Gonzalo Levi Obregón Salinas

Expediente 713/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
713/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Gonzalo Levi Obregón Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: se tiene al quejoso desahogando la prevención que se le formuló por auto de veintiocho de julio del año en curso. Ahora bien, el quejoso, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales G.M.O.S., solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables LX Legislatura del Estado de México. Gobernador Constitucional del Estado de México. Consejo de Judicatura del Estado de México. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Secretaria General de Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en Atizapán de Zaragoza. Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli. Actos reclamados De la LX Legislatura del Estado de México, reclama: La discusión, aprobación y expedición de los artículos 106 y 109 de la Constitución Policita del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 42, fracción I, 52, 63, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; 59, 66 y 70 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, con motivo del primer acto concreto de aplicación, consistente la circular 75/2020, de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de quince de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se comunica el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el que autoriza el calendario oficial de labores del Poder Judicial del Estado de México, para el año 2021. La omisión de regular en el Código Civil y de Procedimientos Civiles de Estado de México un medio de protección del interés superior del menor, durante los periodos vacionales del Poder Judicial del Estado de México. Del Gobernador Constitucional del Estado de México, reclama: La promulgación de los artículos 106 y 109 de la Constitución Policita del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 42, fracción I, 52, 63, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; 59, 66 y 70 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, con motivo del primer acto concreto de aplicación, consistente la circular 75/2020, de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de quince de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se comunica el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el que autoriza el calendario oficial de labores del Poder Judicial del Estado de México, para el año 2021. Del Consejo de Judicatura del Estado de México, Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México y Secretaria General de Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, reclama: La circular 75/2020, de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de quince de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se comunica el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el que autoriza el calendario oficial de labores del Poder Judicial del Estado de México, para el año 2021. Del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en Atizapán de Zaragoza, y Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli, reclama: La aplicación de la referida circular, que se traduce en la omisión de tomar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de la observancia y cabal cumplimiento de los mandamientos constitucionales, durante su periodo vacacional. Desechamiento de la demanda Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, respecto del acto de aplicación de las normas generales reclamadas, consistente en la circular 75/2020, de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de quince de diciembre de dos mil veinte, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)." Del contenido de la porción normativa del citado numeral se advierte que regula la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito, que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. En la especie, la circular 75/2020, de once de diciembre de dos mil veinte, que reclama el quejoso, fue publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de quince de diciembre de dos mil veinte. Por lo que, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, el quejoso debió promover su demanda de amparo dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de la referida circular, en la Gaceta de Gobierno de la entidad. Sin embargo, el quejoso presentó la demanda de amparo, vía electrónica, hasta el veinticuatro de julio del año en curso. Por tanto, resulta evidentemente que su demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, respecto del acto de aplicación de las normas generales que reclama. Así las cosas, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de mérito, respecto del acto de aplicación de las normas generales que reclama el quejoso, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, respecto de dicho acto de aplicación. En vía consecuencia, se desecha la demanda de amparo, respecto de los diversos actos reclamados, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de los artículos 106 y 109 de la Constitución Policita del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 42, fracción I, 52, 63, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; 59, 66 y 70 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, atribuidos a las autoridades legislativa y ejecutiva señaladas como responsables. Lo anterior, en virtud de que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que, en principio, se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primer acto que concreta la hipótesis jurídica controvertida, en perjuicio del quejoso, y si en relación con dicho acto no se actualiza una causa de improcedencia. Por consiguiente, si el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto de aplicación de la norma impugnada, en vía de consecuencia, también será improcedente respecto de dicha norma. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada" De igual forma, las tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro y contenido: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". Por otra parte, respecto del diverso acto que reclama la parte quejosa de la autoridad legislativa, consistente en la omisión de regular en el Código Civil y de Procedimientos Civiles de Estado de México un medio de protección del interés superior del menor, durante los periodos vacionales del Poder Judicial del Estado de México, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción II, primer párrafo, constitucional, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. (.). De la fracción XXIII del citado artículo 61 se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, constitucional y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo sino enunciativo. En ese tenor, el precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto. Máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. VIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Por tanto, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de mérito, respecto de la omisión legislativa que reclama el quejoso, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. V i s t a la demanda de amparo que promueve Gonzalo Levi Obregón Salinas, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad resguardada con las iniciales G. M. O. S., contra actos del Poder Legislativo del Estado de México y/o Gobernador del Estado de México y/o LII Legislatura del Congreso del Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que contienen los artículos 1, 4, 17, 29 y 133 constitucionales. Fórmese expediente impreso y electrónico, bajo el número que le corresponda. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Ahora bien, los artículos 108, 114 y 261 de la Ley de Amparo señalan: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Atento a lo anterior, y al resultar necesaria la aclaración de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos antes referidos, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído "bajo protesta de decir verdad", y apercibido de las penas en que incurren los solicitantes de amparo que al formular su demanda afirmen hechos falsos u oculten los que les consten en relación con el juicio de amparo. 1. Señale de manera clara y precisa el acto que en concreto reclama respecto al Código Civil del Estado de México y al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y a quien le atribuye dichos actos, pues únicamente refiere que no contienen un medio de protección al interés superior de su menor hijo, cuando el Poder Judicial del Estado de México, suspenda labores por vacaciones. 2. De igual modo, deberá señalar de manera clara y precisa el acto que les atribuye a los Jueces Sexto y Séptimo Familiar, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, pues en su escrito inicial de demanda les atribuye como tal, la omisión de aplicar el régimen provisional derivado del periodo vacacional, lo que impide a su menor hijo tenga convivencia con el ahora quejoso. 3. Exhiba las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la ley en cita, toda vez que el escrito aclaratorio es parte integrante de la demanda de amparo. Se apercibe al promovente, que de no cumplir con la prevención en los términos requeridos, con fundamento el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO Toda vez que la quejosa solicita que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que le practiquen la notificación de este auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por dicho medio a través del usuario que indica; en el entendido, que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II y 31, fracción III, todos de la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet a través del usuario que proporciona en el escrito de demanda; dígasele que se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentren registrados en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico". Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se tiene como medio alternativo de contacto el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que refiere, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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