Gonzalo Quintero Melendrez
Expediente 766/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/10/2019
Partes del expediente
- Gonzalo Quintero Melendrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el treinta de agosto del dos mil diecinueve (foja 51), el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en este sumario constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de dos de septiembre del dos mil diecinueve (foja 65), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacerlo, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al agraviado el tres de septiembre siguiente (foja 66); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para el quejoso del cinco al nueve de septiembre del actual año; sin que realizara manifestación alguna. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el nueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 16-27), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Gonzalo Quintero Melendrez, para el siguiente efecto: Una vez que sea notificada de que esta determinación causó ejecutoria, la Junta laboral responsable provea lo conducente en torno a la admisión o desechamiento de los medios de convicción que ofrecieron las partes en el incidente de nulidad de actuaciones relativo al juicio ordinario laboral 672/2013 de su índice, lo resuelva de inmediato y lo notifique a las partes." Luego, en auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 47-48) se declaró ejecutoriada dicha resolución y, por ende, se requirió a la junta responsable para que en el término de diez días lo acatara. En ese sentido, el acto que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, era, en concreto, resolver el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio laboral 672/2013, así como notificar dicha resolución a las partes. Luego, a través del oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el treinta de agosto de dos mil diecinueve, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, remitió la interlocutoria dictada en el incidente de nulidad de actuaciones el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente 672/2013 de su índice. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Lo anterior, aun cuando la autoridad responsable, no acompañó las constancias de notificación respectiva; sin embargo, dicha notificación queda suplida con la realizada por el actuario de la adscripción. Sirve de sustento a lo expuesto, la siguiente jurisprudencia aplicada por analogía: "***." Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que éste no se tramitó. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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** TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tienen por recibidos el oficio y anexo de cuenta, remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, mediante los cuales, informa las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia sentencia de nueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 16 a 27), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Por otra parte, en el presente asunto no se actualiza la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la ley de la materia, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a la responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las Juntas y Tribunales Laborales, no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Además, el superior jerárquico al que se refiere la ley de amparo, es al superior en materia jurisdiccional o judicial y no al superior en materia administrativa. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de amparo, se les impondrá a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevén los artículos 193 y 269 de la ley citada. Luego, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta presentados por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Loca de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a través de los cuales pretende informar las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento a la citada ejecutoria; sin embargo, con éstas no es dable dar vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses legales convenga, toda vez que la determinación de catorce de agosto de agosto del año en curso, por la que pretende dar cumplimiento fue emitida antes de que el fallo protector quedara firme; por tanto, también deberá dejarlo insubsistente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.2o.P.12 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Página 2575, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UNA RESOLUCIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO, ÉSTA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. El artículo 192 de la Ley de Amparo establece el procedimiento de cumplimiento de las sentencias en amparo indirecto, y señala que será "cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo" a partir de que el órgano jurisdiccional requerirá a la responsable el cumplimiento del fallo, por lo que no hay duda de que el legislador introdujo la condicionante de que dicho requerimiento estaría precedido de la declaratoria de firmeza, pues si ello no fuera relevante, el texto de la norma sería distinto. Lo anterior tiene sentido en la medida en que considerar válido el hecho de que las responsables pudieran acatar el fallo en cualquier momento posterior a su emisión, equivaldría a privar de un derecho legalmente otorgado a las partes y dejarlas en estado de indefensión, al no permitírseles ser escuchadas a través del recurso correspondiente. Por ende, si la sentencia de la que emana el medio de impugnación que se resuelve, causa ejecutoria únicamente por la correspondiente declaración judicial, y ésta sólo puede darse una vez que se resuelva el recurso respectivo, sólo a partir de ese momento puede exigirse su cumplimiento y, concomitantemente, atenderse al cumplimiento que dé la autoridad responsable. Así, mientras no exista ese pronunciamiento, no deja de ser una resolución que, si bien define una litis, no tiene fuerza legal, esto es, no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, por estar sujeta a la resolución del recurso que se interpuso en su contra, debido a que aún se halla en situación de expectativa, y hasta que no cause ejecutoria, no es ni imperativa ni obligatoria para las partes, por lo que el cumplimiento anticipado no puede considerarse legal, porque hacerlo implicaría reconocer valor a una resolución emitida en vía de cumplimiento a una sentencia no vinculatoria y, a la par, dejar a la voluntad de la autoridad responsable la procedencia del medio de impugnación ordinario; por tanto, si la autoridad responsable dictó una resolución para cumplir una sentencia de amparo indirecto que no ha causado ejecutoria, ésta debe dejarse insubsistente." Por último, devuélvanse las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Loca de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, toda vez que resulta innecesaria su retención. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por recibido el oficio de cuenta, por el cual la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio certificado de la ejecutoria de trece de junio del año en curso, emitida dentro del amparo en revisión 554/2018, por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto número 469/2017, del índice de este Juzgado Federal, en un tomo y un sobre amarillo que contiene un disco compacto. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado se aprecia, que se MODIFICA la resolución impugnada, misma que por una parte sobreseyó y por otro lado, negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y en su lugar NEGÓ el amparo de la Justicia de la Unión a la parte solicitante del amparo, en términos precisados en dicho fallo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, en la sentencia dictada por este Juzgado, por una parte sobreseyó y por otro lado, se determinó negar la protección constitucional a la parte quejosa, en tanto que por resolución emitida en el amparo en revisión, se determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos el presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción IV, del punto vigésimo primero del capítulo quinto antes citado y hecho lo anterior, procédase a la destrucción de las constancias restantes del presente expediente previa acta que se elabore para constancia y realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar provisional y definitiva se concedió respecto los actos reclamados; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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