Gonzalo Jiménez Bernabé

Expediente 177/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
177/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Gonzalo Jiménez Bernabé

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve Jesús Fernando Vega García, en representación de Gonzalo Jiménez Bernabé, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 177/2018-III-A. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión girada por el los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Toluca y Tenancingo, Estado de México, en contra de Gonzalo Jiménez Bernabé, quien tiene su domicilio en Coatepec Harinas, Estado de México. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese tenor, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII en relación con los diversos 15 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la demanda de que se trata se desecha de plano por notoriamente improcedente. Dichos artículos establecen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II.." ".Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes." En el caso, Jesús Fernando Vega García, en favor de Gonzalo Jiménez Bernabé, reclama, de conformidad con sus manifestaciones y atento al contenido de su escrito inicial, la orden de aprehensión girada por Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Toluca y Tenancingo, Estado de México. En ese sentido, uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, es el de la instancia de parte agraviada, previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en el caso concreto, el acto reclamado, no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, aunado a que Gonzalo Jiménez Bernabé, según se advierte, no se encuentra imposibilitado (incomunicado o segregado, por ejemplo) para promover el juicio de amparo, pues no se encuentra privado de su libertad; todo esto de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni tampoco se encuentra dentro de alguno de los supuestos del artículo 22 Constitucional. En estas condiciones, es inconcuso que Gonzalo Jiménez Bernabé no se encuentra en alguno de los supuestos referidos por el citado artículo 15 de la Ley de Amparo ni 22 Constitucional, puesto que reclama la orden de aprehensión girada en su contra, por lo cual debe considerarse que el promovente Jesús Fernando Vega García, carece de legitimación procesal para intentar el presente juicio, por lo que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 15 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 22 Constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el promovente Jesús Fernando Vega García, se ostente en favor de Gonzalo Jiménez Bernabé, pues en el caso específico, no lo legitima para pedir el amparo en su nombre, ya que no es su representante legal ni su defensor en el proceso de origen ni tampoco se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis del artículo 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, así como del 22 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de diciembre de 2004, en la página 1347, de rubro y texto siguiente: "GESTOR OFICIOSO. CON TAL CARÁCTER NO PUEDE PROMOVERSE UN JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE OTRA PERSONA". El juicio de garantías no puede promoverse con el carácter de gestor oficioso, a nombre de otra persona, porque el caso no se encuentra dentro de lo previsto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, pues únicamente puede pedirse amparo sin intervención de legítimo representante cuando se trata de menores, conforme al artículo 6o. de la citada ley, y en contra de los actos específicos previstos en el artículo 17 del mismo ordenamiento.". Por tanto, debe quedar debidamente establecido que el juicio de amparo no lo puede promover alguien con el carácter de gestor oficioso a nombre de otra persona, pues, únicamente puede pedirse amparo sin intervención de legítimo representante cuando se trata de menores, conforme al artículo 8o. de la Ley de Amparo, y en contra de los actos específicos previstos en el artículo 15 del mismo ordenamiento, así como del artículo 22 Constitucional, como ya ha quedado explicado en párrafos que anteceden. Además, el otorgamiento de apoyo reclamado no puede considerarse como un acto que ataque la esfera jurídica del promovente, pues no transgrede ninguno de sus derechos fundamentales, de ahí que no sea aplicable la excepción prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo, relativa a que cualquier persona puede presentar la demanda en los casos previstos en ese precepto legal. En razón de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 113, 61, fracción XXIII en relación con los diversos 15 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 22 Constitucional, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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