Gonzalo Ruiz Cerqueda

Expediente 405/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
405/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Gonzalo Ruiz Cerqueda
  • Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 405/2023, promovido por ***************, en contra de actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario, se tiene acreditado que ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se tramita el juicio contencioso administrativo 816/21-15-01-4, promovido por *****************. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, fue dictada la sentencia correspondiente, condenando a la parte demandada encargado de la subdelegación de prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Seguida la secuela procesal, el uno de marzo de dos mil veintitrés, la sala responsable inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y requirió a la parte demandada el cumplimiento a la sentencia de mérito, haciéndole el apercibimiento respectivo. El tres de marzo siguiente, la autoridad responsable acordó que no había lugar a tener por promovida la queja interpuesta por la parte quejosa, al haber procedido aquélla previamente de oficio para el cumplimiento del referido fallo. [Determinación controvertida en esta instancia] De los antecedentes anunciados, se advierte que dicho juicio contencioso se encuentra en etapa de ejecución. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ******************** presentó un escrito de demanda el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional, la que se registró bajo el consecutivo 405/2023, por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés: i) la admitió a trámite; ii) solicitó a la autoridad su informe justificado; iii) otorgó intervención conducente a la agente del Ministerio Público adscrita; iv) emplazó a la parte tercera interesada; y v) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La negativa de admitir a trámite la queja por omisión de cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio contencioso administrativo 816/21-15-01-4. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación que se le reclamada. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la tesis jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente 816/21-15-01-4, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado; constancias que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y de las que se advierte la existencia del acto reclamado. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." LEGITIMACIÓN ******************, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, porque es parte actora en la controversia de origen. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo, disposición que además, es interpretada en ese sentido por la jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el presente asunto, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el juicio, en razón de que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso 816/21-15-01-4 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Los numerales invocados, en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo prescribe que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, los cuales de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son aquellos que gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. También se previó que el juicio de amparo puede ser enderezado contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso trascendido al resultado de la resolución. Finalmente, señala que tratándose de remates, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Cualquiera de estos tres supuestos de procedencia, se podrán reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y hayan trascendido al resultado de la resolución. En efecto, de los preceptos legales transcritos, se deduce que por regla general, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, puesto que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento relativo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Ahora, los supuestos de procedencia del juicio de amparo contra actos dictados una vez concluido el juicio natural admiten diversas excepciones, las cuales se han establecido jurisprudencialmente por el Alto Tribunal del país. Dichos criterios se analizan a continuación: Al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto de la procedencia excepcional del amparo indirecto en contra de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se afecten derechos sustantivos. Al efecto, interpretó el artículo 114, fracción III, en relación con la diversa IV, de la Ley de Amparo abrogada, y concluyó que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos intermedios emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, siempre que reúnan los requisitos siguientes: a) Afecten de manera directa derechos sustantivos; y, b) Esos derechos sustantivos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En la ejecutoria de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2010, se señaló que los derechos sustantivos se considerarán ajenos a la cosa juzgada cuando su afectación no sea una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Diverso caso de procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza cuando se impugnen actos que de manera total, impidan u obstaculicen el procedimiento de ejecución. Dicho de otro modo, cuando el acto reclamado impida continuar con la ejecución de la sentencia o la obstaculice de forma total, será impugnable de manera inmediata -una vez agotados los recursos ordinarios- pues no puede someterse al quejoso a que espere el dictado de la última resolución en esa fase, precisamente, porque el acto reclamado impide la continuación de la ejecución, haciendo nugatorio su derecho de hacer efectiva la cosa juzgada, constituyendo incluso un acto que afecta de manera directa derechos sustantivos de imposible reparación ajenos a esa figura. En conclusión, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente de manera excepcional en los supuestos siguientes: Contra actos intermedios dictados en esa etapa, siempre que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Contra la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Contra actos definitivos que, de manera total, impidan u obstaculicen el procedimiento de ejecución de sentencia. Una vez establecidas las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario considerar los antecedentes jurídicamente relevantes que motivaron el acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias que integran el presente sumario, que son los siguientes: Ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se tramita el juicio contencioso administrativo 816/21-15-01-4, promovido por ******************. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, fue dictada la sentencia correspondiente, condenado a la parte demandada encargado de la subdelegación de prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Seguida la secuela procesal, el uno de marzo de dos mil veintitrés, la sala responsable inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, de oficio requirió a la parte demandada el cumplimiento a la sentencia de mérito, haciéndole el apercibimiento respectivo. El tres de marzo siguiente, la autoridad responsable acordó que no había lugar a tener por promovida la queja interpuesta por la parte quejosa, al haber procedido aquélla previamente de oficio para el cumplimiento del referido fallo. [Determinación controvertida en esta instancia] Ahora bien, a fin de determinar la naturaleza de la determinación impugnada, es necesario analizar cuál es el procedimiento para dar cumplimiento a las determinaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bajo esa línea jurídica, se tiene que los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen: "ARTÍCULO 57.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana. b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva. En ningún caso el plazo será inferior a un mes. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. Los plazos para el cumplimiento de sentencia que establece este artículo, empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa informe a la autoridad que no se interpuso el juicio de amparo en contra de la sentencia, o el particular informe a la autoridad, bajo protesta de decir verdad, que no interpuso en contra de la sentencia, dicho juicio. La autoridad, dentro del plazo de 20 días posteriores a la fecha en que venció el término de 15 días para interponer el juicio de amparo, deberá solicitar al Tribunal el informe mencionado. En el caso de que la autoridad no solicite el informe mencionado dentro del plazo establecido, el plazo para el cumplimiento de la resolución empezará a correr a partir de que hayan transcurrido los 15 días para interponer el juicio de amparo. ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. [.]" El primero de los artículos reseñados, regula los plazos y parámetros que deben observar las autoridades demandadas y vinculadas para cumplir las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Mientras que el diverso dispositivo legal contempla el procedimiento que debe seguir el Tribunal responsable para asegurar el pleno cumplimiento de sus fallos. En la parte de interés, se obtiene que existen dos formas de dirigir la etapa de ejecución de la sentencia, esto es, de forma oficiosa y a petición de parte. Respecto al primer supuesto, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia (regla general). Exceptuando las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso (regla especial). Una vez concluido el plazo de tres días otorgado, con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia. Redacción legal de la que se infiere que la conducta que podrá asumir la autoridad responsable es susceptible de presentarse en tres escenarios: i) No rendir el informe lo que implica una abstención total del cumplimiento. ii) Remitir el informe con el cumplimiento parcial por exceso o defecto, o iii) Rendir el informe con el cumplimiento total de lo decidido. Derivado de tal conducta, la Sala Regional, la Sección o el Pleno, decidirá si hubo incumplimiento injustificado, es decir, deberá resolver oficiosamente si existe un desacato injustificado, con base en el análisis que realice del informe. Así en caso de determinar que hubo incumplimiento deberá proceder en los siguientes términos: Imponer una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que, en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. Concluido el plazo, de persistir la renuencia a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Esto, también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Por otra parte, el justiciable cuenta con el recurso de queja para inconformarse, cuando: 1. La resolución repite indebidamente la resolución anulada o incurre en exceso o en defecto. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de la Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia Ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Medio ordinario de defensa que procede por una sola vez para cada uno de los casos señalados, con excepción de la omisión de cumplimiento "caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia"; lo cual no vulnera el principio de plena ejecución de las sentencias. Ahora, la interpretación coherente del artículo 58, fracciones I y II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conduce establecer que el procedimiento oficioso excluye al procedimiento a petición de parte; esto es, no pueden tramitarse simultáneamente porque tienen diverso fin. Por un lado, el procedimiento oficioso busca que se emita el acto administrativo que ordena la sentencia de nulidad, esto, al requerir en principio, a la autoridad demandada haciendo uso de la multa como medio de apremio y posteriormente, a su superior jerárquico en caso de incumplimiento, pudiendo culminar con la vista a la Contraloría Interna correspondiente, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Mientras que el procedimiento a petición de parte tiende a examinar si: el cumplimiento se emitió con exceso o defecto, se repitió el acto impugnado o el efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, si procede el cumplimiento sustituto. Se afirma lo anterior, porque el procedimiento oficioso se activa con el solo hecho de que la autoridad demandada no haya cumplido la sentencia dentro del plazo legal, dando lugar a requerir el cumplimiento dentro del plazo de tres días y acto continuo el Tribunal resolverá si hubo incumplimiento injustificado imponiendo multa y requiriendo nuevamente en los términos previstos en la fracción I, del citado artículo 58; mientras que en el procedimiento a petición de parte es necesario que, previamente a resolver sobre el incumplimiento, se requiera a la demandada un informe para lo cual se le otorgan cinco días y posteriormente dentro de otro plazo de cinco días el Tribunal deberá resolver si existe o no incumplimiento y será hasta ese momento en que se podrá imponer multa a la responsable y darle vista a su superior jerárquico en términos de la fracción I, inciso a) de citado artículo 58. De ahí, que sea dable sostener que, una vez iniciado el procedimiento oficioso de ejecución de sentencia, sea improcedente tramitar paralelamente el procedimiento a petición de parte mediante el recurso de queja por omisión de cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (I Región) 8o.57 A (10a.) sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México que este Tribunal Colegiado comparte, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SU CUMPLIMIENTO DEBE REVISARSE OFICIOSAMENTE, INCLUSIVE EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA EMITA UNA NUEVA DETERMINACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA INTERLOCUTORIA DE QUEJA. El artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que las Salas, Secciones o el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán requerir y revisar oficiosamente el cumplimiento de sus sentencias. Por otra parte, la fracción II de dicho precepto no establece expresamente que la resolución administrativa emitida por la autoridad demandada en cumplimiento a una interlocutoria que declaró fundada una queja interpuesta por el actor, sea revisada oficiosamente por dicha autoridad jurisdiccional. No obstante, esta última porción normativa debe interpretarse a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otras cosas, establece el principio de plena ejecución de las resoluciones judiciales, que implica que aquellas determinaciones que han causado estado se materialicen en su totalidad; es decir, que cabalmente se realicen las conductas de dar, hacer o no hacer ordenadas por la autoridad jurisdiccional. En estas condiciones, si bien es cierto que algunas legislaciones procesales establecen la obligación del juzgador de velar por el pleno cumplimiento de sus determinaciones, para lo cual llevará a cabo oficiosamente los actos necesarios para lograrlo, como sucede con la Ley de Amparo, también lo es que otras contienen un principio de impulso procesal de las partes, comprensible por su propia naturaleza, como sucede en los procesos mercantiles. Así, el intérprete de la norma habrá de analizar el sistema normativo correspondiente, según sus características, para determinar cuál es la situación que prevé en el caso concreto. De esta manera, la fracción I del precepto 58 citado, que establece la revisión oficiosa del cumplimiento de la sentencia de nulidad, debe servir de base para llenar la laguna normativa de la diversa fracción II. Por tanto, para hacer efectivo el principio señalado, aun cuando el actor no desahogue la vista otorgada para manifestarse sobre el cumplimiento dado a una interlocutoria de queja, ello no es impedimento para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revise oficiosamente si la autoridad demandada acató el fallo de nulidad y el de la queja. Esto es, la omisión de desahogar la vista aludida podrá tener repercusiones como la preclusión procesal, pero, se insiste, no al grado de que la Sala, Sección o el Pleno omita analizar si se acató o no su sentencia." De lo expuesto queda en evidencia que si bien, la Sala Regional responsable desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso *****************, lo cierto es que dicha determinación se emitió en la etapa de ejecución de sentencia y no constituye la última resolución de ese procedimiento ni se ubica en alguno de los supuestos señalados de procedencia excepcional del juicio de amparo. Lo anterior, porque la Sala Regional del Sureste responsable inició el procedimiento contemplado en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, inició de manera oficiosa el requerimiento de cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio natural, es decir, se trata de un acto tendiente a la ejecución del fallo. Es así, pues de las constancias que integran los autos se advierte con claridad que al existir omisión de la autoridad demandada para cumplir con la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 816/21-15-01-4 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se inició de manera oficiosa el procedimiento contemplado en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. De ahí que el proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés que desechó el recurso de queja por omisión en el cumplimiento interpuesto por *******************, no se trata de un acto ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural; tampoco constituye un acto definitivo que, de manera total, impida u obstaculice el procedimiento de ejecución de sentencia, por el contrario se enmarca dentro de ese procedimiento, como actuación intermedia donde la sala del conocimiento, en una primera aproximación, verifica si se atendieron los lineamientos de la sentencia de nulidad. Y tampoco constituye un acto de imposible reparación porque la sala al realizar el estudio de cumplimiento de la sentencia podrá establecer, en forma fundada y motivada si efectivamente, se cumplió con la sentencia de nulidad; y en su caso, si existen diferencias pendientes de cubrir; atendiendo a la normativa que rige el acto el cumplimiento de la sentencia resulta ser oficioso, lo que le garantiza a la parte aquí quejosa, que la Sala podrá restablecer la violación procesal aludida en la cuantía. Finalmente, no pasa desapercibido los precedentes 827/2022 y 698/2022 del índice de los Juzgados Cuarto y Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, respectivamente, que hace mención el quejoso en su escrito inicial de demanda a fin de que este asunto se resuelva en términos similares, ya que si bien las sentencias emitidas por otros jueces resultan orientadoras; cierto también es, que este juzgador tiene libertad de criterio al momento de resolver, aunado a que se atiende a las particularidades que cada asunto presenta. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. DECISIÓN Al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada en el apartado que antecede, entonces debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible apreciar que la improcedencia resultaba notoria y manifiesta, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de los autos que integran el sumario y documentales aportadas por las partes, de tal suerte que su admisión no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causal si ésta se advirtiere del análisis de las constancias, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, publicada en el tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 544, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA." Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************, en contra del acto atribuido a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por los fundamentos y argumentos que se esgrimen en el apartado VII de este fallo. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, especialmente de las constancias remitidas por la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en apoyo a su informe justificado, se advierte que en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado al ********************, en su calidad de autoridad demandada en el juicio de origen. En ese sentido, se le reconoce a dicha autoridad el carácter de tercero interesado, por lo que conforme a lo dispuesto por el arábigo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia mediante el oficio que al efecto se elabore emplácese a este juicio constitucional a dicho sujeto procesal. Con la precisión que tal comunicación deberá contener la inserción de este proveído y del auto admisorio de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, al cual deberá adjuntarse copia fotostática simple de la demanda de amparo, a fin de que el referido tercero interesado acuda al presente sumario si a su interés conviene. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Por otra parte, no es factible tener al secretario de acuerdos de ese Tribunal administrativo por rendido el informe indicado, porque no figura como autoridad responsable en este asunto; por tanto, carece de legitimación procesal pasiva para promover. Finalmente, en atención a que mediante oficio SEADS/1011/2023 de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, acordó la comisión temporal del Juez Rodrigo Courtois Yannini, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel con efectos a partir del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine; por tanto, para los trámites y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo hágase lo anterior del conocimiento de las partes en este juicio de amparo. Notifíquese.

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