • Gonzalo Velasco Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1284/2022-IV. Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada la demanda de tutela constitucional presentada por el quejoso. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que el quejoso tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1284/2022-IV.. Puebla, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso ++++++++++++++++++ por derecho propio, contra un acto de la Agente del Ministerio Público de Tehuacán de nombre ++++++++++++++++++++++++, adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, Subdirección Delegación Tehuacán (sic). En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que continúe la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que el único acto combatido en la demanda de protección, fue delimitado de la forma siguiente: ".LA OMISIÓN DE RECIBIR ESCRITO, dentro de la Carpeta de Investigación +++++++++++++++++++++++, promovido por el suscrito +++++++++++++++++++++, en mi carácter de PROBABLE IMPUTADO.". Sin embargo, esa omisión encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia, porque el quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, tampoco ha sido objeto del acto de molestia que le permitiría reclamar actos relacionados con esa carpeta, y no se encuentra detenido ante la fiscal encargada de la investigación. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis que se invoca enseguida. Tesis jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emergió de la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 2/2022, pendiente de registro pero que fue establecida en la mencionada contradicción, con el texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. HECHOS: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. JUSTIFICACIÓN. Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa. De la tesis jurisprudencial transcrita, se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la omisión de un agente del Ministerio Público de recibirle un escrito, mediante el cual pretende tener acceso a una carpeta de investigación, cuando aquél no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la invocada tesis jurisprudencial, dado que esta determina que una persona tendrá derecho para acceder a la carpeta de investigación, cuando sea objeto de un acto de molestia concreto. Ese acto de molestia puede ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Al presentarse cualquiera de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación, es decir, acceder a esta. Lo cual se entiende al revisar el contenido del artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales.3 Luego, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le permita acceder a los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la omisión o negativa del Ministerio Público, de recibirle un escrito con el cual pretende tener acceso a la carpeta de investigación, donde no ha sido llamada con el carácter de imputada y de la cual tampoco ha surgido un acto de molestia en su contra, se actualizará la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada. De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta o todavía no haya sido objeto de un acto de molestia y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría tener acceso a la carpeta, incluso para recabarle entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por el quejoso en la cual pretende reclamar como único acto, el siguiente: ".LA OMISIÓN DE RECIBIR ESCRITO, dentro de la Carpeta de Investigación +++++++++++++++++++++, promovido por el suscrito ++++++++++++++++++++++, en mi carácter de PROBABLE IMPUTADO.". Pero los antecedentes relatados en la demanda, bajo protesta de decir verdad, informan: ".3.- Comitante (sic) a lo anteriormente expuesto, con fecha quince de noviembre del año dos mil veintidós, acudí nuevemnete (sic) junto con mi Defensor Particular a las oficinas de la Agencia del Ministerio Público, específicamente con la LIC. ANA KAREN GONZALEZ VALERDI, ADSCRITA AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES .con la finalidad de presentar escrito para apersonarme a la indagatoria antes mencionada y solicitar copias de la misma .en donde en ese lapso de tiempo la Fiscal en comento, NO RECIBIO MI ESCRITO para apersonarme a la Carpeta de Investigación +++++++++++++++++++++++, bajo el insostenible argumento de que no se me a (sic) realizado ningún acto de molestia.". Lo anterior revela un escenario relevante para la negativa de recibir al quejoso un escrito con el cual pretende tener acceso a la referida carpeta: no tiene reconocido el carácter de imputado en la mencionada carpeta. Más aún, los antecedentes de la demanda tampoco revelan actos de molestia que se pretendan realizar o se hayan realizado a la fecha contra el quejoso, derivados de la referida carpeta. Entonces, si el quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta mencionada y sólo existe la supuesta información de que se ubica en esa posición (de imputado), como se desprende de los antecedentes relatados en la demanda de amparo, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que el quejoso tenga reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, y la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra este, determinan la actualización de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial invocada. Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría al quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto: tener reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta o haber sido objeto de un acto de molestia, emitido en esta. Luego, es válido afirmar que a la fecha sólo existe una supuesta información de que el quejoso es imputado en la referida carpeta de investigación; y el hecho de que la autoridad ministerial tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la negativa de recibir un escrito con el cual se pretende tener acceso, sea reclamada por un gobernado reconocido con el carácter de imputado o bien que sea objeto de un acto de molestia en la carpeta. Supuestos en los cuales no se encuentra el quejoso, conforme a los antecedentes relatados en la demanda. Es más, los antecedentes de la demanda también reflejan que el quejoso no ha sido requerido para ser entrevistado en la referida carpeta de investigación, tampoco ha sido detenido en algún momento por el trámite realizado en esa carpeta, y ni siquiera ha sido objeto de actos de molestia. Incluso se advierte que ningún documento exhibió el quejoso, para demostrar actos de molestia dirigidos contra este o alguno que haya sido realizado con anterioridad a la presentación de la demanda, relacionados con la mencionada carpeta. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían al quejoso, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto delimitado en la demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que el quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener reconocida la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se declara que la omisión combatida en la demanda, encuentra la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada, motivo por el cual procede aplicar la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Asimismo, es conveniente indicar que si en el futuro se llegara a reconocer al quejoso el carácter de imputado, o bien se presentara alguno de los supuestos delimitados en la tesis jurisprudencial invocada, estará en condiciones de solicitar el acceso a la carpeta de investigación. Pero de momento no tiene reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, tampoco está detenido ante el Ministerio Público que la tramita, no ha sido citado para recabarle entrevista ni se le ha dirigido un acto de molestia. Entonces, debe imponerse la causal de improcedencia examinada con antelación, respecto del único combatido en la demanda, por las razones expuestas. Lo anterior, en términos de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, porque el acto que reclamó a la fiscal señalada como responsable, encontró la causal examinada con antelación, con las características de indudable y manifiesta. Desechamiento que se apoya en los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. 4 Tesis XVI.1º A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167. 05/01/23 Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación electrónica, acceso al expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la notificación electrónica y la consulta (sic) del expediente electrónico. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite al quejoso tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: cesargoca. Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, se descarta el correo electrónico que ofreció aquél como domicilio para recibir notificaciones, pues las disposiciones de la Ley de Amparo, carecen de previsiones legislativas que autoricen la práctica de notificaciones por ese medio electrónico. A pesar de lo anterior, se deja establecido que el correo electrónico ofrecido por aquél, queda recibido como medio de contacto no procesal. Por otro lado, queda autorizado el profesionista César Gómez Castillo, con las facultades amplias del numeral 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso así lo designó y se encontró la cédula profesional del nombrado, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, se tiene autorizada en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, la otra persona nombrada por el promovente en el primer acápite de la demanda, porque no tiene cédula profesional registrada en el sistema de marras. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase

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