Gonzalo Hernández Liciaga
Expediente 1179/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2021
Partes del expediente
- Gonzalo Hernández Liciaga
Actuaciones
- Principal
JUZGADO ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la Secretaria el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual comunica el proveído de veintitrés de noviembre este año, emitido en el juicio de amparo 176/2021-I de su índice, de cuyo contenido se advierte, entre otras cuestiones, que aceptó la competencia declinada por este juzgador para conocer de la demanda de amparo promovida por ******** contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México y otras autoridades; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En tales condiciones, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, con la finalidad de que se dé el destino correcto a los presentes autos, atendiendo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues este juzgado declaro carecer de competencia legal para conocer de la demanda amparo, con fundamento en el punto 21, fracción I, inciso j) de dicho acuerdo. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ********** por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1179/2021-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión y su ejecución. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, cabe precisar que, en el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y su ejecución. Ahora bien, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia consistente en la orden de aprehensión y su ejecución acto que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso en el capítulo de antecedentes refirió que se pretende ejecutar en el domicilio ubicado en el Nezahualcóyotl, Estado de México. En ese tenor, este juzgado no resulta competente para conocer de la demanda de amparo en razón a que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que la orden de captura reclamada pretende ejecutarse en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37, de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado destacado, es decir, en el lugar en el que el quejoso en su demanda bajo protesta de decir verdad, señaló que se pretende ejecutar el acto reclamado, a saber, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Es aplicable la tesis I.1o.A.44 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Sustenta a lo anterior por mayoría de razón la jurisprudencia 1a./J.52/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, que se transcribe: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Así como en lo que interesa la tesis aislada I.6o.P.97, procedente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Décima Época, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SI EN LA DEMANDA SE SEÑALAN AUTORIDADES EJECUTORAS FEDERALES, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA TRATA DE EJECUTARSE. Si en la demanda de amparo el quejoso, bajo protesta de decir verdad, aseveró que a su domicilio se han presentado agentes de la autoridad a efecto de privarlo de su libertad, y que esas autoridades ejecutoras federales son dependientes de la Procuraduría General de la República, atento a la naturaleza del acto (orden de detención o aprehensión), y que éstas tienen jurisdicción en todo el territorio nacional, por lo que cualquiera de sus agentes adscritos está facultado para ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales, se concluye que dicho mandato puede ejecutarse en cualquier lugar en donde pueda ser localizado el quejoso, como lo es su domicilio; en consecuencia, el competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el quejoso aseguró que trató de ejecutarse la orden, es decir, su domicilio; criterio que es inaplicable cuando en el juicio de amparo sólo se señalan autoridades ejecutoras locales, y éstas niegan el acto de ejecución que se les atribuye." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos los actos reclamados. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. En atención a la certificación de cuenta se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "ULISECEL". En razón de lo anterior, se ordena al Oficial SISE lleve a cabo las gestiones necesarias para agregar al usuario autorizado para ingresar al expediente electrónico en línea. Asimismo, dado que el usuario proporcionado ha sido corroborado de acuerdo con la certificación de cuenta, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que emanen de este procedimiento y que deban ser de manera personal, practíquense por vía electrónica. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado a Ulises Celis Flores con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo; es decir, en términos amplios, en razón de contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y por vía electrónica al quejoso.
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