Gonzalo Martínez Ulloa
Expediente 79/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 18/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gonzalo Martínez Ulloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintinueve de agosto al once de septiembre del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintidós de agosto pasado, dentro del juicio de amparo número 79/2017-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva; asimismo, ninguna de las partes exhibió billete de depósito. Conste. En la misma fecha se da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado, el veintidós de agosto del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto décimo, fracción I, del citado acuerdo General, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en atención a que en dicho cuaderno se negó la suspensión definitiva al promovente del amparo; por lo que, éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En otro sentido, en virtud de que en el juicio en que se actúa, obra agregado documentos original(foja 5), exhibido por el quejoso; se pone a su disposición el mismo por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que comparezca ante esta instancia a recibirlo, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. Notifíquese personalmente al quejoso, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA QUE: El término de tres días concedido a los terceros interesados Rodolfo Martínez Martínez y Edgar Antonio Breceda García, a fin de que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del veintisiete de febrero al uno de marzo y del dieciocho al veintidós de mayo del año en curso, respectivamente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con la razón actuarial de veintitrés de agosto actual. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial adscrito, en el sentido de que no le fue posible notificar a los terceros interesados Rodolfo Martínez Martínez y Edgar Antonio Breceda García la sentencia de veintidós de agosto del año en curso, toda vez que no señalaron domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante que de autos se advierte que fueron debidamente emplazados a juicio; en consecuencia, como se advierte de la certificación de cuenta, al haber transcurrido el término de tres días para que se señalaran domicilio para recibir notificaciones, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en proveídos de quince de febrero y diez de mayo del propio año; y la notificación de la resolución de mérito, así como las subsecuentes que sean de carácter personal, practíqueseles por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida del secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy fe. Cecy*
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil diecisiete (fojas 2-4), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, residentes en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Gonzalo Martínez Ulloa, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora: Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Ejecutoras: Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Acto Reclamado: "ACTOS RECLAMADOS: ORDENADORA. 1.- LA ILEGAL ORDEN DE DESPOSESIÓN EFECTUADA EN UN VEHÍCULO DE MI PROPIEDAD FORD 150, XLT, MODELO 1992, COLOR BLANCA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DE ZF04696, DEL ESTADO DE ZACATECAS. DE LAS EJECUTORA.- 1.- LA MATERIALIZACIÓN DE ORDEN EMITIDA POR LA RESPONSABLE ORDENADORA DE DESPOSESIÓN EFECTUADA DE UN VEHÍCULO DE MI PROPIEDAD FORD 150, XLT, MODELO 1992, COLOR BLANCA, COM PLACAS DE CIRCULACIÓN DE ZF04696, DEL ESTADO DE ZACATECAS. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El veinticinco de enero de dos mil diecisiete (fojas 9-13), se ordenó el registro de la demanda bajo el número de amparo 79/2017 y se previno a la parte quejosa a fin que precisara lo siguiente: Si deseaba señalar como autoridad responsable ejecutora al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Manifestara, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del embargo del vehículo que dice ser de su propiedad. Si deseaba señalar como diversos actos reclamados la ejecución del embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 149/2016 y la falta de respuesta al escrito que presentó ante la juez responsable el diez de enero de dos mil diecisiete. Luego, en proveído de quince de febrero del año en curso (fojas 39-42), se tuvo al quejoso dando cumplimiento a dicha prevención, quien manifestó que: Corregía la denominación de la autoridad responsable ejecutora, siendo la correcta el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Tuvo conocimiento del embargo del vehículo que dice ser de su propiedad el quince diciembre de dos mil dieciséis. También señala como actos reclamados la ejecución del embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 149/2016 y la falta de respuesta al escrito que presentó ante la juez responsable el diez de enero de dos mil diecisiete. Por auto de quince de febrero siguiente, se tuvo por cumplida dicha prevención, se admitió a trámite la referida demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia mercantil que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consisten en: a) El embargo trabado en el vehículo marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas, dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016. b) La falta de respuesta al escrito que presentó ante la juez responsable el diez de enero de dos mil diecisiete. c) La orden de desposesión del vehículo automotor marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas. d) Su ejecución. TERCERO. Sobreseimiento del juicio de amparo por inexistencia de los actos reclamados (orden de desposesión, su ejecución, así como falta de respuesta a su ocurso de diez de enero de dos mil diecisiete). El presente juicio de amparo debe sobreseerse respecto de los mencionados actos, en virtud de que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que son inexistentes, además, la parte quejosa no desvirtuó tales negativas. En ese contexto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se demuestre su existencia. Así pues, la prueba de la existencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. En el caso, la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas (en su denominación correcta) negó los actos reclamados, consistentes en la orden de desposesión del vehículo automotriz marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas y su ejecución, así como la falta de respuesta al escrito que el quejoso presentó ante ella el diez de enero de dos mil diecisiete (foja 47), sin que la parte inconforme desvirtuara tales negativas, en razón de que no aportó medio de convicción alguno para acreditar lo contrario. Asimismo, en su informe de ley manifestó la imposibilidad de remitir las constancias justificativas de su dicho, en virtud de que éstas habían sido remitidas al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que se substanciara el amparo directo 952/2016. Por lo que, mediante proveído de dos de marzo de la presente anualidad (foja 70), se solicitó al referido Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito se sirviera remitir las aludidas constancias, luego, en diverso auto de treinta de marzo siguiente (foja 228), se tuvo a la actuaria judicial adscrita a dicho órgano colegiado remitiendo, en complemento al informe con justificación rendido por la juez responsable, copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 149/2016 de donde emana el acto reclamado; documental que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, la diversa autoridad responsable Oficial Notificadora en funciones de Actuario de Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, al rendir su informe con justificación, negó la orden de ejecución de dicha desposesión que se le reclama (foja 116). Al respecto es aplicable la tesis número 36/98 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998 mil novecientos noventa y ocho, del siguiente contenido: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Ahora, del análisis integral de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte, en lo que aquí interesa, que mediante diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de diecinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 133-134), la actuaria adscrita al juzgado de origen se constituyó en el domicilio del demandado y requirió a Rodolfo Martínez Martínez, el pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016, es decir, la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) más intereses moratorios, o bien, señalara bienes de su propiedad para garantizar el monto reclamado, apercibido que en caso de no hacerlo dicho derecho pasaría al actor, quien manifestó que sí reconocía el adeudo y señaló para su embargo, entre otros, el siguiente bien mueble: Una camioneta de color blanca con una franja guinda en la parte inferior, Marca FORD PICK-UP, Modelo 1992, con número de serie 1FTEX14N3NKA03418, cuatro por cuatro estándar, de cabina y media, llantas en regulares condiciones, interiores de color guinda en regulares condiciones de uso, con un golpe del lado izquierdo a la altura de la media cabina, y una prensa guillotina para inmovilizar ganado de color naranja de aproximadamente dos metros de largo y de ancho metro y medio, en buenas condiciones de uso, en estructura de acero. Consecuentemente, la referida actuaria trabó real, formal, material y jurídico embargo sobre dicho bien y se nombró depositario judicial. Luego, mediante sentencia de remate (fojas 192-200) dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, entre otras cosas, determinó lo siguiente: "RESOLUTIVOS. PRIMERO. (.) SEGUNDO. Se condena a Rodolfo Martínez Martínez y María del Carmen Hernández Rosales, a pagar a la parte actora, las siguientes prestaciones: (.) TERCERO. Una vez que la resolución cause estado, hágase trance y remate de lo embargado al demandado Rodolfo Martínez Martínez y con su producto paga llana a la actora material de las prestaciones reclamadas y a que ha sido condenado el señor Rodolfo Martínez Martínez y su deudora solidaria" De lo anterior se advierte que la juez responsable ordenó que una vez ejecutoriada la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen se procediera sacar a remate el bien mueble embargado. Sin embargo, no se advierte que a la fecha exista orden de desposesión como lo argumenta el quejoso, máxime, que tampoco existe constancia de que ésta hubiera causado ejecutoria, toda vez que el demandado Rodolfo Martínez Martínez promovió amparo directo contra dicha resolución. Asimismo, resulta inexistente el diverso acto reclamado consistente en la omisión de dictar acuerdo en relación con el escrito por el cual el quejoso hizo del conocimiento de la autoridad responsable que el bien embargo consistente en el referido vehículo automotriz era de su propiedad y no del demandado, por lo que solicitó se dejaran sin efecto los actos jurídicos de embargo y secuestro de éste. Resulta de esa forma, pues del análisis integral de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete (foja 48), Gonzalo Martínez Ulloa compareció ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial del Distrito Judicial Sombrerete, Zacatecas (hoy Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas), a efecto de hacer del conocimiento de la juez responsable que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada al demandado Rodolfo Martínez Martínez dentro del juicio mercantil de origen, se señaló, embargó y secuestró un bien mueble de su propiedad, a saber, un vehículo automotor marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas y no del demandado, por lo que solicitaba a dicha autoridad dejara sin efecto dichos actos procesales y levantara el embargo y secuestro del vehículo de su propiedad. Posteriormente, en trece de enero de dos mil diecisiete (foja 51), la juez responsable dictó proveído en el que resolvió lo siguiente: "Sombrerete, Zacatecas, trece de enero de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta que presenta y suscribe el señor Gonzalo Martínez Ulloa, y por lo que hace a lo solicitado, se reserva el acuerdo a su petición en virtud a que los autos originales fueron remitidos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, a efecto de substanciar el amparo directo interpuesto por el señor Rodolfo Martínez Martínez, agréguese al cuaderno de amparo que se ordenó formar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.". De lo anterior, se desprende que la juez responsable acordó el escrito presentado por el quejoso, que constituye precisamente el ocurso por el que éste hizo del conocimiento de dicha autoridad que uno de los bienes embargados resulta ser de su propiedad y no del demandado, asimismo, solicitó levantara el embargo y el secuestro de dicho bien mueble. Además, se aprecia que en el acuerdo descrito, la autoridad responsable, contrariamente a lo argumentado por el quejoso, atendió lo conducente a las manifestaciones realizadas por éste, pues, reservó acordar la citada promoción hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen, toda vez los autos se encontraban en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para la substanciación del citado medio de control constitucional, además, dicha determinación fue notificada al aquí quejoso por medio de boletín judicial que se publicó el dieciséis de enero de dos mil diecisiete (fojas 63-68). Ahora bien, el auto aludido fue dictado el trece de enero de dos mil diecisiete y la demanda de amparo fue promovida posteriormente, el veintitrés de enero siguiente. En conclusión, tal como lo adujo la responsable en su informe justificado, no son ciertos los actos reclamados por el quejoso, pues mientras éste reclamó la orden de desposesión emitida por la juez responsable, a fin de que le sea desposeído un bien mueble de su propiedad, la ejecución de dicha orden, así como que no se dictó acuerdo en el que se hiciera pronunciamiento respecto de las manifestaciones que planteó mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete, de las constancias de autos se advierte que en el juicio mercantil de origen, no se ha emitido la orden de desposesión reclamada, por ende, ésta no se ha ejecutado y, por otro lado, el trece de enero de dos mil diecisiete, se dictó proveído en el que se dio cuenta con el anterior escrito y se resolvió que se reservaba acordar lo conducente hasta en tanto fuera resuelto el diverso juicio de amparo directo promovido por Rodolfo Martínez Martínez contra la sentencia definitiva dictada en dicho sumario, lo que se hizo del conocimiento del quejoso en boletín judicial de dieciséis de enero siguiente. Entonces, al ser inexistentes los actos reclamados consistentes en la orden de desposesión del vehículo automotriz descrito y su ejecución, así como la falta de contestación a su escrito de diez de enero de la presente anualidad, lo conducente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de amparo. Tiene aplicación, además, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Juez de Primera Instancia y del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas (en su denominación correcta) negó el acto que se le reclama, consistente en el embargo trabado sobre el vehículo automotriz marca Ford F-150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas, dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016 (foja 47); sin embargo, del análisis de dicho documento se observa que ésta informó que en el juicio de donde emana el acto reclamado se llevó a cabo el embargo objeto de la demanda de amparo y que en dicho procedimiento se emitió sentencia de remate el treinta de agosto de dos mil dieciséis. Por tanto, al existir manifestaciones de certeza en el informe justificado en análisis debe tenerse como existente el acto reclamado a la autoridad citada, consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizado al demandado del juicio ejecutivo mercantil 149/2016. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, del rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el referido juicio ejecutivo mercantil 149/2016; documental que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por su parte, la Actuario Judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional, negó los actos que se le reclaman, consistentes en el embargo reclamado, negativa que se desvirtúa, toda vez que se comprobó la existencia de los actos reclamados a la autoridad ordenadora, por lo que es inconcuso que ésta en su calidad de ejecutora llevo a cabo el referido embargo, debe decirse que de las constancias que integran el juicio natural se advierte que éste ya fue llevado a cabo por la autoridad ejecutora de mérito. En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 121-125), ante la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas (hoy Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas), Edgar Antonio Breceda García y/o Horacio Martínez Solís, endosatarios en procuración de la persona moral Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en la vía mercantil ejecutiva, demandó de Rodolfo Martínez Martínez, en cuanto deudor principal, Susana Ochoa Esparza, María del Carmen Hernández Rosales y Zelenda Cabral Román, éstas últimas en su calidad de deudoras solidarias, las prestaciones siguientes: -El pago de la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal. -El pago de intereses ordinarios o normales a razón del 18.96% (dieciocho punto noventa y seis por ciento) anual. -El pago de intereses moratorios a razón del 24% (veinticuatro por ciento) anual. -El pago del impuesto al valor agregado a razón del 16% (dieciséis por ciento) que generen los intereses ordinarios y moratorios devengados. -El pago de gastos y costas que se origen con motivo de la tramitación de dicho juicio. 2. Mediante proveído de uno de abril de dos mil dieciséis (fojas 127-128), la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas (en su denominación correcta), admitió a trámite la demanda descrita registrándola bajo el consecutivo 149/2016 y ordenó el requerimiento de pago al demandado, quien en caso de no hacerlo, se le requeriría para que señalara bienes para su embargo y por último el emplazamiento de la demandada. 3. A efecto de lograr la aludida diligencia, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 133-134) a efecto de realizar el emplazamiento ordenado, la oficial notificadora en funciones de actuaria adscrita al juzgado de mérito, levantó acta en la cual señaló que, acompañada del endosatario en procuración de la persona moral actora, se constituyeron en el domicilio del demandado ubicado en la calle Guerrero, número doscientos dieciocho (218), zona Centro del municipio de Chalchihuites, Zacatecas, habiendo entendido la diligencia encomendada "personalmente" con el demandado Rodolfo Martínez Martínez, a quien requirió el pago de las prestaciones reclamadas y al no haberlo realizado, señaló para su embargo los siguientes bienes muebles: Camioneta marca Ford Pick-Up, modelo 1992, con número de serie 1FTEX14N3NKA03418, cuatro por cuatro, de cabina y media, color blanco. Tractor marca Ford, modelo 6600, con número de tractor OX-124858, Unit 2M16P, número de maquina 0%E-124900, transmisión 2J3B, color azul. Por lo que la citada actuaria judicial trabó real, formal y jurídico embargo, designando como depositario a José Enrique Atilano, quien aceptó el cargo conferido, dejando a su disposición dicho bien mueble; asimismo, la ministra ejecutora realizó el emplazamiento a juicio, firmando de conformidad al final del acta levantada. La diligencia anterior, únicamente respecto del acto procesal de embargo integra uno de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. 4. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete, Gonzalo Martínez Ulloa compareció ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, a fin de hacer del conocimiento de la juez responsable que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada al demandado Rodolfo Martínez Martínez celebrada dentro del juicio mercantil de origen, se había señalado, embargado y secuestrado un bien mueble que era de su propiedad, a saber, un vehículo automotor marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas y no del demandado, por lo que, solicitaba a dicha autoridad dejara sin efecto dichos actos procesales y levantara el embargo y secuestro del vehículo de su propiedad (foja 48). 5. El trece de enero de dos mil diecisiete (foja 51), la juez responsable dictó un proveído en el que se reservó acordar su petición en virtud a que los autos originales había sido remitidos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, a efecto de substanciar el amparo directo interpuesto por el señor Rodolfo Martínez Martínez. La determinación anterior constituye otro de los actos reclamados en el presente juicio. SEXTO. Improcedencia del juicio por haber sido promovido de manera extemporánea (embargo trabado en el vehículo marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas, dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016). La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho lapso. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí y no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Quinta Época, página seis, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate, entre otros, el embargo trabado en el vehículo marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016 y que aduce es de su propiedad. Como fecha de conocimiento del acto reclamado precisó, bajo protesta de decir verdad, el quince de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, en virtud de que su padre se lo comentó Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo la fecha que ha tomarse en cuenta para el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es la el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, es decir, el día siguiente en que se ostentó sabedor de los actos reclamados. En esos términos, se advierte que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el diecinueve de enero de la presente anualidad, con exclusión de los días diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, siete, ocho, catorce y quince enero de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos, así como del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis al treinta al uno de enero del año en curso, en virtud de que el personal del juzgado de origen se encontraba gozando de su segundo periodo vacacional. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por el quejoso el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad (foja 2); es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado por el quejoso es el embargo que se realizó el diecinueve de abril de dos mil dieciséis sobre el vehículo automotriz marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016; de ahí que se advierte que tal determinación, no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, pues dicha resolución fue dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, esto es, dentro de procedimiento judicial seguido en forma de juicio, ni tampoco encuadra con alguno de los demás supuestos; de ahí que, en el caso, no se surte la excepción al plazo de quince días para promover juicio de amparo, prevista en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. En conclusión, con base en las anteriores consideraciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos respecto de dicho acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gonzalo Martínez Ulloa respecto del acto reclamado a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, consistente en la orden de desposesión del vehículo automotor marca Volkswagen, Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas, su ejecución y el diverso acto consistente en la falta de respuesta al escrito que presentó ante la juez responsable el diez de enero de dos mil diecisiete, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gonzalo Martínez Ulloa respecto del acto reclamado a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, consistente en el embargo trabado en el vehículo marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas, dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente determinación. Notifíquese oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintidós de agosto de dos mil diecisiete en que las labores del juzgado lo permitieron. Josué
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EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DICTADO EN FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS RODOLFO MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y EDGAR ANTONIO BRECEDA GARCÍA, LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO a), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil diecisiete (fojas 2-4), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, residentes en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Gonzalo Martínez Ulloa, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora: Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Ejecutoras: Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Acto Reclamado: "ACTOS RECLAMADOS: ORDENADORA. 1.- LA ILEGAL ORDEN DE DESPOSESIÓN EFECTUADA EN UN VEHÍCULO DE MI PROPIEDAD FORD 150, XLT, MODELO 1992, COLOR BLANCA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DE ZF04696, DEL ESTADO DE ZACATECAS. DE LAS EJECUTORA.- 1.- LA MATERIALIZACIÓN DE ORDEN EMITIDA POR LA RESPONSABLE ORDENADORA DE DESPOSESIÓN EFECTUADA DE UN VEHÍCULO DE MI PROPIEDAD FORD 150, XLT, MODELO 1992, COLOR BLANCA, COM PLACAS DE CIRCULACIÓN DE ZF04696, DEL ESTADO DE ZACATECAS. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El veinticinco de enero de dos mil diecisiete (fojas 9-13), se ordenó el registro de la demanda bajo el número de amparo 79/2017 y se previno a la parte quejosa a fin que precisara lo siguiente: Si deseaba señalar como autoridad responsable ejecutora al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Manifestara, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del embargo del vehículo que dice ser de su propiedad. Si deseaba señalar como diversos actos reclamados la ejecución del embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 149/2016 y la falta de respuesta al escrito que presentó ante la juez responsable el diez de enero de dos mil diecisiete. Luego, en proveído de quince de febrero del año en curso (fojas 39-42), se tuvo al quejoso dando cumplimiento a dicha prevención, quien manifestó que: Corregía la denominación de la autoridad responsable ejecutora, siendo la correcta el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Tuvo conocimiento del embargo del vehículo que dice ser de su propiedad el quince diciembre de dos mil dieciséis. También señala como actos reclamados la ejecución del embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 149/2016 y la falta de respuesta al escrito que presentó ante la juez responsable el diez de enero de dos mil diecisiete. Por auto de quince de febrero siguiente, se tuvo por cumplida dicha prevención, se admitió a trámite la referida demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERADO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia mercantil que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consisten en: a) El embargo trabado en el vehículo marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas, dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016. b) La falta de respuesta al escrito que presentó ante la juez responsable el diez de enero de dos mil diecisiete. c) La orden de desposesión del vehículo automotor marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas. d) Su ejecución. TERCERO. Sobreseimiento del juicio de amparo por inexistencia de los actos reclamados (orden de desposesión, su ejecución, así como falta de respuesta a su ocurso de diez de enero de dos mil diecisiete). El presente juicio de amparo debe sobreseerse respecto de los mencionados actos, en virtud de que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que son inexistentes, además, la parte quejosa no desvirtuó tales negativas. En ese contexto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se demuestre su existencia. Así pues, la prueba de la existencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. En el caso, la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas (en su denominación correcta) negó los actos reclamados, consistentes en la orden de desposesión del vehículo automotriz marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas y su ejecución, así como la falta de respuesta al escrito que el quejoso presentó ante ella el diez de enero de dos mil diecisiete (foja 47), sin que la parte inconforme desvirtuara tales negativas, en razón de que no aportó medio de convicción alguno para acreditar lo contrario. Asimismo, en su informe de ley manifestó la imposibilidad de remitir las constancias justificativas de su dicho, en virtud de que éstas habían sido remitidas al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que se substanciara el amparo directo 952/2016. Por lo que, mediante proveído de dos de marzo de la presente anualidad (foja 70), se solicitó al referido Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito se sirviera remitir las aludidas constancias, luego, en diverso auto de treinta de marzo siguiente (foja 228), se tuvo a la actuaria judicial adscrita a dicho órgano colegiado remitiendo, en complemento al informe con justificación rendido por la juez responsable, copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 149/2016 de donde emana el acto reclamado; documental que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Asimismo, la diversa autoridad responsable Oficial Notificadora en funciones de Actuario de Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, al rendir su informe con justificación, negó la orden de ejecución de dicha desposesión que se le reclama (foja 116). Al respecto es aplicable la tesis número 36/98 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998 mil novecientos noventa y ocho, del siguiente contenido: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Ahora, del análisis integral de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte, en lo que aquí interesa, que mediante diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de diecinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 133-134), la actuaria adscrita al juzgado de origen se constituyó en el domicilio del demandado y requirió a Rodolfo Martínez Martínez, el pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016, es decir, la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) más intereses moratorios, o bien, señalara bienes de su propiedad para garantizar el monto reclamado, apercibido que en caso de no hacerlo dicho derecho pasaría al actor, quien manifestó que sí reconocía el adeudo y señaló para su embargo, entre otros, el siguiente bien mueble: Una camioneta de color blanca con una franja guinda en la parte inferior, Marca FORD PICK-UP, Modelo 1992, con número de serie 1FTEX14N3NKA03418, cuatro por cuatro estándar, de cabina y media, llantas en regulares condiciones, interiores de color guinda en regulares condiciones de uso, con un golpe del lado izquierdo a la altura de la media cabina, y una prensa guillotina para inmovilizar ganado de color naranja de aproximadamente dos metros de largo y de ancho metro y medio, en buenas condiciones de uso, en estructura de acero. Consecuentemente, la referida actuaria trabó real, formal, material y jurídico embargo sobre dicho bien y se nombró depositario judicial. Luego, mediante sentencia de remate (fojas 192-200) dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, entre otras cosas, determinó lo siguiente: RESOLUTIVOS. PRIMERO. (.) SEGUNDO. Se condena a Rodolfo Martínez Martínez y María del Carmen Hernández Rosales, a pagar a la parte actora, las siguientes prestaciones: (.) TERCERO. Una vez que la resolución cause estado, hágase trance y remate de lo embargado al demandado Rodolfo Martínez Martínez y con su producto paga llana a la actora material de las prestaciones reclamadas y a que ha sido condenado el señor Rodolfo Martínez Martínez y su deudora solidaria De lo anterior se advierte que la juez responsable ordenó que una vez ejecutoriada la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen se procediera sacar a remate el bien mueble embargado. Sin embargo, no se advierte que a la fecha exista orden de desposesión como lo argumenta el quejoso, máxime, que tampoco existe constancia de que ésta hubiera causado ejecutoria, toda vez que el demandado Rodolfo Martínez Martínez promovió amparo directo contra dicha resolución. Asimismo, resulta inexistente el diverso acto reclamado consistente en la omisión de dictar acuerdo en relación con el escrito por el cual el quejoso hizo del conocimiento de la autoridad responsable que el bien embargo consistente en el referido vehículo automotriz era de su propiedad y no del demandado, por lo que solicitó se dejaran sin efecto los actos jurídicos de embargo y secuestro de éste. Resulta de esa forma, pues del análisis integral de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete (foja 48), Gonzalo Martínez Ulloa compareció ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial del Distrito Judicial Sombrerete, Zacatecas (hoy Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas), a efecto de hacer del conocimiento de la juez responsable que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada al demandado Rodolfo Martínez Martínez dentro del juicio mercantil de origen, se señaló, embargó y secuestró un bien mueble de su propiedad, a saber, un vehículo automotor marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas y no del demandado, por lo que solicitaba a dicha autoridad dejara sin efecto dichos actos procesales y levantara el embargo y secuestro del vehículo de su propiedad. Posteriormente, en trece de enero de dos mil diecisiete (foja 51), la juez responsable dictó proveído en el que resolvió lo siguiente: "Sombrerete, Zacatecas, trece de enero de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta que presenta y suscribe el señor Gonzalo Martínez Ulloa, y por lo que hace a lo solicitado, se reserva el acuerdo a su petición en virtud a que los autos originales fueron remitidos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, a efecto de substanciar el amparo directo interpuesto por el señor Rodolfo Martínez Martínez, agréguese al cuaderno de amparo que se ordenó formar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. De lo anterior, se desprende que la juez responsable acordó el escrito presentado por el quejoso, que constituye precisamente el ocurso por el que éste hizo del conocimiento de dicha autoridad que uno de los bienes embargados resulta ser de su propiedad y no del demandado, asimismo, solicitó levantara el embargo y el secuestro de dicho bien mueble. Además, se aprecia que en el acuerdo descrito, la autoridad responsable, contrariamente a lo argumentado por el quejoso, atendió lo conducente a las manifestaciones realizadas por éste, pues, reservó acordar la citada promoción hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen, toda vez los autos se encontraban en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para la substanciación del citado medio de control constitucional, además, dicha determinación fue notificada al aquí quejoso por medio de boletín judicial que se publicó el dieciséis de enero de dos mil diecisiete (fojas 63-68). Ahora bien, el auto aludido fue dictado el trece de enero de dos mil diecisiete y la demanda de amparo fue promovida posteriormente, el veintitrés de enero siguiente. En conclusión, tal como lo adujo la responsable en su informe justificado, no son ciertos los actos reclamados por el quejoso, pues mientras éste reclamó la orden de desposesión emitida por la juez responsable, a fin de que le sea desposeído un bien mueble de su propiedad, la ejecución de dicha orden, así como que no se dictó acuerdo en el que se hiciera pronunciamiento respecto de las manifestaciones que planteó mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete, de las constancias de autos se advierte que en el juicio mercantil de origen, no se ha emitido la orden de desposesión reclamada, por ende, ésta no se ha ejecutado y, por otro lado, el trece de enero de dos mil diecisiete, se dictó proveído en el que se dio cuenta con el anterior escrito y se resolvió que se reservaba acordar lo conducente hasta en tanto fuera resuelto el diverso juicio de amparo directo promovido por Rodolfo Martínez Martínez contra la sentencia definitiva dictada en dicho sumario, lo que se hizo del conocimiento del quejoso en boletín judicial de dieciséis de enero siguiente. Entonces, al ser inexistentes los actos reclamados consistentes en la orden de desposesión del vehículo automotriz descrito y su ejecución, así como la falta de contestación a su escrito de diez de enero de la presente anualidad, lo conducente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de amparo. Tiene aplicación, además, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Juez de Primera Instancia y del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas (en su denominación correcta) negó el acto que se le reclama, consistente en el embargo trabado sobre el vehículo automotriz marca Ford F-150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas, dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016 (foja 47); sin embargo, del análisis de dicho documento se observa que ésta informó que en el juicio de donde emana el acto reclamado se llevó a cabo el embargo objeto de la demanda de amparo y que en dicho procedimiento se emitió sentencia de remate el treinta de agosto de dos mil dieciséis. Por tanto, al existir manifestaciones de certeza en el informe justificado en análisis debe tenerse como existente el acto reclamado a la autoridad citada, consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizado al demandado del juicio ejecutivo mercantil 149/2016. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, del rubro y contenido siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el referido juicio ejecutivo mercantil 149/2016; documental que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por su parte, la Actuario Judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional, negó los actos que se le reclaman, consistentes en el embargo reclamado, negativa que se desvirtúa, toda vez que se comprobó la existencia de los actos reclamados a la autoridad ordenadora, por lo que es inconcuso que ésta en su calidad de ejecutora llevo a cabo el referido embargo, debe decirse que de las constancias que integran el juicio natural se advierte que éste ya fue llevado a cabo por la autoridad ejecutora de mérito. En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 121-125), ante la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas (hoy Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas), Edgar Antonio Breceda García y/o Horacio Martínez Solís, endosatarios en procuración de la persona moral Progreso de Vicente Guerrero, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en la vía mercantil ejecutiva, demandó de Rodolfo Martínez Martínez, en cuanto deudor principal, Susana Ochoa Esparza, María del Carmen Hernández Rosales y Zelenda Cabral Román, éstas últimas en su calidad de deudoras solidarias, las prestaciones siguientes: -El pago de la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal. -El pago de intereses ordinarios o normales a razón del 18.96% (dieciocho punto noventa y seis por ciento) anual. -El pago de intereses moratorios a razón del 24% (veinticuatro por ciento) anual. -El pago del impuesto al valor agregado a razón del 16% (dieciséis por ciento) que generen los intereses ordinarios y moratorios devengados. -El pago de gastos y costas que se origen con motivo de la tramitación de dicho juicio. 2. Mediante proveído de uno de abril de dos mil dieciséis (fojas 127-128), la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas (en su denominación correcta), admitió a trámite la demanda descrita registrándola bajo el consecutivo 149/2016 y ordenó el requerimiento de pago al demandado, quien en caso de no hacerlo, se le requeriría para que señalara bienes para su embargo y por último el emplazamiento de la demandada. 3. A efecto de lograr la aludida diligencia, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 133-134) a efecto de realizar el emplazamiento ordenado, la oficial notificadora en funciones de actuaria adscrita al juzgado de mérito, levantó acta en la cual señaló que, acompañada del endosatario en procuración de la persona moral actora, se constituyeron en el domicilio del demandado ubicado en la calle Guerrero, número doscientos dieciocho (218), zona Centro del municipio de Chalchihuites, Zacatecas, habiendo entendido la diligencia encomendada personalmente con el demandado Rodolfo Martínez Martínez, a quien requirió el pago de las prestaciones reclamadas y al no haberlo realizado, señaló para su embargo los siguientes bienes muebles: Camioneta marca Ford Pick-Up, modelo 1992, con número de serie 1FTEX14N3NKA03418, cuatro por cuatro, de cabina y media, color blanco. Tractor marca Ford, modelo 6600, con número de tractor OX-124858, Unit 2M16P, número de maquina 0%E-124900, transmisión 2J3B, color azul. Por lo que la citada actuaria judicial trabó real, formal y jurídico embargo, designando como depositario a José Enrique Atilano, quien aceptó el cargo conferido, dejando a su disposición dicho bien mueble; asimismo, la ministra ejecutora realizó el emplazamiento a juicio, firmando de conformidad al final del acta levantada. La diligencia anterior, únicamente respecto del acto procesal de embargo integra uno de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. 4. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete, Gonzalo Martínez Ulloa compareció ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, a fin de hacer del conocimiento de la juez responsable que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada al demandado Rodolfo Martínez Martínez celebrada dentro del juicio mercantil de origen, se había señalado, embargado y secuestrado un bien mueble que era de su propiedad, a saber, un vehículo automotor marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas y no del demandado, por lo que, solicitaba a dicha autoridad dejara sin efecto dichos actos procesales y levantara el embargo y secuestro del vehículo de su propiedad (foja 48). 5. El trece de enero de dos mil diecisiete (foja 51), la juez responsable dictó un proveído en el que se reservó acordar su petición en virtud a que los autos originales había sido remitidos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, a efecto de substanciar el amparo directo interpuesto por el señor Rodolfo Martínez Martínez. La determinación anterior constituye otro de los actos reclamados en el presente juicio. SEXTO. Improcedencia del juicio por haber sido promovido de manera extemporánea (embargo trabado en el vehículo marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas, dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016). La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso... De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho lapso. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí y no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Quinta Época, página seis, que dice: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate, entre otros, el embargo trabado en el vehículo marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016 y que aduce es de su propiedad. Como fecha de conocimiento del acto reclamado precisó, bajo protesta de decir verdad, el quince de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, en virtud de que su padre se lo comentó Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo la fecha que ha tomarse en cuenta para el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es la el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, es decir, el día siguiente en que se ostentó sabedor de los actos reclamados. En esos términos, se advierte que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el diecinueve de enero de la presente anualidad, con exclusión de los días diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, siete, ocho, catorce y quince enero de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos, así como del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis al treinta al uno de enero del año en curso, en virtud de que el personal del juzgado de origen se encontraba gozando de su segundo periodo vacacional. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por el quejoso el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad (foja 2); es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado por el quejoso es el embargo que se realizó el diecinueve de abril de dos mil dieciséis sobre el vehículo automotriz marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016; de ahí que se advierte que tal determinación, no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, pues dicha resolución fue dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, esto es, dentro de procedimiento judicial seguido en forma de juicio, ni tampoco encuadra con alguno de los demás supuestos; de ahí que, en el caso, no se surte la excepción al plazo de quince días para promover juicio de amparo, prevista en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. En conclusión, con base en las anteriores consideraciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos respecto de dicho acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gonzalo Martínez Ulloa respecto del acto reclamado a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, consistente en la orden de desposesión del vehículo automotor marca Volkswagen, Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas, su ejecución y el diverso acto consistente en la falta de respuesta al escrito que presentó ante la juez responsable el diez de enero de dos mil diecisiete, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gonzalo Martínez Ulloa respecto del acto reclamado a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, consistente en el embargo trabado en el vehículo marca Ford 150, XLT, modelo 1992, color blanco, con placas de circulación ZF04696 del Estado de Zacatecas, dentro del juicio ejecutivo mercantil 149/2016, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente determinación. Notifíquese oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintidós de agosto de dos mil diecisiete en que las labores del juzgado lo permitieron. Josué
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