Gonzalo Munguía Pérez
Expediente 861/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gonzalo Munguía Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósese el original del incidente de suspensión, continuando en él el folio del principal; y archívese el asunto como totalmente concluido.
- Principal
Por tanto, tomando en consideración que en el presente asunto se señaló como acto reclamado, entre otros, la fijación una pensión alimenticia provisional, se estima que el presente juicio califica como "urgente"; en consecuencia, se ordena continuar con la tramitación del expediente en que se actúa. Sobre ese contexto, visto el contenido de la razón de cuenta se advierte la imposibilidad del actuario adscrito para notificar personalmente a la tercero interesada ********, la sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, toda vez que mediante acuerdo dictado el uno de octubre de dos mil veinte, se ordenó notificar a dicha citada parte procesal las subsecuentes determinaciones que tuvieran el carácter de personales, por medio de lista. En cumplimiento a lo anterior, se transcribe la sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno para conocimiento de la tercero interesada *******: "Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 861/2019-VI, promovido por *******, por propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, recibido ese mismo día por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, ******, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORAS: JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR CON RESIDENCIA EN ORIZABA, VERACRUZ. COMO EJECUTORA: C. JUEZ TERCERO FAMILIAR DE CUAUTITLÁN IZCALLI EN EL ESTADO DE MÉXICO. "IV. ACTO RECLAMADO: DE LAS ORDENADORAS LA INCONSTITUCIONAL DE LA ORDEN DE RETENER EL 25% DE MI SALARIO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL" Dichos actos, estimó el quejoso, transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como antecedentes de los mismos relató, bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, y mediante proveído dictado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 538/2019, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio. En ese tenor, por auto de doce de julio de dos mil diecinueve este juzgado aceptó la competencia declinada, y se admitió a trámite la demanda con el número 861/2019-VI; por ende, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado, adicionado y modificado por los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2, dicho órgano plenario determinó suspender los plazos procesales y el trámite de los asuntos en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en respuesta al brote del referido virus. Ahora, a raíz de la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", en proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, se determinó reanudar el procedimiento y, en consecuencia, se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Es oportuno señalar también, que mediante las Circulares CAP/2/2020, CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, de dieciocho y veinte de diciembre de dos mil veinte, así como de ocho, dieciséis y veintitrés de enero y de seis de febrero, todos de dos mil veintiuno, signadas electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, así como por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente, se determinó suspender los plazos y términos procesales, así como el trámite de los asuntos en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, en respuesta al brote del virus Covid-19, siendo posible el dictado de sentencias en los asuntos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en términos de lo dispuesto por el artículo 1, fracción II, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Bajo este contexto, la audiencia constitucional tuvo lugar al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y; CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. El suscrito juzgador es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, ambos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, conforme a la lectura integral de la demanda, se tiene que los actos reclamados son: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil relativo a las diligencias de pensión alimenticia número 225/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz. El auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, dictado en el citado juicio por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, que admitió a trámite la demanda promovida por ******* y, entre otras cuestiones, fijó una pensión alimenticia provisional consistente en el veinticinco por ciento (25%) del salario y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, y el Juez Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados, por lo que deben tenerse por ciertos. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia correspondiente a la Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Página: 206, Tesis 305, que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Aunado a lo anterior, cabe precisar que las autoridades responsables allegaron al juicio de amparo indirecto copia certificada del exhorto 193/2019, y del expediente 225/2019 con su informe justificado, documental que por ser pública, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificados expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. En acatamiento a lo prescrito por el artículo 62 de la Ley de Amparo, resulta obligatorio ocuparse de las causas de improcedencia que hicieren valer las partes o las que se adviertan de oficio, en atención al carácter de orden público que les asiste. Por ende, el suscrito resolutor federal estima, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se dice lo anterior, porque el promovente no es tercero extraño a juicio, máxime que reconoce que es parte demandada en el litigio natural. Además, refiere que tuvo conocimiento del descuento en su salario el dieciséis de junio de dos mil diecinueve, como consecuencia de la orden decretada en el juicio 225/2019, del índice del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, y ejecutada mediante el exhorto 193/2019, del índice del Juez Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En ese tenor, de la lectura integral del ocurso de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado destacado el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de ordinario civil 225/2019, mediante el cual se dio trámite a la demanda promovida por Ivonne Arlin Guzmán Hernández y, entre otras cuestiones, se fijó una pensión alimenticia provisional a cargo del quejoso, consistente en el veinticinco por ciento (25%) sobre el salario y demás prestaciones que percibe, y su ejecución. Bajo ese contexto, se advierte que el accionante, previo a la interposición del amparo biinstancial, debió promover el medio ordinario de defensa que establece el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, a fin de impugnar lo relativo a la pensión alimenticia provisional que decretó el juez responsable, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario." Por ende, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio es improcedente respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve, toda vez que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, pues el numeral 210 antes citado establece el medio ordinario de defensa idóneo para combatir lo relativo a la prensión alimenticia provisional en el expediente 225/2019. Lo anterior implica, como ya se estableció, que previo a promover el amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa establecido en el precitado cuerpo normativo. Lo que, en el caso que nos ocupa, no acontece, máxime que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de excepción. Cobra aplicación la jurisprudencia 486, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 503, del Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN Segunda Sección Familiar Subsección 1 - Sustantivo, del Apéndice de 2011, Novena Época, Registro 1013085, Materia Civil, que es del tenor siguiente: "ALIMENTOS PROVISIONALES Y SU ASEGURAMIENTO. LA RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE LOS DECRETA PUEDE INTERPONERSE DENTRO DEL TÉRMINO DE NUEVE DÍAS, INCLUSO CUANDO SE HACE VALER EN ESCRITO DIVERSO AL DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA (INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme al citado precepto, para presentar la reclamación contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional y su aseguramiento dentro del escrito de contestación a la demanda, el demandado cuenta con los mismos nueve días que se le confieren para formular dicha contestación. Ahora bien, de un análisis sistemático del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se concluye que para el diverso supuesto de que el recurso de reclamación se haga valer en escrito independiente, también se cuenta con el indicado término. Ello es así, ya que si bien del análisis del citado precepto no se advierte regla específica alguna respecto al plazo de presentación para el supuesto de que se interponga la reclamación de referencia en escrito diverso al de contestación de demanda, si se atiende a que dicho medio de defensa se ubica en el apartado correspondiente a la contestación de demanda, debe considerarse que en cuanto al plazo para su interposición le son aplicables las mismas reglas que señala el referido numeral para la figura de la contestación. Además, si se toma en cuenta que entre los fines de la aludida reclamación está el de dar oportunidad de defensa al demandado contra la pensión provisional y su aseguramiento, resulta inconcuso que la apuntada interpretación permite salvaguardar las posibilidades de defensa conferidas al demandado en la norma referida, a fin de que pueda aportar elementos que lleven a reconsiderar los términos en que se decretó la medida provisional o su aseguramiento. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda solicitarse la modificación de dicha medida provisional, en los términos de la fracción II del artículo 58 del código procesal en cuestión, para aquellos casos en que cambien las circunstancias del deudor alimentario que incidan en las posibilidades que tenga para el cumplimiento de la medida provisional alimentaria." Además, por las razones que expone, se cita la jurisprudencia PC.X. J/5 C, sostenida por los Plenos de Circuito, consultable a página 1065, Tomo II, Libro 50 (enero de 2018), Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro dicen: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A CARGO DEL PRESUNTO PROGENITOR Y A FAVOR DEL PRETENDIDO HIJO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. CUANDO SE IMPUGNE LA RESOLUCIÓN QUE LA FIJA DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA ESA ENTIDAD, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. En los juicios del orden civil en el Estado de Veracruz, en los que se reclama como acción principal el reconocimiento de paternidad, debe interponerse el recurso de reclamación establecido en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad, cuando se impugna la resolución que fija la pensión alimenticia provisional, como medida de protección a favor del pretendido hijo y a cargo del presunto progenitor, este último debe agotar el recurso de reclamación establecido en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para dicha Entidad Federativa, antes de acudir al juicio de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que lo rige, pues si bien es verdad que dicho numeral no se refiere expresamente a la fijación provisional de alimentos en los juicios de paternidad, también lo es que se está en presencia de idénticas razones que aplican en las hipótesis que señala, pues su única diferencia es que en los juicios de paternidad se fijan los alimentos una vez generada la presunción de la filiación entre el presunto progenitor y el pretendido hijo, mientras que en los de alimentos se establece cuando los acreedores justifiquen, con las copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista; sin embargo, su característica común es que en ambos se trata de una medida provisional de alimentos de carácter especialísimo, destinada a cubrir necesidades impostergables de orden público y de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es asegurar la subsistencia de los demandantes, mientras se resuelve el juicio. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el demandado en el juicio natural promueva amparo indirecto contra de la falta de emplazamiento, pues no se ha dictado sentencia definitiva y, por tanto, no puede tenérsele como persona extraña a juicio por equiparación. En efecto, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente de amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, para que pierda el carácter de extraño al juicio, o bien, que durante el procedimiento de primera instancia se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que carezca de ese carácter, lo que se advierte sucedió el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en que se apersonó al procedimiento de origen, sin soslayar que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el dieciséis de junio de ese mismo año, púes así lo manifestó en la demanda, concretamente respecto del descuento generado como consecuencia de la pensión alimenticia provisional a su cargo. Por tanto, es notorio que el quejoso tuvo conocimiento pleno de la existencia del juicio de origen hecho valer en su contra, pues señaló los datos que lo identifican, como el número de expediente y las partes, de manera que no podría sostener que es ajeno a la controversia, a la cual estuvo en condiciones de incorporarse y hacer valer lo que a su derecho conviniera, incluido promover los medios ordinarios de defensa. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Como consecuencia del sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones planteadas en torno al acto reclamado. Lo anterior, porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de cuestiones de fondo y resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Conviene precisar que algunos de los criterios citados fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto. En la inteligencia que de conformidad con las Circulares CAP/2/2020, CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, de dieciocho y veinte de diciembre de dos mil veinte, así como de ocho, dieciséis y veintitrés de enero y de seis de febrero, todos de dos mil veintiuno, signadas electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, así como por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente, en las que se autorizó la resolución de los asuntos recibidos que estuvieran pendientes de dictar sentencia, conforme al capítulo II del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, la notificación de esta sentencia debe practicarse de forma inmediata, ello en términos de lo establecido en el artículo 11, fracción I, del citado Acuerdo General. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: UNICO. Se SOBRESEE en el juicio..."
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R E S U E L V E: UNICO. Se SOBRESEE en el juicio.
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SE CELEBRA LA AUDIENCIA CONTITUCIONAL Y PASA A PROYECTO DE SENTENCIA
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