Gonzalo Erasto Ruiz Ramirez
Expediente 8/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/01/2017
Partes del expediente
- Gonzalo Erasto Ruiz Ramirez
- Gonzalo Erasto Ruiz Ramirez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veinte de enero de dos mil diecisiete, del que se aprecia que el Magistrado Presidente de ese órgano colegiado, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto cinco de enero del presente año; correspondiéndole el número de recurso de queja 20/2017. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda que promueve ********, por derecho propio y en representación de **************, contra los actos de la siguiente autoridad: 1. Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia, Querétaro. 2. Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia Querétaro. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo ************. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por el quejoso, consistentes en: a) El auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis del sumario 1276/2015 relativo al juicio de divorcio necesario promovido por *********, mediante el cual se decretaron las convivencias provisionales los sábados de cada mes, en un horario de las 10:00 a las 12:00 horas, convivencias que tendrán verificativo en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de la Federación, y b) La imposición de una medida de apremio consistente en una multa de 30 veces el factor Cálculo aplicable en el Estado Querétaro, en caso de no cumplir con el auto de catorce de diciembre del año en curso. Lo anterior, por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeto a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, esto conforme a los artículos 199 fracción V, 210 y 211 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 199. En materia familiar pueden decretarse, antes de iniciarse el juicio o durante él, las siguientes medidas cautelares: . V. Un régimen de convivencias provisionales entre los menores con sus padres, hermanos y demás familiares, y las que aseguren su debido cumplimiento; . Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo. . De los enunciados normativos trascritos, se advierte que la inconformidad procede en la vía incidental en contra de una medida cautelar impuesta en el juicio. Supuesto que se da en el presente asunto, en razón que la autoridad responsable en acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emite una medida cautelar consistente las convivencias provisionales a realizarse con su menor hija. Lo anterior es una medida cautelar que puede ser modificado o revocada en la vía incidental de acuerdo a los numerales estudiados, por tanto, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo resulta improcedente. Al respecto resulta aplicable la tesis I.10o.C.15 C (10a.), emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1763, de rubro y texto: PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE EL MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO IDÓNEO PARA IMPUGNARLAS, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Es de explorado derecho que, en la generalidad de los casos, las medidas o providencias precautorias se decretan sin audiencia previa, esto es, sin que el órgano judicial que las ordena oiga previamente a la persona contra la cual van dirigidas, debido a la existencia de los presupuestos de cautela, urgencia y peligro en la demora, que justifican ampliamente que se altere la necesaria bilateralidad que debe presidir el dictado de toda resolución judicial ya que, en caso contrario, se prevendría al afectado con la correspondiente notificación de lo solicitado, lo que frustraría la finalidad urgente y cautelar de la medida. Lo anterior no quiere decir que la persona contra la cual se dirige la providencia o medida cautelar esté vinculada a soportar la ejecución de ésta sin la posibilidad de ejercer su legítimo derecho a defenderse u oponerse, pues ello contravendría el derecho fundamental respectivo, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así como reconoce y tutela el derecho de acción -como la cautelar, entre otras-, hace lo propio con el derecho a defenderse u oponerse al ejercicio de ese derecho público subjetivo. En ese sentido, a fin de no afectar el derecho constitucional de defensa en juicio, ni el principio de bilateralidad, que subyacen de lo dispuesto por el primer párrafo del referido artículo 17, lo adecuado y recomendable es que el propio ordenamiento que prevé la posibilidad de decretar una medida cautelar contemple, a la vez, un medio de defensa ordinario mediante el cual la persona contra la cual se dirige esté en aptitud de controvertirla y obtener su revocación o modificación, so pena que, de no ser así, el ordenamiento legal respectivo adolezca del vicio de inconstitucionalidad, al no establecer un mecanismo ordinario que tutele el derecho de defensa de la parte afectada por la providencia cautelar. En este contexto se sitúa el incidente de reclamación a que alude el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que constituye el medio de defensa garante del derecho del afectado a ser oído dentro del procedimiento en el cual se dictó la providencia respectiva, lo que supone, a la vez, la tutela de su derecho de defensa; esto, si se parte del hecho de que el trámite de dicha incidencia, según se advierte del artículo 88 del ordenamiento invocado, le permite postular una pretensión opositora a la providencia cautelar, ofrecer pruebas para demostrarla y alegar lo que a su derecho convenga, con lo cual, se satisface plenamente el derecho de acción y defensa tutelado por el citado artículo 17, aunado al hecho de que el medio de defensa en contra de una providencia precautoria debe estar estatuido por el propio ordenamiento que la contempla, pues es en éste donde debe materializarse la tutela ordinaria del derecho a defenderse de la providencia respectiva. Pensar en sentido diverso, esto es, que el incidente en cuestión no conforma el medio de defensa ordinario idóneo para controvertir una providencia precautoria, implicaría aceptar que ésta es impugnable a través de alguno de los recursos ordinarios establecidos por el ordenamiento legal en consulta, o bien, a través del juicio de amparo -sin necesidad de agotar recursos de manera previa-, lo que supondría, en ambos casos, establecer un límite al derecho de impugnación, si se parte del hecho de que, en ambos casos, la posibilidad de ofrecer pruebas se encuentra limitada. En los recursos ordinarios esto ocurre debido a su propia naturaleza, pues constituyen sólo una instancia revisora del actuar del Juez de primer grado y, en el caso del juicio de amparo, por disposición expresa de la ley de la materia, que en su artículo 75 establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, lo que limita, como lo señala el propio precepto, la facultad de las partes para ofrecer pruebas cuando no hayan sido rendidas ante la autoridad responsable. Aunque ciertamente el segundo párrafo del referido artículo 75 prevé la posibilidad de que las partes ofrezcan pruebas en amparo indirecto, cuando no hubieren tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; no obstante, en el caso, ello sí resulta factible para el quejoso, pues cuenta con el derecho a promover el mencionado incidente de inconformidad previsto para la tutela ordinaria de su derecho de defensa en contra de la providencia precautoria respectiva. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotada, en los juicios civiles aun cuando el acto sea considerado como de imposible reparación, sujetándolo a que el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos los siguientes: - Sea efectivo; - Idóneo; y, - Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la eficacia real del recurso o medio de defensa que prevé la ley. Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -inconformidad por la vía incidental- reúne dichos requisitos, pues éste es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito en la vía incidental al que se acompañará copia para el traslado de las partes. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin modificar el auto que respecto del cual se esta inconforme; es de plazo razonable, ya que su trámite se limita a una vista que se le da a la contraparte, el desahogo de pruebas, en caso de existir en el plazo de diez días, un día más para el ofrecimiento de alegatos y el juez dictará la interlocutoria en el plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo, según se expone en el artículo 211 del Código Civil del Estado de Querétaro. No es óbice que el recurso ordinario no prevea la suspensión del acto reclamado, ya que no es requisito de estudio en la fracción de improcedencia, lo anterior tomando en consideración que se trata de un acto de autoridad formal y materialmente jurisdiccional. Es aplicable a la anterior determinación, la tesis I.3o.C.25 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2055, marzo de 2013, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. Asimismo, en relación al acto señalado con el inciso a), se actualiza además la causa de improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: A) El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, B) El juicio de amparo no procede tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia se surte cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal materia de análisis, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de amparo, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. En la segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de amparo del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos y medios de defensa susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable- En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél; y por tanto, las que tiendan a ejecutar la medida cautelar dictada por el Juez de Amparo. Es aplicable al respecto la tesis número 182624, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83 del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Asimismo, conviene invocar la tesis II.2o.C.48 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1999, página 1235; con rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." Expuesto lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia señalada con antelación, conviene tener en cuenta las expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa en su capítulo de hechos que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de amparo, pues son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente; ello, en correlación con las constancias que exhibió en copia simple relativas a la suspensión definitiva dictada dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ************ del índice de este órgano jurisdiccional, de donde se desprende: a) El tres de agosto de dos mil quince, **************** solicitó como medida cautelar en materia familiar misma que quedó radicada bajo el expediente *******, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Querétaro, decretándose entre otras la custodia provisional de los menores *************. b) Posteriormente, el cuatro de septiembre de dos mil quince, ************* demandó del promovente del amparo, en la vía sumaria civil, el divorcio necesario, y la custodia de los menores ************************************; c) Seguido el juicio en sus fases procesales, con fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis, el Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Querétaro, emitió resolución en la cual decreto la custodia provisional de los menores ******************, en favor de ******************. d) Contra el proveído antes citado, el quejoso promovió juicio de amparo en contra de dicha determinación, la cual quedó radicada con el juicio de amparo 770/2016. e) Con motivo del amparo en cita, dentro del incidente relativo, se concedió la suspensión definitiva, del acto reclamado para el efecto de que no se le prive de la custodia de su menor hija *******************. f) Así, el catorce de diciembre del año dos mil dieciséis, la autoridad señalada como responsable *************************, en cumplimiento a la medida cautelar concedida en el amparo 770/2016, dictó auto mediante el cual decretó para llevarse a acabo las convivencias provisionales los sábados de cada mes de 10:00 a las 12:00 horas, y condiciones bajo las cuales se desarrollarían las citadas convivencias, entre ********* y su menor hija *******************. Lo anterior así se desprende de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad del promovente del amparo en su escrito inicial, existe un juicio de amparo en el que en cumplimiento a la suspensión definitiva se dictó un auto en el que se decretaron las convivencias provisionales entre *********** y su menor hija **********************************. Acto este último que constituye el acto reclamado. En ese sentido, vistos los antecedentes descritos, se desprende que en el índice de este órgano jurisdiccional, se encuentra radicado el juicio de amparo ********************, promovido por el ahora quejoso, en el cual se ordenó el dictado del proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, que constituye el auto reclamado. De lo anterior, es evidente que los actos que pretende reclamar en esta instancia constitucional corresponden a actuaciones que fueron dictadas en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado de Distrito con motivo del trámite del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *****************, lo cual, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones tomadas en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como se dijo, en el caso, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos dictados en cumplimiento a una resolución que deriva de un juicio de amparo, en el caso concreto, una determinación dictada en el incidente de suspensión deducido de aquél, que impone emitir un proveído con base en los lineamientos que al efecto fije el juzgador de amparo, en el caso, fijar las convivencias entre la madre y los menores vinculados a la Litis del juicio natural. La causal que se viene comentando, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con una determinada actuación y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión respecto al tópico, sino que debe emitir la resolución conforme a lo precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de lo ordenado por el juzgador federal en materia de amparo, no es susceptible de ser controvertida a través de un nuevo juicio de amparo. Pues bien, se estima actualizada la hipótesis de improcedencia explicada, ya que de acuerdo a los hechos histórico-procesales que bajo protesta de decir verdad en vía de antecedente vertió el solicitante del amparo en su libelo inicial de demanda, se advierte que la responsable emitió el proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado este órgano jurisdiccional al otorgar la suspensión definitiva a la parte quejosa en el juicio de amparo ***************. Entonces, con la crónica de antecedentes procesales del acto reclamado, se clarifica que la pretensión de la parte quejosa incide en un acto que fue dictado por la responsable, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído que concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo citado, de cuyo contenido se tiene que se instruyó al juzgador responsable a proveer en relación con las convivencias de los menores aquí quejosos con su progenitora. De ahí que se surta la segunda de las hipótesis de improcedencia que contempla el precepto a que se ha hecho referencia. Robustece lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a. CCLXXVI/2015, perteneciente a la décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Septiembre de 2015, página 307, con número de registro 2010008; que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia. Además, se reitera, con la anterior decisión no se deja en estado de indefensión al hoy quejoso, ya que la propia Ley de Amparo, establece una serie de cauces procesales para inconformarse con el cumplimiento dado a la suspensión concedida en el diverso juicio de amparo; pues, en todo caso, está en posibilidad de hacer valer en dicho juicio el incidente que prevé el artículo 206 de la Ley de Amparo, para inconformarse con el que aduce, es una actuación que incurre en defecto a acatar la suspensión definitiva, precepto en el que se dispone: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Así las cosas, por los motivos que han quedado expuestos, la demanda de amparo por cuanto hace al acto reclamado que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia a que se refieren las fracciones IX y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: b) La imposición de una medida de apremio consistente en una multa de 30 veces el factor Cálculo aplicable en el Estado Querétaro, en caso de no cumplir con el auto de catorce de diciembre del año en curso. Lo anterior por considerar que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo primero todos de la ley de amparo, este último interpretado en sentido contrario: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es procedente, contra actos de autoridad que violen derechos humanos y garantías de los gobernados, lo que se traduce en una conducta activa u omisiva de la autoridad que es contraria a las disposiciones constitucionales De ahí que los actos que se reclamen en la vía de amparo deben ser reales, actuales o inminentes para que con ellos se produzca una afectación en la esfera jurídica del quejoso, de lo contrario el juicio constitucional es improcedente, en razón que no existe daño que resarcir. Lo anterior se encuentra vinculado, con el principio constitucional de agravio personal y directo que rige en materia de amparo y que se deriva de la lectura del artículo 107 constitucional fracción I, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, los actos hipotéticos, consumados o futuros de realización incierta y aquellos que no afectan de manera directa la esfera jurídica del quejoso, no son susceptibles de ser impugnados en la vía de amparo. Ahora bien de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el apercibimiento con medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo, que no es un hecho inminente la ejecución del acto que reclama, toda vez que dicho acto es inciertos, y actualmente el mismo no existe al momento de la presentación de la demanda de amparo, siendo futura e incierta la existencia de tales actos; aunado a que dicha conducta de autoridad, la hacen depender de que dentro del plazo de tres días la parte demandada haga entrega de la menor. Por tanto, el acto reclamado en estudio, no constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón que la imposición de ésta, no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que la obligada cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, ya que no existe certeza de que se va a ejecutar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.I.L. J/14 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo Del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de Federación, enero 2016, página 2321, que establece: MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. En este orden de ideas, lo procedente es desechar la demanda que promueve ******************, por propio derecho y en representación de la menor *************************. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el despacho jurídico ubicado en la ************************************; y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a *********************, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos del diverso 24, párrafo segundo, de la citada Ley, a las restantes personas que indica, por no encontrarse registradas sus cédulas en el sistema mencionado. Ahora bien, toda vez que el quejoso señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar en forma personal el presente proveído y requerirlo, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio y persona en la residencia de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. El anterior requerimiento, se encuentra precisado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, de rubro y texto siguientes: PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 25 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que por "lugar del juzgado o tribunal" debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dichas autoridades y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentren. Por tanto, para que se actualice el mencionado requisito basta con que el promovente, al depositar su escrito correspondiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, se encuentre en una ciudad o Municipio distinto al del órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda que promueve Gonzalo Erasto Ruiz Ramírez, por derecho propio y en representación de Gretta Ruiz Lizárraga, contra los actos de la siguiente autoridad: 1. Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia, Querétaro. 2. Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia Querétaro. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 8/2017-V-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por el quejoso, consistentes en: a) El auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis del sumario 1276/2015 relativo al juicio de divorcio necesario promovido por Brenda Carolina Lizárraga Calvillo, mediante el cual se decretaron las convivencias provisionales los sábados de cada mes, en un horario de las 10:00 a las 12:00 horas, convivencias que tendrán verificativo en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de la Federación, y b) La imposición de una medida de apremio consistente en una multa de 30 veces el factor Cálculo aplicable en el Estado Querétaro, en caso de no cumplir con el auto de catorce de diciembre del año en curso. Lo anterior, por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeto a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, esto conforme a los artículos 199 fracción V, 210 y 211 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 199. En materia familiar pueden decretarse, antes de iniciarse el juicio o durante él, las siguientes medidas cautelares: . V. Un régimen de convivencias provisionales entre los menores con sus padres, hermanos y demás familiares, y las que aseguren su debido cumplimiento; . Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo. . De los enunciados normativos trascritos, se advierte que la inconformidad procede en la vía incidental en contra de una medida cautelar impuesta en el juicio. Supuesto que se da en el presente asunto, en razón que la autoridad responsable en acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emite una medida cautelar consistente las convivencias provisionales a realizarse con su menor hija. Lo anterior es una medida cautelar que puede ser modificado o revocada en la vía incidental de acuerdo a los numerales estudiados, por tanto, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo resulta improcedente. Al respecto resulta aplicable la tesis I.10o.C.15 C (10a.), emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1763, de rubro y texto: PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE EL MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO IDÓNEO PARA IMPUGNARLAS, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Es de explorado derecho que, en la generalidad de los casos, las medidas o providencias precautorias se decretan sin audiencia previa, esto es, sin que el órgano judicial que las ordena oiga previamente a la persona contra la cual van dirigidas, debido a la existencia de los presupuestos de cautela, urgencia y peligro en la demora, que justifican ampliamente que se altere la necesaria bilateralidad que debe presidir el dictado de toda resolución judicial ya que, en caso contrario, se prevendría al afectado con la correspondiente notificación de lo solicitado, lo que frustraría la finalidad urgente y cautelar de la medida. Lo anterior no quiere decir que la persona contra la cual se dirige la providencia o medida cautelar esté vinculada a soportar la ejecución de ésta sin la posibilidad de ejercer su legítimo derecho a defenderse u oponerse, pues ello contravendría el derecho fundamental respectivo, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así como reconoce y tutela el derecho de acción -como la cautelar, entre otras-, hace lo propio con el derecho a defenderse u oponerse al ejercicio de ese derecho público subjetivo. En ese sentido, a fin de no afectar el derecho constitucional de defensa en juicio, ni el principio de bilateralidad, que subyacen de lo dispuesto por el primer párrafo del referido artículo 17, lo adecuado y recomendable es que el propio ordenamiento que prevé la posibilidad de decretar una medida cautelar contemple, a la vez, un medio de defensa ordinario mediante el cual la persona contra la cual se dirige esté en aptitud de controvertirla y obtener su revocación o modificación, so pena que, de no ser así, el ordenamiento legal respectivo adolezca del vicio de inconstitucionalidad, al no establecer un mecanismo ordinario que tutele el derecho de defensa de la parte afectada por la providencia cautelar. En este contexto se sitúa el incidente de reclamación a que alude el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que constituye el medio de defensa garante del derecho del afectado a ser oído dentro del procedimiento en el cual se dictó la providencia respectiva, lo que supone, a la vez, la tutela de su derecho de defensa; esto, si se parte del hecho de que el trámite de dicha incidencia, según se advierte del artículo 88 del ordenamiento invocado, le permite postular una pretensión opositora a la providencia cautelar, ofrecer pruebas para demostrarla y alegar lo que a su derecho convenga, con lo cual, se satisface plenamente el derecho de acción y defensa tutelado por el citado artículo 17, aunado al hecho de que el medio de defensa en contra de una providencia precautoria debe estar estatuido por el propio ordenamiento que la contempla, pues es en éste donde debe materializarse la tutela ordinaria del derecho a defenderse de la providencia respectiva. Pensar en sentido diverso, esto es, que el incidente en cuestión no conforma el medio de defensa ordinario idóneo para controvertir una providencia precautoria, implicaría aceptar que ésta es impugnable a través de alguno de los recursos ordinarios establecidos por el ordenamiento legal en consulta, o bien, a través del juicio de amparo -sin necesidad de agotar recursos de manera previa-, lo que supondría, en ambos casos, establecer un límite al derecho de impugnación, si se parte del hecho de que, en ambos casos, la posibilidad de ofrecer pruebas se encuentra limitada. En los recursos ordinarios esto ocurre debido a su propia naturaleza, pues constituyen sólo una instancia revisora del actuar del Juez de primer grado y, en el caso del juicio de amparo, por disposición expresa de la ley de la materia, que en su artículo 75 establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, lo que limita, como lo señala el propio precepto, la facultad de las partes para ofrecer pruebas cuando no hayan sido rendidas ante la autoridad responsable. Aunque ciertamente el segundo párrafo del referido artículo 75 prevé la posibilidad de que las partes ofrezcan pruebas en amparo indirecto, cuando no hubieren tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; no obstante, en el caso, ello sí resulta factible para el quejoso, pues cuenta con el derecho a promover el mencionado incidente de inconformidad previsto para la tutela ordinaria de su derecho de defensa en contra de la providencia precautoria respectiva. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotada, en los juicios civiles aun cuando el acto sea considerado como de imposible reparación, sujetándolo a que el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos los siguientes: - Sea efectivo; - Idóneo; y, - Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la eficacia real del recurso o medio de defensa que prevé la ley. Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -inconformidad por la vía incidental- reúne dichos requisitos, pues éste es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito en la vía incidental al que se acompañará copia para el traslado de las partes. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin modificar el auto que respecto del cual se esta inconforme; es de plazo razonable, ya que su trámite se limita a una vista que se le da a la contraparte, el desahogo de pruebas, en caso de existir en el plazo de diez días, un día más para el ofrecimiento de alegatos y el juez dictará la interlocutoria en el plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo, según se expone en el artículo 211 del Código Civil del Estado de Querétaro. No es óbice que el recurso ordinario no prevea la suspensión del acto reclamado, ya que no es requisito de estudio en la fracción de improcedencia, lo anterior tomando en consideración que se trata de un acto de autoridad formal y materialmente jurisdiccional. Es aplicable a la anterior determinación, la tesis I.3o.C.25 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2055, marzo de 2013, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. Asimismo, en relación al acto señalado con el inciso a), se actualiza además la causa de improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: A) El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, B) El juicio de amparo no procede tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia se surte cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal materia de análisis, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de amparo, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. En la segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de amparo del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos y medios de defensa susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable- En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél; y por tanto, las que tiendan a ejecutar la medida cautelar dictada por el Juez de Amparo. Es aplicable al respecto la tesis número 182624, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83 del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Asimismo, conviene invocar la tesis II.2o.C.48 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1999, página 1235; con rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." Expuesto lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia señalada con antelación, conviene tener en cuenta las expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa en su capítulo de hechos que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de amparo, pues son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente; ello, en correlación con las constancias que exhibió en copia simple relativas a la suspensión definitiva dictada dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 770/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, de donde se desprende: a) El tres de agosto de dos mil quince, Brenda Carolina Lizárraga Calvillo solicitó como medida cautelar en materia familiar misma que quedó radicada bajo el expediente 1135/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Querétaro, decretándose entre otras la custodia provisional de los menores Gonzalo, Agatha y Gretta, de apellidos Ruiz Lizárraga. b) Posteriormente, el cuatro de septiembre de dos mil quince, Brenda Carolina Lizárraga Calvillo demandó del promovente del amparo, en la vía sumaria civil, el divorcio necesario, y la custodia de los menores Gonzalo, Agatha y Gretta, de apellidos Ruiz Lizárraga; c) Seguido el juicio en sus fases procesales, con fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis, el Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Querétaro, emitió resolución en la cual decreto la custodia provisional de los menores Gonzalo, Agatha y Gretta, de apellidos Ruiz Lizárraga, en favor de Brenda Carolina Lizarraga Calvillo. d) Contra el proveído antes citado, el quejoso promovió juicio de amparo en contra de dicha determinación, la cual quedó radicada con el juicio de amparo 770/2016. e) Con motivo del amparo en cita, dentro del incidente relativo, se concedió la suspensión definitiva, del acto reclamado para el efecto de que no se le prive de la custodia de su menor hija Gretta Ruiz Lizárraga. f) Así, el catorce de diciembre del año dos mil dieciséis, la autoridad señalada como responsable Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Querétaro, en cumplimiento a la medida cautelar concedida en el amparo 770/2016, dictó auto mediante el cual decretó para llevarse a acabo las convivencias provisionales los sábados de cada mes de 10:00 a las 12:00 horas, y condiciones bajo las cuales se desarrollarían las citadas convivencias, entre Brenda Carolina Lizarraga Calvillo y su menor hija Gretta Ruiz Lizárraga. Lo anterior así se desprende de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad del promovente del amparo en su escrito inicial, existe un juicio de amparo en el que en cumplimiento a la suspensión definitiva se dictó un auto en el que se decretaron las convivencias provisionales entre Brenda Carolina Lizarraga Calvillo y su menor hija Gretta Ruiz Lizárraga. Acto este último que constituye el acto reclamado. En ese sentido, vistos los antecedentes descritos, se desprende que en el índice de este órgano jurisdiccional, se encuentra radicado el juicio de amparo 770/2016, promovido por el ahora quejoso, en el cual se ordenó el dictado del proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, que constituye el auto reclamado. De lo anterior, es evidente que los actos que pretende reclamar en esta instancia constitucional corresponden a actuaciones que fueron dictadas en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado de Distrito con motivo del trámite del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 770/2016, lo cual, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones tomadas en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como se dijo, en el caso, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos dictados en cumplimiento a una resolución que deriva de un juicio de amparo, en el caso concreto, una determinación dictada en el incidente de suspensión deducido de aquél, que impone emitir un proveído con base en los lineamientos que al efecto fije el juzgador de amparo, en el caso, fijar las convivencias entre la madre y los menores vinculados a la Litis del juicio natural. La causal que se viene comentando, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con una determinada actuación y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión respecto al tópico, sino que debe emitir la resolución conforme a lo precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de lo ordenado por el juzgador federal en materia de amparo, no es susceptible de ser controvertida a través de un nuevo juicio de amparo. Pues bien, se estima actualizada la hipótesis de improcedencia explicada, ya que de acuerdo a los hechos histórico-procesales que bajo protesta de decir verdad en vía de antecedente vertió el solicitante del amparo en su libelo inicial de demanda, se advierte que la responsable emitió el proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado este órgano jurisdiccional al otorgar la suspensión definitiva a la parte quejosa en el juicio de amparo 770/2016. Entonces, con la crónica de antecedentes procesales del acto reclamado, se clarifica que la pretensión de la parte quejosa incide en un acto que fue dictado por la responsable, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído que concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo citado, de cuyo contenido se tiene que se instruyó al juzgador responsable a proveer en relación con las convivencias de los menores aquí quejosos con su progenitora. De ahí que se surta la segunda de las hipótesis de improcedencia que contempla el precepto a que se ha hecho referencia. Robustece lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a. CCLXXVI/2015, perteneciente a la décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Septiembre de 2015, página 307, con número de registro 2010008; que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia. Además, se reitera, con la anterior decisión no se deja en estado de indefensión al hoy quejoso, ya que la propia Ley de Amparo, establece una serie de cauces procesales para inconformarse con el cumplimiento dado a la suspensión concedida en el diverso juicio de amparo; pues, en todo caso, está en posibilidad de hacer valer en dicho juicio el incidente que prevé el artículo 206 de la Ley de Amparo, para inconformarse con el que aduce, es una actuación que incurre en defecto a acatar la suspensión definitiva, precepto en el que se dispone: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Así las cosas, por los motivos que han quedado expuestos, la demanda de amparo por cuanto hace al acto reclamado que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia a que se refieren las fracciones IX y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: b) La imposición de una medida de apremio consistente en una multa de 30 veces el factor Cálculo aplicable en el Estado Querétaro, en caso de no cumplir con el auto de catorce de diciembre del año en curso. Lo anterior por considerar que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo primero todos de la ley de amparo, este último interpretado en sentido contrario: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es procedente, contra actos de autoridad que violen derechos humanos y garantías de los gobernados, lo que se traduce en una conducta activa u omisiva de la autoridad que es contraria a las disposiciones constitucionales De ahí que los actos que se reclamen en la vía de amparo deben ser reales, actuales o inminentes para que con ellos se produzca una afectación en la esfera jurídica del quejoso, de lo contrario el juicio constitucional es improcedente, en razón que no existe daño que resarcir. Lo anterior se encuentra vinculado, con el principio constitucional de agravio personal y directo que rige en materia de amparo y que se deriva de la lectura del artículo 107 constitucional fracción I, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, los actos hipotéticos, consumados o futuros de realización incierta y aquellos que no afectan de manera directa la esfera jurídica del quejoso, no son susceptibles de ser impugnados en la vía de amparo. Ahora bien de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el apercibimiento con medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo, que no es un hecho inminente la ejecución del acto que reclama, toda vez que dicho acto es inciertos, y actualmente el mismo no existe al momento de la presentación de la demanda de amparo, siendo futura e incierta la existencia de tales actos; aunado a que dicha conducta de autoridad, la hacen depender de que dentro del plazo de tres días la parte demandada haga entrega de la menor. Por tanto, el acto reclamado en estudio, no constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón que la imposición de ésta, no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que la obligada cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, ya que no existe certeza de que se va a ejecutar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.I.L. J/14 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo Del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de Federación, enero 2016, página 2321, que establece: MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. En este orden de ideas, lo procedente es desechar la demanda que promueve Gonzalo Erasto Ruiz Ramirez, por propio derecho y en representación de la menor Gretta Ruiz Lizárraga. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el despacho jurídico ubicado en la calle Puebla, número 4, Colonia San José de los Olvera, del Municipio de Corregidora, Querétaro; y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a José Carmen Hurtado Maldonado, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos del diverso 24, párrafo segundo, de la citada Ley, a las restantes personas que indica, por no encontrarse registradas sus cédulas en el sistema mencionado. Ahora bien, toda vez que el quejoso señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar en forma personal el presente proveído y requerirlo, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio y persona en la residencia de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. El anterior requerimiento, se encuentra precisado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, de rubro y texto siguientes: PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 25 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que por "lugar del juzgado o tribunal" debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dichas autoridades y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentren. Por tanto, para que se actualice el mencionado requisito basta con que el promovente, al depositar su escrito correspondiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, se encuentre en una ciudad o Municipio distinto al del órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE:Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda que promueve******, contra los actos de la siguiente autoridad: Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia, Querétaro. Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia Querétaro. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 8/2017-V-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por el quejoso, consistentes en: a) El auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis del sumario 1276/2015 relativo al juicio de divorcio necesario promovido por****, mediante el cual se decretaron las convivencias provisionales los sábados de cada mes, en un horario de las 10:00 a las 12:00 horas, convivencias que tendrán verificativo en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de la Federación, y b) La imposición de una medida de apremio consistente en una multa de 30 veces el factor Cálculo aplicable en el Estado Querétaro, en caso de no cumplir con el auto de catorce de diciembre del año en curso. Lo anterior, por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis acto reclamado- sujeto a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, esto conforme a los artículos 199 fracción V, 210 y 211 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 199. En materia familiar pueden decretarse, antes de iniciarse el juicio o durante él, las siguientes medidas cautelares:. V. Un régimen de convivencias provisionales entre los menores con sus padres, hermanos y demás familiares, y las que aseguren su debido cumplimiento; . Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo. . De los enunciados normativos trascritos, se advierte que la inconformidad procede en la vía incidental en contra de una medida cautelar impuesta en el juicio. Supuesto que se da en el presente asunto, en razón que la autoridad responsable en acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emite una medida cautelar consistente las convivencias provisionales a realizarse con su menor hija. Lo anterior es una medida cautelar que puede ser modificado o revocada en la vía incidental de acuerdo a los numerales estudiados, por tanto, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo resulta improcedente. Al respecto resulta aplicable la tesis I.10o.C.15 C (10a.), emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1763, de rubro y texto: PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE EL MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO IDÓNEO PARA IMPUGNARLAS, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Es de explorado derecho que, en la generalidad de los casos, las medidas o providencias precautorias se decretan sin audiencia previa, esto es, sin que el órgano judicial que las ordena oiga previamente a la persona contra la cual van dirigidas, debido a la existencia de los presupuestos de cautela, urgencia y peligro en la demora, que justifican ampliamente que se altere la necesaria bilateralidad que debe presidir el dictado de toda resolución judicial ya que, en caso contrario, se prevendría al afectado con la correspondiente notificación de lo solicitado, lo que frustraría la finalidad urgente y cautelar de la medida. Lo anterior no quiere decir que la persona contra la cual se dirige la providencia o medida cautelar esté vinculada a soportar la ejecución de ésta sin la posibilidad de ejercer su legítimo derecho a defenderse u oponerse, pues ello contravendría el derecho fundamental respectivo, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así como reconoce y tutela el derecho de acción -como la cautelar, entre otras-, hace lo propio con el derecho a defenderse u oponerse al ejercicio de ese derecho público subjetivo. En ese sentido, a fin de no afectar el derecho constitucional de defensa en juicio, ni el principio de bilateralidad, que subyacen de lo dispuesto por el primer párrafo del referido artículo 17, lo adecuado y recomendable es que el propio ordenamiento que prevé la posibilidad de decretar una medida cautelar contemple, a la vez, un medio de defensa ordinario mediante el cual la persona contra la cual se dirige esté en aptitud de controvertirla y obtener su revocación o modificación, so pena que, de no ser así, el ordenamiento legal respectivo adolezca del vicio de inconstitucionalidad, al no establecer un mecanismo ordinario que tutele el derecho de defensa de la parte afectada por la providencia cautelar. En este contexto se sitúa el incidente de reclamación a que alude el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que constituye el medio de defensa garante del derecho del afectado a ser oído dentro del procedimiento en el cual se dictó la providencia respectiva, lo que supone, a la vez, la tutela de su derecho de defensa; esto, si se parte del hecho de que el trámite de dicha incidencia, según se advierte del artículo 88 del ordenamiento invocado, le permite postular una pretensión opositora a la providencia cautelar, ofrecer pruebas para demostrarla y alegar lo que a su derecho convenga, con lo cual, se satisface plenamente el derecho de acción y defensa tutelado por el citado artículo 17, aunado al hecho de que el medio de defensa en contra de una providencia precautoria debe estar estatuido por el propio ordenamiento que la contempla, pues es en éste donde debe materializarse la tutela ordinaria del derecho a defenderse de la providencia respectiva. Pensar en sentido diverso, esto es, que el incidente en cuestión no conforma el medio de defensa ordinario idóneo para controvertir una providencia precautoria, implicaría aceptar que ésta es impugnable a través de alguno de los recursos ordinarios establecidos por el ordenamiento legal en consulta, o bien, a través del juicio de amparo -sin necesidad de agotar recursos de manera previa-, lo que supondría, en ambos casos, establecer un límite al derecho de impugnación, si se parte del hecho de que, en ambos casos, la posibilidad de ofrecer pruebas se encuentra limitada. En los recursos ordinarios esto ocurre debido a su propia naturaleza, pues constituyen sólo una instancia revisora del actuar del Juez de primer grado y, en el caso del juicio de amparo, por disposición expresa de la ley de la materia, que en su artículo 75 establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, lo que limita, como lo señala el propio precepto, la facultad de las partes para ofrecer pruebas cuando no hayan sido rendidas ante la autoridad responsable. Aunque ciertamente el segundo párrafo del referido artículo 75 prevé la posibilidad de que las partes ofrezcan pruebas en amparo indirecto, cuando no hubieren tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; no obstante, en el caso, ello sí resulta factible para el quejoso, pues cuenta con el derecho a promover el mencionado incidente de inconformidad previsto para la tutela ordinaria de su derecho de defensa en contra de la providencia precautoria respectiva. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotada, en los juicios civiles aun cuando el acto sea considerado como de imposible reparación, sujetándolo a que el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos los siguientes: - Sea efectivo; - Idóneo; y, - Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la eficacia real del recurso o medio de defensa que prevé la ley. Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -inconformidad por la vía incidental- reúne dichos requisitos, pues éste es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito en la vía incidental al que se acompañará copia para el traslado de las partes. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin modificar el auto que respecto del cual se esta inconforme; es de plazo razonable, ya que su trámite se limita a una vista que se le da a la contraparte, el desahogo de pruebas, en caso de existir en el plazo de diez días, un día más para el ofrecimiento de alegatos y el juez dictará la interlocutoria en el plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo, según se expone en el artículo 211 del Código Civil del Estado de Querétaro. No es óbice que el recurso ordinario no prevea la suspensión del acto reclamado, ya que no es requisito de estudio en la fracción de improcedencia, lo anterior tomando en consideración que se trata de un acto de autoridad formal y materialmente jurisdiccional. Es aplicable a la anterior determinación, la tesis I.3o.C.25 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2055, marzo de 2013, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. Asimismo, en relación al acto señalado con el inciso a), se actualiza además la causa de improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: A) El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, B) El juicio de amparo no procede tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia se surte cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal materia de análisis, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de amparo, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. En la segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de amparo del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos y medios de defensa susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable- En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél; y por tanto, las que tiendan a ejecutar la medida cautelar dictada por el Juez de Amparo. Es aplicable al respecto la tesis número 182624, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83 del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Asimismo, conviene invocar la tesis II.2o.C.48 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1999, página 1235; con rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." Expuesto lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia señalada con antelación, conviene tener en cuenta las expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa en su capítulo de hechos que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de amparo, pues son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente; ello, en correlación con las constancias que exhibió en copia simple relativas a la suspensión definitiva dictada dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 770/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, de donde se desprende: a) El tres de agosto de dos mil quince, ****solicitó como medida cautelar en materia familiar misma que quedó radicada bajo el expediente 1135/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Querétaro, decretándose entre otras la custodia provisional de los menores **** b) Posteriormente, el cuatro de septiembre de dos mil quince, ***demandó del promovente del amparo, en la vía sumaria civil, el divorcio necesario, y la custodia de los menores *** c) Seguido el juicio en sus fases procesales, con fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis, el Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Querétaro, emitió resolución en la cual decreto la custodia provisional de los menores **** d) Contra el proveído antes citado, el quejoso promovió juicio de amparo en contra de dicha determinación, la cual quedó radicada con el juicio de amparo 770/2016. e) Con motivo del amparo en cita, dentro del incidente relativo, se concedió la suspensión definitiva, del acto reclamado para el efecto de que no se le prive de la custodia de su menor hija **** f) Así, el catorce de diciembre del año dos mil dieciséis, la autoridad señalada como responsable Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Querétaro, en cumplimiento a la medida cautelar concedida en el amparo 770/2016, dictó auto mediante el cual decretó para llevarse a acabo las convivencias provisionales los sábados de cada mes de 10:00 a las 12:00 horas, y condiciones bajo las cuales se desarrollarían las citadas convivencias, entre **** Lo anterior así se desprende de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad del promovente del amparo en su escrito inicial, existe un juicio de amparo en el que en cumplimiento a la suspensión definitiva se dictó un auto en el que se decretaron las convivencias provisionales entre *** Acto este último que constituye el acto reclamado. En ese sentido, vistos los antecedentes descritos, se desprende que en el índice de este órgano jurisdiccional, se encuentra radicado el juicio de amparo 770/2016, promovido por el ahora quejoso, en el cual se ordenó el dictado del proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, que constituye el auto reclamado. De lo anterior, es evidente que los actos que pretende reclamar en esta instancia constitucional corresponden a actuaciones que fueron dictadas en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado de Distrito con motivo del trámite del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 770/2016, lo cual, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones tomadas en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como se dijo, en el caso, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos dictados en cumplimiento a una resolución que deriva de un juicio de amparo, en el caso concreto, una determinación dictada en el incidente de suspensión deducido de aquél, que impone emitir un proveído con base en los lineamientos que al efecto fije el juzgador de amparo, en el caso, fijar las convivencias entre la madre y los menores vinculados a la Litis del juicio natural. La causal que se viene comentando, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con una determinada actuación y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión respecto al tópico, sino que debe emitir la resolución conforme a lo precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de lo ordenado por el juzgador federal en materia de amparo, no es susceptible de ser controvertida a través de un nuevo juicio de amparo. Pues bien, se estima actualizada la hipótesis de improcedencia explicada, ya que de acuerdo a los hechos histórico-procesales que bajo protesta de decir verdad en vía de antecedente vertió el solicitante del amparo en su libelo inicial de demanda, se advierte que la responsable emitió el proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado este órgano jurisdiccional al otorgar la suspensión definitiva a la parte quejosa en el juicio de amparo 770/2016. Entonces, con la crónica de antecedentes procesales del acto reclamado, se clarifica que la pretensión de la parte quejosa incide en un acto que fue dictado por la responsable, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído que concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo citado, de cuyo contenido se tiene que se instruyó al juzgador responsable a proveer en relación con las convivencias de los menores aquí quejosos con su progenitora. De ahí que se surta la segunda de las hipótesis de improcedencia que contempla el precepto a que se ha hecho referencia. Robustece lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a. CCLXXVI/2015, perteneciente a la décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Septiembre de 2015, página 307, con número de registro 2010008; que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia. Además, se reitera, con la anterior decisión no se deja en estado de indefensión al hoy quejoso, ya que la propia Ley de Amparo, establece una serie de cauces procesales para inconformarse con el cumplimiento dado a la suspensión concedida en el diverso juicio de amparo; pues, en todo caso, está en posibilidad de hacer valer en dicho juicio el incidente que prevé el artículo 206 de la Ley de Amparo, para inconformarse con el que aduce, es una actuación que incurre en defecto a acatar la suspensión definitiva, precepto en el que se dispone: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Así las cosas, por los motivos que han quedado expuestos, la demanda de amparo por cuanto hace al acto reclamado que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia a que se refieren las fracciones IX y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: b) La imposición de una medida de apremio consistente en una multa de 30 veces el factor Cálculo aplicable en el Estado Querétaro, en caso de no cumplir con el auto de catorce de diciembre del año en curso. Lo anterior por considerar que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo primero todos de la ley de amparo, este último interpretado en sentido contrario: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es procedente, contra actos de autoridad que violen derechos humanos y garantías de los gobernados, lo que se traduce en una conducta activa u omisiva de la autoridad que es contraria a las disposiciones constitucionales De ahí que los actos que se reclamen en la vía de amparo deben ser reales, actuales o inminentes para que con ellos se produzca una afectación en la esfera jurídica del quejoso, de lo contrario el juicio constitucional es improcedente, en razón que no existe daño que resarcir. Lo anterior se encuentra vinculado, con el principio constitucional de agravio personal y directo que rige en materia de amparo y que se deriva de la lectura del artículo 107 constitucional fracción I, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, los actos hipotéticos, consumados o futuros de realización incierta y aquellos que no afectan de manera directa la esfera jurídica del quejoso, no son susceptibles de ser impugnados en la vía de amparo. Ahora bien de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el apercibimiento con medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo, que no es un hecho inminente la ejecución del acto que reclama, toda vez que dicho acto es inciertos, y actualmente el mismo no existe al momento de la presentación de la demanda de amparo, siendo futura e incierta la existencia de tales actos; aunado a que dicha conducta de autoridad, la hacen depender de que dentro del plazo de tres días la parte demandada haga entrega de la menor. Por tanto, el acto reclamado en estudio, no constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón que la imposición de ésta, no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que la obligada cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, ya que no existe certeza de que se va a ejecutar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.I.L. J/14 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo Del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de Federación, enero 2016, página 2321, que establece: MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. En este orden de ideas, lo procedente es desechar la demanda que promueve ***** DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el despacho jurídico ubicado en la *****y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a *****toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos del diverso 24, párrafo segundo, de la citada Ley, a las restantes personas que indica, por no encontrarse registradas sus cédulas en el sistema mencionado. Ahora bien, toda vez que el quejoso señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar en forma personal el presente proveído y requerirlo, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio y persona en la residencia de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. El anterior requerimiento, se encuentra precisado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, de rubro y texto siguientes: PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 25 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que por "lugar del juzgado o tribunal" debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dichas autoridades y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentren. Por tanto, para que se actualice el mencionado requisito basta con que el promovente, al depositar su escrito correspondiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, se encuentre en una ciudad o Municipio distinto al del órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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