Gonzalo Hernández Gibb
Expediente 602/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gonzalo Hernández Gibb
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. Se precisa que en el presente asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
(CITATORIO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ****** DEL AUTO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento al requerimiento de trece de febrero de dos mil veintitrés; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda y sin mayor proveído, en virtud de que por auto de diecisiete de febrero del año en curso, se le tuvo remitiendo las constancias solicitadas. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se aprecia que en diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que al efecto se haya ordenado notificar el citado acuerdo personalmente a la parte tercera interesada *************, así como a la Agente del Ministerio Público adscrita a éste órgano jurisdiccional. En tal virtud y en obvio de mayores dilaciones procesales, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes en este asunto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, para el único efecto de que el actuario judicial adscrito notifique personalmente a E************* y a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público adscrita, el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
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al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el particular al acto reclamado se extinguió. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, visto el escrito del autorizado del quejoso, mediante el cual formula diversas manifestaciones relacionadas con el acto reclamado en este asunto y ofrece como pruebas de su parte, las documentales que anexa al mismo; agréguense a los autos para que obren como corresponda y dígasele que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden.
- Principal
(CITATORIO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vistas las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; agréguense al sumario para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerido efectuado mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento efectuado en el auto en mención. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada del cuaderno de amparo 38/2022, relativo al expediente laboral 73/2016 de su índice; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo1 , debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio, por las consideraciones que enseguida se especifican. En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de amparo, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/20032, que dice:SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso, toda vez que se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De acuerdo al numeral en comento el sobreseimiento del juicio de amparo cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En ese sentido, cabe mencionar que la parte quejosa, presentó ante esta instancia constitucional demanda de amparo, reclamando: "Se le reclama la violación al derecho de petición, acceso, prontitud y expedición de la justicia previsto por el artículo 8° y 17° constitucionales, que hacemos consistir en la omisión, falta de ejecución y cumplimiento del laudo dictado dentro del expediente laboral número 73/2016 y sus acumulados del índice de la Junta Local número 3 de Conciliación y Arbitraje" Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se advierte que el trece de febrero del presente año, en el cuaderno de amparo 38/2022, relativo al expediente laboral número 73/III/2016 y sus acumulados, ambos de su índice, dictó auto de ejecución del laudo respecto de las solicitudes de la parte actora. Documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme con lo establecido en el precepto 2° de la Ley de Amparo, y con las que se corrobora la actualización de la causa de improcedencia en estudio. En efecto, si como se vio, la parte quejosa reclama la falta de respuesta a su petición de que se ejecute el laudo dictado en el juicio de origen y de las constancias que se reciben en esta fecha obra la copia certificada del auto de ejecución de trece de los actuales, resulta evidente que se han desvanecido las violaciones alegadas por el disconforme como si se hubiera dictado una sentencia de amparo a su favor, pues como quedó establecido en párrafos anteriores, los actos reclamados en esta instancia constitucional son la omisión y falta de ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral número 73/2016 y sus acumulados, por lo que los efectos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Amparo, son restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, devolviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, actualizándose así la causa de improcedencia del juicio por cesación del acto reclamado. Al respecto, debe decirse que los efectos de un acto reclamado cesan cuando se revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho que estimó violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En tal sentido, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la referida causa de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/993, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Dicho de otro modo, han cesado los efectos del acto reclamado, pues se ha destruido en forma inmediata, total e incondicional, el acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Robustece lo anterior la tesis 2a XLVIII/984 , que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD.De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/985. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Esta misma razón opera por mayoría de criterio, cuando existe una causa directa de sobreseimiento de las previstas en el numeral 63 de la Ley de Amparo, pues si la improcedencia contemplada en el arábigo 61 de la misma norma genera el sobreseimiento, éste también puede declararse fuera de audiencia cuando sobreviene una causa directa del citado precepto 63, como muerte del quejoso, desistimiento, o bien, como en el caso, la cesación de efectos. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el particular al acto reclamado se extinguió. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, visto el escrito del autorizado del quejoso, mediante el cual formula diversas manifestaciones relacionadas con el acto reclamado en este asunto y ofrece como pruebas de su parte, las documentales que anexa al mismo; agréguense a los autos para que obren como corresponda y dígasele que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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