Gonzalo Jardiel Martín Quiñones
Expediente 983/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gonzalo Jardiel Martín Quiñones
- Gonzalo Jardiel Martín Quiñones y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, del que se advierte que no obran en autos los acuses de recibo de los oficios 516/2019 y 517/2019 dirigidos al Magistrado Presidente y a la Primera Sala ambos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad de México, con los que se les notificó la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mi diecinueve en los presentes autos, de la cual se advierte que en su segundo punto resolutivo amparó al quejoso; en consecuencia, por medio de telegrama que al efecto se gire, requiérase vía telegráfica a las referidas autoridades, para que dentro del término de tres días que al efecto se les concede, informen por la misma vía la fecha y hora en que recibieron los citados oficios, a fin de continuar con la tramitación de este juicio de amparo. Con el apercibimiento de que no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Secretaria General Auxiliar en ausencia del Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, el cual se agrega para que obre como corresponda, sin que haya lugar a ponerlo a la vista de las partes, toda vez que el quince noviembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las doce horas del quince de noviembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 983/2019-III, procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado quien actúa ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el que se admitió a trámite la demanda; constancia de notificación a la parte tercero interesada, a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y con el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en que se tuvo por ampliada la demanda. Asimismo, le informo que la autoridad responsable, Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de México, fue omisa en rendir su informe justificado, aun y cuando obra en autos la constancia de notificación relativa al oficio 22213/2019 con el que se solicitó el mismo. El Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con la documental que la parte quejosa ofreció en su demanda de amparo y con las documentales que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, exhibió junto con su informe justificado. En relación con lo anterior, el Juez acuerda que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se admiten la referidas probanzas las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su propia naturaleza, para ser consideradas al dictar sentencia, con lo que concluye esta etapa. A continuación, se abre el período de alegatos en el que la secretaría da cuenta con el alegato ministerial de 514/2019 suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, en el que hace diversas manifestaciones; con lo anterior el Juez acuerda téngase por realizadas las alegaciones con que se da cuenta, se ordena cerrar el señalado período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 983/2019-III, promovido por Wendy Fabiola Palma Barahona como apoderada de Gonzalo Jardiel Martín Quiñones, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán y otras autoridades; y Resultando: Primero. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y remitido el mismo día a este Juzgado por razón de turno, compareció Wendy Fabiola Palma Barahona como apoderada de Gonzalo Jardiel Martín Quiñones, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal inicialmente contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, que se precisarán en párrafos siguientes. Segundo. La demanda se registró bajo el expediente 983/2019-III, por auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite dicha demanda, por lo que se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se llamó a juicio a la parte tercero interesada, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por ampliada la demanda, teniendo como nueva autoridad a la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, a quien se solicitó su informe justificado, y se le comunicó la fecha y hora para fijada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva y; Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclama un acto que carece de ejecución pero presentado ante este juzgado. Segundo Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación se advierte que el quejoso reclama: a) La denegación de justicia al abstenerse las autoridades responsables de dar seguimiento al trámite del exhorto librado para el emplazamiento al juicio de la demandada Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, ubicado en la Ciudad de México, Distrito Federal. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, indicando que el trámite y resolución del exhorto librado corresponde a la Primera Sala de dicho Órgano, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna idónea que desvirtúe tal manifestación, por lo que debe sobreseerse respecto del tal acto de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia 310, publicada en la página 209, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Segunda Parte, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Igual Consideración debe hacerse respecto de los acto reclamados al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán, toda vez que si bien admite el acto reclamado, sin embargo, de las constancias que envió como justificación de sus actos se advierte que desde el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete ordenó girar exhorto al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, a efecto de emplazar a la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, ubicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, y en diversos acuerdos quince de febrero, veinticinco de abril, veintisiete de junio, treinta de agosto, veintinueve de octubre, diez de diciembre, todos de dos mil dieciocho, veintiuno de febrero y treinta de mayo ambos de dos mil diecinueve, ha ordenado girar oficios recordatorios al mencionado Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que proceda a emplazar a la mencionada demandada. De ahí que no se tenga por existente el acto reclamado, toda vez que no se advierte alguna conducta contumaz por parte del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Cuarto Certeza del acto reclamado. La Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, fue omisa en rendir su informe justificado, aun y cuando obra en autos la constancia de notificación relativa al oficio 22213/2019 con el que se solicitó el mismo; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el mismo. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse alguna de oficio, se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos que el quejoso expresó y están contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La parte solicitante del amparo, en esencia, aduce como concepto de violación que se vulneraron sus derechos humanos de administración de justicia pronta y expedita consagrados en el artículo 17 constitucional, debido a la omisión de notificar a la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, ubicado en la Ciudad de México, Distrito Federal a pesar de haber transcurrido un año y siete meses. Este motivo de inconformidad deviene fundado pero insuficiente. Se dice lo anterior, toda vez que al no contar con las constancias relativas al juicio laboral de origen, este Juzgado se encuentra imposibilitado por analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se le reclama a la responsable, lo anterior es así, en razón de que la carga de probar la inconstitucionalidad del acto que se reclama corre a cargo de la parte quejosa, en razón de que este Juzgado de oficio no podría solicitar las constancias de manera oficiosa, toda vez que si bien es cierto que la autoridad responsable no rindió su informe justificado y por ende se presumió cierto el mismo, también es verdad, que no existe por parte de la autoridad responsable un reconocimiento del acto reclamado, en cuyo caso corresponde al quejoso probar con las constancias relativas para ser analizadas, lo cual omitió el quejoso en el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no acreditó los supuestos antes mencionados, este resolutor no cuenta con los elementos suficientes para concluir que fue violado el derecho fundamental reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, tomo V, Novena Época, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Así como, la diversa jurisprudencia aplicada por analogía sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 304, tomo VI, Novena Época, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. De lo antes expuesto, lo que procede es negar el amparo solicitado por Gonzalo Jardiel Martín Quiñones, por conducto de su apoderada Wendy Fabiola Palma Barahona, por lo que hace a los actos reclamados a la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 76 de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados, al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, por los motivos expuesto en el considerando tercero de esta resolución Segundo. La Justicia de la unión no ampara ni protege a Gonzalo Jardiel Martín Quiñones contra los actos que reclamó de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, por los razonamientos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vistos atento el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, cuyo domicilio se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado Federal, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio 22213/2019 con el cual se le solicitó. Por tanto, a fin de dar tiempo a que la autoridad responsable rinda su informe con justificación, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las doce horas del quince de noviembre de dos mil diecinueve. Sin que se necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
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