Gonzalo Elías Flores Tecalco

Expediente 10/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
10/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Gonzalo Elías Flores Tecalco

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido electrónicamente por el secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Acusa recibo del diverso 161/2023-I por el que se remitió el expediente original del juicio de amparo 10/2023-I de este índice. Asimismo, se advierte por acuerdo de veintisiete de enero pasado, el órgano de su adscripción aceptó la competencia declinada en su favor y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gonzalo Elías Flores Tecalco. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese este expediente como asunto concluido. DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran seis meses- por tratarse de un cuaderno de antecedentes (auxiliar) y carecer de relevancia documental. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el ocurso signado por Gonzalo Elías Flores Tecalco -parte quejosa en este asunto-. Cumple la prevención que se realizó el seis de enero del año en curso. INCOMPETENCIA La parte quejosa en su ocurso aclaratorio de cuenta, especificó: El lugar de la adscripción donde se desempeña como Cabo oficinista y constituye el sitio donde ha de llevarse a cabo la baja del servicio activo con motivo de los actos reclamados, es en la Dirección General de Administración a la que me encontraba adscrito, es Avenida Industria Militar esq. Boulevard Manuel Ávila Camacho, S/N colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200. Sobre el particular, el artículo 37 de la Ley de Amparo, revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función del lugar de ejecución del acto reclamado. En cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, como enseguida se verá. De la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa, señala como actos reclamados: a) Del Secretario de la Defensa Nacional. - El acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós que determina su retiro por incapacidad con derecho a compensación. Causando baja del servicio activo el quince de diciembre de dos mil veintidós. El cual aduce le fue notificado el catorce de diciembre de esa anualidad. Así como las consecuencias legales de dicha resolución. Como lo es la privación de la atención médica y los tratamientos necesarios para los padecimientos que tiene actualmente, entre ellos VIH. b) Del Director General de Justicia Militar. - El procedimiento administrativo en el que emitió la declaración provisional de retiro del aquí quejoso por padecer Trastorno de adaptación con alteración de las emociones y disóciales mixtas, que culminó con la resolución del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. En la cual comunica que se coloca al impetrante en una situación de retiro por incapacidad en actos fuera del servicio con derecho a compensación. Aduce no se le notificó la determinación definitiva. Del c) Congreso de la Unión (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados); d) Presidente de la República; y e) Secretario de Gobernación, respectivamente: - La expedición, sanción, iniciación, promulgación, publicación, ejecución, refrendo, firma y publicación del Decreto por el que se crea la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por contener disposiciones que son discriminatorias del ser humano en relación con sus condiciones de salud. Lo que hace nugatorio el derecho a la libre ocupación. Específicamente por cuanto hace al artículo 226, segunda categoría, inciso 32, de la tabla ahí referida. Ahora, de los antecedentes que conforman la demanda de amparo se advierten los siguientes: - Causó alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el dieciséis de abril de dos mil siete, como soldado de transmisiones. Tuvo varias deserciones. Como último grado ocupó de cabo oficinista. Con adscripción a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Ciudad de México. - El catorce de diciembre de dos mil nueve, fue diagnosticado con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). - El catorce de diciembre de dos mil veintidós, recibió copia certificada del acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y oficio SRH.-11576/RDC/RETS de esa misma fecha. Por los cuales se le comunica su baja del servicio activo [adscrito a la Dirección General de Administración en Avenida Industria Militar esq. Boulevard Manuel Ávila Camacho, S/N colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200] por incapacidad en actos fuera del servicio con derecho a compensación. Con base en lo anterior, se aprecia que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa. Como puede apreciarse, de la narrativa de su ocurso aclaratorio, se trata de actos que tuvieron o pudieran tener ejecución material dentro de la circunscripción territorial de Ciudad de México. No se evidencian hechos que sucedan dentro del distrito judicial de este juzgado. Por ende, se estima debe conocer del presente asunto un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Primer Circuito, en turno, con residencia en Ciudad de México. Máxime la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 38, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 44, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Primera Sección- Competencia para conocer del juicio de amparo, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, registro 1002104, de rubro y texto: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia 92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 110, del Tomo VII. Conflictos Competenciales Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Común, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, Novena Época, registro 1011077, que a la letra dice: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. Consecuentemente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto. Y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; así como el numeral Cuarto, fracción I, párrafo primero del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se estima competente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Primer Circuito, en turno, con residencia en Ciudad de México, quien desde luego se encuentra en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia. Asimismo, con copia del escrito de demanda relativo y anexos, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de enero de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Gonzalo Elías Flores Tecalco, contra actos del 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 10/2023-I que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo. Específicamente el artículo 114. El dispositivo mencionado otorga la facultad de prevenir al promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda cuando incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan. Para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Por su parte, el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)" Como se advierte del artículo mencionado, es obligación del gobernado manifestar bajo la citada protesta, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de ese acto o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. La finalidad es reunir los requisitos que establece el precepto invocado. Así, se previene a la parte quejosa para que cumpla con lo que más adelante se precisará. Tendrá para hacerlo el término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Sus manifestaciones deberán ser bajo protesta de decir verdad. Deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, y las jurisprudencias que a continuación, por identidad jurídica se citan: 730, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA."; y 731, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.", emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 810 y 811, respectivamente del Apéndice 1917, Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Novena Época, Registros 1002795 y 1002797. De la lectura integral de la demanda de amparo se observa la parte quejosa señala como actos reclamados: a) Del Secretario de la Defensa Nacional. -El acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós que determina su retiro por incapacidad con derecho a compensación. Causando baja del servicio activo el quince de diciembre de dos mil veintidós. El cual aduce le fue notificado el catorce de diciembre de esa anualidad. Así como las consecuencias legales de dicha resolución. Como lo es la privación de la atención médica y los tratamientos necesarios para los padecimientos que tiene actualmente, entre ellos VIH. b) Del Director General de Justicia Militar. -El procedimiento administrativo en el que emitió la declaración provisional de retiro del aquí quejoso por padecer Trastorno de adaptación con alteración de las emociones y disóciales mixtas, que culminó con la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. En la cual comunica que se coloca al impetrante en una situación de retiro por incapacidad en actos fuera del servicio con derecho a compensación. Aduce no se le notificó la determinación definitiva. Del c) Congreso de la Unión (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados); d) Presidente de la República; y e) Secretario de Gobernación, respectivamente: -La expedición, sanción, iniciación, promulgación, publicación, ejecución, refrendo, firma y publicación del Decreto por el que se crea la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por contener disposiciones que son discriminatorias del ser humano en relación con sus condiciones de salud. Lo que hace nugatorio el derecho a la libre ocupación. Específicamente por cuanto hace al artículo 226, segunda categoría, inciso 32, de la tabla ahí referida. En el capítulo de antecedentes -formulados bajo protesta de decir verdad- refiere, en lo destacado: -Causó alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el dieciséis de abril de dos mil siete, como soldado de transmisiones. Tuvo varias deserciones. Como último grado cabo oficinista. Con adscripción a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. -El catorce de diciembre de dos mil nueve, fue diagnosticado con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). -El catorce de diciembre de dos mil veintidós, recibió copia certificada del acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y oficio SRH.-11576/RDC/RETS de esa misma fecha. Por los cuales se le comunica su baja del servicio activo por incapacidad en actos fuera del servicio con derecho a compensación. De la narrativa anterior y escrito de demanda se desprende, como se vio, solo refiere tiene como último grado el rango de Cabo Oficinista. Con adscripción a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, es omiso en indicar la residencia de la corporación (área y domicilio de adscripción) donde ha prestado sus servicios. Lo que debe precisar por constituir un antecedente relevante de su reclamo. Además, es ahí donde se producen materialmente los efectos de su principal dolencia constitucional (acuerdo que ordena su baja del servicio activo). En ese tenor, a fin de proveer conforme a derecho la demanda de amparo y cumplir los requisitos del artículo 108, fracción V, de la ley de la materia, es necesario prevenir al impetrante para que, bajo protesta de decir verdad, precise lo siguiente: ÚNICO. El lugar (residencia) de la adscripción donde se desempeña como Cabo Oficinista y constituye el sitio en el cual debe llevarse a cabo la baja del servicio activo con motivo de los actos reclamados. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la legislación de la materia. Hágase del conocimiento a la parte impetrante de derechos humanos que deberá conducirse con verdad. Habida cuenta que afirmar hechos falsos u omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo. Además, que el desahogo a la prevención efectuada únicamente podrá realizarlo quien promueve la demanda, por constituir un acto de carácter personalísimo, de conformidad con el artículo 108, fracción II de la ley de la materia. Lo que implícitamente conlleva que únicamente éste puede formular dicha protesta. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita el acceso al juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "********************". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que, conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como lugar para recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" y con el usuario proporcionado, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. AUTORIZADOS. Conforme la certificación de cuenta, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************,********************,******************** y********************. A ********************,********************, ******************** y ********************, se les autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Que, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De forma electrónica a la parte quejosa.

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