Gonzalo Gómez Román

Expediente 1423/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1423/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Gonzalo Gómez Román

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos, I. El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II. El estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se dictó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: En atención a lo indicado en el punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo que hace al punto II, con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposiciones expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales a los que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido del auto pronunciado, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en Los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA

  2. Principal

    Visto; el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y anexa copias certificadas en apoyo al mismo. Al efecto se acuerda: En apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, y anexo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: Causal de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo,1 se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente2. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo.3 El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.4 En el caso particular, el quejoso reclamó de la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: ? La omisión de acordar el escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el cual solicitó la revocación de sus apoderados legales y señaló nuevo domicilio y nuevos apoderados, dentro del juicio laboral J/O/888/2018, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a la cual se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, pues la autoridad responsable, el veinte de octubre del año en curso, acordó el escrito presentado por la parte actora el veinte de abril de dos mil veintidós en el cual solicitó la revocación de sus apoderados, además señaló nuevo domicilio y nuevos apoderados, dentro del expediente laboral J/O/888/2018, de su índice. En ese tenor, el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo (la omisión de acordar el escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el cual solicitó la revocación de sus apoderados legales y señaló nuevo domicilio y nuevos apoderados, dentro del juicio laboral J/O/888/2018, de su índice), dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo.5 En otro orden de ideas, no causa agravio alguno al quejoso, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.6 Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y anexa copias certificadas en apoyo al mismo. Al efecto se acuerda: En apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, y anexo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: Causal de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo,1 se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente2. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo.3 El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.4 En el caso particular, el quejoso reclamó de la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: ? La omisión de acordar el escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el cual solicitó la revocación de sus apoderados legales y señaló nuevo domicilio y nuevos apoderados, dentro del juicio laboral J/O/888/2018, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a la cual se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, pues la autoridad responsable, el veinte de octubre del año en curso, acordó el escrito presentado por la parte actora el veinte de abril de dos mil veintidós en el cual solicitó la revocación de sus apoderados, además señaló nuevo domicilio y nuevos apoderados, dentro del expediente laboral J/O/888/2018, de su índice. En ese tenor, el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo (la omisión de acordar el escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el cual solicitó la revocación de sus apoderados legales y señaló nuevo domicilio y nuevos apoderados, dentro del juicio laboral J/O/888/2018, de su índice), dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo.5 En otro orden de ideas, no causa agravio alguno al quejoso, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.6 Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que la autoridad sustituta Tribunal Unitario Agrario Distrito Tres, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: En obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la autoridad responsable sustituta Tribunal Unitario Agrario Distrito Tres, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que quede notificada del presente proveído, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, sin mayor trámite, podrá remitirse este expediente al Tribunal Colegiado de circuito competente, para el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido, que en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo. Por tanto, ante un requerimiento de esta naturaleza, debe hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer para conseguir su cumplimiento, lo que, además, deberá hacer del conocimiento de este órgano judicial. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

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