Gonzalo Demetrio Torres Perez

Expediente 1524/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1524/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Gonzalo Demetrio Torres Perez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el escrito de Sihirley Guadalupe Avilés Rejón autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la ley de Amparo, mediante el cual solicita que se le devuelvan los documentos que exhibió en su demanda inicial de amparo, en consecuencia de lo anterior, al no existir inconveniente legal alguno, devuélvanse los documentos que alude una vez que exhiba las copias de los mismos, previo recibo y certificación que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos el escrito y anexo remitidos por el quejoso Rodolfo Roldan, mediante el cual se advierte que realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito de veintiséis de noviembre del presente año. Ahora bien, a fin de acordar lo que en derecho corresponda respecto del contenido del referido ocurso se estima necesario precisar la pretensión del ocursante a fin de acordar lo conducente; para tal efecto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, prevéngase al ocursante a fin de que, en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, aclare si su intención es la de tramitar el recurso de inconformidad o únicamente realizar las manifestaciones y solicitudes contenidas en su ocurso a fin de que este juzgador se pronuncie sin tramitar el recurso ya indicado. Bajo el entendido de que, en caso de instar el recurso de inconformidad, deberá ajustar su pretensión a lo dispuesto en el capítulo correspondiente que provee la Ley de Amparo, por lo que deberá acompañar las copias del escrito respectivo para correr traslado a cada una de las demás partes. Se apercibe a la pare quejosa de que, en caso de no cumplir con lo anterior en el término precisado, se acordará lo relativo a su escrito considerando que su intención no es la de tramitar recurso alguno.

  3. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el escrito suscrito por el quejoso GONZALO DEMETRIO TORRES PEREZ, con cinco copias del mismo y sin anexo, mediante los cuales cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de fecha cuatro de noviembre del año en curso; asimismo, doy nueva cuenta con la demanda promovida por el citado quejoso Torres Pérez, con cinco copias de la misma y seis anexos; por ende, déjese sin efecto legal el apercibimiento decretado en dicho auto. Ahora bien, y toda vez de la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio promovido por el quejoso GONZALO DEMETRIO TORRES PEREZ, contra actos que reclama del Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas I.S.S.F.A.M con sede en la ciudad de México y de otra autoridad; se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En efecto, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto que el peticionario de amparo reclama del Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas I.S.S.F.A.M con sede en la ciudad de México y de otra autoridad, consiste en la emisión del oficio número DFSSM/0633 de fecha cuatro de mayo de dos mil diecinueve, signado por la Subdirectora de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas I.S.S.F.A.M con sede en la ciudad de México, mediante el cual se le informó la negativa del pago del seguro colectivo de retiro SECORE, en virtud, de que dicho beneficio había prescrito y la ejecución de la misma. En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia previstas por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el solicitante del amparo debió agotar previamente el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que a través de esa vía jurisdiccional el acto combatido podrá dilucidarse a través de un juicio contradictorio, en el que pueda modificar, anular o revocar el acto que reclama. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Del citado artículo se desprende que la demanda de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Por su parte, el artículo 3, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración". En términos del numeral citado, se establece la procedencia a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de actos administrativos que se dicten en materia de pensiones, que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Con base en lo anterior, conviene puntualizar algunos antecedentes del acto reclamado, de conformidad con las constancias que anexó a su demanda de amparo, de las cuales se advierte lo siguiente: La copia de su tarjeta de filiación al ISSFAM con fotografía en la cual acredita que prestó sus servicios como Subteniente Asistente de Enfermería del Ejército Mexicano. Solicitud de pago del seguro colectivo "SECORE" fecha veintisiete de abril de dos mi dieciocho suscrito por la parte quejosa y dirigida al Comandante de la X Región Militar de la Plaza de Mérida, Yucatán, con sello de recibido ante dicha autoridad militar en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Copia del oficio número DFSSM/0633 de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho signada por el Jefe del Estado Mayor y Delegado Foráneo de seguridad Social Militar de la X Región Militar de la Plaza de Mérida, Yucatán, y dirigida al Director General del ISSFAM de la plaza de la ciudad de México, por medio del cual la parte quejosa le envío su solicitud de pago de fondo de la vivienda militar "FOVIMI" y de seguro colectivo de retiro "SECORE". Copia del acuerdo número 42127 de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho signada por el Secretario de la Defensa Nacional, por medio del cual se le comunica la baja del quejoso del seguro activo y alta en situación de retiro con la suma de derechos adquiridos. Copia del oficio número S.A.-RET-0872 de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho girado por la Dirección General de Sanidad Sección Administración dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, y, Copia del oficio número DFSSM/0633 de fecha cuatro de mayo de dos mil diecinueve, signado por la Subdirectora de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas I.S.S.F.A.M con sede en la ciudad de México, mediante el cual se le informó la negativa del pago del seguro colectivo de retiro SECORE, en virtud, de que dicho beneficio había prescrito. De conformidad con todo lo anterior, el acto del cual se duele la parte quejosa, consiste en la emisión del oficio número DFSSM/0633 de fecha cuatro de mayo de dos mil diecinueve, signado por la Subdirectora de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas I.S.S.F.A.M con sede en la ciudad de México, mediante el cual se le informó la negativa del pago del seguro colectivo de retiro SECORE, en virtud, de que dicho beneficio había prescrito y la ejecución de la misma. Lo que revela que, el quejoso pretende acceder a un fondo creado como beneficio adicional al que le otorga la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con motivo de su retiro, por lo que, se está ante la hipótesis prevista por el artículo 3, fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por ende, debe ser dilucidado a través del juicio de nulidad, de ahí que se estima que el referido acto de autoridad, previamente a que la parte quejosa lo reclame en la instancia constitucional, debió combatirlo a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de un juicio contradictorio. Es así, pues si bien el artículo 3°, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no prevé expresamente lo concerniente a la competencia para conocer -entre otras- de la negativa de las prestaciones relacionadas con pensiones y otras prestaciones a los miembros del Ejército Mexicano, con cargo a los Estados, no menos verdad lo es que, de conformidad con el artículo acabado de citar es competente para conocer de las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal. Lo que revela que ante la falta de disposición legal que otorgue a alguna autoridad facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, por afinidad, se estima que es legalmente competente para conocer de la emisión del oficio número DFSSM/0633 de fecha cuatro de mayo de dos mil diecinueve, signado por la Subdirectora de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas I.S.S.F.A.M con sede en la ciudad de México, mediante el cual se le informó la negativa del pago del seguro colectivo de retiro SECORE, en virtud, de que dicho beneficio había prescrito y la ejecución de la misma, cuya naturaleza se equipara a otras prestaciones, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la Tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 804, Décima Época, registro: 2008167, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA EN LA QUE UN POLICÍA FEDERAL RECLAMA EL RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO Y EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuerpos de seguridad, entre otros, quedan excluidos del régimen tutelar de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque éstos se rigen por sus propias leyes, por lo que dichos servidores públicos quedan vinculados con el Estado mediante una relación de naturaleza administrativa. Por otro lado, la Ley de la Policía Federal y su reglamento son omisos en señalar qué órgano debe conocer de la demanda promovida por uno de los miembros de ese cuerpo de seguridad en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo del reconocimiento de un riesgo de trabajo y el pago de la pensión correspondiente; en tal virtud, ante la falta de disposición legal que otorgue a alguna autoridad facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, la competencia para conocer del reclamo corresponde, por afinidad, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". (Lo resaltado es propio de este Juzgado) De igual manera, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1661, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, registro: 2017484, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, "CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADOS ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESOS CONTRATOS CORRESPONDE A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. El artículo 3, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé que éste conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos originados por fallos en licitaciones públicas y por la interpretación y cumplimiento de: contratos públicos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del Tribunal. Ahora bien, el texto legal analizado no distingue entre contratos celebrados por un ente de la administración pública federal y un particular y los celebrados entre entidades de la administración pública federal, para que en caso de controversia sobre su interpretación y cumplimiento se sometan a la potestad del Tribunal referido. Por tanto, en ambos casos la materia del juicio contencioso es la interpretación y el cumplimiento del contrato celebrado entre dependencias y entidades, entre dos (o más) entidades o entre dos (o más) dependencias, pues el precepto mencionado no excluye esa hipótesis. Entonces, si la acción ejercida por un organismo descentralizado tiene como propósito el pago derivado de un incumplimiento a un contrato de obra pública, que es de naturaleza administrativa, aunque en su suscripción participen dos entidades de la administración pública federal, la competencia para conocer de ese tipo de controversias corresponde, por afinidad, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin que para ello deba atenderse a que la relación jurídica sustancial entre las partes surgió en un plano de coordinación o de igualdad al contratar y donde las obligaciones, derechos y prestaciones recíprocas no derivaron de un procedimiento previo de licitación, invitación o adjudicación directa, que son propios de la contratación con un particular, porque lo relevante es que el objeto del contrato es una obra pública para satisfacer una necesidad colectiva que corresponde a un interés público. Además, por mayor afinidad del contrato de obra pública con la materia administrativa, la acción de su rescisión o cumplimiento debe corresponder a la competencia del órgano jurisdiccional por razón de la materia y debe fincarse en el Tribunal indicado por razón de la naturaleza del contrato y de su facultad de conocer de juicios que versen sobre su interpretación y cumplimiento". También, por contenido jurídico, en lo conducente, se cita la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1731, Novena Época, Tomo XXI, Enero de 2005, registro: 179648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de la normatividad que regula el programa de separación voluntaria en la administración pública federal, debe considerarse competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aunque el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no señale expresamente dicho supuesto, pues el mencionado tribunal constituye el órgano jurisdiccional más afín para conocer y resolver este tipo de conflictos, ya que se le ha dotado de facultades, entre otras, la de resolver en materia de pensiones, tales como las civiles y las de los miembros de los cuerpos armados, ambas con cargo al erario federal, como lo dispone el citado artículo 11, fracciones V y VI, de su ley orgánica; prestaciones que guardan cierta analogía con la que deriva del referido programa, ya que tanto estas pensiones como la del retiro voluntario en cuestión, no están consignadas en las leyes laborales, sino que emanan de disposiciones de diversa naturaleza, con cargo al erario federal y son prestaciones que se otorgan con motivo del puesto desempeñado por los reclamantes". (Lo subrayado es propio) Pues inclusive tal negativa (el cual constituye el acto reclamado), se sustentó en la interpretación de una Ley Federal, en concreto, del artículo 94 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y la interpretación y aplicación de leyes federales en casos en que no exista concurrencia, corresponde a los Tribunales Federales, en este caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En efecto, los artículos 104, fracción II, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen que: "Art. 104.- Los Tribunales de la Federación conocerán: II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común". "Art. 124.- Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias". Del estudio relacionado del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone sobre la aplicación de leyes federales, con el artículo 124 de la misma Carta Magna, en cuyo texto se señala que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se tienen reservadas a las de los Estados, debe entenderse que los tribunales locales, cada órgano jurisdiccional de acuerdo a su naturaleza y ámbito de competencia aplicará e interpretará Leyes locales -Tribunales Locales- o Leyes Federales -Tribunales Federales- y solo en tratándose de competencia concurrente prevista en la fracción II, del artículo 104 Constitucional, los Tribunales locales pueden aplicar e interpretar normas federales. Lo anterior pone de manifiesto que si la emisión del oficio número DFSSM/0633 de fecha cuatro de mayo de dos mil diecinueve, signado por la Subdirectora de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas I.S.S.F.A.M con sede en la ciudad de México, mediante el cual se le informó la negativa del pago del seguro colectivo de retiro SECORE, en virtud, de que dicho beneficio había prescrito y la ejecución de la misma, quien debe conocer por afinidad y al no haber competencia concurrente, lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Asimismo, dado que la Ley que prevé el medio de defensa aludido, no contiene mayores requisitos, para conceder la suspensión, ni menores alcances o plazos más largos que los previstos en la Ley de Amparo. En efecto, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la suspensión de los efectos de los actos reclamados en términos del artículo 28, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 128, de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión de los actos reclamados. Como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. (DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. (REFORMADA, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". Como se ve de lo anterior, las reglas a que se sujeta la concesión de la suspensión del acto reclamado en la Legislación ordinaria y en la Ley de Amparo, son, a saber: Se requiere petición de parte; Que no se signa perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Que los daños o perjuicios que se llegaren a ocasionar al solicitante con la ejecución del acto impugnada sean de difícil reparación. Además, en ambas legislaciones se prevé la constitución de garantía para caucionar daños o perjuicios a terceros que pudieran causarse con la suspensión del acto reclamado, para el caso de que el peticionante de la medida cautelar no obtuviera sentencia favorable, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Por otro lado, tampoco establece plazos más largos para que la autoridad se pronuncie sobre la suspensión, pues se establece que: "c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud"; mientras que la Ley de Amparo, en sus artículos 112 y 115 párrafo primero, señala que presentada la demanda, dentro de las veinticuatro horas deberá determinar si se admite, desecha o previene, y en su caso, se dará tramite al incidente de suspensión; además el artículo 128 de la Ley reglamentaria citada, establece los requisitos a que se sujeta la concesión de la suspensión del acto reclamado a petición de parte, a saber: a) Se requiere petición de parte; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) Que los daños o perjuicios que se llegaren a ocasionar al solicitante con la ejecución del acto impugnada sean de difícil reparación. Ilustra lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J.19/2015 (10a.), consultable con el registro 2008807 y en la página 783 del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Administrativa, Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Consecuentemente, la parte promovente se encuentra obligada a agotar el juicio de nulidad, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues aquel medio de defensa no prevé mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, máxime que tiene por efecto nulificar los actos emitidos por autoridades administrativas en materia de pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, de conformidad con el artículo 3, fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tampoco se advierte que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, ni que alegue violaciones a los derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal, ni los hechos narrados revelan transgresión directa a la Carta Magna. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." No está demás recordar que la autoridad administrativa, sostuvo que no resultaba acreedor a tal beneficio, en virtud de que ya había prescrito su derecho ya que en términos del artículo 94 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, establece que el derecho de reclamar el seguro colectivo de retiro o la devolución de aportaciones prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que cause baja del activo y alta en situación de retiro, por lo que el militar en mención no era acreedor a dicho beneficio. Revela que lo que pretende a través de la acción de amparo, en realidad debe ventilarse a través de un juicio contradictorio, y de concluir de ser el caso, en amparo directo, pues de lo contrario, como se establece en la jurisprudencia acabada de invocar: ".si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla.." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR GONZALO DEMETRIO TORRES PEREZ, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil diecinueve.

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