Gonzalo Palacios Espindola

Expediente 111/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
111/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Gonzalo Palacios Espindola

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 111/2023, del índice de este juzgado; asimismo, adjunta copia certificada de la ejecutoria de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de queja 77/2023, con motivo del medio de impugnación interpuesto por ********** en contra del auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés; resolución que su punto resolutivo único es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto, con exclusión de las copias que se obtuvieron para formarlo y acúsese el recibo de estilo. Archivo. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 111/2023, remitidos con motivo del recurso de queja interpuesta por ********** contra del auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés. Asimismo, informa que se admitió a trámite el citado medio de impugnación; el cual quedó registrado como recurso de queja 77/2023. De lo que este juzgado toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso **********, por medio del cual interponen recurso de queja contra del auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítase el escrito de expresión de agravios, así como el expediente original del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación correspondiente, en el sentido de ser cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho, por las razones que en el mismo se expresan. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 111/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Asimismo, la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917- 1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia advertida. En mérito de lo anterior, quien esto juzga, advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, que al respecto establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional establecidas en la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral de referencia, como lo es el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia. Ahora, de la intelección del precepto legal invocado en segundo término, se deduce que el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Sobre esa base, los actos impugnables en amparo indirecto ante Juez de Distrito, son los que los jueces o tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución de sentencia o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. En efecto, de la interpretación de los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 114, fracciones III y IV de la Ley de Amparo abrogada (actualmente artículo 107, fracciones IV y V), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. La primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. 2. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. 3. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Dichas reglas se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA."1 Ahora, es importante precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, dio un matiz importante a dichas reglas, pues determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Las consideraciones apuntadas dieron origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:2 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En ese sentido, con base en los anteriores criterios jurisprudenciales se debe concluir que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Sin embargo, también se advierte que a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, o laudo, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, exclusivamente cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva. En ese tenor, de la lectura de la demanda de cuenta, se advierte que el promovente acude a esta instancia a reclamar la resolución de once de enero de dos mil veintitrés, dictada en los autos del toca **********, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra de la sentencia interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones por el Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, relativo al procedimiento especial de divorcio voluntario número **********. Ahora bien, del numeral 4 del capítulo correspondiente a los antecedentes de acto reclamado, se advierte lo siguiente: "4.- Por lo que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por presentado el escrito de **********, toda vez que la promovente pretende la ejecución del convenio exhibido en la vía de apremio, en específico, de la cláusula sexta, referente a la forma de liquidar la sociedad conyugal, únicamente respecto del bien inmueble ubicado en **********, conforme a la participación del cincuenta por ciento para cada uno de los cónyuges y la correspondiente cesión de derechos que convino realizar **********, respecto de la parte proporcional que pudiera corresponderle a sus hijos **********, ********** y **********, de apellidos **********. Por lo que la autoridad jurisdiccional ordenó la notificación personal en el domicilio particular del quejoso. [énfasis añadido] 6.- QUE NUNCA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LO PREVENIDO EN EL CITADO AUTO, toda vez que de la RAZÓN ASENTADA POR EL NOTIFICADOR ADSCRITO A ESE JUZGADO, a simple vista es evidente que contraviene lo establecido por la Ley. 7.- Por lo que el quejoso promueve incidente de nulidad de actuaciones y toda vez que se plantea dentro del término lega incidente el cual fue admitido por la responsable mediante auto de fecha TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. [.] 11.- Por lo que con fecha VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS se emitió SENTENCIA INTERLOCUTORIA, en donde resolvió declarar improcedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el suscrito. 11.- (sic) Inconforme con dicha resolución, el suscrito interpuse recurso de apelación en contra de la sentencia señalada en el punto que antecede. [.] 14.- Una vez tramitado dicho recurso en todas sus etapas procesales, se ordenaron turnar los autos a la vista del C. magistrado **********, a efecto de dictar la sentencia correspondiente. Por lo que en fecha TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, la Sala responsable dictó sentencia mediante la cual DECLARÓ PARCIALMENTE FUNDADOS, PERO INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE EXPRESÓ **********, en consecuencia, CONFIRMÓ LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós 15.- Sentencia que por este medio se impugna." Como se ve, el acto reclamado en estudio no constituye la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución del citado convenio, ya que aquél no se declaró cumplido ni se decretó la imposibilidad de que se cumpla. Es ilustrativo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro:3 "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN' DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO." En las condiciones anotadas, resulta evidente que los actos reclamados no constituyen la última resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución del convenio celebrado relativo al procedimiento especial de divorcio voluntario número **********, del índice Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, ya que el mismo no se declaró cumplido, o bien, se decretó la imposibilidad de que éste se cumpla; y tampoco afecta materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada y, por ende, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, el juicio de amparo es improcedente. Máxime, los actos reclamados, no son la última dictada en ejecución del convenio ni está encaminado a cumplirlo, sino, por el contrario, remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el medio de impugnación que hizo valer el aquí quejoso en el procedimiento de origen; por ende, no podrán ser impugnados en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente. Por tanto, una vez que se cumpla el convenio dictado en el juicio de origen, la autoridad responsable emitirá la resolución correspondiente en la que determinará si éste se encuentra o no cumplido o declarará su imposibilidad para cumplirlo y, en su caso, ordenará el archivo del asunto; y es esa determinación la que la parte quejosa, quien compareció al juicio de origen como parte demandada, en defensa de sus derechos, podrá combatir mediante el juicio de amparo, en el que podrá hacer valer todas las violaciones que considere se hayan cometido en su perjuicio durante el trámite de la ejecución. Es aplicable por analogía de razón, la jurisprudencia I.6o.T. J/89, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXVII, marzo de dos mil ocho, página: 1482, con número de registro 170134, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." Así como la jurisprudencia I.9o.T. J/34, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, página: 668, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL. De conformidad con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado el recurso de revisión contra actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no es la última dictada en ejecución del laudo ni está encaminada a cumplirlo, sino, por el contrario, remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación; por ende, el mencionado acto no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente." Además, cabe destacar que, el acto reclamado no infringe directamente derechos sustantivos, pues se trata precisamente de la resolución que confirmó la diversa que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones, el cual en su caso, sólo afectaría derechos procesales. Se desecha demanda de amparo. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que el promovente proporciona el usuario "**********", el cual se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, se autoriza al citado para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, así como para oír y recibir notificaciones; ello, con la finalidad de evitar la duplicación de notificaciones; lo anterior, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo que, se comisiona a la Oficial Judicial A, para que proceda a habilitar el acceso al expediente electrónico; asimismo, la sección de Actuaría, deberá realizar las subsecuentes notificaciones de carácter personal a la parte quejosa a través del usuario mencionado con anterioridad. Por lo anterior, no se hace mayor pronunciamiento respecto al domicilio físico que señaló para oír y recibir notificaciones. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita, expídase en un tanto la copia certificada del presente proveído, previo acuerdo con la secretaría correspondiente, toma de razón, identificación y firma que se deje en autos para constancia, ello es así, dado que no justifica para que requiere dos juegos de copias. Sustenta lo anterior, la tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, número de registro 2114287, cuyo rubro y texto dice: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." Exhortación a las partes para la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye a la secretaria del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Asimismo, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.4 Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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