Gonzalo Levi Obregón Salinas
Expediente 204/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gonzalo Levi Obregón Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, por medio del cual acusa recibo de siete tomos y un incidente de cambio de guarda y custodia del expediente 1377/2018 y sus acumulados, mismos que en copia certificada le fueron devueltos al haber causado ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo únicamente se realiza respecto de la parte quejosa, ya que es a quien afecta el sentido de la resolución. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó el presente asunto, de conformidad con el artículo 20, fracción I de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá destruirse una vez cumplidos los tres años, de haberse dictado el auto que lo tuvo por concluido, de conformidad con el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General, pues se negó la medida cautelar, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Finalmente, se ordena la devolución de las constancias remitidas por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, consistentes en siete tomos y un incidente de cambio de guarda y custodia del expediente 1377/2018 y sus acumulados; solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa..."
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que suscribe la actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 204/2023-II-B, y testimonio de la resolución dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el incidente en revisión 162/2023, del índice de la autoridad, de la que se advierte que se resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se NIEGA a ********************, quien promovió por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad, la suspensión definitiva de los actos precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria." De lo cual este Juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, acúsese recibo a la superioridad. Finalmente, se ordena glosar las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado por este Juzgado de Distrito al original que remitió el Tribunal de Alzada. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 204/2023-II-B; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, mediante escrito presentado vía electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual fue recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, a quien le correspondió el conocimiento del asunto por razón de turno, ********************, por su propio derecho y en representación de su hijo ********************., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridad que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, una vez desahogada la prevención realizada en proveído de veintitrés de febrero de la misma anualidad, este órgano jurisdiccional admitió la demanda a trámite, ordenó la apertura del incidente de suspensión respectivo, dio la intervención que legalmente le compete al representante social federal de la adscripción, fijó hora y día para la celebración de la audiencia de ley, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y las constancias necesarias para resolver; asimismo, se tuvo como tercera interesada a Verónica Santiago García, y se requirió al titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Estado de México, para que designara un asesor jurídico, en favor del infante. Posteriormente, por escrito presentado el nueve de marzo del año que transcurre, la tercera interesada se apersonó al juicio y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; por su parte, Elodia Angélica Cuandón González, en su calidad de asesora jurídica adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, por escrito exhibido el veintiuno del mes y año en cita, aceptó y protestó el cargo conferido, el cual fue acordado satisfactoriamente, por auto de veintidós siguiente. Asimismo, el treinta de marzo de dos mil veintitrés, el juez familiar presentó su informe justificado, documento al que le recayó el proveído de tres de abril siguiente, en el cual se tuvieron por anunciadas como pruebas de su parte las copias certificadas del expediente 1377/2018 que remitió, constantes de dos tomos; no obstante ello, el veintiuno del mes y año mencionados, se recibieron en este juzgado copias certificadas de siete tomos de diversos expedientes que conforman el acto reclamado, un incidente y tres discos en formato DVD. Por último, la audiencia constitucional se desarrolló en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto impugnado deriva de un procedimiento civil del orden familiar, tramitado ante una autoridad residente dentro del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento a lo establecido por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se realiza el estudio integral de la demanda de amparo, así como de las constancias allegadas para la substanciación del asunto, a efecto de fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, consistente en: La resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de trece del mismo mes y año, emitidos en el expediente 1377/2018, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; en consecuencia, la omisión de modificar la guardia y custodia del menor de edad ********************. a favor de su progenitor, aquí quejoso. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al juez familiar, a pesar de que la autoridad responsable negó la existencia de la omisión atribuida, ello porque de la revisión de las constancias que como prueba remitió a este juzgado el juez familiar, se advierte que, efectivamente, se emitió la resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, en la que se revocó el auto de trece de enero anterior; sin embargo, no se decretó el cambio de guardia y custodia que pretende el inconforme, ello con independencia de su procedencia. Constancias que por tener el carácter de actuaciones judiciales certificadas, gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la ley de la materia. En el presente asunto, este órgano de control constitucional advierte -de manera oficiosa- que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos de los actos reclamados, por haber sido sustituidos procesalmente por la resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, que resolvió el incidente de modificación de guarda y custodia provisional, hecho valer por ******************** en el juicio de origen 1377/2018, relativo a las controversias sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar, promovido en contra de la aquí tercera interesada, Verónica Santiago García. En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera de derechos del agraviado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado transgresor de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se estima violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del gobernado, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, por lo que esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso concreto, como ya quedó plasmado en párrafos precedentes, el solicitante del amparo se duele de la resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de trece del mismo mes y año, emitidos en el expediente 1377/2018, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y, como consecuencia de ello, la omisión de modificar la guardia y custodia del menor de edad ********************. a su favor. Al respecto, se considera oportuno narrar los antecedentes siguientes: Por escrito presentado ante la autoridad responsable, el ahora solicitante del amparo realizó diversas manifestaciones en torno a un evento que ocurrió con relación a la salud de su hijo, aquí quejoso, en donde se inconformó con la falta de información respecto de la salud, educación y estado general del menor de edad involucrado, por parte de su progenitora; por ende, solicitó se girara oficio al centro de salud en el que fue atendido el infante, para que informara respecto de varios puntos. En auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, el juez familiar dio vista, con ese escrito, a la madre del menor involucrado para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto del estado de salud del niño involucrado. Así, el diez de enero de dos mil veintitrés la ahora tercera interesada desahogó la vista otorgada, en los términos ahí precisados, de lo que se destaca la afirmación realizada en el sentido siguiente: "La suscrita detento LA GUARDA Y CUSTODIA DE MI MENOR HIJO y por ende soy responsable de su persona en su integridad y compete la toma de decisiones atinentes, sin necesidad de pedir opinión o consensar con el contrario, máxime que es más que evidente que no hay punto de (sic), entre nosotros en ningún tema y por eso la persistencia de este juicio, quizá hasta que nuestro hijo tenga la madurez suficiente para decidir por sí.". Por acuerdo de la misma fecha, el juez del conocimiento tuvo por desahogada la vista otorgada en la forma y términos en que se realizó, y atendiendo a que ambos progenitores ejercen la patria potestad del menor de edad involucrado, los exhortó a velar por su bienestar emocional y físico, en aras de su buen desarrollo. En ese orden de ideas, en escrito exhibido ante la responsable el doce de enero siguiente, el aquí peticionario del amparo, con base en las declaraciones emitidas por la madre del infante (transcritas en el apartado 3), solicitó la modificación de las medidas provisionales que el juzgador primario considerara conducentes -aplicación de medidas de apremio, así como dictar las medidas provisionales competentes-. Posteriormente, el trece de enero de dos mil veintitrés el juez familiar emitió un proveído en el que de forma destacada indicó: "se reitera a ambas partes que, en ejercicio de la patria potestad del menor G.M.O.S., deben velar por el bienestar de su hijo, en aras de un buen desarrollo del infante, sin que de momento sea procedente la modificación de medidas que solicita, por no ser el momento procesal oportuno para tal efecto, sin que pase desapercibido para el Suscrito que se encuentra pendiente de resolver el incidente planteado por el ocursante respecto del cambio de guarda y custodia.". Inconforme con esa determinación, el solicitante del amparo interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió mediante resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el sentido de declararlo procedente, por lo que revocó el auto anterior y emitió otro en los términos siguientes: "AUTO. ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. A sus autos, el escrito de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 4.200 Bis, 4.203, 4.204 del Código Civil, 1.134, 1.138, 5.3 bis y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles, téngase por hechas las manifestaciones que vierte el promovente, y toda vez que ambas partes detentan el ejercicio de la patria potestad del menor G.M.O.S., donde deben velar por el bienestar de su hijo, en aras de un buen desarrollo del infante, SE REQUIERE a la señora VERÓNICA SANTIAGO GARCÍA, para que en respeto al derecho de patria potestad de su hijo, participe de manera inmediata al progenitor del mismo, de las situaciones o circunstancias atingentes a su estado de salud, en la inteligencia de que al encontrarse ambos en ejercicio de la patria potestad, corresponde a éstos, decidir en conjunto sobre los aspectos relevantes de la vida del infante, dentro de los cuales se ubica, el estado de salud del mismo, con el apercibimiento que de continuar con su conducta contumaz, se tomará en consideración su conducta para considerar la modificación de la guarda y custodia.". Resolución que constituye el acto reclamado destacado. De lo narrado con anterioridad se advierte que la inconformidad del solicitante de la protección constitucional estriba, básicamente, en la negativa de la autoridad responsable a cambiar la guardia y custodia del infante involucrado a su favor; sin embargo, tal determinación ha sido sustituida procesalmente por la resolución pronunciada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, al resolver el incidente de modificación de guarda y custodia provisional, hecho valer por ******************** en el juicio de origen 1377/2018, relativo a las controversias sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar, promovido en contra de la aquí tercera interesada, Verónica Santiago García, en la cual el juez familiar concluyó que por el momento no se dan las condiciones, ni los requisitos necesarios, para poder establecer una modificación a la custodia del infante, dado que éste no ha sido escuchado en el juicio ni se ha desahogado la pericial en materia de psicología respecto de él, aunado a que no se encuentra justificada la necesidad del cambio de custodia del mismo, ya que en principio es necesario que se clarifique de forma certera el régimen de convivencia que debe de prevalecer, así como la sanción correspondiente para el caso de su incumplimiento; además de que por tratarse de una medida de carácter provisional que no constituye un acto de imposible reparación, susceptible de ser modificada al momento de dictarse la sentencia definitiva o bien procesalmente, en caso de advertir la existencia de alguna causa extraordinaria que justifique el cambio. Ante ello, resulta evidente que esta nueva determinación es la que actualmente rige en el juicio de origen, porque las partes deberán ceñirse, por el momento, a lo ahí determinado, respecto a la guarda y custodia del menor de edad, otorgada de forma provisional a favor de su progenitora en el procedimiento de origen. La determinación que sustituyó procesalmente al acto aquí reclamado, en lo que interesa, establece: "ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. VISTOS para resolver el Incidente de Modificación de Guarda y Custodia provisional, presentado por GONZALO LEVI OBREGÓN SALINAS, deducido del expediente número 1377/2018, relativo a la Controversias sobre el Estado Civil de las Personas y el Derecho Familiar, promovido en contra de VERÓNICA SANTIAGO GARCÍA. [.] ANÁLISIS DE FONDO El impetrante de la instancia, sustenta su causa de pedir, en el hecho de que el infante corría un riesgo al estar a lado de la figura materna, debido a la emergencia sanitaria de Covid-19, asimismo, por el hecho de que se ha incumplido con el régimen de convivencia que fue fijado tanto por este Juzgado, como por el Juzgado Séptimo Familiar de Cuautitlán Izcalli, señalando que la falta de convivencia con su hijo, es un tipo de violación psicológica que afecta su sano y adecuado desarrollo, dado que, la figura materna ha impedido esa relación paterno filial, al no cumplirse con el régimen de convivencia. Por su parte, la figura materna aduce que no ha ido a las convivencias dado que, su hijo se encuentra en edad escolar y obviamente existe una confusión en los dos regímenes de convivencia que fueran decretados tanto por el juzgado sexto y séptimo. En esa tesitura, debemos reflexionar en el sentido de que, la convivencia ciertamente tiene por finalidad el que no se pierdan las relaciones filiales con el padre no custodio, correspondiéndole al infante el derecho de convivencia que está por encima del derecho de los progenitores, por ende, debe existir un plano de igualdad entre el padre custodio y el no custodio, pues el desarrollo del infante, tiene que darse con los pilares fundamentales de su vida, pues de esa manera se garantiza su sano y adecuado desarrollo. Así las cosas, un principio fundamental en toda controversia donde se ven inmersos derechos de menores de conformidad con los numerales 12 y 13 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 4 Constitucional y 5.16 del Código Adjetivo Civil, es un principio rector del procedimiento, el que se escuche la perspectiva de los infantes en relación a la problemática de sus progenitores, pues estos dan la pauta para establecer la manera y forma en que pueda desarrollarse de manera primigenia la convivencia, esto es, es importante que en toda controversia se escuche a los infantes, pues si esto no se lleva a cabo no se toma en consideración su perspectiva, ni mucho menos, las condiciones más viables para que pueda, o no, darse esa convivencia y tomar en consideración el principio de autonomía progresiva, que consiste precisamente en tomar en cuenta la edad y grado de maduración del infante, para establecer, en su caso, de manera más certera su opinión, en la manera y forma en que se lleve su convivencia o bien, su estancia con aquel progenitor que ejerza su custodia. Otro elemento que debe tomarse en consideración, es precisamente el perfil psicológico con el que cuentan los progenitores para establecer la forma en que se debe llevar la convivencia, sea de manera presencial o virtual, asimismo, si puede llevarse en el centro de convivencia o de manera particular, pues al conjugar esto, con la opinión del menor, concede al operador jurídico un mayor panorama para poder señalar un régimen de convivencia adecuado a las condiciones y necesidades del infante. Bajo estos lineamientos, también debemos precisar que estamos en presencia de una medida provisional, en la cual, se pretende proteger y tutelar un derecho que tiene el infante respecto a la convivencia con sus progenitores, esta medida no tiene el carácter de un acto de imposible reparación, al ser una facultad discrecional del Tribunal su decreto, no obstante eso, también puede actualizarse su modificación o revocación si surgen condiciones o circunstancias que puedan perjudicar el sano y adecuado desarrollo del infante, no obstante, debe precisarse que nuestro procedimiento establece que las medidas provisionales solo pueden ser modificadas en la audiencia inicial, al momento de revisar éstas y deben perdurar hasta la sentencia definitiva, donde pueden ser modificadas o revocadas, no obstante lo anterior, pueden modificarse antes del dictado de la sentencia si surge una circunstancia extraordinaria que provoque un daño en el desarrollo del menor. Hecho este corolario, podemos establecer que en las actuaciones que integran el sumario, existen dos regímenes de convivencia que, obviamente provocan una confusión en los disensos, dado que, no pueden existir al mismo tiempo, dos maneras o formas, en que se lleve esa convivencia, pues debe darse certeza dado que, no se trata de interrumpir las actividades propias del infante, sean de formación académica, entretenimiento o personales, de ninguna manera se pretende justificar el incumplimiento en el régimen de convivencia tanto presencial o virtual, este último, durante la contingencia sanitaria, dado que, la convivencia se dio de manera virtual entre padre e hijo y posteriormente de manera presencial. En principio, debe decirse que la vacunación sobre SARS COVID-19, no es una garantía de inmunidad, ni tampoco, se trata de poner una burbuja para el cuidado de los hijos, sino de mesura y respeto a su salud, sin que esto implique un pretexto para que exista una convivencia entre padres e hijos, razón por la cual, se instrumentó una convivencia de manera virtual, sin pasar por alto, la edad del pequeño, en donde, obviamente su estadía ante una cámara no era lo más adecuado, no obstante, es un mecanismo, por el cual, se pretendía no romper con los lazos afectivos entre padres e hijos, pues esos lazos se actualizan de manera presencial entre estos, es obvio, que una vez pasada la contingencia sanitaria, se reactivarán las actividades presenciales, como es el caso de la convivencia empero, como se dijo con antelación, no había certeza respecto al régimen de convivencia que debía cumplimentarse, pues la manera y forma de su desarrollo era diversa. En mérito de lo anterior, aun cuando las partes hayan ofrecido pruebas como: las documentales públicas consistentes en los informes del Oficial calificador de Atizapán y diversas constancias de amparo, copias certificadas de denuncia penal sobre sustracción de menor, instrumental de actuaciones y presunción legal y humana, éstas son insuficientes para demostrar la certeza respecto a un riesgo o peligro que pudo haber sufrido el infante por la falta de convivencia con la figura paterna, pues no se puede obtener esa circunstancia, si no se atiende lo referente a la escucha del menor y la expertis en psicología, estas probanzas últimas, no se encuentran desahogadas en esta incidencia, sin que este Tribunal considere necesario su desahogo por el momento, dado que, estas son propias de la contienda principal, aunado a ello, no se justifica por el momento la existencia de un riesgo o peligro en el desarrollo del menor, dado que éste, en un principio no ha participado para ser escuchado, ni mucho menos, se tiene la valoración psicológica, que puede poner en evidencia el daño emocional que le puede ocasionar al infante, respecto de la falta de convivencia con alguna de las figuras parentales. Estos razonamientos, no pretenden justificar de ninguna manera los incumplimientos de la figura materna, empero, establecer que no fue clarificado de forma correcta el régimen de convivencia que tenía vigencia para que exista esa convivencia entre padre e hijo, ni tampoco se estableció alguna sanción por medio de apercibimiento, por medio del cual pudiese existir un cambio de circunstancias respecto de la custodia del infante. En este sentido, aun cuando se está mencionando que la convivencia por el momento es provisional, por ser esta una medida de esta naturaleza, de ninguna manera puede justificar la oposición a la convivencia por parte de la figura materna, por ello, necesario que no se violente de ninguna manera el derecho del infante al convivir con alguna de sus figuras parentales, por ello, hoy los Tribunales Colegiados de Circuito han establecido que, puede existir un apercibimiento en caso de oposición al régimen de convivencias o incumplimiento, puede existir el cambio de la custodia, circunstancia que no se ha actualizado como sanción hacia la figura materna, importante también resulta resaltar que, se han promovido amparos respecto a la manera y forma en que deba llevarse la convivencia y donde, no se ha resuelto aun lo referente al mismo, empero, a nivel de justifica común ya se estableció cual es el régimen que debe existir entre padre e hijo, dado que, en la actualizada el infante ya se encuentra en edad escolar y no puede interferir un régimen de convivencia con su desarrollo académico, por tanto, es necesario que a instancia de parte, una vez que se clarifique cual es la manera y forma de la convivencia, se solicite la sanción correspondiente para el caso de incumplimiento. En ese tenor, por el momento no se dan las condiciones, ni los requisitos necesarios, para poder establecer una modificación a la custodia del infante, dado que, este último no ha participado en la contienda dando su perspectiva respecto a la misma, ni mucho menos se encuentra justificada la necesidad para que se actualice, en su caso, el cambio de custodia del infante, pues es necesario que se clarifique en forma certera el régimen de convivencia que ha de prevalecer y asimismo, el solicitar la sanción correspondiente para el caso de incumplimiento. Reiterando que se trata de una medida provisional que no es un acto de imposible reparación y que pueda ser modificada en la sentencia definitiva o bien intraprocesalmente, si existe una causa extraordinaria para ello, que impide el sano y adecuado desarrollo del infante. En esas consideraciones, se absuelve a la señora VERÓNICA SANTIAGO GARCÍA del reclamo sobre la modificación de Guarda y Custodia, reclamada por el actor incidentista. (.) RESUELVE: PRIMERO. Se ha tramitado en forma legal el Incidente de MODIFICACIÓN DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL, hecho valer por GONZALO LEVI OBREGÓN SALINAS, en contra de VERÓNICA SANTIAGO GARCÍA. SEGUNDO. Resultó improcedente el cambio de Guarda y Custodia provisional solicitado por ********************, toda vez que, no se dan las condiciones, ni los requisitos necesarios, para poder establecer una modificación a la custodia del infante. TERCERO. Se absuelve a VERÓNICA SANTIAGO GARCÍA del reclamo sobre modificación de Guarda y Custodia, por los motivos y razonamientos hechos valer en esta resolución. CUARTO. No se condena en costas por la tramitación de esta liquidación. (.)". Precisado lo anterior, conviene establecer que el acto combatido en este sumario constitucional -omisión del juez familiar de modificar la guarda y custodia otorgada de forma provisional, a favor de la progenitora del menor de edad involucrado-, principalmente lo hace depender de la negativa de la ahora tercera interesada, tanto de cumplir con el régimen de convivencias otorgado a favor del padre no custodio, como con la afirmación realizada en el sentido de que al ostentar ella la guarda y custodia del menor de edad, únicamente ella era la responsable de su persona en su integridad, y sólo a ella competía la toma de decisiones referentes al infante, en especial las relativas a su salud, conductas de la tercera interesada que el aquí peticionario del amparo afirma han transgredido el interés superior del infante, además de que a su decir, dicho cambio de guarda y custodia es lo más benéfico para el desarrollo del menor. Sin embargo, con anterioridad -al acto reclamado- el aquí inconforme interpuso un incidente de modificación de guarda y custodia provisional, basado en diversos hechos narrados en torno a la protección de los derechos del menor involucrado, y durante el desarrollo del presente sumario constitucional se resolvió esa incidencia, en donde, como ya se dijo con anterioridad, se estableció que por el momento no se daban las condiciones, ni los requisitos necesarios, para poder establecer una modificación al régimen de guarda y custodia del infante, por los motivos ahí precisados, además de que era necesario que se clarificara de forma certera el régimen de convivencia que debe de prevalecer, pues al momento en que se dictó esa determinación, estaban vigentes dos regímenes de convivencia, aunado a que por tratarse de una medida de carácter provisional era susceptible de ser modificada en la sentencia definitiva o, en su caso, en el desarrollo de la secuela procesal, en caso de advertir alguna causa extraordinaria que justifique ese cambio. Por lo anterior, se considera que al resolverse el incidente de modificación de guarda y custodia provisional, con independencia del sentido en el cual se haya concluido, al momento de emitir la presente sentencia, ya existe un pronunciamiento expreso sobre la guarda y custodia del infante involucrado -reiterada en favor de su progenitora- el cual se encuentra vigente para regir dicha institución -guarda y custodia-; por lo tanto, al existir una determinación sobre el acto y omisión reclamados, se estima que éstos han dejado de subsistir y, por ende, de manera alguna violentan los derechos fundamentales del impetrante, al haberse dictado ya la sentencia interlocutoria que puso fin a esa petición; en consecuencia, el acto reclamado quedó sustituido procesalmente, ya que ahora la determinación dictada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, que resolvió el incidente ya referido, es la que incide directamente sobre el cambio de guardia y custodia solicitado por el aquí quejoso. Al respecto, por analogía de razón, se invoca la tesis I.2o.P.4 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de contenido: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia.". De igual manera resulta ilustrativa, por identidad de criterio, la tesis I.9o.C.133 C emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que estipula: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO CIVIL. OPERA CUANDO UN ACTO PROCESAL ES SUSTITUIDO POR LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ EL FONDO SUSTANCIAL CONTROVERTIDO. La jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", no es aplicable a la materia civil, en donde la cesación de efectos opera de manera distinta a como sucede en materia administrativa. Del análisis de cada ejecutoria que sirvió como precedente para integrar dicha jurisprudencia, se advierte que se examinaron actos de naturaleza eminentemente administrativa, distinta de la judicial. Ahora bien, es clara la aplicación obligatoria de la jurisprudencia indicada, en los asuntos de naturaleza administrativa, en donde los actos que emiten las autoridades no se pronuncian dentro de un procedimiento que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento judicial, pues generalmente la autoridad actúa con imperio mediante la emisión de determinaciones unilaterales, apoyadas en la coercibilidad del Estado, respecto de las cuales es necesario que exista un acto que revoque y destruya definitivamente los efectos lesivos del que se reclama, para concluir que ha cesado en sus efectos. Sin embargo, en un juicio civil, la cesación de efectos opera generalmente por sustitución procesal. Todo juicio se conforma con una serie de actos procesales, concatenados e íntimamente relacionados entre sí, de tal manera que la existencia de uno constituye la base y el sustento para la emisión de otro posterior. Así, algunos de dichos actos son trascendentales para la adecuada prosecusión del procedimiento, pues sin su emisión, no sería dable la sustanciación y culminación del juicio; algunos otros actos no son de trascendencia elemental porque están desvinculados de las etapas procesales que marcan el desarrollo del juicio. Así las cosas, cada acto procesal constituye la base fundamental sin la cual no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Esa serie concatenada y lógica de actos es lo que constituye al juicio, donde un acto es consecuencia y sustituto de otro, y así lo concibió el legislador, quien previó que para la impugnación de determinado acto jurídico dictado dentro del proceso, se le concede a la parte a quien le afecte un término máximo, de tal forma que una vez transcurrido, se pierde el derecho de hacerlo; tal previsión constituye una forma de obtener el desarrollo normal de un juicio apegado a la legalidad, paso a paso. Por esa misma razón, algunos tribunales federales han establecido criterios que explican que aun dictada la sentencia en un juicio civil, no puede operar un cambio de situación jurídica, porque para ello es indispensable que exista autonomía entre la primera y la posterior situación existente, siendo que los procesos jurisdiccionales del orden civil, ordinariamente se instruyen mediante una secuencia ordenada de actos, donde por regla general, la validez de los posteriores depende de la de los anteriores, de modo que si se invalida alguno, también quedan sin efectos los que se hayan continuado realizando sobre la base de aquél. Entonces, opera la cesación de efectos cuando se emita una resolución que sustituye a la dictada con antelación. Sin embargo, esa no es la única manera en que opera la cesación de efectos en un juicio civil, pues ésta existe cuando un acto procesal queda sustituido por otra actuación, como es la sentencia que culmina el procedimiento y resuelve el fondo sustancial controvertido.". A mayor abundamiento, se considera que el sentido de esta resolución, no deja en estado de indefensión a la parte solicitante de la protección constitucional, en virtud de que en contra de la determinación que sustituyó procesalmente el acto aquí reclamado -resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés-, la legislación aplicable prevé determinado medio de defensa para hacerlo valer, en caso de considerarlo procedente; de ahí que, con independencia de que en el presente juicio constitucional no se haya realizado un pronunciamiento de fondo, la parte quejosa tuvo la oportunidad de inconformarse en contra de la determinación que sustituyó procesalmente al acto que aquí se reclama, en el cual se pudo haber definido si su emisión fue ajustada a derecho. En tales condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho y en representación de su hijo ********************. Atento a lo anterior, no procede analizar los conceptos de violación, en términos del criterio sostenido en la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el registro digital 226555; asimismo, del análisis de la totalidad de las constancias que conforman esta instancia constitucional, no se advierte diversa causal de improcedencia que requiera su estudio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho y en representación de su hijo ********************., contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, por lista a la tercera interesada, a la representación social y a la asesora jurídica; y, mediante oficio a la autoridad responsable.
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