Gonzalo Ortega Mora

Expediente 438/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
438/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2016

Partes del expediente

  • Gonzalo Ortega Mora

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que dentro del término legal no se interpuso el recurso de queja, en contra del auto que desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo, 288 y 356, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes, ante ello, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno del Juzgado. En consecuencia, y tomando en consideración que ya obran agregadas todas las constancias necesarias en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Asimismo con fundamento en el artículo vigésimo fracción l, relacionado con el artículo segundo, supuesto XX, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, por tratarse de un juicio de amparo que no tiene valor jurídico alguno ya que se desechó la demanda de amparo es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    ...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERA INTERESADA...LA SENTENCIA DE DOCE Y AUTO DE DIECISIETE, AMBOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS...(CIT)

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta de la Secretaria, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibido el escrito de demanda presentado por .contra actos que reclama del JUEZ DÉCIMO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES y del REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales.Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 438/2016-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal.Con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo general Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la suscrita ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso.En su escrito inicial de demanda, el quejoso señala que debe tenerse como acto reclamado el auto de quince de abril de dos mil seis, en el cual el Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de manera oficiosa inició acciones consistentes en solicitar información a los bancos respecto de cuentas bancarias que integran la masa hereditaria de . y considera que esas acciones solo le competen a él por tener el carácter reconocido en un diverso asunto, esto es la jurisdicción voluntaria de .El solicitante de amparo también esgrime en su demanda de amparo que en el auto que pretende reclamar se giró oficio al Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informara si existen cuentas bancarias en las casas de bolsas o inversiones afiliadas a la citada comisión a nombre de .cualesquiera quesea su naturaleza, el monto, adeudo o plazo en que se encuentren, de igual manera para que realizara la investigación de cuentas de inversión de la citada y que también ordenó oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal (hoy la ciudad de México) a fin de conocer las propiedades que existan de la de cujus.En la especie, se actualizan las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XVIII, así como la fracción XXIII con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.La fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece textualmente lo siguiente:."ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..".El reproducido precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el principio de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse.Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos:.a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo;.b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; .c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada;.d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y.e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley.Lo anterior patentiza, que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar las resoluciones del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que provienen los actos reclamados, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar las resoluciones impugnadas; de ahí que, se reitera, el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación.Sostiene lo así expuesto, la Tesis de Jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página novecientos dos, del Tomo Décimo Quinto, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que en su estricta literalidad establece: ."AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.".De igual manera, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número I.3o.C. J/39, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la 1214, del tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ."DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad.".Con las precisiones anteriores, se evidencia la actualización de forma manifiesta e indudable de la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el impetrante de garantías, antes de acudir al juicio de garantías, debe observar el principio de definitividad; es decir, debió agotar el recurso de revocación.En los artículos 685 en relación con los artículos 691 y 79 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora la Ciudad de México); se establece lo siguiente: "ARTÍCULO 685. En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinación de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este Código ARTÍCULO 691.- la apelación debe interponerse por escrito y procede solo contra aquellas resoluciones que no permiten su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuera la sentencia definitiva (R) la apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sea tomarse en consideración intereses y de más accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualiza en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62 (GODF 20/09/12 Los asuntos de cuantía de terminada siempre serán apelables." "Artículo 79.- Las resoluciones son: I.- Simples determinaciones de trámite y entonces se llamaran decretos." Lo anterior es así, ya que en contra del proveído de quince de abril dos mil dieciséis, dictado por el JUEZ DÉCIMO TERCERO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, dentro de los autos de la jurisdicción voluntaria interdicción del expediente 102/2015, señalado como acto reclamado en la demanda que se provee, cabía el recurso de revocación mencionado en párrafos que anteceden; por tanto, se estima que el acto que reclama, carece de definitividad.No resulta óbice a lo anterior, que el quejoso manifieste en su propia demanda de amparo, que hace valer la presente vía toda vez que de promover instancia alguna ante la responsable, se le desecharía la misma por no tener reconocida personalidad en ese juicio, tal como sucedió con la apelación que intentó en contra del diverso auto de trece de abril de dos mil dieciséis.Lo anterior, toda vez que el hecho de que en la instancia previa le hayan sido desechados diversos recursos o medios de impugnación, no lo exime de la obligación de agotar el principio de definitividad a que se ha hecho alusión, por el mismo quejoso aduce ser heredero de la sucesión testamentaria a la cual le acumularon las diligenciarías de jurisdicción voluntaria de donde deriva el acto que reclamada.Asimismo, se actualiza la diversa causa de improcedencia invocada, porque el acto reclamado no es de imposible reparación, por tratarse de un auto que ordena girar oficios a diversas instituciones para pedir información sobre los bienes del de cujus y ello no afecta derechos sustantivos tutelados por la constitución o tratados internacionales del quejoso.Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia invocadas; con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que se provee.Por otra parte, se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo . en razón que tiene registrada su cédula en el SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO y a las demás personas que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones.En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de garantías, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación.Lo anterior, en términos de la tesis número I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:."NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.".En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de garantías se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto.En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve.Además, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia.Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional.Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: .NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.".Por otra parte, se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo, que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis:."I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.".Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y con relación al, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo:.. "I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad;.I. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo;.III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;.IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y.V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.".Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido de que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorio, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normativa respectiva.NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE AL PROMOVENTE DE AMPARO.

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