Gonzalo Gaspar Quintana Giordano
Expediente 1645/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1645/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Gonzalo Gaspar Quintana Giordano
- Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia, del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, mediante el cual manifiesta que no le fueron devueltas las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Devolución de constancias Por tanto, devuélvase a la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia de Distrito Judicial de Centro, con residencia en esta ciudad, las documentales que remitió como anexo a su informe justificado, solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo; en la inteligencia que de no acusar el citado recibo en el término de tres días hábiles siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente auto, se le tendrán por recibidas de conformidad las constancias aludidas, para todos los efectos legales concernientes y bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Gonzalo Gaspar Quintana Giordano, contra actos del Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el feneció termino para que la parte quejosa acreditara haber entregado los edictos para su publicación y así lograr el emplazamiento de la tercero interesada "Parque Industrial Platinum" Sociedad Antonina de Capital Variable de acuerdo con lo decretado en proveído de diez de enero del año en curso, sin que a la fecha hubiere acreditado haberlos entregado. En razón de lo anterior, este juzgador estima que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 27, fracción III, 5°, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento y 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que prescriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: .III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; (.)" "Artículo 14. "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De los numerales antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se integre la relación jurídico procesal, en virtud de no haber sido posible emplazar a la parte tercero interesada, en los casos en que se ordena llamarla a juicio por edictos, por no haberse recogido o publicado los mismos. Lo anterior es así, puesto que la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél, y si a pesar de la investigación se ignora el domicilio, debe ordenar su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja y realice los trámites necesarios para su publicación y, cuando se trate de personas de escasos recursos la referida divulgación deberá ordenarse sin costo para el quejoso. De lo que se sigue que la Ley de Amparo impone a la parte quejosa las siguientes cargas procesales: a) Acudir a recoger los edictos; b) Realizar los trámites necesarios para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de mayor circulación a nivel nacional; o, en su caso, c) Comparecer a manifestar su imposibilidad económica para el pago de los edictos. Ello es así, en razón de que la parte quejosa al recoger los edictos y entregarlos para su publicación o bien, cuando menos, comparecer a manifestar su imposibilidad para sufragar los gastos que ocasiona la difusión de los edictos, demuestra su interés en la prosecución del juicio de amparo, lo que impone al juzgador federal la carga procesal de determinar si de los datos aportados por el solicitante de amparo. Así, de las constancias que integran el sumario constitucional es posible identificar si le rige una situación de precariedad relevante, que la justicia federal deba tutelar mediante la dispensa de pago de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, para lo cual es razonable que se verifique a cuánto asciende ese gasto, porque se trata de un dato objetivo a fin de establecer que el mismo implica una autentica limitación patrimonial, tomando en consideración que el salario está destinado a satisfacer el pago de alimentos y que no podría ocuparse en su totalidad para cubrir el costo de los edictos; por tanto, si no ocurre ninguna de esas cuestiones debe sobreseerse en el juicio. Lo anterior, porque el emplazamiento del tercero interesado constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, impide al Juez Federal pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, ya que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Ahora, dado que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia; por consiguiente, cuando el quejoso comparece a recoger los edictos y manifiesta su imposibilidad para pagar su publicación. Por tanto, se insiste, surge una carga procesal para el juzgador consistente en determinar si tanto de su afirmación como de los elementos que constan en autos existen indicios que confirmen tal situación y, de ser así, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado, ya que de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia: 2a./J. 108/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos dieciséis, tomo XXXII, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente agosto de dos mil diez que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política 20/11/23 12:08:12 de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Luego, en el caso concreto, de autos, se advierte que no se logró el emplazamiento de la tercero interesada "Parque Industrial Platinum" Sociedad Antonina de Capital Variable, en el domicilio proporcionado por la parte quejosa, por lo que se solicitó a diversas autoridades administrativas, para que de contar con el domicilio de la citada tercera, lo proporcionaran a efecto de que fuera llamada a juicio, agotándose el procedimiento de investigación, no obstante, no se logró dicho emplazamiento, así como el requerimiento a la parte quejosa sin que esta proporcionara el domicilio correcto por lo que en proveído de diez de enero del año en curso, se ordenó su emplazamiento por edictos, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En razón de ello, se requirió a la parte quejosa a fin de que acreditara haberlos publicado dentro de un plazo de los veinte días siguientes, a que surtiera sus efectos la notificación del acuerdo de diez de enero del año en curso, por el que se pusieron a su disposición, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se sobreseería en el presente juicio. En efecto, se hizo constar que la parte quejosa no se apersonó a recoger los edictos, aunado a la fecha no ha acreditado haberlos entregado para su publicación por lo que feneció el término otorgado de veinte días para acreditar haberlos entregado como lo dispone dicho proveído. Por lo anterior, toda vez que la parte quejosa no acreditó haber entregado los edictos para su publicación a fin de lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada; se le hace efectivo el apercibimiento efectuado en acuerdo de diez de enero del año en curso, y por ende, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, en relación al 61, fracción XXIII, 27, fracción III, inciso b), 5°, fracción III, de la Ley de Amparo; y 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República. Sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las once horas con treinta y seis minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés, ya que al no haberse logrado el emplazamiento de la parte tercero interesada, sobreseyéndose así el presente sumario, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia, así como las diligencias pendientes por desahogar en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
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