Gonzalo Rubisel Ávalos Verdugo

Expediente 1111/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1111/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Gonzalo Rubisel Ávalos Verdugo

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan las actuaciones, se advierte que en proveído de diez de diciembre de dos mil veinte se ordenó prevenir al quejoso, quien mediante escrito de veintidós siguiente desahogó la prevención y manifestó bajo protesta de decir verdad que no recordaba las fechas exactas en que se realizó la primera retención a los descuentos reclamados. Al respecto se provee lo siguiente: I. Competencia. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y demás aplicables de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se tiene competencia para conocer del juicio de amparo que promueve Gonzalo Rubisel Avalos Verdugo, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y otra autoridad. II. Desechamiento de la demanda. Del estudio al escrito inicial de demanda, se puede advertir que la parte promovente reclama las retenciones o descuentos de su sueldo o pago como trabajadora en activo. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Respecto de los actos reclamados, resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, esta última aplicada en sentido contrario, al no estar ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. De ambos preceptos deriva que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad; del segundo de esos numerales se advierte dos supuestos para determinar quién es autoridad para los efectos de juicio de amparo, a saber: 1. La que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. 2. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, cuyas funciones estén determinadas por alguna norma general. A diferencia de la Ley de Amparo anterior, la vigente atribuye calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto; es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y, ahora, atiende al tipo de acto, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. Los particulares tendrán calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de particulares, cuyas funciones estén determinadas por alguna norma general. En el proceso legislativo origen a la inclusión de este concepto de autoridad para efectos del amparo, específicamente en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación, de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, en la consideración Sexta se abordó el tema de autoridad responsable y particulares en los siguientes términos: Autoridad Responsable y Particulares. Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5, fracción II del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el 'enemigo a vencer' por el gran poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la 'garantía individual' de suprasubordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad, y por lo mismo la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que bien dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales. La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados de tal suerte en que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos. La tutela, respeto y protección de este tipo de derechos debe verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales. La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo provienen del Estado, sino que también provienen de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar. Y finalmente la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. En muchos casos de la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también a los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano. En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea por su disposición normativa lo contempla expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en legislación secundaria y en interpretación jurisprudencial. En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional. Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta. En casos paradigmáticos sobre el tema en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a las del Estado. En otros casos donde la vía ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva. A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo de (sic) del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos, El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión. De conformidad con lo anterior, para definir cuándo se está en presencia de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: 1. La existencia de un ente u organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. 2. Ese ente u organismo emita u omita actos jurídicos derivados de las facultades que les confiera alguna norma jurídica. 3. Con el actuar u omisión se cree, modifique o extinga determinada situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. De lo anterior deriva que la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sin embargo, la vigente Ley de Amparo en el precepto indicado resulta flexible, pues acepta la posibilidad que los actos de particulares sean considerados de autoridad cuando afecten derechos de las personas, a condición que esas funciones estén determinadas por alguna norma general. Como puede observarse del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación, de Estudios Legislativos, trascrita con anterioridad, la intención del legislador (interpretación funcional mediante argumentación psicológica) es que los actos de particulares susceptibles de reclamar en amparo no son los estrictamente realizados entre particulares, sino el de su actuar vinculado con el de autoridad, específicamente cuando estén en situación de supra-subordinación, sin medios de defensa que permitan al afectado solventar su pretensión, virtud que la potestad o función de quien emite el acto derive de alguna norma general y abstracta. Así, la finalidad perseguida por el creador de la norma no fue el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, ni el agotamiento de los elementos procesales respectivos, cuando sean actos eminentemente entre particulares en relaciones de coordinación, pues no pretendió sustituir a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. En todo caso, el acto de particular lo debe colocar en plano de supra-subordinación al emanar su actuación de alguna norma general y abstracta que lo obligue realizar el acto, como si se tratara de ente del Estado. En esa medida, los actos de particulares combatibles en amparo son los equivalentes a los de las autoridades, lo que significa que el particular realice actos alejado de su ámbito privado o particular convencional. Conclusión acorde con el significado del vocablo equivalente proporcionado por la Real Academia de la Lengua en el Diccionario de la Lengua Española, Editorial Espasa, vigésima segunda edición, España 2001: Equivalente. (Del lat. aequivalens, -entis). 1. adj. Que equivale a otra cosa. U. t. c. s. 2. adj. Geom. Dicho de una figura o de un sólido: Que tiene igual área o volumen y distinta forma que otro. En ese contexto, el vocablo equivalente consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. Bajo esa perspectiva, el actuar del particular debe revestir las características de unilateral, por actuar de iniciativa propia; ser imperativo, debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; coercitivo, esto es, que a través de la infraestructura del Estado se someta obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla la decisión. En vía de consecuencia, el acto de autoridad al que en su caso debe ser equivalente el acto del particular debe ser manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que exprese decisión de carácter imperativo y coercitivo como órgano autoritario del Estado, que puede producir afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. Por tanto, los actos de particulares no pueden someterse a análisis constitucional cuando actúen en el ámbito y ejercicio de su esfera de derecho privado o en cumplimiento de un convenio particular, aun cuando se pretenda indicar que ese pacto encuentra sustento en alguna norma general, pues todo actuar que pudiera derivar de plano de igualdad con otros particulares no tiene sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de garantías. De acuerdo con lo antes razonado, para efectos del juicio de amparo el actuar del particular ha de colocarse en plano semejante respecto al de autoridades coercitivas y que realice actos unilaterales e imperativos, por lo que la realización de actos en plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen supra subordinación, no constituye causa para tenerles con carácter de autoridades responsables. En conclusión, el actuar del particular debe estar determinada en alguna ley que le imponga tal obligación, esto es, que no sea potestativo sino imperativo su accionar. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, como enseguida se explica: En la demanda de amparo la quejosa sostiene que es trabajadora del Gobierno del Estado de Sinaloa. La peticionaria del amparo sostiene que los descuentos de su sueldo se realizan en forma quincenal en más del treinta por ciento de su salario, por el pago de préstamos económicos institucionales los que, asegura, desconoce; afirma que desconoce el contenido y extensión del oficio, decreto, convenio o cualquier otro medio análogo en el cual se establezca dicha medida, la cual, además en ningún momento se le dio a conocer. De lo anterior deriva que el ente en calidad de patrón equiparado realiza los descuentos cuestionados, esto es, se dan en el plano de coordinación entre empleador y empleado, inmerso en la relación laboral; esto, en la medida que se trata de actos efectuados que afectan el salario del ahora quejoso como trabajador activo del citado organismo descentralizado, realizados por su empleador equiparado. Al respecto, en términos de los artículos 1, 2, 3, 6 y 7 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, la relación jurídica entre el Gobierno del Estado y los servidores públicos que en ella trabajan es de naturaleza laboral; por tanto, se trata de patrón equiparado. Por su parte, el numeral 113 de esa legislación determina que corresponde al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas. Interesa que el precepto 46 de la citada codificación prevé los supuestos en que podrán hacerse descuentos al salario de los trabajadores de los entes de gobierno, entre las que destaca la prevista en la fracción IX, consistente en descuentos por obligaciones aceptadas libremente por el trabajador con motivo de préstamos o créditos otorgados por el Sindicato y con base al convenio que al efecto celebre. Bajo esas condiciones, en el caso los descuentos reclamados se dan por la relación laboral, esto es, en plano de coordinación, no se supra a subordinación, tan es así que los preceptos antes analizados prevén que los conflictos se ventilarán ante el indicado tribunal; por lo que las controversias por descuentos es la vía ordinaria la adecuada para resolverlos, lo que pone de manifiesto que, en ese aspecto, se dan en la relación patrón equiparado-trabajador. Este Órgano de Control Constitucional no desatiende que el derecho a percibir el salario es irrenunciable por disposición de los numerales 4, fracción V, y 40 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; por tanto, también es imprescriptible. Empero, en todo caso, la afectación al salario está inmerso en la relación entre trabajador y empleados, en ese plano de coordinación. En las condiciones anotadas, no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; de ahí la actualización de la causa de improcedencia en estudio. En las condiciones anotadas, ante la configuración de la causas de improcedencia señalada, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la citada ley, procedente sobreseer en el juicio constitucional. Luego, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano por manifiesta y notoria improcedencia la demanda de amparo que se analiza. En conclusión, en esa ejecutoria se dijo que el criterio es sólo para los casos concretos origen de la diversidad de criterios, esto es, el indicado acuerdo. De tal forma, acorde ese criterio, no existe obstáculo legal para que desde el auto inicial se determine si el reclamado es de autoridad para los efectos del juicio de amparo, salvo que se trate del supuesto analizado en dicha ejecutoria. Por tanto, esa jurisprudencia no es aplicable al caso; máxime que en la ejecutoria analizada también indicó no es correcto que la jurisprudencia indicada impide se determinen que un acto proviene de autoridad desde el auto inicial sin importar el supuesto que se someta a su consideración, incluso, en casos en que, por ejemplo, exista criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establezca la improcedencia. Por tanto, con el desechamiento de esta demanda no se soslaya la indicada jurisprudencia. Sin que se desatienda que también la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de la fracción IX y del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; sin embargo, no debe desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de aplicación, de ahí que al ser improcedente el presente juicio de amparo contra el acto de aplicación, por ende, también es improcedente contra la norma impugnada.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diez de diciembre de dos mil veinte. I. Quejosa. Gonzalo Rubisel Avalos Verdugo. II. Demanda y formación de expediente. Vista la demanda de amparo presentada por Gonzalo Rubisel Avalos Verdugo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1111/2020 y fórmese el sumario físico respectivo. De igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Irregularidades de la demanda de amparo. Del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala que el acto reclamado es de trato sucesivo cada mes, por lo que se repite en el tiempo; razón por la que reclama los descuentos efectuados desde el treinta de noviembre del año en curso, así como las subsecuentes; sin embargo, lo expuesto permite inferir que se han realizado descuentos previos al que impugna en esta instancia. III. Prevención. Con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, aclare la demanda de amparo en los siguientes términos: Deberá precisar la fecha en que se le realizó la primera retención o descuento de sueldo o pago, así como la data en que tuvo conocimiento de dicha deducción. Lo que deberá manifestar bajo protesta de decir verdad y sabedor de las penas en que incurre quien afirma hechos falsos al formular una demanda de garantías; pues de incurrir en falsedad, la parte quejosa, su abogado o ambos, podrían hacerse acreedores a pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días de salario, tal como lo establece el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo: 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional las manifestaciones que vierte en su escrito de demanda, atinentes a que los descuentos que por esta vía reclama son de tracto sucesivo mensualmente, por lo que reclama los descuentos efectuados desde el treinta de noviembre del año curso y subsecuentes. Se apercibe a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento en el plazo que se señala, se tendrá no presentada su demanda, con base en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa los estrados de este juzgado toda vez que omite señalar uno y autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. Medidas derivadas de la contingencia COVID-19. Se precisa que, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se celebrará, de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de estas. Sin embargo, en términos de los artículos 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo-, por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, los intervinientes del sumario constitucional que se ubiquen en alguno de los supuestos precisados, deberán proporcionar número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings"; lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Para preparar lo anterior, la parte que se encuentre dentro de los supuestos establecidos deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído de conformidad con lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. En caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrán comparecer de manera presencial a la misma; pero, de antemano se deberá registrar la cita respectiva en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, en el micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ. Se exhorta a las partes a transitar a la modalidad de juicio en línea. Por otra parte, aun cuando el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de juicio en línea, no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Por lo que el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que transiten al juicio en línea. Se requiere a las partes formas especiales y expeditas de contacto. En atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, con fundamento el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días se les requiere para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de personas persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas a través de la OPC. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común (OPC) de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa. Lo anterior deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Se hace saber a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito que, con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; cualquier oficio que daban enviar a este órgano judicial, deberá ser remitido únicamente al correo electrónico oficial de este juzgado, cuya dirección es: 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, y por el mismo medio se les acusara recibo -el mismo día si el correo se recibe de ocho treinta horas a trece treinta horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. De ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberán hacerlo en Oficialía de Partes Común (OPC) de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa. Instrucción al actuario de las formas de notificar oficios y proveídos que deban hacerse de manera física. Se instruye al actuario encargado de este expediente que, los oficios derivados de la tramitación de este, deberán ser remitidos vía correo electrónico, para lo cual deberá consultar el listado que se encuentra en la Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes o, en su caso, solicitar vía telefónica el mismo a las autoridades a las que se dirija el oficio correspondiente, debiendo confirmar su recepción y levantar razón de ello. En caso de no ser posible la entrega (o confirmar su recepción) por dicha vía, el actuario deberá entregarlos de manera física cuando las autoridades se encuentren dentro de la residencia de este juzgado, enviarlos mediante correo certificado o mensajería acelerada cuando los oficios sean dirigidos a autoridades foráneas. Dadas las medidas de protección establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal para los justiciables y servidores públicos, se instruye al actuario que en caso de llevar a cabo la notificación de oficios de manera física, así como al momento de realizar notificaciones personales a las demás partes, deberá observar de manera estricta el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ante José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que autoriza y da fe.

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