Gonzalo Santos Santos

Expediente 359/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
359/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Gonzalo Santos Santos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Se agrega escrito aclaratorio Intégrese a los autos, el escrito aclaratorio del promovente de amparo *****, mediante el cual cumple el requerimiento que se le hizo en auto de veinte de abril del año en curso. Base previa En ese orden es dable precisar que los actos reclamados en esta instancia constitucional por la parte quejosa, según se advierte del escrito aclaratorio de diecinueve de abril pasado presentado por ******, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, los hace consistir en: a) Del C. Magistrado Titular de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, reclamo: La falta de notificación personal de la sentencia dictada en fecha 23 de agosto de 2022 en el expediente *****/2021 de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. b) Del C. Actuario o notificador de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, reclamo: La falta de notificación personal de la sentencia dictada en fecha 23 de agosto de 2022 en el expediente ****/2021 de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. (.)" Se estima, que respecto de dicho acto debe desecharse de plano la demanda de amparo. En efecto, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. Así, en ejercicio de la facultad que a este juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, conforme a lo que enseguida se expone. Al analizar íntegramente la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Ahora, considerando lo anterior, la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que el acto reclamado por la quejosa se hace consistir en la falta de notificación personal de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente *****/2021 por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la cual fue realizada por correo certificado a través de del Servicio Postal Mexicano, para la entrega del oficio TJEO/6ªSU/****/2022 de cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que procede desechar de plano la demanda de amparo de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. De aquí deriva el reconocimiento del citado principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto revocar, anular o modificar del mismo. Funda lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. En ese contexto, la parte quejosa previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado. Además, el citado precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de resoluciones provenientes de autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, cuando la ley que los rija prevea algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que no se trate de resoluciones que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, en general, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; incluyendo aquellos que afecten la libertad (en las distintas modalidades señaladas en la fracción en comento); de igual forma, no se tendrán que agotar esos medios ordinarios de defensa, cuando se trata de personas extrañas al procedimiento, autos de vinculación a proceso o, cuando para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este último caso, el quejoso estará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, para poder atender sobre la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se deben de atender a los elementos de ésta, y de la forma en cómo se satisfacen para que la misma prospere. Así, de la simple lectura de la fracción en comento, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia, que: A) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. B) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; C) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y D) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Además de lo anterior, que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla y que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto jurídico. Por lo tanto, en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al reunirse sus elementos, a saber: A) El acto reclamado es una determinación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En efecto, la notificación personal de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo dentro del expediente ****/2021 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, misma que aduce el quejoso, fue realizada a través de correo certificado a través del Servicio Postal Mexicano, para la entrega del oficio TJEO/6ªSU/****/2022 de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, por lo que es evidente que se encuentra impugnando una actuación proveniente de un tribunal administrativo, como lo es la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la cual se encuentra regulada por la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. B) La ley concede contra el acto reclamado, un recurso ordinario. Ello es así, ya que de la interpretación armónica de los preceptos legales 174 y 175 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se tiene que se podrá presentar solicitud de incidente de nulidad de notificaciones, sobre las notificaciones que no se realicen en la forma que establecen las disposiciones relativas; es decir, contra la falta de notificación personal de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo dentro del expediente *****/2021 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al haberse realizado por correo certificado través del Servicio Postal Mexicano, procede solicitar el incidente de nulidad de notificaciones, el que habrá de presentarse ante la autoridad jurisdiccional que en ese momento se encuentre conociendo del asunto y es ésta quien debe resolver, en el caso, la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. C) El recurso o medio de defensa que en contra del acto aquí reclamado resulta procedente se encuentra previsto dentro del procedimiento en el que se emitió la resolución reclamada. En efecto, la nulidad de notificaciones respecto a actos ejecutados en contravención de las formalidades, en este caso la de la notificación efectuada por las autoridades responsables, se encuentra prevista en los preceptos legales 174 y 175 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Dichas disposiciones establecen: "LEY DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA LIBRO TERCERO DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ARTÍCULO 174.- Las notificaciones que no se realicen en la forma que establecen las disposiciones relativas, serán nulas. ARTÍCULO 175.- Las partes afectadas por una notificación irregular, deberán pedir su nulidad en la actuación subsiguiente en la que intervengan de lo contrario quedará aquella convalidada. Toda notificación irregular u omitida se entenderá legalmente hecha a partir del día en que el interesado se ostente conocedor de su contenido. (.)" D) La determinación judicial reclamada puede ser modificada, nulificada o revocada mediante el recurso ordinario. La nulidad de notificaciones respecto a actos ejecutados en contravención de las formalidades tiene por objeto que la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, declare la nulidad de dicho acto, en el caso, la notificación realizada por correo certificado a través del Servicio Postal Mexicano, de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Por tanto, se considera que la notificación que se llevó a cabo dentro del juicio origen a fin de hacerle de su conocimiento la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, pudo haber sido nulificada a través de la tramitación del incidente de nulidad de notificaciones, sin que en el caso la parte quejosa la hubiera hecho valer ante la autoridad responsable. En ese orden de ideas, la parte quejosa estuvo en condiciones y debió de haber hecho uso del incidente de nulidad de notificaciones, antes de acudir al juicio constitucional, con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, para obtener la nulidad de la notificación por estrados reclamada, y al no agotar dicho medio de defesa, trajo consigo que se actualizara la citada causal de improcedencia. En esta tesitura, previamente al juicio de control constitucional, la parte quejosa debió interponer el medio de defensa de referencia, pues a través de éste era susceptible de obtener la reparación procesal que ahora impugna, la cual debió agotarse, pues no se puede válidamente abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo sino hasta que se agote la jurisdicción ordinaria combatiéndola a través del medio de defensa aludido, lo que omitió realizar el impetrante del amparo, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo así lo dispone. Resulta aplicable, analógicamente, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902 del tomo XV, de mayo de 2002, Registro 187016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del siguiente tenor: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No obsta que el principio de definitividad, en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general y que la propia ley de la materia establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole del quejoso y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que en esos casos señalados expresamente en la ley o derivados de su interpretación por el Alto Tribunal del País, no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo; sin embargo, en el presente asunto no se está en presencia de alguno de esos casos de excepción que señala la Ley de Amparo, ante lo cual se debió promover el medio ordinario de defensa de referencia; máxime que no se actualiza el resto de las excepciones que prevé la ley de la materia para observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, ya que el acto reclamado no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento administrativo de origen, ya que de acuerdo a los hechos narrados en la demanda se advierte es parte procesal (actor), en el expediente ****/2021 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Por su contenido, resulta aplicable la jurisprudencia VI.2º.C. J/260, número de registro 175624, publicada en la página 1816, del Tomo XXII, Marzo de 2006, materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, la cual establece: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." De ahí que, se concluye, al no agotar la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, ni encontrarse en los casos de excepción a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, incisos a, b, c y d, de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Además, la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no se encuentra sujeto a una interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, ya que los artículos 174 y 175 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen claramente y sin lugar a dudas la procedencia de dicho medio de impugnación, en contra de las notificaciones que no se realicen en la forma que establecen las disposiciones relativas, y puede ser interpuesto por cualquiera de las partes. Ahora, si bien existen actos contra las cuales puede promoverse juicio de amparo, sin ser necesario agotar un medio de defensa ordinario, la legislación de esa materia es precisa en señalar cuáles son susceptibles de ello, quedando apuntadas con anterioridad, sin que la notificación que aquí se impugna se encuentre dentro de tales hipótesis. De ahí que, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario establecido por la ley que rige el acto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior tiene sustento en el criterio de jurisprudencia número P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017117, de rubro: "DEFINITIVITAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, como ya se asentó, respecto del acto que reclamó por el promovente, consistente en la falta de notificación personal de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente ****/2021 por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la cual fue realizada por correo certificado a través de del Servicio Postal Mexicano, para la entrega del oficio TJEO/6ªSU/****/2022 de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de forma ilustrativa el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CVIII, con número de registro 342863, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, COMO DEFENSA ORDINARIA PREVIA AL JUICIO DE GARANTIAS. AMPARO IMPROCEDENTE (LEGISLACION DE YUCATAN). Si la quejosa en el amparo, reclama que el emplazamiento a juicio se le notificó en casa distinta de aquella en que se hallaba depositada por mandato judicial, pero de las constancias de autos se advierte que dicha quejosa se mostró sabedora de la providencia mal notificada, pues promovió contienda de competencia por inhibitoria, en el juicio, ello demuestra que estuvo en aptitud de hacer valer el incidente de declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles, de manera que si no agotó la mencionada defensa ordinaria dentro del procedimiento, como lo es el incidente de que se trata, el amparo resulta improcedente y debe sobreseerse en el mismo, de acuerdo con los artículos 73, Fracción XIII, y 74, Fracción III, de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 Constitucionales." La notoria improcedencia de la demanda se corrobora porque aun cuando se admitiera la demanda y se tramitara todo el juicio en sus etapas, la conclusión alcanzada sería la misma en la sentencia; por lo que admitir el juicio y darle trámite a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de derechos y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el demandante de amparo promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. La anterior determinación, no debe considerarse denegatoria de justicia, ya que precisamente a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, registro 174737, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó el Juez Emmanuel Hernández Alva, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Dalila Guadalupe Hernández Díaz, que autoriza y da fe, quienes firman electrónicamente. *Elaboró: María Elisa Mendoza Ojeda.

  3. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el escrito de ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual cumple parcialmente con la prevención realizada en auto de catorce de abril del año en curso a la parte quejosa, en los siguientes términos: Respecto al punto número 1), cumple con dicho requerimiento, ya que precisa el nombre y domicilio del tercero interesado, de la siguiente manera. "(.) SEÑALO COMO TERCERO PERJUDICADO: A la Secretaría de Vialidad y Transporte en el Estado de Oaxaca, actualmente denominada Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, con domicilio en Calle Carlos Gracida número 9. La Experimental, municipio de San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca. (.)" Respecto al punto número 2), el autorizado de la parte promovente, cumple con dicho requisito, en los siguientes términos: "(.) 2): Manifieste de manera clara el acto o actos que reclama de esta instancia constitucional. Cumplimiento: a) Del C. Magistrado Titular de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, reclamo: La falta de notificación personal de la sentencia dictada en fecha 23 de agosto de 2022 en el expediente ******************** de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. b) Del C. Actuario o notificador de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, reclamo: La falta de notificación personal de la sentencia dictada en fecha 23 de agosto de 2022 en el expediente ******************** de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. (.)" En ese sentido, téngase al autorizado legal de la parte promovente, cumpliendo con la prevención relativa a los puntos 1) y 2) del requerimiento formulado mediante acuerdo de catorce de abril del año en curso. No cumple prevención Ahora por lo que respecta a los puntos número 3 y 4, de la prevención antes citada y que se hizo consistir en lo siguiente: "(.) 3) En el entendido que de manifestar que acude a esta instancia constitucional a reclamar "a) La omisión de notificación personal de la sentencia dictada el veintitrés de agosto de veintidós en el expediente ******************** del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca", deberá señalar, bajo protesta de decir verdad, la forma en que se le realizó la notificación de dicha sentencia por parte de la autoridad responsable (por lista de acuerdos, en las oficinas de la sala responsable, por telegrama o fax, y/o por correo certificado). 4) Así también, bajo protesta de decir verdad, deberá precisar la fecha en que la autoridad responsable lo tuvo por notificado del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés que declaró ejecutoriada dicha sentencia y la forma en que se realizó dicha notificación. (.)" No ha lugar a tener por desahogada la prevención que pretende realizar ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, respecto a los puntos número 3 y 4, del auto inicial de catorce de abril del año en curso, ya que lo solicitado al impetrante ******************** respecto de dichos puntos, constituyen actos de carácter personalísimo, al constituir hechos que únicamente le constan al directamente agraviado, por ende, solo pueden ser desahogados por quien promovió la demanda bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior, respecto a los puntos tratados, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, registro 174745, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes" En ese mismo sentido se precisa que el desahogo del requerimiento de referencia no es de los comprendidos dentro de los necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, ya que ello implicaría que el autorizado hiciera suyas las afirmaciones que exclusivamente le constan al impetrante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 50/2014 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, agosto de dos mil catorce, tomo I, de la décima época, página 210, registro 2007285, del rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Sentido de la prevención Por lo anterior, y toda vez que se desprende que el autorizado legal de la parte quejosa precisó que se señala como acto reclamado "la falta de notificación personal de la sentencia dictada en veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el expediente ******************** de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca", se requiere nuevamente al promovente del amparo ******************** para cumpla a cabalidad la prevención formulada en proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, específicamente los puntos 3 y 4 que se transcriben a continuación: En el entendido que de manifestar que acude a esta instancia constitucional a reclamar "a) La omisión de notificación personal de la sentencia dictada el veintitrés de agosto de veintidós en el expediente ******************** del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca", deberá señalar, bajo protesta de decir verdad, la forma en que se le realizó la notificación de dicha sentencia por parte de la autoridad responsable (por lista de acuerdos, en las oficinas de la sala responsable, por telegrama o fax, y/o por correo certificado). Así también, bajo protesta de decir verdad, deberá precisar la fecha en que la autoridad responsable lo tuvo por notificado del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés que declaró ejecutoriada dicha sentencia y la forma en que se realizó dicha notificación. Lo anterior, ya que al ser parte procesal en el expediente ******************** del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (parte actora), es evidente que puede imponerse de los autos, y conocer las determinaciones dictadas en el citado expediente, es decir, conocer del desarrollo procesal y el estado actual del citado juicio, haciendo necesario que haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, de manera completa, lo realmente acontecido, en virtud de que la narrativa de dichas circunstancias (antecedentes del acto reclamado), por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público." En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, hágasele del conocimiento, que subsiste el plazo y apercibimiento otorgado en el proveído de catorce de abril del año en curso, para que cumpla a cabalidad con la prevención formulada, en los términos ordenados en dicho auto, en la inteligencia que dicho plazo se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que tenga conocimiento de los términos en que se emite esta determinación y no dejarlo en estado de indefensión, por lo que únicamente se computará el plazo restante (cuatro días) que se advierte en el computo secretarial que antecede. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES CUERPO DEL ACUERDO IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". Asimismo la diversa Jurisprudencia: 2a./J.106/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, Materias Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda.". Apercibimiento Apercibido que en caso de no cumplir íntegramente con la prevención antes señalada dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por *******, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presentes las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 359/2023. Base normativa En principio, antes de proveer lo concerniente a la admisión de la demanda de que se trata, es factible establecer que el artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que cuando hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que la aclare, cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de dicha ley; no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado ni autoridad responsable, y no se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda; señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Sentido de la prevención En tales condiciones, con fundamento en el numeral 114, fracción II, de la ley de la materia, requiérase al promovente del amparo, a fin de que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y de conformidad con lo previsto por el artículo 108, fracciones II, IV y V, de la misma ley, regularice su demanda de la siguiente manera: Precise el nombre y domicilio de quien le resulte el carácter de tercero interesado. Lo anterior, toda vez que si bien en su demanda el promovente manifestó: "No existe, por la naturaleza del acto reclamado", dicha circunstancia no es suficiente para estimar colmado al requisito exigido en el artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo. Esto, porque conforme lo previsto en el artículo 5º, fracción III de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable." Entonces, al derivar el acto reclamado de un juicio administrativo -a saber, del juicio de nulidad *******/2021 del registro del Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca - como así lo manifestó en su demanda el impetrante, se considera la existencia de esa parte procesal. Máxime que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el promovente tiene el carácter de parte actora en el expediente ********/2021, por tanto, se evidencia que a su contraparte (demandada) le resulta tal carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b) de la citada ley de la materia. Manifieste de manera clara el acto o actos que reclama en esta instancia constitucional. Lo anterior, toda vez que si bien el quejoso en su escrito de demanda señala que reclama de las autoridades responsables Magistrado Titular y Actuario de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, lo siguiente: "(.) IV.-ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) Del Ciudadano Magistrado Titular de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, reclamo la falta de supervisión ante la omisión en que incurrió el actuario o notificador llevador del expediente ****/2021, para notificar con las formalidades de ley la sentencia dictada el 23 de agosto de 2022 y sus consecuencias; asimismo, reclamo el acuerdo de fecha 17 de enero de 2023 que declaro ejecutoriada dicha sentencia, así como las actuaciones que se hayan practicado con posterioridad. B) Del Actuario o notificador llevador del expediente ****/2021 de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, reclamo la falta de notificación personal de la sentencia dictada en fecha 23 de agosto de 2022 en el expediente *****/2021. (.)" Dichas manifestaciones resultan abstractas, haciendo necesaria la aclaración de las mismas a efecto de determinar con exactitud cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional, en ese sentido, deberá manifestar si señala como acto reclamado a) La falta de notificación por ningún medio (-personal, por lista de acuerdos, en las oficinas de la Sala responsable, por telegrama o fax, y/o por correo certificado- establecidas en el artículo 172 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca), o b) la falta de notificación personal, de la sentencia dictada el veintitrés de agosto de veintidós en el expediente *****/2021 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Al respecto resulta aplicable la tesis número XX. 57 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III (Marzo de 1996), visible a fojas 871, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 202853 que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. En el entendido que de manifestar que acude a esta instancia constitucional a reclamar "a) La omisión de notificación personal de la sentencia dictada el veintitrés de agosto de veintidós en el expediente ****/2021 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca", deberá señalar, bajo protesta de decir verdad, la forma en que se le realizó la notificación de dicha sentencia por parte de la autoridad responsable (por lista de acuerdos, en las oficinas de la sala responsable, por telegrama o fax, y/o por correo certificado). Así también, bajo protesta de decir verdad, deberá precisar la fecha en que la autoridad responsable lo tuvo por notificado del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés que declaró ejecutoriada dicha sentencia y la forma en que se realizó dicha notificación. Lo anterior, ya que al ser parte procesal en el expediente *****/2021 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (parte actora), es evidente que puede imponerse de los autos, y conocer las determinaciones dictadas en el citado expediente, es decir, conocer del desarrollo procesal y el estado actual del citado juicio, haciendo necesario que haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, de manera completa, lo realmente acontecido, en virtud de que la narrativa de dichas circunstancias (antecedentes del acto reclamado), por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público. Máxime que como lo expresó el quejoso en su demanda de amparo, el treinta de marzo del año en curso acudió a las instalaciones de la Sala responsable a revisar el expediente, percatándose que el veintitrés de agosto de dos mil veintidós se había dictado sentencia, inclusive que ya se había dictado acuerdo que declara ejecutoriada la misma, y que la responsable no puede aseverar que quedó notificado con fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós; por lo que es dable asumir que al haber revisado el aludido expediente y manifestar que la Sala responsable lo tuvo por notificado desde el treinta de noviembre de dos mil veintidós, conoce la forma en la que le fueron notificadas dichas determinaciones. Se invoca la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Abril de 2006, página 990, con registro digital 175345, Materias(s): Común, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Requisitos que tienen como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda y cumplir los con requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, precepto que indica los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto. En el entendido que de conformidad con el numeral 110 de la Ley de Amparo, deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio que serán agregadas a cada una de las copias de su escrito inicial; ello, para estar en condiciones de darle la intervención correspondiente a todas las partes en el presente juicio de amparo. Apercibimiento Apercibido que en caso de no cumplir íntegramente con las prevenciones antes señaladas dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la Materia. Autorizaciones Se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******, en virtud de que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y también a ****** ya que no obstante que sus cédulas profesionales **** y ****, respectivamente, no se encuentran registradas en dicho sistema; de la consulta efectuada en la liga de internet del Registro Nacional de Profesionistas (sep.gob.mx), se desprende que las mismas, se encuentra debidamente registradas ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer la licenciatura en derecho y ser el presente asunto de naturaleza administrativa. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, con registro 2021840, de rubro y texto: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Consulta del expediente electrónico y notificaciones Por otra parte, respecto al que se autorice al usuario "**********", para que pueda consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización al usuario: 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. 2. Para que reciba por dicha vía las notificaciones que deriven del presente asunto. En razón de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A para que realice el alta correspondiente del citado usuario. Por ello, toda vez que se estableció que sus notificaciones se le realizarán de manera electrónica, se instruye a los Actuarios adscritos para que de existir algún problema para realizar las notificaciones a la parte quejosa de manera electrónica, se asiente la razón correspondiente y se realicen las de carácter personal en el domicilio que autorizó para ese efecto. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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