Gonzalo Ortiz Corral
Expediente 1003/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gonzalo Ortiz Corral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, ha fenecido el término de diez días, que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto de diez de diciembre último, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, sin que lo hayan interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos procedentes. Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, dado que se sobreseyó el juicio de garantías; lo anterior, en términos de los artículos 12, 14, y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. Artículo 14. Criterios de valoración. Los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales serán: relevancia documental, conservable, depurable o destruible, el cual deberá decretarse en el acuerdo de archivo como asunto concluido. Los responsables de la valoración, sólo podrán optar por uno de los criterios señalados en el párrafo anterior. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo general en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso del proveído dictado el diez de diciembre de dos mil veintiuno que dice: "...Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable antes mencionada, al que adjunta diversas constancias como complemento a su INFORME JUSTIFICADO; documental que goza de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora bien, dentro del presente juicio constitucional, el peticionario -, reclamó lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. La omisión de la responsable, de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio Especial número-, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que de autos se desprende que la autoridad señalada como responsable ha sido omisa en emitir el LAUDO correspondiente; lo anterior, no obstante de que en fecha 20 veinte de agosto de 2021, dos mil veintiuno, emitió un acuerdo en el cual certificó que dentro del presente expediente no quedaban pruebas pendientes por desahogar, dejando así los autos en estado de emitir dicho Laudo, sin que hasta esta fecha se advierta que el mismo haya sido emitido, constituyendo así el acto reclamado." De tal forma, del análisis de las presentes constancias, se desprende que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remite copia certificada del laudo emitido el tres de diciembre en curso, dentro del Juicio Ordinario Laboral -, con lo que se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado, como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el once de enero de dos mil veintidós, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la fecha de la referida audiencia. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 Fracción I inciso B de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable antes mencionada, al que adjunta diversas constancias como complemento a su INFORME JUSTIFICADO; documental que goza de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora bien, dentro del presente juicio constitucional, el peticionario -, reclamó lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. La omisión de la responsable, de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio Especial número-, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que de autos se desprende que la autoridad señalada como responsable ha sido omisa en emitir el LAUDO correspondiente; lo anterior, no obstante de que en fecha 20 veinte de agosto de 2021, dos mil veintiuno, emitió un acuerdo en el cual certificó que dentro del presente expediente no quedaban pruebas pendientes por desahogar, dejando así los autos en estado de emitir dicho Laudo, sin que hasta esta fecha se advierta que el mismo haya sido emitido, constituyendo así el acto reclamado." De tal forma, del análisis de las presentes constancias, se desprende que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remite copia certificada del laudo emitido el tres de diciembre en curso, dentro del Juicio Ordinario Laboral -, con lo que se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado, como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el once de enero de dos mil veintidós, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la fecha de la referida audiencia. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma, el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del Despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintidós de noviembre del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio CCJ/ST/4240/2021; y con apoyo en la Jurisprudencia publicada en la página 716, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistido de la licenciada Karen Elizabeth Zepeda Miranda, Secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, a uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, y anexos que acompaña, por medio del cual, la autoridad responsable antes mencionada, rinde su respectivo INFORME JUSTIFICADO; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, como según constancia secretarial que antecede, se advierte que en auto admisorio de veintiséis de octubre último, se reservó el pronunciamiento de tercero interesado, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, lo cual ya aconteció; de tal forma, de un estudio realizado a las constancias recibidas, se advierte que dada la naturaleza del acto reclamado, y tomando en consideración que la parte demandada no ha comparecido al juicio de origen, es innecesario hacer pronunciamiento alguno al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.
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