Gonzálo Ramírez Zambrano
Expediente 704/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gonzálo Ramírez Zambrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 704/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo que se les otorgó para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si las responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Gonzalo Ramírez Zambrano, para el efecto de que el juez responsable: "(.) En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el juez responsable: 1). Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1803/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y la etapa de ejecución, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de la demandada. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que ordene nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia y, se continúe con la secuela procesal, hasta su total conclusión, conforme a la ley que lo rige. Aquí es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.)10 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. (...)" Es así que, mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en autos de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así toda vez que mediante oficio 1048 de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada del auto de veintidós de marzo del año en curso, de la que se advierte que dejó sin efecto legal alguno el emplazamiento practicado al quejoso dentro del juicio especial hipotecario 1803/2019, mediante diligencia de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, y las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, así como los demás actos emitidos en etapa de ejecución. Asimismo, repuso todo el procedimiento, ordenando el emplazamiento a juicio del aquí quejoso, Gonzalo Ramírez Zambrano, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable, atendió a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1803/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, reponiendo el procedimiento y ordenando el emplazamiento a juicio del demandado. Sirve de apoyo a lo anterior, la razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (fojas 51 a 69, 300 a 319 y 472 a 480 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben: "(.) En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el juez responsable: 1). Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1803/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y la etapa de ejecución, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de la demandada. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que ordene nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia y, se continúe con la secuela procesal, hasta su total conclusión, conforme a la ley que lo rige. Aquí es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.)10 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. (.)" Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio, signado por la 2. Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Atento al estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de octubre del año en curso, se ordenó emplazar a ********************, Actuaria adscrita la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en su carácter de autoridad responsable (vía oficio 27312). Sin embargo, si bien corre agregado en autos el acuse relativo al oficio 27312, recibido el veinticinco de octubre de este año, y dicha autoridad no ha rendido su informe justificado, también cierto resulta que no se tiene la certeza de que se le haya corrido traslado con las constancias de ley, por tanto, se ordena emplazar nuevamente vía oficio a la aludida actuaria, al que se deberá agregar copia autorizada de la demanda de amparo y del acuerdo admisorio de diez de septiembre de dos mil veintiuno, para que se imponga de su contenido y rinda su informe justificado. En esa virtud, a fin de no dejar sin defensa a ninguna de las partes, y como el presente asunto no se encuentra debidamente integrado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, fecha que se fija considerando que las autoridades pertenecientes a los juzgados del fuero común, gozarán de su periodo vacacional a partir del día trece de diciembre próximo y, reanudarán actividades laborales el tres de enero de dos mil veintidós, por lo que, se debe dar oportunidad a que aquélla se imponga del presente acuerdo, rinda el informe solicitado y transcurra la vista que de él habrá de otorgarse a las partes. Notifíquese en términos de ley.
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