Gonzalo Rosas Zayola

Expediente 228/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
228/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Gonzalo Rosas Zayola

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Vista, la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en proveído de seis de mayo del año en curso, se requirió al Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en Tijuana, Baja California, a efecto de que propusiera tres peritos para elaborar dictamen en materia de caligrafía y grafoscopía. En consecuencia, glósese a los autos el telegrama de cuenta, que remite el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con residencia en Tijuana, Baja California, mediante el cual por las razones que en el mismo expone, manifiesta su imposibilidad de proporcionar perito en materia de caligrafía y grafoscopía, con motivo de la prueba pericial ordenada por este juzgado; en consecuencia, se tienen por hechas las manifestaciones para los efectos legales correspondientes. En ese contexto, a fin de agilizar la secuela procesal, solicítese al Titular de la Jefatura de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proponga tres peritos con cédula profesional y conocimientos para elaborar dictamen en materia de caligrafía y grafoscopía, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, del Acuerdo General 16/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala que se llevará a cabo tal designación previo los trámites necesarios ante las Dependencias Gubernamentales o Instituciones Públicas de Educación Superior o Colegios de Profesionistas para la propuesta correspondiente. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el 259 de la ley en mención. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ante Alejandro Rodríguez Peraza, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de seis de mayo del año en curso, se previno al promovente Gonzalo Rosas Zayola, a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, toda vez que de conformidad con el artículo 885, segundo párrafo de la Ley Federal de Trabajo, en relación con el diverso 44 fracción II del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es a la autoridad que le corresponde formular el proyecto de laudo, de que se duele. Asimismo, en proveído de trece del mes y año en curso, se requirió a Gonzalo Rosas Zayola, a fin de que ratificara la firma del escrito registrado con folio 4192, mediante el cual pretendió desahogar la prevención realizada en auto de seis de mayo de dos mil diecinueve. Por otra parte, de la constancia actuarial de cuenta, se desprende que Gonzalo Rosas Zayola, ratificó el escrito con registro 4192. Ahora bien, en atención al escrito con folio 4192, se tiene a la parte quejosa desahogando, la prevención realizada en autos. En ese contexto, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio que promueve Gonzalo Rosas Zayola, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo. Sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión con fundamento en el artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo, ya que el quejoso únicamente solicita de manera genérica, en el tercer punto petitorio de su demanda, que se requiera el informe previo a la autoridad responsable; sin que haya pedido expresamente el decretamiento de la citada medida cautelar, lo que constituye un requisito preliminar para su tramitación. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables enviándoles al efecto copia simple de la demanda, al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes a partir de aquél en que reciba el oficio mediante el cual se les solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa en lo individual de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. Se señalan las diez horas con seis minutos del doce de junio de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa en lo individual de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Respecto de los terceros interesados que refiere la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, este órgano jurisdiccional se reserva su emplazamiento hasta en tanto obren en autos el informe justificado, o en su caso, las constancias de las cuales emana el acto reclamado; lo anterior, para corroborar a quién o a quienes les asiste dicho carácter. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a la autoridad responsable, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: Se autoriza al secretario del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, cuya realización deberá verificar el secretario. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Finalmente; vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de seis de mayo del año en curso, se previno al promovente Gonzalo Rosas Zayola, a fin de que aclarara su escrito inicial de demanda en los términos precisados ahí, por lo que por escrito presentado en oficialía de partes de este juzgado el diez de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo presuntamente a la parte quejosa intentado subsanar dicha prevención; de ahí que en auto de trece del mes y año en curso, se requirió al quejoso Gonzalo Rosas Zayola, a fin de que dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de ese auto ratificara la firma de dicho escrito; lo cual realizó el quince de este mes y año en curso, ante la actuaria de este juzgado. En ese contexto, en el presente sumario el suscrito juzgador advierte una diferencia notoria entre la firma que calza el escrito inicial de demanda, la firma estampada en la constancia actuarial de quince de mayo del año en curso, con motivo de la prevención de la demanda y la plasmada en el escrito aclaratorio de demanda presentado el diez de mayo de este año, en la oficialía de partes de este juzgado; en consecuencia, se ordena oficiosamente la práctica y el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía a fin de corroborar su autenticidad. En ese sentido, solicítese vía estafeta a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con residencia en Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de la notificación de este proveído, proponga tres peritos con cédula profesional y conocimientos para elaborar dictamen en materia de caligrafía y grafoscopía de manera gratuita; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no informar el impedimento legal que tenga para no hacerlo, en el plazo que se le concede, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, acorde a la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, 2a./J. 59/2017 (10a.), con número de registro 2014436, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y textos siguientes: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Notifíquese y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

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