GONZALO QUEZADA ROBLES y Otros.

Expediente 602/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
602/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2016

Partes del expediente

  • GONZALO QUEZADA ROBLES y Otros.
  • Gonzalo Quezada Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico, por ende destruible.

  2. Principal

    Visto; el escrito presentado por Susana Quezada Robles, parte quejosa en el presente juicio de amparo, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de once de los cursantes, exhibe copia certificada de las actuaciones con las que acredita la personalidad que detenta; en consecuencia, el Juez acuerda: Téngase por cumplido el requerimiento de referencia y por reconocida la personalidad de Susana Quezada Robles, como tutora de Gonzalo Quezada Robles, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala: "4.- ACTO RECLAMADO.- La Determinación que Autoriza EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, dictada el 2 de marzo del 2016 con respecto a la Averiguación Previa A.P.II/I/2014, instruida en contra DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por los delitos de ACCIÓN Y OMICIÓN (sic) y LOS QUE RESULTEN, cometidos en perjuicio de la suscrita SUSANA QUEZADA ROBLES, de mi tutelado DISCAPACITADO, C. GONZALO QUEZADA ROBLES y de mi hijo JOSÉ ALFONSO ROSALES QUEZADA." Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional doliéndose de la determinación que autoriza el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa A.P.II/I/2014, del índice de la Agencia del Ministerio Público uno, instructora de averiguaciones previas de la capital; determinación de la que afirma la quejosa, tuvo conocimiento el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en que le fue notificada. Así las cosas, considerando que desde el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en que tuvo conocimiento de la determinación reclamada, a la fecha en que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas su demanda de amparo -siete de octubre de dos mil dieciséis-, ya había transcurrido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, dicho término transcurrió del treinta de agosto al doce de septiembre de la presente anualidad, sin contar los días tres, cuatro, diez y once de septiembre del que cursa, por ser inhábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate, actualizándose en el caso, la causal de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible en la página doscientos treinta y cinco, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Susana Quezada Robles, por su propio derecho y ostentándose tutora del discapacitado Gonzalo Quezada Robles, contra actos del Procurador General de Justicia en el Estado de Zacatecas, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto; agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el escrito y anexo, que al mismo acompaña, presentado por Susana Quezada Robles, por su propio derecho y ostentándose tutora del discapacitado Gonzalo Quezada Robles, por el que pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de once de octubre del año en curso; sin que haya lugar a tener por cumplido el mismo, en virtud que no acredita la personalidad que detenta, pues si bien adjunta diversos documentos ilegibles y con sello, se trata de copias fotostáticas simples que adolecen de la certificación correspondiente y, por ende, conforme a lo establecido en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del numeral 2° de esta última, carecen de valor legal alguno. Apoya lo anterior, en lo conducente la tesis de jurisprudencia 193, visible en la página ciento treinta y dos, tomo VI, Parte SCJN, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." No se soslaya la manifestación vertida por la promovente en el escrito de demanda y aclaratorio, al manifestar que comprueba dicha personalidad con copia de la diligencia de aceptación del cargo de tutora y del auto de discernimiento del mismo, que solicita sea requerida al Juzgado Primero Familiar (sin precisar de dónde); ello en virtud que la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo, es claro al establecer que en la demanda de amparo deberán expresarse el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; lo mismo acontece respecto de lo dispuesto por el artículo 11 del ordenamiento legal en consulta, en virtud que es claro al establecer que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas; de lo que es factible concluir que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda o dentro del término concedido, al ser requerido para ello, con apoyo en lo dispuesto por los preceptos legales en consulta, como es el caso; ello porque no existe disposición legal que faculte al suscrito para requerir las copias que menciona y así corroborar la personalidad que ostenta, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 11 y 14 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 23/2009, publicada en la página siete, del tomo XXIX, abril de dos mil nueve, materia común, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". Se apercibe a la promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado en auto de once de octubre en curso, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo, únicamente por lo que respecta al diverso quejoso que refiere representar Gonzalo Quezada Robles, acordándose lo conducente en cuanto a la directa quejosa Susana Quezada Robles.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Susana Quezada Robles, por su propio derecho y ostentándose tutora del discapacitado Gonzalo Quezada Robles, contra actos del Procurador General de Justicia en el Estado de Zacatecas, por violación a los artículos 14, 16, 17 y 20 Constitucionales, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, toda vez que de la demanda de garantías que promueve Susana Quezada Robles, se advierte que presenta irregularidades; ello si se atiende a que se ostenta tutora del discapacitado Gonzalo Quezada Robles, sin acreditar tal personería; con fundamento en el artículo 114, fracciones I y III, en relación con el artículo 108, fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia: a). Exhiba documento idóneo con el que acredite la personalidad con que afirma acudir a la presente instancia de amparo, esto es, en el carácter de tutora del discapacitado Gonzalo Quezada Robles. Tiene aplicación al respecto, Jurisprudencia 1/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las fojas cuarenta y siete y cuarenta y ocho del tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". Sin que obste a lo anterior, la manifestación vertida por la promovente en el escrito de demanda, al manifestar que comprueba dicha personalidad con copia de la diligencia de aceptación del cargo de tutora y del auto de discernimiento del mismo, que solicita sea requerida al Juzgado Primero Familiar (sin precisar de dónde); ello en virtud que la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo, es claro al establecer que en la demanda de amparo deberán expresarse el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; lo mismo acontece respecto de lo dispuesto por el artículo 11 del ordenamiento legal en consulta, en virtud que es claro al establecer que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas; de lo que es factible concluir que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda o dentro del término concedido, al ser requerido para ello, con apoyo en lo dispuesto por los preceptos legales en consulta, como es el caso; ello porque no existe disposición legal que faculte al suscrito para requerir las copias que menciona y así corroborar la personalidad que ostenta, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 11 y 14 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 23/2009, publicada en la página siete, del tomo XXIX, abril de dos mil nueve, materia común, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". Se apercibe a la promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo, únicamente por lo que respecta al diverso quejoso que refiere representar Gonzalo Quezada Robles, acordándose lo conducente en cuanto a la directa quejosa Susana Quezada Robles. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Santos Bañuelos número trescientos, colonia Pánfilo Natera, en Zacatecas.

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