Gonzalo Martin Souza Nievez
Expediente 664/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/07/2021
Partes del expediente
- Gonzalo Martin Souza Nievez
Actuaciones
- Principal
...La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo.ARCHIVO Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: RADICACIÓN. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida electrónicamente por Gonzalo Martín Souza Neves, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 664/2021-II. DESECHAMIENTO. Es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... En ese orden, resulta necesario precisar que la demanda de amparo que se examina fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual es un sitio web en el que las partes y sus representantes en los juicios de amparo pueden acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal, en concordancia con los artículos 16, 17 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En este contexto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por su parte, es menester destacar que el artículo 16, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, precisa que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica, reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, en el precepto 17 del referido Acuerdo General se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En la especie, es menester destacar que el acto reclamado por el promovente consistente en la orden de traslado del lugar en que se encuentra recluido a uno diverso, no se encuentra dentro de las excepciones indicadas en el precepto 17 del Acuerdo 12/2020 de referencia. Asimismo, el artículo 52, párrafo tercero del citado Acuerdo, señala que cada documento electrónico que se reciba deberá tener en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. En el caso se advierte que, el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene la Firma Electrónica del aparente quejoso Gonzalo Martín Souza Neves, lo que contraviene la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, sin firma electrónica con la FIREL de la persona que es la quejosa, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Por el contenido, resulta aplicable la jurisprudencia P./J.32/2018 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de 2019, tomo I, página 5, decima época, con nu´mero de registro 2018943, cuyo rubro y texto son: ...En efecto, del ocurso de cuenta no se advierte evidencia criptográfica del aparente quejoso Gonzalo Martín Souza Neves y, como dicha demanda fue enviada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (SISE), no presenta firma electrónica del impetrante, por ende, no se le tiene exteriorizando la voluntad del agraviado que insta el presente juicio de amparo. Lo anterior, evidencia la falta de firma electrónica de quien la promueve; por ende, incumple con el requisito que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, que la firma criptográfica sea de quien promueve el juicio de amparo solicitado. Ahora bien, la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, Décima Época, página: 79, de rubro y texto siguiente: ... En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los preceptos legales en cita, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. En efecto, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3°, de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, que dicha firma sea la del propio quejoso, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de garantías, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo se destaca el contenido de los artículos 16 y 52, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que la promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. El último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora bien, en el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa carece de la firma electrónica de Gonzalo Martín Souza Neves; y por tanto, no se advierte la manifestación de la voluntad del promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° de la ley de la materia dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo anterior implica que, ante la falta de la firma electrónica, la parte promovente omitió manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Ello, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del impetrante de amparo, o como en el caso, a través de la firma electrónica correspondiente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de la firma electrónica que muestre el nombre del titular, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Por lo que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional; y, por ende, procede el desechamiento de la demanda de amparo presentada vía electrónica, en la que se señala como quejoso a Gonzalo Martín Souza Neves. Lo anterior toda vez que, no se advierte que el promovente se encuentre impedido para instar accio´n constitucional. Ahora, en el caso, es pertinente que indicar que, el traslado (acto que aquí se combate) no se encuentra en ninguna de las causales de excepción que rige al juicio de amparo, como sería si se trata de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento; ello, debido a que el procedimiento de traslado, en sus diversas facetas, se encuentra previsto y regulado en el Capítulo Quinto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo anterior con motivo de las últimas reformas a los numerales 18 y 21, de dieciocho de junio de dos mil once, donde se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, ello a través del Juez de Ejecución; asimismo, la referida legislación contempla varios regímenes relacionados con las personas internadas en centros de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de pena; máxime que dicho acto no se encuentra dentro de los supuestos del articulo 15 de la Ley de Amparo. Con lo antes explicado, se reitera con certeza de que el acto aquí reclamado, no se está dentro de los supuestos de excepción que prevé la Ley de Amparo, para que, en el caso, pueda ser signada por diversa persona. En lo conducente, sirve de apoyo la tesis XXIV/2021 (10a.), deducida de la queja 46/2020, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estimó declarar infundado el recurso de queja 194/2019, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual, fue interpuesto contra la resolución del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 952/2019, por la que se desechó la demanda por no agotar el principio de definitividad; cuyo rubro y texto se transcribe: "... HECHOS: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. JUSTIFICACIÓN: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional". En tal virtud, con fundamento en el arti´culo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada vi´a electro´nica por Gonzalo Martín Souza Neves, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Por los motivos expuestos, no ha lugar a tener como domicilio, correo electrónico y autorizados a las personas que designan los aparentes promoventes en el escrito de cuenta, pues si es el incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo lo que amerita el desechamiento de la demanda (por la falta de firma del promovente), es evidente que tampoco puede atenderse a tales señalamientos si no hay la certeza de la existencia de voluntad para designarlos. Por tanto, acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 28, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal para consulta de las partes. ... Notifíquese.
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