Gonzalo Olmedo Briseño

Expediente 32/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
32/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Gonzalo Olmedo Briseño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), consérvese el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Ahora, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo el presente expediente es susceptible de destrucción, y respecto al incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, también es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y el incidente de suspensión, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), consérvese el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Ahora, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo el presente expediente es susceptible de destrucción, y respecto al incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, también es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y el incidente de suspensión, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta y dos minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 32/2023-II, promovido por Gonzalo Olmedo Briseño, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Damayanty Rojas Huerta, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1. la demanda de amparo presentada por Gonzalo Olmedo Briseño; 2. auto admisorio de once de enero de dos mil veintitrés; 3. informe justificado rendido por la autoridad responsable; y, 4. auto de uno de febrero del año en curso, por el que se dejó de tener como autoridad responsable a la señalada como "Valentín Meléndez Tecuapacho, Líder de la Unificación de Concesionarios del Estado". Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se encuentra debidamente emplazado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria hace constar que la autoridad responsable Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, relativo al incremento de tarifa por el uso del servicio público. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida, admitida y desahogada la prueba antes referida, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 32/2023-II, promovido por Gonzalo Olmedo Briseño, por propio derecho, contra actos de la Secretría de Movilidad y Transporte del Estada de Tlaxcala, con sede en Apetatitlán, Tlaxcala; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el mismo día en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Gonzalo Olmedo Briseño, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Como Ordenadora: Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala. Como Ejecutora: Valentín Meléndez Tecuapacho, líder de la Unificación de Concesionarios del Estado de Tlaxcala (SE DEJÓ DE TENER COMO RESPONSABLE). ACTOS RECLAMADOS: "De las autoridades señaladas como responsables, demandados el acuerdo en el cual establecieron el incremento de la tarifa del pasaje, de la ejecutora la ejecución formal y material de dicho acto." Actos que considera violan los derechos contenidos en el artículo 28, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de once de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza administrativa y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo, así como las constancias que integran este juicio, se advierte que el quejoso reclama: El acuerdo publicado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través el cual se estableció el incremento de la tarifa por el uso del servicio público de transporte. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala, manifestó ser cierto el acto que se le reclama (fojas 28 a 41). Lo que se corrobora de las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistente en copia certificada del acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, respecto al acto reclamado; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, quien aquí resuelve considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el quejoso no acreditó en forma fehaciente e indudable el interés jurídico y/o legitimación con el que acude al presente juicio de amparo. El artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la propia Constitución Política señala que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese orden de ideas, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 1. Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o 2. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. En tanto que el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución precisa que para combatir actos de tribunales se debe acreditar siempre un interés jurídico. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5 de la propia ley. En ese contexto, se debe precisar lo siguiente: A. Interés jurídico. El interés jurídico constituye un presupuesto de la acción constitucional de amparo, que de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica del gobernado. En ese caso, para que proceda el amparo y la protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Entendiendo por: Daño o perjuicio: La existencia de una violación a derechos humanos de una persona al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Agravio personal: El sujeto que intente la acción de amparo debe ser precisamente el titular de los derechos subjetivos públicos. Agravio directo: Implica el quebranto de esos derechos directamente a su titular. Agravio objetivo: Por medio del análisis que realice la autoridad de amparo, se encuentre que efectivamente se han violado los derechos humanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 170500 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". B. Interés legítimo. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: a. Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo, como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona, sin más, pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública estatal, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, o en su caso la omisión, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, lo que implica que se hayan ampliado las posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En ese sentido, de conformidad con los parámetros mencionados, el interés legítimo se constituye en un presupuesto procesal que, aun cuando resulta menos exigente para permitir ejercer la acción de amparo, requiere del cumplimiento de ciertas condiciones, tales como ser cualificado, actual, real, jurídicamente relevante y tener por objeto la obtención de un beneficio jurídico en favor del quejoso. Al respecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 2007921 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Esto es, el interés legítimo presupone que el quejoso demuestre que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de la pretensión que plantea, sea por una circunstancia especial o por una regulación sectorial o grupal, en el entendido de que el interés legítimo puede emanar del hecho de la pertenencia a un grupo formalmente identificable, o bien puede tenerlo una persona que no pertenezca al grupo, pero que en razón de sus circunstancias específicas sufra una afectación en su esfera jurídica en sentido amplio. Por consiguiente, existe interés legítimo cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece lo siguiente: Registro digital: 2019456 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisado lo anterior, se evidencia que, en la especie, el quejoso Gonzalo Olmedo Briseño, no justificó tener interés jurídico y/o legítimo para acudir a solicitar la protección federal. En efecto, como ya se vio, el acto reclamado que señala el quejoso, consiste sustancialmente en el acuerdo que estableció el incremento de la tarifa de pasaje para el uso de transporte público; sin embargo, no acreditó con prueba idónea ni demostró fehacientemente, que dicho acuerdo le causa perjuicio a su esfera jurídica, pues únicamente se concreto a señalar que con el incremento excesivo de la tarifa de pasaje, las autoridades están atentando la economía familiar, lo cual le causa agravio, toda vez que "como sociedad no nos hemos recuperado económicamente después de la crisis que ha dejado la pandemia". En ese contexto, las simples manifestaciones por el quejoso no son suficientes para considerar que con el aumento de la tarifa de pasaje que reclama en esta vía constitucional se vio afectado en su perjuicio, pues para demostrar lo anterior, debió haber ofrecido prueba idónea que demostrara verse afectado en su economía familiar, como lo refiere en su escrito inicial de demanda, por lo que al no encontrarse demostrado de manera fehaciente, es inconcuso que no acredita el interés legítimo para instar el juicio de amparo. En consecuencia, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; por tanto, es procedente SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a examinar el concepto de violación expresado en su escrito de demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo, razón por la cual este órgano de control constitucional se encuentra impedido para analizar único el concepto de violación expuesto por el quejoso, de conformidad con la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, volumen 24, tercera parte, Séptima Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y contenido son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio" QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por GONZALO OLMEDO BRISEÑO, atento a lo expuesto en el considerando cuarto de esta determinación. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se aprecia que aún transcurre el término de ocho días, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretario de Movilidad y Transporte del Estado, el cual se tuvo por rendido en auto de dos de febrero del año en curso. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

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