Gonzalo Javier Rodriguez Díaz
Expediente 165/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gonzalo Javier Rodriguez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a Octavio Rosales Gutiérrez y Dirección General de la Junta de Administración y Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, siendo la denominación correcta (Dirección General de Administración del Poder Judicial), autoridades responsables, mediante el cual, se les comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en autos, para que este en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada en la suspensión provisional y definitivamente. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe..."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintidós Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el diecisiete de junio del dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto; sin embargo, se omitió notificar personalmente a la parte quejosa. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para que a la brevedad notifique la resolución en comento a dicha parte procesal. Hecho lo anterior, vincule al expediente electrónico dicha actuación, ello de conformidad con establecido en el artículo 3° de la ley de amparo. Lo anterior, para estar en condiciones de continuar con la secuela normal del procedimiento y en su momento, mandar el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el diecisiete de junio de la anualidad pasada, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto; sin embargo, a la fecha no se cuenta con el acuse de los oficios correspondientes con los que se ordenó notificar dicha sentencia a las autoridades responsables, a su vez no obra la constancia de notificación de la parte quejosa; por tal motivo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para realizar las notificaciones no hechas a las partes procesales antes citadas de la resolución dictada. En ese sentido, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, notifíquese personalmente a la parte quejosa y remítase el oficio correspondiente a las autoridades responsables adjuntándoles copia de la sentencia dictada. Asimismo, se encomienda a los fedatarios judiciales adscritos a este Juzgado para que a la brevedad posible una vez realizadas las notificaciones a las autoridades y la parte procesal en cita, verifiquen que dentro del expediente electrónico se encuentren debidamente vinculadas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES VÍA OFICIO. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado seis de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Gonzalo Javier Rodriguez Díaz solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Director General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, Director General de Administración, Director o Encargado de la Jefatura de Recursos Humanos, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado. "La resolución de fecha CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE." SEGUNDO. El diez de febrero de dos mil veinte, esta radicó el asunto con el número de expediente 165/2020, y desechó la demanda de amparo. TERCERO. Inconforme con dicha determinación, el promovente interpuso recurso de queja, mismo que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien por ejecutoria de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dentro del expediente 49/2020, declaró fundado el medio de defensa y ordenó proveer sobre la admisión de la demanda de amparo. CUARTO. Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado admitió a trámite la demanda, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, emitida dentro del procedimiento de investigación 1/2020. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Acto reclamado inexistente. La autoridad responsable, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado. Sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, a pesar de que se les dio vista con el informe mencionado, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera. Máxime que en efecto, la resolución que constituye el acto reclamado, fue emitido por el Director General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado inexistente. Es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del procedimiento 1/2020, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta autoridad advierte de oficio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Cierto, el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: I. Que el acto que se reclame haya sido materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución o de causar ejecutoria; y, II. Que ambos juicios de derechos humanos estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La referida causa de improcedencia, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. En el caso, el juicio en que se actúa fue incoado por Gonzalo Javier Rodríguez Díaz, contra el Director General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades, a quien les atribuye la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, dentro del procedimiento de investigación laboral 1/2021. A la par, como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, existe radicado el juicio de amparo 262/2020, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por Gonzalo Javier Rodríguez Díaz, contra actos del Director General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades, a quien les reclama la misma resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, dentro del procedimiento de investigación laboral 1/2021. Con la puntualización, que mediante sentencia terminada de engrosar el ocho de junio de dos mil veintiuno, el mencionado órgano jurisdiccional federal determinó sobreseer en el juicio de amparo, determinación que se encuentra pendiente de causar ejecutoria, según se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia VI.1º.P.J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia II.T.20K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 226, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 189309, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De ese modo, es incuestionable que resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, dentro del procedimiento de investigación laboral 1/2021, reclamada en este controvertido es materia del diverso juicio de amparo 262/2020, del índice de esta autoridad, que se encuentra pendiente de causar ejecutoria, promovido por el aquí quejoso Gonzalo Javier Rodríguez Díaz, contra el mismo Director General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades y el propio acto reclamado. En conclusión, se SOBRESEE en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy diecisiete de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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