Gonzalo Cortez Meza y Otros.
Expediente 539/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/07/2021
Partes del expediente
- Gonzalo Cortez Meza y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueven José Luis Martínez Portillo, Luis Enrique Medina Aguilar, Oscar Miguel Castro Ramos y Gonzalo Cortes Meza, contra de actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social "Hongo III" y otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 1, 4 y 18 constitucionales; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 539/2021-IV registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera «manifiesta» e «indudable» la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]." (Énfasis añadido). Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley. En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia «manifiesto» e «indudable», es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro e la lectura del escrito de demanda, o bien, aclaratorio de la misma. Además, que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Con base en las premisas expuestas con anterioridad, el suscrito estima, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos José Luis Martínez Portillo, Luis Enrique Medina Aguilar, Oscar Miguel Castro Ramos y Gonzalo Cortes Meza, instan la acción constitucional respecto de cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin agotar previamente el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual una persona privada de su libertad, puede reclamar cuestiones relacionadas a la ejecución de la pena de prisión que compurga. En ese contexto, se destaca que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, por regla general, previo a instar la acción constitucional el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, so pena de generar una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa. Sin que el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación altere de forma alguna las exigencias de procedencia establecidas; por lo cual, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley ordinaria y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentran previstos en la ley que rige el procedimiento de ejecución al que se encuentra sujeto, los cuales pueden tener el efecto de producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se traducen en el tercero extraño a juicio y los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ahora, en el presente asunto, los peticionarios del amparo José Luis Martínez Portillo, Luis Enrique Medina Aguilar, Oscar Miguel Castro Ramos y Gonzalo Cortes Meza, instan la acción constitucional, quienes se encuentran recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo III", con sede en Tecate, Baja California, refieren como acto reclamado la falta de atención médica general por parte de las autoridades señaladas como responsables, la cual refieren no se les ha brindado; sin embargo, al efectuar un análisis del escrito inicial de demanda, no se advierte que los peticionarios hayan elevado peticiones en el mismo sentido, ante el Juez de Ejecución; por tanto, se materializa la causa de improcedencia contemplada en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que los promoventes del amparo no agotaron los mecanismos de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino que acudieron directamente a esta instancia judicial. Al respecto, los artículos 107 al 115, de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." e la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: ? Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. ? Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. ? Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. ? La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. ? Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. ? En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. ? Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. ? La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. ? El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. ? Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. ? Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. ? De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. ? La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. ? Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. ? En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. ? Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. ? Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I y 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: "Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas". Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: ? Los jueces de ejecución conocen controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. ? Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, en atención a la naturaleza del acto reclamado, se estima que los quejosos, previo a promover demanda de amparo, debieron presentar la petición de atención médica ante la autoridad penitenciaria ante la cual se encuentran internos, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición, acudir ante el Juez de Control o Ejecución, toda vez que el acto reclamado (falta de atención médica general), se trata de una cuestión inherente a las condiciones de su internamiento, pues los acontecimientos de hecho y de derecho que se suscitan durante la reclusión, forman parte del procedimiento de ejecución, que es de naturaleza formalmente jurisdiccional. Es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional, en el entendido que sólo en el caso de que agotado el trámite, la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos; entonces podrá acudir al juicio de amparo. Así, es factible establecer que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla la posibilidad de que las personas privadas de la libertad o aquéllas legitimadas puedan plantear peticiones ante la autoridad penitenciaria, en relación con hechos, actos u omisiones, vinculados con las condiciones de internamiento; o bien, ante el Juez de Ejecución, cuando se trate de casos urgentes, ello pone de manifiesto que es obligación de la persona sujeta a internamiento agotar dicho procedimiento, pues además, cuando se trata de casos urgentes, con la interposición de tal medio de impugnación se prevé la suspensión del acto combatido, sin prever mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para la suspensión de los actos reclamados, al contemplarse que tal medida cautelar opera de oficio y de inmediato de conformidad con el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tanto que, si se trata de un planteamiento que no tenga esa calidad de urgente, como sucede por ejemplo, con una petición de atención médica no prioritaria o apremiante y en general todas aquéllas cuestiones que a pesar de no atenderse de inmediato, su subsistencia no deja sin materia la petición de que se trate, la legislación en estudio prevé que la solicitudes respectivas deberán plantearse ante el Director del centro para su atención y tramitación, quien tendrá la obligación de resolver lo conducente dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición, para lo cual deberá notificar lo correspondiente al peticionario, en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución; asimismo, en caso de que no se resuelva conforme a los intereses del promovente, el interno tiene la posibilidad de formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; inclusive, que si la petición no fuera resuelta dentro del término legal, el gestionante estará en aptitud de acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, lo cual deberá ser resuelto en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En tal virtud, se reitera que los quejosos debieron agotar el procedimiento a que aluden los diversos preceptos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues conforme a ellos las autoridades penitenciarias tienen el deber de atender todas aquellas cuestiones relativas al internamiento; pues, incluso, si el caso llega a ser considerado como urgente, el Juez de Ejecución Penal podría aplicar las medidas pertinentes para hacer cesar sus efectos, sin mayores requisitos que los que se establecen en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión. Cabe señalar que, en el caso no se surten las diversas excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 invocado, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución, ni que el acto carezca de fundamentación. En esa tesitura, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo planteada por los quejosos José Luis Martínez Portillo, Luis Enrique Medina Aguilar, Oscar Miguel Castro Ramos y Gonzalo Cortes Meza. Se invoca como apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" Asimismo, se invoca la tesis III.2º.P.135 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 3318, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". 3. Domicilio y autorizado. Con motivo de que los quejosos se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social El Hongo III, con sede en Tecate, Baja California, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se ordena a las actuarias de la adscripción, que todas las notificaciones que deban ser personales se efectuarán en el lugar en que se encuentra recluido, corriéndole traslado con copia autorizada del proveído que se le notifica. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo al licenciado Guillermo Cortéz Solis. Ahora bien, tomando en consideración que los quejosos no señalan el domicilio donde pueda ser notificado el profesionista al que designan en su escrito de demanda, sin perjuicio de que lo hagan al momento de su notificación del presente acuerdo, entretanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al sutorizado de la parte quejosa el presente acuerdo por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin perjuicio de que con posterioridad pueda señalar domicilio procesal. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. 6. Exhortación a las partes para el uso de medios electrónicos. De conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, con el fin de evitar el menor contacto físico posible, y por ende, una exposición innecesaria de las partes que pudiera dar lugar a la propagación del mencionado virus, se exhorta a las partes a que hagan uso de los medios electrónicos que proporciona el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, la presentación de promociones, consultar notificaciones y consultar documentos de los acuerdos judiciales de manera electrónica. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa en el lugar donde guardan reclusión, así como al autorizado en los términos que indica el presente auto.
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