Gonzalo Gabino Reyes Altamirano
Expediente 791/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Regidor de Ecología, Desarrollo Territorial y Urbano del Municipio de Santa María Atzompa
- Gonzalo Gabino Reyes Altamirano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de inconformidad dentro del plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra la determinación de veinte de febrero del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme el acuerdo referido. Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 18 fracción I, inciso b), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que en sentencia se concedió la protección constitucional; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración de este expediente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General antes citado, para posteriormente solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al secretario judicial a que firme el oficio que derive de la presente determinación. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el escrito del quejoso Gonzalo Gabino Reyes Altamirano, por medio del cual solicita que se notifique a las partes que la sentencia dictada en estos autos ha causado ejecutoria y se requiera a la autoridad responsable, así como a su superior jerárquico, para que cumplan con la misma, en los términos que indica; toda vez que mediante proveído de veintiocho de octubre del presente año, causó ejecutoria la sentencia dictada en estos autos, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsables y se ordenó realizar las notificaciones correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; no obstante estar debidamente notificadas para ello; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase a la autoridad responsable Regidor de Ecología, Desarrollo Territorial y Urbano del Municipio de Santa María Atzompa, para que en el plazo de tres días, contado legalmente, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector. En el entendido que, en el referido plazo de tres días, deberá acompañar las copias certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su cumplimiento, lo que podrá enviar vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx., sin que resulte necesario reiterarlo por otra vía. Con el apercibimiento que de no cumplir o informar el impedimento legal o material para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación. Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, de la ley de la materia, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, quien de estimarlo necesario, provea sobre la separación inmediata de su respectivo cargo y su consignación al Juez de Distrito que corresponda, por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretaria de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación anterior de constancias, para los efectos legales procedentes. Enseguida, se abre el período probatorio, en el que el Secretario hace constar que únicamente la parte quejosa, ofreció prueba documental, que exhibió con su escrito inicial de demanda. La Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la documental exhibida por el quejoso, que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, para ser valorada al resolver este asunto. Cerrado el período probatorio y abierto el de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. La Jueza acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, y se cierra esta etapa. Sin que exista promoción pendiente de acordar, ni diligencia que practicar, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 791/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en forma electrónica el seis de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; remitido por razón de turno, a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el siete de julio siguiente, GONZALO GABINO REYES ALTAMIRANO solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que más adelante se precisará. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 8, 16, 109, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En auto de ocho de julio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con número 791/2022, y se previno al quejoso para que la aclarara. Mediante escrito presentado ante este Juzgado el diecinueve de julio del año en curso, aclaró el acto reclamado como sigue: ". preciso que el acto que reclamo a través del juicio de amparo en que se actúa es la contestación recaída a mi petición presentada el 01 de junio de 2022 a través del oficio MSMA/OF/REDTU/011/2022. CUARTO. En proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso dando cumplimiento a la prevención, por lo que se admitió a trámite, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete; se pidió el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se emplazó a la tercera interesada, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, a los apartados Primero, fracción III, Segundo, fracción III, punto 3 y Cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013 y 20/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de determinaciones atribuidas a una autoridad cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y derivado del análisis de la demanda de amparo, se precisa que el acto reclamado por el quejoso al Regidor de Ecología, Desarrollo Territorial y Urbano del Municipio de Santa María Atzompa, consiste en: La contestación recaída a su petición contenida en el oficio MSMA/OF/REDTU/011/2022, de ocho de junio de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Regidor de Ecología, Desarrollo Territorial y Urbano del Municipio de Santa María Atzompa omitió rendir su informe justificado no obstante estar notificada para ello, como se desprende de la constancia respectiva (foja 36). En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto dicho acto reclamado. Aunado a que el quejoso acompañó a su demanda de amparo copia digitalizada del citado oficio MSMA/OF/REDTU/011/2022, de ocho de junio de dos mil veintidós, que reclama, respecto de la cual, manifestó bajo protesta de decir verdad que dicho documento es copia íntegra e inalterada del impreso, en términos del artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causa de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, y este órgano constitucional no advierte que se actualice alguna de oficio. QUINTO. Transcripción innecesaria. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se trascriben al no ser necesario, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni diversa disposición constitucional o legal, siendo que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es suficiente que se dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. El quejoso sostiene en lo esencial, en su primer concepto de violación que la determinación reclamada viola el principio de seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que toda autoridad debe responder las peticiones que se le formulen en forma fundada y motivada, tanto en su competencia como en lo relativo al fondo del asunto y de la respuesta dada a su petición, se advierte que la responsable no proporciona fundamento legal para ello; por lo que viola en su perjuicio el citado principio, pues en dicha respuesta únicamente realiza manifestaciones dogmáticas. Son fundados los anteriores motivos de disenso. Al respecto, el artículo 16 de la Carta Magna, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". De dicho precepto constitucional se desprende el derecho a la legalidad el cual consiste en que el acto de molestia debe constar por escrito, emitido por autoridad competente y debidamente fundado y motivado, pues sólo de esta forma se otorga seguridad jurídica a los gobernados. Para el caso en estudio reviste importancia el tercer requisito antes precisado, que consiste en el deber de precisar el numeral donde se apoya la determinación, así como expresar los motivos de hecho y las razones de derecho que tomó en cuenta la autoridad para emitir el acto reclamado. Así, la exigencia de fundamentación se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, mientras la motivación se ha referido a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y expresamente previsto en la disposición legal que se aplica. Ambos requisitos se suponen mutuamente, ya que no es posible citar disposiciones sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Dicha correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Cabe señalar que respecto a la fundamentación y motivación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en volúmenes 151 y 156, página 56, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, ha sostenido el criterio cuyo rubro y texto son los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate." En el caso, GONZALO GABINO REYES ALTAMIRANO, por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintidós ante la responsable, solicitó en lo esencial: "PRIMERO. Que en uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica Municipal, realice el alineamiento y número oficial de la privada ubicada en el croquis anexo a este documento, lo anterior a efecto de dar certeza jurídica a los habitantes de los inmuebles que se ubican en dicha vialidad. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 4 BIS fracción X de la Ley Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, solicito que la privada se designe con un espacio suficiente, respetando el principio de accesibilidad y movilidad urbana, para que se garantice una efectiva movilidad urbana que privilegie el paso de transporte público, peatonal y no motorizado. TERCERO. Que se verifique si la construcción que se realizó en la privada multialudida, se apegó con lo establecido a los proyectos correspondientes y a las disposiciones municipales en materia de permisos para construcción. Y en caso de que la construcción mencionada resultase ilegal, se ordene la demolición de la obra que está invadiendo la vía pública y limitando una adecuada y segura movilidad vehicular y peatonal, con los riesgos que esto genera para los habitantes de la zona." En atención al citado escrito, la responsable mediante oficio MSMA/OF/REDTU/011/2022, de ocho de junio de dos mil veintidós, acordó lo siguiente: "En relación con lo escrito en la solicitud en comento se realizan tres solicitudes a la REGIDURÍA DE ECOLOGÍA, DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO que se encuentra bajo mi cargo por lo cual expongo: PRIMERO: que en uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica Municipal, realice el alineamiento y número oficial de la privada ubicada en el croquis anexo a este documento, lo anterior a efecto de dar certeza Jurídica a los habitantes de los inmuebles que se ubican en dicha vialidad: -Para la realización de alineamientos de calle, la REGIDURÍA DE ECOLOGÍA, DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO del municipio de Santa María Atzompa requiere por parte del o los solicitantes los siguientes requisitos: 1.- Solicitud de redacción libre dirigida al C. cap. Crispín Aguilar Eróstico, regidor titular de la REGIDURÍA DE ECOLOGÍA, DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO del municipio de Santa María Atzompa. 2.- Croquis realizado de manera formal indicando los anchos y longitudes de calle en un cadenamiento a cada 20 metros. 3.- Recibo de pago correspondiente efectuado en la Tesorería municipal. -Para el caso del número oficial se realiza de forma personal y por cada predio al que se le requiera y asigne la constancia del número oficial expedida por esta municipalidad por lo que le refiero los requisitos en cuestión: 1.- Solicitud de redacción libre dirigida al C. Cap. Crispín Aguilar Eróstico, regidor titular de la REGIDURÍA DE ECOLOGÍA, DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO del municipio de Santa María Atzompa. 2.-Copia de escrituras o acta de posesión según sea el caso. 3.- Copia del pago predial vigente. 4.-Copia de la identificación oficial del propietario y/o copropietario si fuese el caso. 5.-Croquis de localización del predio al reverso de la solicitud. 6.-Copia de la constancia de NO ADEUDO de la colonia perteneciente. 7.-Copia del pago correspondiente emitido por la Tesorería municipal. SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 4 BIS fracción X de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, solicito que la privada se designe con un espacio suficiente, respetando el principio de accesibilidad y movilidad urbana, para que se garantice una efectiva movilidad urbana que privilegie el paso del transporte público peatonal y no motorizado. -Para poder realizar un alineamiento de forma expedita y que no se afecte las garantías de terceros es necesario ingresar y someter a revisión de la información con la que se cuenta como pueden ser croquis y constancia de subdivisión en relación a la creación de la calle, privada o si fuera el caso, servidumbre de paso, con ello se podría llegar a la certeza de asignar un espacio y dimensiones coherentes a la utilización de la vía. TERCERO. Que se verifique si la construcción que se realizó en la privada multialudida, se apegó con lo establecido a los proyectos correspondientes y a las disposiciones municipales en materia de permisos para construcción. Y en caso de que la construcción mencionada resultase ilegal, se ordene la demolición de la obra que se está invadiendo la vía pública y limitando una adecuada y segura movilidad vehicular peatonal, con los riesgos que esto genera para los habitantes de la zona. En relación a este último punto le refiero que esta regiduría a mi cargo se encuentra en un estado de déficit en cuestión de recursos humanos ya que a la fecha actual no se cuenta con notificadores, en ese sentido se programan notificaciones parciales y sujetas a la carga laboral de la regiduría, en el caso en específico se acudió al lugar en 3 diferentes ocasiones a realizar la notificación correspondiente resultando y observando que: se encuentra un cercado parcial con semi muros de tabique a una altura aproximada de 1,20 metros, completando en la parte superior con malla de acero, predio en el cual no se encontraba en las 3 ocasiones ninguna persona para la entrega de la notificación tomando nota de este hecho, en el caso de requerir a la persona propietaria de dicho inmueble es necesario realizar una queja o querella ante la sindicatura única constitucional ya que es la única facultada para poder requerir a las personas en términos legales, consiguiendo con esto que la persona propietaria del inmueble en mención presente los documentos que la acrediten como poseedora para poder corroborar medidas y colindancias y así dictaminar si este cercado parcial incumple con lo establecido en las normativas vigentes aplicables en materia de construcción y seguridad estructural, y de ser el caso se le aplicaran las sanciones correspondientes vigentes en la normativa de Santa María Atzompa." Ahora, como lo alega el quejoso y se advierte de la contestación contenida en el oficio reclamado, la responsable omitió fundar y motivar adecuadamente su respuesta. En efecto, la responsable para determinar que a fin de realizar el alineamiento de calle y proporcionar el número oficial, era necesario que el solicitante proporcionara los requisitos que menciona en el oficio reclamado; que para poder realizar un alineamiento de forma expedita y que no se afectara las garantías de terceros era necesario ingresar y someter a revisión la información con la que se contaba, como podía ser croquis y constancia de subdivisión en relación a la creación de la calle, privada o si fuera el caso, servidumbre de paso, y con ello se podría llegar a la certeza de asignar un espacio y dimensiones coherentes a la utilización de la vía. Finalmente en cuanto a que se verificara si la construcción que se realizó en la privada multialudida, se apegó con lo establecido a los proyectos correspondientes y a las disposiciones municipales en materia de permisos para construcción, señaló que dicha regiduría se encontraba en un estado de déficit en cuestión de recursos humanos, al no contar con notificadores, además de haber acudido al lugar en tres diferentes ocasiones y no encontrar a ninguna persona para la entrega de la notificación y requerir a la persona propietaria de dicho inmueble, por lo que era necesario realizar una queja o querella ante la sindicatura, única facultada para poder requerir a las personas en términos legales, y que la propietaria del inmueble, presentara los documentos que la acreditaran como poseedora para poder corroborar medidas y colindancias y así dictaminar si el cercado parcial incumple con lo establecido en las normativas vigentes aplicables en materia de construcción y seguridad estructural, y de ser el caso se le aplicarían las sanciones correspondientes. Como se desprende de lo narrado, en cuanto a la primer solicitud la responsable se limitó a señalar requisitos que eran necesarios para realizar los trámites respectivos, esto es, para realizar el alineamiento y número oficial de la privada que refirió el peticionario; pero omitió precisar en qué normatividad se fundaba para exigir esos requisitos. En cuanto a los puntos petitorios segundo y tercero, donde en esencia se le pidió intervenir para garantizar que en la privada se designe un espacio para accesibilidad y movilidad urbana, así como para que verificara si la construcción a la que aludió en el escrito -de un vecino- se apegó a la normativa en materia de construcción y en su caso, ordenara la demolición de esa obra, la responsable se limitó a señalar: - Que era necesario someter a revisión la información con la que se contaba y así asignar un espacio y dimensiones coherentes a la utilización de la vía. - Que no contaba con recursos humanos para la verificación. - Que era necesario presentar una queja. Sin señalar precepto alguno que justificara esa respuesta, por lo que es evidente que es dogmática. Tampoco precisó por qué carece de facultades para intervenir en relación a garantizar que la privada tenga un espacio accesible y verificar si la construcción se apegó a la normatividad en esa materia, pues solo refirió que era necesario presentar una queja ante la sindicatura única constitucional; pero omitió fundar su aseveración. Lo que evidencia, como lo alega el quejoso, la carencia de la debida fundamentación y motivación del oficio reclamado; por lo que dada la violación formal, no se puede analizar el fondo de la respuesta dada a dicha petición. En tal virtud, ante la violación a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional por parte de la autoridad responsable, y al ser fundado el concepto de violación en estudio, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al quejoso, para el efecto de que a partir del día siguiente de la notificación del auto en que cause ejecutoria esta sentencia: El Regidor de Ecología, Desarrollo Territorial y Urbano del Municipio de Santa María Atzompa, deje insubsistente la respuesta contenida en el oficio MSMA/OF/REDTU/011/2022, de ocho de junio de dos mil veintidós. Con libertad de atribuciones, emita otra en forma fundada y motivada, esto es, precise el numeral o numerales en que sustente su determinación al dar respuesta a la petición hecha por el aquí quejoso, de igual forma, exprese las razones por las cuales llega a esa conclusión; sin que lo resuelto en esta sentencia lo vincule a resolver en determinado sentido, pero subsanando los vicios destacados en esta sentencia. Finalmente, se habilita al Secretario y/o Actuaria judicial de la adscripción, para firmar los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ****O, contra el acto reclamado indicado en el considerando segundo y por los motivos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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