Gonzalo Sánchez Ortiz

Expediente 206/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
206/2017
Año
2017
Actuaciones
24
Última actuación
22/02/2018

Partes del expediente

  • Gonzalo Sánchez Ortiz
  • Director del Centro de Readaptación Social Con Sede En Cieneguillas, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con folio 3665. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el agente del Ministerio Público de la Federación encargado Provisionalmente de este juzgado, en Materia de Amparos, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, mediante el cual, en atención a la sentencia de doce de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente asunto, remite el similar 045/2018 de trece de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por la agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, con competencia Estatal, de la Procuraduría General de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, por el que informa que la vista concedida en la aludida sentencia fue agregada a la carpeta de investigación 0802-018/2017-ZAC-I (creada con motivo de la misma) instruida contra quien resulte responsable por el hecho que la ley señala como delito de tortura, cometido en perjuicio de Gonzalo Sánchez Ortiz, Everardo Alejandro Montañez Hernández e Isidro Ibarra Ramos. En atención a lo anterior, este juzgado toma conocimiento de dichas manifestaciones y tiene por desahogada la aludida vista otorgada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Luis.

  2. Principal

    El seis de febrero de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintidós de enero al dos de febrero del año en curso, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 157 a 174), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 206/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, consistentes en un legajo de diversas documentales en copias certificadas. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; asimismo, que no existe recurso pendiente por resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el doce de enero del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, las constancias que remitió en su momento como justificación de sus actos, consistentes en un legajo de diversas copias certificadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 206/2017 y sus acumulados 207/2017 y 208/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante sendos escritos recibidos el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, turnados en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, Gonzalo Sánchez Ortiz, Everardo Alejandro Montañez Hernández e Isidro Ibarra Ramos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. EN CASO DE QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES, EL QUEJOSO DEBERÁ SEÑALAR A LOS ÓRGANOS DE ESTADO A LOS QUE LA LEY ENCOMIENDE SU PROMULGACIÓN, EN EL CASO DE LAS AUTORIDADES QUE HUBIERAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY O EN SU PUBLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBERÁ SEÑALARLAS CON EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ÚNICAMENTE CUANDO IMPUGNE SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. COMO AUTORIDADES ORDENADORAS RESPONSABLES; JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DE ZACATECAS del Estado de Zacatecas, dentro del Expediente Penal 0056/2017, que se instruye en contra de ISIDRO IBARRA RAMOS Y OTROS por delito de secuestro agravado, con domicilio oficial conocido en esta ciudad de Zacatecas, Zacatecas. COMO AUTORIDADES EJECUTORAS: Señalo al C. DIRECTOR DEL CERESO DE CIENAGUILLAS, ZACATECAS . Con domicilio oficial en Cieneguillas, Zacatecas. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS RESPONSABLES; C. JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DE LA CIUDAD DE ZACATECAS del Estado de Zacatecas, reclamo el auto de vinculación a proceso dictada el PRIMERO DE FEBRERO DEL 2017, dentro del expediente penal 0056/2017, dictada en mi contra, por el delito de secuestro agravado, resolución que consideramos infundada e inmotivada y violatoria de mis garantías individuales y del debido proceso. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORIAS; DEL DIRECTOR DEL CERESO DE CIENEGUILLAS, RECLAMO LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS JURÍDICO LEGALES QUE LE VIENE DANDO AL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ES DECIR AL MANTENERME BIEN PRESO EN EL PENAL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19. 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Acumulación y trámite de los juicios de amparo. En auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la titular de este Juzgado de Distrito registró las demandas con los números 206/2017, 207/2017 y 208/2017, determinó la acumulación de los mencionados juicios de amparo, en virtud de que los quejosos impugnaban de las mismas autoridades el mismo acto reclamada, y requirió a los promoventes para que dentro del término de cinco días cumplieran lo siguiente: 1. Precisen el acto reclamado, es decir, manifiesten si lo constituye el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control y de Enjuiciamiento, con sede en esta ciudad, o bien, si contra esa determinación interpusieron recurso de apelación y aquel, en este supuesto, está constituido por la resolución de segunda instancia, caso en el cual deberán señalar la denominación exacta de la autoridad responsable. 2. Manifiesten bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvieron conocimiento del auto de vinculación dictado el uno de febrero de dos mil diecisiete, en la causa penal 56/2017, por el delito de secuestro agravado en agravio de José Guadalupe Juárez Robles; en razón de que la misma no fue expresada en la demanda. 3. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, se requiere a los promoventes para que exhiban cinco copias de su ocurso aclaratorio, para cada una de las partes, a saber, dos para formar los cuadernos relativos a los incidentes de suspensión, dos más para las autoridades señaladas como responsables, otra para el tercero interesado y la última para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; toda vez que dicho ocurso forma parte integral del escrito inicial de demanda. En escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecisiete, los peticionarios de derechos indicaron: Que por este medio, en tiempo y forma legales venimos a evacuar el requerimiento de fecha 22 de febrero de este año publicado el 1 de marzo del 2017 y lo hacemos al tenor siguiente: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS QUE NO IMPUGNAMOS MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DECRETADO EN NUESTRA CONTRA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE ESTE AÑO, EN RAZÓN DE QUE NO CONFIAMOS EN LA JUSTICIA DEL ÁMBITO ESTATAL Y TENEMOS TODA NUESTRA FE ESPERANZADORA EN LA JUSTICIA FEDERAL. POR LO QUE CUALQUIER REFERENCIA A LA APELACIÓN O AL TRIBUNAL DE ALZADA ES UN ERROR DEL REDACTOR Y SE DEBE CONSIDERAR NO ASENTADA, POR LO QUE EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2017 DENTRO DEL EXPEDIENTE 56/2017 DEL ÍNDICE DEL JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE ZACATECAS, ZACATECAS Y COMO EJECUTORA EL DIRECTOR DEL CERESO DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS. En auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, se consideró que los quejosos no otorgaron cabal cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintidós de febrero del mismo año, por lo que subsistió dicho requerimiento por cuanto hace a los puntos 2 y 3. En escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete el defensor de los quejosos manifestó: Que por este medio y en cumplimiento al requerimiento que obra en autos vengo a manifestar bajo protesta de decir verdad y como consta en la audiencia oral fuimos legalmente identificados al finalizar la audiencia de vinculación a proceso el día 1 de febrero del año 2017. En auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda y solicitó el informe a las autoridades responsables; se dio la intervención al agente del Ministerio Público adscrito y se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público que tuvo intervención en el proceso penal natural y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional; finalmente se tuvo como representante común a Gonzalo Sánchez Ortiz. En auto de seis de abril de dos mil diecisiete, se tuvo con el carácter de tercero interesado a Juana Pasillas Mendoza, como representante de la víctima José Guadalupe Juárez Robles, a quien se le notificó el diecisiete siguiente. Finalmente la audiencia constitucional tuvo verificativo a las nueve horas del dieciocho de julio de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama un auto de vinculación atribuido a una autoridad residente en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, se tiene que los quejosos reclaman; - Del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas; el auto de vinculación a proceso de uno de febrero de dos mil diecisiete, dictado en contra de Gonzalo Sánchez Ortiz, Everardo Alejandro Montañez Hernández e Isidro Ibarra Ramos en la causa penal 56/2017. - Del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial y Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, ambos de Zacatecas, detallados en el considerando segundo, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Lo cual se corrobora con las constancias que obran en el presente sumario, relativas a la causa penal natural, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, dado que fueron certificadas por fedatario público. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226, consultable en la página 143 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En particular, consta la existencia del disco digital (DVD), el cual contiene los registros de audio y video de la audiencia inicial (vinculación a proceso) de uno de febrero de dos mil diecisiete; videograbación que adquiere la naturaleza jurídica de prueba documental pública lato sensu, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de le Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que bajo el rubro y texto señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por su parte, el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas aceptó la ejecución del auto reclamado, en tanto afirmó que le fue comunicado que subsistía la medida cautelar de prisión preventiva que les fue impuesta a los quejosos en la causa penal natural (foja 48). Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado y su ejecución. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su análisis una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Es infundada la causa de improcedencia propuesta por la Agente del Ministerio Público en sus alegatos presentados en pedimento 205/2017, con fecha de recibido de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en los cuales hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. A fin de generar el contexto jurídico bajo el cual se sostiene tal calificativo, es menester transcribir el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el juicio de amparo se rige por reglas y principios fundamentales que lo estructuran, entre los que se encuentra el de definitividad, contenido en el precepto 107, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. La regla enunciada implica que el juicio de derechos fundamentales es procedente únicamente contra los actos definitivos, es decir, impone la carga al promovente de agotar previo a ejercer la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; ello es así, porque dicha vía, dada su naturaleza, constituye un medio de defensa extraordinario, lo que implica que sólo procede en casos de excepción como lo son, entre otros, aquéllos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa en ejercicio de jurisdicción ordinaria. No obstante, dicha regla fundamental no es absoluta, puesto que en el aludido precepto 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, se establecen tres supuestos de excepción, que son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de personas extrañas al procedimiento. Ahora, el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso, por lo que, en términos de las excepciones destacadas, es impugnable en amparo indirecto sin necesidad de agotar los recursos ordinarios procedentes. Sobre esa base, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el auto de vinculación a proceso constituye un caso de excepción al principio de definitividad; por ende, el juicio de amparo indirecto en su contra puede promoverse sin agotar los recursos ordinarios legalmente establecidos. Sin que exista alguna otra causal de improcedencia hecha valer en el presente juicio, se pasa al estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos ni reseñarlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, lo cual no implica que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto, pues no se les priva del derecho de recurrir la presente resolución ni de alegar lo que consideren para demostrar su eventual ilegalidad. Al respecto se invoca la jurisprudencia número 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias puesta tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Los conceptos de violación resultan infundados en una parte e inoperantes en otra, aun suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo; como se argumentará a continuación. En el segundo concepto de violación, los quejosos señalan que el acto reclamado no se encuentra fundado y motivado, porque del parte informativo de puesta a disposición se infiere que la droga se encontraba en el interior de una bolsa bajo la esfera personal de dos personas, lo que limita el radio de disponibilidad para los acompañantes; lo que acontece también respecto del robo equiparado. El motivo de inconformidad precedente resulta inoperante, pues se dirige a controvertir aspectos ajenos a la litis constitucional, al haberse decretado la vinculación a proceso reclamada únicamente por el delito de privación ilegal de la libertad; sin que del análisis integral de la transcripción de dicha determinación (fojas 55 a 67), se advierta que se hubiera emitido un pronunciamiento sobre hechos ilícitos relacionados con delitos contra la salud o robo. Por tanto, es evidente que lo alegado no guarda congruencia con las consideraciones contenidas en el acto reclamado, por lo que resulta inoperante al no haber sido materia de tal resolución. Ahora, los quejosos en sus conceptos de violación, esencialmente, aducen que el auto de vinculación a proceso viola en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dictársele un auto de vinculación a proceso que no se encuentra debidamente fundado y motivado, además porque no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, violando con ello los principios de presunción de inocencia, in dubio pro reo y debido proceso. Lo anterior, afirman, porque fueron sujetos de una detención ilegal, tortura física y psicológica al haber sido aprehendidos a más de un kilómetro de la camioneta donde huían los plagiarios; por lo que fueron vinculados al hecho ilícito de secuestro por el simple hecho de encontrarse cerca del lugar donde fue abandonada dicho vehículo. Los conceptos de violación anteriores son infundados, conforme a lo siguiente: El artículo 19 constitucional establece como requisitos de fondo para dictar un auto de vinculación a proceso: a) La existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. b) La probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como requisitos de forma, el precepto constitucional referido, establece que el auto de vinculación debe contener el delito que se impute al acusado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Además, como todo acto de autoridad, debe guardar congruencia con los artículos 14 y 16 Constitucionales, los cuales establecen como parte de las garantías de seguridad jurídica y de legalidad, la obligación de las autoridades de emitir sus actos por escrito, que se encuentren dentro de su competencia, y que lo hagan de manera fundada y motivada, así como ceñirse a las formalidades de los procedimientos en los cuales actúen, informando a su destinatario acerca del objeto central del acto y de sus consecuencias jurídicas. Por tanto, el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado se hará bajo el estándar de requisitos reseñados, es decir, que en el auto de vinculación a proceso, de manera fundada y motivada, se adviertan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, los datos de prueba deben ser suficientes para establecer que aconteció un hecho presumiblemente ilícito y que probablemente el imputado fue el responsable, con independencia de los elementos específicos del tipo penal de que se trate y de su clasificación legal. Bajo ese panorama, el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. El precepto dispone que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas; es decir, debe razonar de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Por su parte, los artículos 260 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: Artículo 260. Antecedente de investigación El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. De los preceptos anteriores se deduce que la carpeta de investigación es el medio a través del cual el Ministerio Público registra la indagatoria, por lo que constituye los antecedentes sustento de sus pretensiones. El medio de prueba se refiere a los elementos cuyo contenido directamente permite reconstruir los hechos. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional. Y la prueba es la consideración de que un hecho ha acontecido, lo que puede ser determinado en grado de probabilidad o con certeza. Por tanto, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. De manera que los datos de prueba no son formalmente los medios de convicción, ya que aún no han sido desahogados, sino el informe que de su contenido realizan las partes, es decir, que forman parte de argumentación de hechos que se realice en las audiencias en que se haga referencia a aquéllos. En consecuencia, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social son los elementos que la autoridad judicial debe analizar al emitirse un auto de vinculación. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al Resolver la contradicción de tesis 160/2010: En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho es dable considerar que el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. En tal virtud, de acuerdo a lo precisado en los aludidos preceptos constitucionales, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, página 993: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. En consecuencia, para ordenar la vinculación a proceso al proceso, el juzgador penal solo puede basarse en el grado de razonabilidad de los datos que el Ministerio Público refiera demuestran que se ha cometido un hecho ilícito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de dos mil diecisiete, Tomo I, página 360: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En consecuencia, lo relevante para el dictado del auto de vinculación radica en que la conducta imputada encuadre en un hecho ilícito, con independencia de la clasificación jurídica del delito, por lo que no es necesario un juicio de tipicidad en estricto sentido, sino que, se reitera, basta que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera tal que sea patente, preliminarmente, el tipo penal aplicable. La hipótesis normativa del delito de secuestro agravado se contiene en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos a) y b), y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional; preceptos que son del tenor siguiente: Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; [.] c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros. Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: [.] b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra. Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a estos una pena de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa. De los preceptos legales que anteceden se desprenden como elementos de materiales del delito de secuestro: La privación de la libertad física de una persona; y, Que dicha privación sea con la finalidad de obtener un rescate o cualquier beneficio para sí o para un tercero; o, para causar un daño directo o indirecto. Serán agravantes de dicho tipo penal, si la conducta se realiza: En grupo de dos o más personas; Si se utiliza la violencia; Si se allana el domicilio de la víctima; Si la víctima es privada de la vida por los autores o partícipes del secuestro. En la resolución reclamada, la autoridad responsable estimó que se encontraba acreditado un hecho ilícito que correspondía con el delito de secuestro; así como la probable responsabilidad de Gonzalo Sánchez Ortiz, Everardo Alejandro Montañez Hernández e Isidro Ibarra Ramos, en su comisión. Lo anterior, en esencia, en virtud de los datos de prueba derivados de la esposa y la cuñada de la víctima, los empleados que presenciaron la sustracción y los elementos operativos de seguridad pública que realizaron la aprehensión en flagrancia de los inculpados. Lo considerado en el acto reclamado resulta substancialmente correcto, porque, como se determinó en la resolución de vinculación a proceso natural, la existencia del hecho ilícito y de la probable responsabilidad se advierte de los siguientes datos de prueba: La denuncia por parte de la esposa de la víctima quien manifestó, en esencia, que: el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, aproximadamente a las nueve de la mañana, estando en su domicilio (en el que en la planta baja se encuentra el negocio denominado Ferretería y materiales para construcción Juárez), su esposo bajó a la ferretería y, posteriormente, un cliente le avisó que se habían llevado a Nito (sobrenombre de su marido) unos señores que se dirigían hacia abajo, es decir, hacia la carretera de la ciudad de Zacatecas rumbo a Picones (foja 58). Que una empleada de nombre Brenda Diu Padilla Alvarado le refirió que, estando en el negocio de la víctima, vio como se bajaban dos sujetos del sexo masculino de un vehículo, encapuchados, entraron a la tienda, por lo que corrió a la oficina de la víctima a decirle que los iban a asaltar, sin embargo, tras ella entraron los sujetos y se llevaron a su esposo. De la declaración anterior se advierte que la esposa tuvo noticia de la sustracción en su domicilio de su marido, por parte de unos sujetos activos del sexo masculino; lo que revela un dato de prueba que da noticia de la privación ilegal de la libertad, porque resulta plausible considerar que, atendiendo a que los hechos ocurrieron en el lugar que habitaba con su esposo, la denunciante se enteraría de su sustracción inmediatamente acontecidos los hechos. Asimismo, se refirió la existencia la declaración de Deisy Daniela Juárez, quien refirió ser empleada de la ferretería y que, al estar atendiendo en el mostrador a un cliente, advirtió la presencia de dos sujetos que entraron al negocio, uno se quedó en el área "simulada para clientes" y el otro se acercó a la declarante, la abrazó, colocó una pistola en su cabeza, le gritó a todos que se tiraran al suelo, disparó al aire y la aventó también al piso. La otra persona realizó otro disparo al aire y entre los dos sacaron a la víctima del lugar, momento en el que se escuchó que un vehículo arrancó; todos las personas se asustaron, avisaron a la esposa de la víctima y comenzaron a llamar a la policía. Por tanto, se encuentra corroborada periféricamente la declaración de la denunciante, pues una de las empleadas del lugar en el que se perpetraron los hechos narró las circunstancias en las que aconteció la sustracción, lo que resulta plausible al haber manifestado que los presenció directamente y resultar congruente esa afirmación con el empleo que refirió desempeñar. Además, se manifestó la existencia de la declaración de otro empleado, Sergio Emanuel Torres Ramírez, quien narró que la trabajadora referida les avisó que se llevaron a su patrón, por lo que todos los empleados salieron del negocio. La esposa de la víctima les indicó que siguieran la camioneta en la que se habían llevado a su esposo; subió a una camioneta, pick up, Nissan, color roja, arrancó en dirección a la carretera que pasa por Picones y Cieneguillas, en el trayecto habló a la sucursal de la ferretería que se encuentra en esta última localidad, para que se fijaran si advertían un vehículo a alta velocidad; en ese momento, Deisy Daniela, les informó que la camioneta involucrada era una tipo Durango, color gris, y se dio cuenta que tal automotor circulaba delante de él, por lo que trató de darle alcance. Cuando llegó al crucero de la carretera cincuenta y cuatro, lo perdió de vista, pero un compañero le avisó por dónde se había ido, avanzó rumbo a La Escondida y llegó al municipio de Morelos sin poderle dar alcance. Regresó al lugar de los hechos y marcó a la policía para informarles lo ocurrido y que la camioneta se dirigía rumbo a Calera. Por otra parte, se expresó que obraba en la carpeta de investigación la entrevista con la cuñada de la víctima, Norma Delia Pasillas Villa, quien manifestó que recibió una llamada en su teléfono celular y al contestar una persona del sexo femenino le preguntó por la víctima, le informó que estaba bien y que querían un millón de pesos. Lo anterior revela la existencia de un sujeto activo del sexo femenino que solicitó un rescate por la libertad de la víctima. Ahora bien, también se expuso el testimonio del policía ministerial Eduviges Domínguez Sánchez, quien refirió que, durante la persecución de la camioneta Durango, se percató que, al ir circulando dicho vehículo, descendió la víctima, quien perdió la vida en esos momentos. Lo que se corrobora con el levantamiento del cadáver que se expuso se realizó en el kilómetro siete con ochocientos metros de la carretera estatal a Calera de Víctor Rosales, en el entronque de la comunidad de Toribio, donde se encontró un cadáver del sexo masculino sobre una zanja, que fue identificado como José Guadalupe Juárez Robles por Juana y Norma Angélica González Juárez. Del dictamen médico de autopsia que se refirió fue realizado, se desprendía como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico. Así, como correctamente estimó la autoridad responsable, los datos de prueba destacados, en su conjunto, hasta este momento procesal, son útiles y suficientes para estimar que: 1. El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, antes de las nueve de la mañana, aproximadamente, en el domicilio donde se encuentra la negociación Ferretería y materiales para construcción Juárez, la víctima fue privada de su libertad por tres sujetos activos (dos que entraron a dicho comercio y el conductor del vehículo utilizado para la sustracción). 1.1. Lo anterior, mediante el uso de violencia, pues se refirió que dos de ellos utilizaron armas de fuego. 1.2. Además, los dos sujetos que materialmente aprehendieron a la víctima usaron pasamontañas y vestían de negro. 2. Los sujetos activos emprendieron la huida en una camioneta Durango, rumbo a Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. 3. Durante el trayecto la víctima perdió la vida. 4. La finalidad de la privación de la libertad fue la obtención de un rescate, pues, durante el transcurso de los hechos, la cuñada de la víctima recibió una llamada en la que le solicitaban la cantidad de un millón de pesos para tal efecto. Lo anterior es así, pues las personas que presenciaron la sustracción fueron coincidentes en la substancia de los hechos y su presencia en el lugar en que acontecieron éstos resulta verosímil, pues se trata de empleados de la negociación a la que ingresaron con violencia los sujetos activos y de la esposa de la víctima que habitaba en la planta alta de dicho lugar. Además, alcanzaron a identificar el vehículo en el que se perpetró el secuestro e, incluso, uno de los empleados pudo perseguirlo al corroborar la referencia que le fue dada por la trabajadora de mostrador que fue amagada por los captores Lo que se confirma con la manifestación que se señaló realizó uno de los elementos policiales que participaron en la persecución del vehículo en el que fue sustraído la víctima, en el sentido de que al ir siguiendo la camioneta Durango que se identificó como la de los sujetos activos, observó el descenso de quien resultó ser la víctima para quedar sin vida en la carretera. Por tanto, es patente que el vehículo utilizado por los sujetos activos fue un Dodge Durango. En ese sentido, en el oficio de puesta a disposición de los policías aprehensores que se mencionó existía en la indagatoria, se reseñó que al tener noticia del crimen, en particular, que se habían llevado a la víctima en la camioneta que se ha destacado, iniciaron el operativo de búsqueda y se requirió el apoyo de la policía ministerial de Calera, Fresnillo y Villa de Cos. A la altura de la caseta de cobro de Calera, uno de los comandantes atravesó una patrulla para detener la camioneta, pero ésta pudo esquivar el bloqueo, por lo que se continuó la persecución hasta Santiaguillo, Fresnillo, Zacatecas. Al pasar el entronque de ese lugar, el vehículo perseguido siguió de frente y se impactó contra una cerca de alambre; del interior, descendieron tres personas del sexo masculino a quienes se les marcó el alto, pero emprendieron la huida. De manera que de lo anterior se corrobora la participación de tres sujetos activos en la sustracción de la víctimas y que el vehículo correspondía a una camioneta Dodge Durango. En ese sentido, se señaló que en la indagatoria obraba el dictamen pericial de campo y lofoscópico en el que se asentó que en la camioneta utilizada por los captores se encontró, en lo conducente, un arma de fuego, una chamarra color negro y una cartera con documentos pertenecientes a Gonzalo Sánchez Ortiz. Asimismo, se refirió que los policías aprehensores, Eduviges Domínguez Sánchez, Miguel Omar Guardado Sánchez, Raubry Resendez Villegas Villegas e Ismael Villegas Herrera corroboraron la persecución y señalaron que derivado de ésta lograron la aprehensión de los amparistas. De manera que, tal como se consideró en el acto reclamado, la probable responsabilidad de los quejosos deriva del hecho de que fueron detenidos en flagrancia, en particular, durante la persecución posterior a que fue privada de la libertad la víctima Lo anterior es así, pese a que la captura se hubiera logrado a un kilómetro aproximadamente, ya que dada la mecánica en que se dio la aprehensión, es decir, mediante una persecución, primero vehicular y después a pie, resulta verosímil que los policías aprehensores no hubieran perdido de vista a los sujetos activos, pues, como se expuso, refirieron observar su descenso de la camioneta y que emprendieron la huida, lo que hace probable la hipótesis citada; de ahí que resulte razonable que la distancia referida fue la necesaria para dar alcance. Máxime que, como se expuso, se precisó que se encontraron en la camioneta documentos de identificación pertenecientes a Gonzalo Sánchez Ortiz. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que los quejosos refieran que en el momento de la detención únicamente se encontraban cerca de la camioneta perseguida, por lo que no podían ser vinculados con el ilícito imputado. En particular, que Everardo Alejandro Montañez Hernández se encontraba comprando comida para su pareja sentimental y que con ella estaba hospedado en un hotel cercano, porque irían a vender ropa a la comunidad de Toribio, frente al que fue detenido. No obstante, las manifestaciones anteriores no se encuentran corroboradas periféricamente, pues, como destacó la juez responsable, no se acreditó el hospedaje que se refirió ni se advirtió como dato de prueba que la detención hubiera ocurrido cerca de un hotel. Así, el dicho de la pareja sentimental no puede por sí solo excluir el dicho de los elementos aprehensores, pues, hasta el momento procesal en que fue emitido el acto reclamado, no tiene sustento en un elemento objetivo. Asimismo, lo dicho por la testigo de descargo presentada, Gabriela Judith Salazar Alvarado, no puede exculpar al quejoso citado, porque, tal como se consideró, la circunstancia de que hubiera sido imprecisa respecto de la hora en la que llegó al hotel, constituye un indicio que resta credibilidad a su dicho, tomando en cuenta que, precisamente, busca ser una coartada del inculpado. Lo anterior, pues no resulta verosímil que si era empleada del procesado y su pareja y acudió al hotel en el que estaban hospedados para ir a vender ropa, no recordara la hora en la que llegó a ese lugar, puesto que tal circunstancia es relevante para la relación laboral que dijo tener, al ser notorio que debía contar con un horario o haber sido citada a una hora determinada y, en esa medida, no existe una explicación plausible para que no recuerde tal dato. Además, el solo hecho de que no hubieran sido aprehendidos inmediatamente al bajar del vehículo involucrado o en su interior no excluye que, como fue manifestado por los aprehensores, se les hubiera identificado y aprehendido en un radio de un kilómetro, aproximadamente, a ese lugar, al tratarse de los elementos que los habían perseguido. Lo anterior tomando en cuenta que al tratarse de una hipótesis de exculpación debe exigirse una corroboración mayor a los datos de prueba incriminatorios, pues siempre es posible afirmar una historia idónea para explicar los mismos datos destacados, pero resultando en la no responsabilidad de los inculpados. Por tanto, al no tener una corroboración mayor que los datos de prueba destacados, lo alegado por la defensa, como se determinó en la resolución combatida, no tiene sustento para desvirtuar la probabilidad de la responsabilidad penal de los inculpados. En suma, preliminarmente, resulta contundente el hecho de que hayan sido aprehendidos a una distancia razonable del vehículo que fue perseguido al haberse señalado como el de los sujetos activos y que, en conformidad con lo referido por los aprehensores, es probable que nunca les perdieron la vista, por lo que resulta plausible que fueran aprehendidos. De ahí que no puede estimarse ilegal la detención sufrida, pues es evidente que aconteció en flagrancia en términos del artículo 16 constitucional, al haberse realizado durante la persecución de los captores de la víctima y existir datos de prueba que corroboran indirectamente que era plausible que fueran perseguidos como los sujetos activos del crimen. Por tanto, al descansar la ilicitud de la detención en el hecho de que no eran los probables responsables del delito, al estar desvirtuada tal pretensión, es indudable que tal aprehensión se encuentra justificada. En consecuencia, hasta el momento procesal en que se emitió el acto reclamado, existen datos de prueba suficientes para estimar acreditado que el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, antes de las nueve de la mañana, aproximadamente, en el domicilio donde se encuentra la negociación Ferretería y materiales para construcción Juárez (Avenida del Bosque 101-B, colonia Europa, Zacatecas, Zacatecas), la víctima fue privada de su libertad, probablemente, por los quejosos (dos entraron a dicho comercio a realizar la captura y el otro condujo el vehículo en el que huyeron); que durante ese trayecto, la víctima perdió la vida y, cerca de Calera de Víctor Rosales, la camioneta se estrelló, por lo que los amparistas descendieron del vehículo, continuaron a pie y fueron aprehendidos en un radio de un kilómetro aproximadamente, por los policías que les perseguían. Lo anterior es así, pues de lo narrado por la denunciante, atestes de cargo y elementos operativos de seguridad pública que participaron en los hechos, es patente la privación de la libertad que sufrió la víctima y se desprende una continuidad en los datos incriminatorios hasta la aprehensión de los quejosos, lo que hace probable su participación. En suma, los elementos destacados hacen más probable la participación de los quejosos en los términos de la teoría del caso planteada por la fiscalía que la hipótesis relativa a su inocencia, pues es la explicación más plausible hasta este momento procesal. En esa línea, es evidente que la conducta atribuida constituye un hecho ilícito, con independencia de su clasificación jurídica particular (la que puede modificarse en las etapas posteriores del proceso), pues es patente que se integra por la privación de la libertad de la víctima. Es así, porque, hasta el momento del dictado del acto reclamado, la hipótesis anterior es la única capaz de explicar los datos de prueba disponibles, integrándolos de forma coherente, lo que la torna probable, en un grado mayor que la hipótesis relativa a la inocencia del inculpado. Sin que existan otras hipótesis plausibles que expliquen los mismos datos de pruebas y que hagan improbable la responsabilidad de los acusados, pues lo referido por los peticionarios del amparo en relación con que únicamente se encontraban cerca del vehículo involucrado no cuenta con datos de pruebas sólidos que excluyan la probabilidad de su participación, en los términos que derivan del resto de referencias probatorias tomadas en cuenta. Lo anterior sobre la base de que para la vinculación de los inculpados al proceso en el sistema penal acusatorio no es necesaria la existencia de prueba plena, sino, se insiste, únicamente que existan datos suficientes que justifiquen su llamamiento, en grado de probabilidad; lo que acontece en la especie. Por tanto, existen datos que hacen probable que los quejosos participaron en los hechos ilícitos que le son imputados, lo que permite que sean vinculados al proceso, como se determinó en el acto reclamado. Además, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el auto reclamado, no se encuentra acreditada alguna circunstancia eximente de responsabilidad, o que extinga la acción penal. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales, sin irrogar perjuicio a los peticionarios de amparo. Es así, debido a que, en conformidad con los datos de prueba analizados, la autoridad responsable expresó las razones por las cuales consideró que éstos tenían valor, destacó los hechos e indicios que estimó demostrados y los adminiculó a fin de tenerlos como útiles y eficaces para tener por acreditado el hecho ilícito y la probable responsabilidad de los reos. Por último, en esta instancia constitucional, las manifestaciones de tortura alegadas por los amparistas no cuentan con evidencia razonable, pues únicamente afirmaron haber sido sujetos de ésta en su detención y que no fue tomada en cuenta al momento de emitirse en el acto reclamado. No obstante, del análisis de dicha resolución, se advierte que la juez responsable destacó que el dicho de la madre de uno de los amparistas, en el sentido de que lo vio golpeado después de su detención podía ser indicio de tortura pero no excluía su responsabilidad penal. Lo anterior resulta substancialmente correcto pues al haber sido detenidos en flagrancia no es patente alguna actuación de autoincriminación, por lo que, preliminarmente, tal alegación no podía incidir en el sentido del acto reclamado. Sirve de criterio orientador, por la razón que informa, la jurisprudencia 1a./J. 101/2017 (10a.) de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, página 323: TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. En el criterio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), (1) de rubro: ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE., se establece que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales con repercusión en el proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los fines probatorios correspondientes al dictar la sentencia. No obstante, en aquellos casos en que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la jurisprudencia antes citada, pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto; sin embargo, fuera de esos supuestos de excepción, deberá procederse como se describe en el criterio jurisprudencial de referencia. Es decir, que la jurisprudencia a que se alude tendrá aplicación siempre que se trate de asuntos en los que, como consecuencia de la tortura, se haya verificado la confesión o cualquier manifestación incriminatoria del inculpado, porque en tal caso, la autoridad jurisdiccional estará obligada a realizar una investigación a fin de determinar si se actualizó o no la tortura y, de corroborarse ésta, deberá ceñirse a los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, esto es, que de no acreditarse el señalado supuesto de excepción, el citado criterio jurisprudencial operará en sus términos. No obstante, pese a que no existe evidencia razonable que otorgue certeza a las manifestaciones de tortura que realizaron los amparistas, dichas afirmaciones se integran por conductas ilícitas, por lo que deben ser objeto de investigación, a fin de que se verifique la veracidad de los hechos alegados y, en su caso, se identifique y procese a los responsables. Por tanto, en términos del artículo 271 de la Ley de Amparo, dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, a efecto de que determine lo conducente sobre la investigación de las manifestaciones realizadas por los quejosos en las demandas de amparo. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación, aun suplida la deficiencia de la queja, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución al no haberse reclamado por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gonzalo Sánchez Ortiz, Everardo Alejandro Montañez Hernández e Isidro Ibarra Ramos, en contra del auto de vinculación a proceso de uno de febrero de dos mil diecisiete y sus consecuencias, dictado en la causa penal 56/2017 por la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en los términos del último considerando de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy doce de enero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este juzgado.

  4. Principal

    SE NOPTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS LA SENTENCIA DE 12 DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gonzalo Sánchez Ortiz, Everardo Alejandro Montañez Hernández e Isidro Ibarra Ramos, en contra del auto de vinculación a proceso de uno de febrero de dos mil diecisiete y sus consecuencias, dictado en la causa penal 56/2017 por la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en los términos del último considerando de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy doce de enero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este juzgado.

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