Gonzálo Patiño Martínez
Expediente 880/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gonzálo Patiño Martínez
Actuaciones
- Principal
Firmeza del auto de desechamiento Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término del que disponía la parte quejosa para interponer recurso de queja contra la determinación de doce de septiembre pasado, a través de la cual se desechó la demanda de amparo intentada, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha causado estado. Archivo y valoración Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos; apercibida que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, de conformidad con el aludido precepto. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) en horas y días hábiles. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo a nombre de ***************, en contra de actos del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 880/2022-7. Desechamiento En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: Constancias de las que se advierte que, respecto a los predios que señala el quejoso son de su propiedad, se le restringió diversas cuestiones en su inmueble defendido, relativas a los límites a respetar sin edificaciones. Precisión de actos que también encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, materia común, página 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Fijado lo anterior, se reitera, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" De lo trascrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente -previo a la instauración del procedimiento constitucional- debe agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a través de este puede alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos, como se precisó, se advierte que la parte quejosa instaura el juicio constitucional en contra de los actos reclamados consistentes en tres constancias expedidas por el director de Planeación del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) en esta ciudad, por medio de los cuales se precisaron las restricciones que se deben respetar en los predios que el quejoso señala son de su propiedad (tres) con motivo del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de este municipio 2020-2040 (PMDUOET) aprobado el veintiséis de agosto y publicado el veinte de septiembre de dos mil veintiuno -emitidos con motivo de la petición formulada por escrito en data diez de agosto de dos mil veintidós-; actos en contra de los cuales previo a la promoción del presente juicio, debió promover el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, o bien, el recurso de inconformidad en sede administrativa. Ello, porque a través de su instauración se puede obtener la modificación, revocación o nulificación de las referidas determinaciones, de conformidad con los artículos 226, 227, 234, 235 y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establecen: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." "Artículo 256. Cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover directamente el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados. Ejercitada la acción, no se podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa." Ahora de la lectura íntegra de los preceptos trascritos, se advierte la existencia de los medios de impugnación que prevé el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como lo es el recurso de inconformidad o impugnar ante la autoridad jurisdiccional, a elección; por tanto, son estos medios de impugnación la alternativa del quejoso para controvertir los actos que ahora cuestiona en forma destacada. Luego, los actos aquí reclamados, encuadran en tales hipótesis, pues las constancias de restricciones del predio rustico defendido suscritas por el director del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) en esta ciudad, se fundamentaron en los artículos, 113, 116, 117, 707, 708 y 709 del Reglamento de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Celaya, Guanajuato; es decir, son impugnables a través de los medios ordinarios de defensa aludidos en parágrafos precedentes. Ciertamente, de lo anterior se obtiene que en contra de los actos reclamados destacados, el peticionario de amparo debió interponer optativamente, el recurso de inconformidad, o bien, el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, dado que por virtud de los mismos, los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Destaca que en el particular no es obstáculo para desechar la demanda de mérito, lo relativo a la suspensión del acto debatido, atendiendo a que una vez analizados los requisitos que establecen los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión de los actos cuestionados -en caso de que el quejoso hubiere tenido la intención de solicitarla-, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, por los que el citado código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, de ahí que sea procedente previo a la instauración del juicio constitucional, los citados medios ordinarios de defensa. En razón de lo cual no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Asimismo, debe puntualizarse que, a consideración de esta juzgadora, no se actualiza ninguna de las excepciones que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la determinación contenida en las constancias de restricciones del predio rustico defendido, se fundamentó en el Reglamento de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Celaya, Guanajuato; asimismo, se considera que no solo se reclaman violaciones directas a la constitución, pues del escrito de demanda constitucional y atendiendo a la causa de pedir, se desprende que alega situaciones propias de las restricciones inmersas en las constancias reclamadas que afectarían la posterior disposición (venta) de los inmuebles. De ese modo el acto reclamado tampoco encuentra asidero en el supuesto de excepción aludido en la causal de improcedencia que se analiza. Es de invocarse, en sentido contrario, la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS SI EL ACTO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN. Si en la demanda de garantías se impugnan los actos reclamados por falta de fundamentación, no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes previamente a la interposición del juicio de garantías, pues el artículo 73, fracción XV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es claro al establecer que no existe obligación de agotar tales medios de defensa si el acto carece de fundamentación." En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que lleva implícito el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, constitucional, resulta procedente desechar la demanda constitucional promovida por Gonzalo Patiño Martínez, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se autoriza para consultar el presente expediente, por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "***************", matriculado debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que desde ahora se tiene como sitio para recibir notificaciones personales al usuario en cita, tal como fue solicitado, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. En el entendido de que la oficial judicial "A" de este juzgado, deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. Se destaca que si su alta o dato proporcionado no se encuentra en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo, y las notificaciones se le practicarán mediante la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se toma nota del medio alternativo de contacto que proporciona. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, a ***************, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se tiene en términos restringidos a la diversa persona por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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