Gonzalo Granados Olaya
Expediente 1219/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/09/2016
Partes del expediente
- Gonzalo Granados Olaya
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Gonzalo Granados Olaya, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 22 a 25), es decir, indica que el lugar donde se pretende ejecutar el acto reclamado se encuentra ubicado Calle Sinaloa, número doce, Barrio Tlatenco, Municipio de Teoloyucan, Estado de México. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado en el acuerdo de referencia y sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, es preciso destacar que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: La resolución de once de mayo de este año, emitida en el recurso de revisión RR-PAR/323/15, y sus acumulados RR-PAR/01/16 y RR-PAR/02/16, atribuida al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en la que a su vez se confirmó la determinación emitida en el procedimiento administrativo resarcitorio OSFEM/UAJ/PAR-IM/12/15, en la que se finca al promovente de amparo responsabilidad administrativa resarcitoria por la cantidad de $129,725.51 (ciento veintinueve mil setecientos veinticinco pesos 51/100 M.N.). En ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, el suscrito estima que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado consistente en la resolución de once de mayo de este año, emitida en el recurso de revisión RR-PAR/323/15, y sus acumulados RR-PAR/01/16 y RR-PAR/02/16, atribuida al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en la que a su vez se confirmó la determinación emitida en el procedimiento administrativo resarcitorio OSFEM/UAJ/PAR-IM/12/15, en la que se finca al promovente de amparo responsabilidad administrativa resarcitoria por la cantidad de $129,725.51 (ciento veintinueve mil setecientos veinticinco pesos 51/100 M.N.); no conlleva ejecución en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Lo anterior se afirma, dado que el citado acto reclamado conlleva un principio de ejecución, pues si bien la resolución reclamada pudiese considerarse como un acto de carácter declarativo, lo cierto es que la consecuencia directa de tal determinación es la de requerir al peticionario de amparo el pago de la cantidad fincada por concepto de la responsabilidad administrativa resarcitoria en el expediente OSFEM/UAJ/PAR-IM/12/15. Por tanto, si los efectos inmediatos del acto que se combate se traducen fundamentalmente en la de requerir al peticionario de la protección constitucional el pago de la cantidad señalada por concepto de la responsabilidad resarcitoria fincada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, es válido asumir que dicha ejecución se materializara en el domicilio en el que el impetrante de amparo reside habitualmente. Aunado a lo expuesto, el quejoso en el escrito aclaratorio de cuenta manifestó que la acto reclamado consistente en la resolución de once de mayo de este dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión RR-PAR/323/15, y sus acumulados RR-PAR/01/16 y RR-PAR/02/16, por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, se ejecutará en su domicilio ubicado en Calle Sinaloa, número doce, Barrio Tlatenco, Municipio de Teoloyucan, Estado de México. En atención a lo anterior, el suscrito estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio, dado que como se ha dicho la repercusión directa y material en la esfera jurídica del quejoso de la determinación reclamada, es la de requerirle el pago de $129,725.51 (ciento veintinueve mil setecientos veinticinco pesos 51/100 M.N.), cantidad que fue determinada en el procedimiento administrativo resarcitorio OSFEM/UAJ/PAR-IM/12/15, por lo que los actos tendentes a realizar tal ejecución se realizarán en el lugar que el promovente refiere en el escrito de cuenta, mismo que no se encuentra dentro de la jurisdicción de este Juzgado. En abundamiento, se afirma que la autoridad señalada como responsable si bien tiene su residencia en Toluca, Estado de México, lo cierto es que dicha circunstancia no debe considerarse como elemento preponderante para fijar la competencia para conocer del presente asunto, dado que tal autoridad tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio de esta entidad para ejecutar el acto reclamado. En consecuencia, conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado, es decir, el lugar donde el peticionario de amparo, refiere que conlleva ejecución el acto reclamado, a saber, en el Municipio de Teoloyucan, Estado de México, pues así lo manifestó el promovente de amparo en el escrito de cuenta, lo cual, resulta suficiente para determinar que juzgado es competente para conocer del presente juicio de amparo. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado (Teoloyucan, Estado de México), conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia VI.3o.A. J/74, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia Administrativa, Registro 163358, Página 1641, que establece: "DOMICILIO FISCAL. SU DETERMINACIÓN DEBE REALIZARSE CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE COINCIDA O NO CON EL MANIFESTADO ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. El legislador ordinario en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación define y clasifica al domicilio fiscal dependiendo de si se trata de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, pero destacando en todos los casos como criterio prevaleciente de asignación, aquel lugar donde se encuentre el principal asiento de los negocios, o bien, aquel en el que se encuentre la administración principal del negocio. De manera que para la práctica de las diligencias de la autoridad hacendaria, el legislador la facultó para realizarla en el domicilio fiscal en que se encuentre real y materialmente la administración principal y no en cualquier otro domicilio convencional. En ese tenor, cuando de las constancias del juicio de nulidad se advierta que los actos del procedimiento fiscalizador de donde derivó el crédito fiscal impugnado se llevaron a cabo en el lugar que el contribuyente utiliza para el desempeño de sus actividades, o bien, en donde se encuentra el principal asiento de sus negocios, sea porque éste atendió personalmente algunas de las actuaciones relativas a dicho procedimiento o manifestó no tener otros locales, sucursales o bodegas, aquél debe reputarse como su domicilio fiscal; máxime si en tal lugar pudieron llevarse a cabo, por contar con los elementos necesarios, los actos de revisión por parte de la autoridad para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y el incoado no negó que ahí fuese su domicilio fiscal. Lo anterior, con independencia de que los datos de éste no coincidan con los proporcionados al Registro Federal de Contribuyentes, pues el lugar que debe considerarse como domicilio fiscal no queda sujeto a la voluntad del particular o a lo que éste señale ante la autoridad hacendaria, sino a las hipótesis del mencionado numeral 10; más aún si se atiende a que el normativo 136, párrafo segundo, del citado código establece que las notificaciones se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del referido registro o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con el aludido artículo 10, de lo que se concluye que el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes no es siempre el domicilio fiscal, pues de otro modo no se explica la conjunción disyuntiva "o", contenida en el señalado precepto 136, párrafo segundo, respecto de las dos hipótesis que prevé." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, pues se insiste, es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, con copia certificada de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En diverso aspecto, de la certificación de cuenta, se advierte que el acuerdo de veintidós de agosto del año en curso (fojas 22 a 25), se notificó a la parte quejosa el uno de septiembre pasado (foja 50 reverso), por tanto, el término concedido en dicho proveído a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del cinco al siete de los actuales, sin que atendiera tal requerimiento, o hiciera manifestación alguna en ese sentido; por lo que se ordena que la notificación de este auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal se efectúen por medio de lista, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Finalmente, no obstante que el presente auto a consideración del suscrito debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, lo cierto es que se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la comunicación procesal remitida por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por el que devuelve diligenciado el exhorto 533/2016 (orden 701/2016), mediante el cual se solicitó notificar personalmente al quejoso Gonzalo Granados Alaya , el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 22 a 25); en ese sentido, agréguese a los autos el comunicado de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo vía fax o vía correo electrónico oficial.
- Principal
III.- Visto el escrito de cuenta mediante el cual el el tercero interesado Alfredo Sotomayor Ramírez, solicita copias certificadas de la resolución dictada en el presente juicio de amparo y autoriza a diversas personas para recibirlas.; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; agréguese a los presentes autos el escrito que se acuerda para que surta los efectos legales procedente. Ahora, toda vez que la firma que calza el escrito que se atiende es NOTORIAMENTE DIFERENTE de la estampada en la razón de notificación de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (fojas 43 y 44) del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, México y en el momento de la notificación del presente proveído, para el efecto de reconocer como suya la firma que obra al calce de la promoción que se acuerda, advertido de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, apercibido que de ser omiso a lo anterior, no se tendrá por presentado el escrito que se atiende. Una vez que acontezca lo anterior, se proveerá lo que en derecho corresponda sobre el ocurso de que se trata.
- Principal
II.-Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que la audiencia incidental se encuentra prevista para celebrarse hoy a las nueve horas con diez minutos, tal como se estableció en proveído de nueve de los actuales (fojas 222 y 223); sin embargo, en el mismo acuerdo se ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en Oaxaca, con residencia en Oaxaca, en turno, a fin de que notificara al quejoso en el Centro Penitenciario Número 13 "Oaxaca", en el poblado de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, los informes previos rendidos por el Titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República y por el Director General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República, sin que a la fecha obre constancia de notificación alguna. Por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia incidental prevista para el día de hoy; en consecuencia, se ordena diferirla y se señalan las nueve horas con veinte minutos del uno de septiembre de dos mil dieciséis, para el desahogo de la misma.
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