Gonzalo Martínez Cervantes
Expediente 691/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gonzalo Martínez Cervantes
- -Agente del Ministerio Publico Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En el Estado de Yucatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto a la vista otorgada en el auto veintiuno de junio del año dos mil veintitrés, en relación a que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro del acta de investigación VFEDTTCID-GV/118/2023, tramitada en la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes, tal como lo prevé el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, tal y como se ordenó en auto de veintisiete de abril del presente año, dado que ha trascurrido la vista otorgada a Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado respecto a las lesionas manifestadas por la parte quejosa, y no existiendo diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con un anexo que adjunta, con el que, en atención al requerimiento de trece de junio de dos mil veintitrés, informa que se abrió la carpeta de investigación número VFEDTTCID-GV/118/2023, en la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes, misma que se encuentra en integración; de lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, es importante traer a colación lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado el acta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de acta de investigación VFEDTTCID-GV/118/2023, ante la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado electrónicamente por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con el que comunica que remitió las constancias que integran el presente asunto al Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a fin de que realice las indagatorias correspondientes con motivo de las manifestaciones plasmadas por el actuario de la adscripción, en relación con la detención del aquí directo quejoso Gonzalo Martínez Cervantes. Por tanto, requiérase al Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que le fue canalizada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante oficio 12/2023, de doce de junio de dos mil veintitrés. Con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o, en su caso, no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos de los que se advierte que en proveído de veintisiete de abril del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo toda vez que el directo quejoso ******************** no ratificó la demanda de amparo interpuesta por ******************** y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, a fin de que determine lo que a su representación social corresponda respecto a las lesiones que presentó el directo quejoso; sin embargo, se advierte que la misma no ha sido notificada de dicho proveído; por tanto, gírese oficio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado para hacer de su conocimiento el proveído de veintisiete de abril del año en curso, adjuntándose al mismo copia de dicho auto a fin de que este en aptitud de determinar lo que a su representación social corresponda. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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