Gonzalo Carmona Vicente

Expediente 566/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
566/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Gonzalo Carmona Vicente

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días... sin que el promovente hubiera recurrido el auto de tres de julio del presente año, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto; por tanto... se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes... Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este asunto como concluido... este expediente es susceptible de destrucción... pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación... háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial...

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA GONZALO CARMONA VICENTE LA RESOLUCON QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 178/2018 signado por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Municipal, con sede en Ángel R. Cabada, Veracruz, a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho 141/2018-II orden 632/2018-II, dese de baja la aludida comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo de estilo. Ahora, de las constancias que integran dicha comunicación, se encuentra agregada una razón de imposibilidad suscrita por la secretaria de acuerdos adscrita al referido Juzgado Municipal, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a Gonzalo Carmona Vicente -parte quejosa-, el proveído de tres de julio del presente año, por las razones ahí expuestas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de amparo, hágase dicha notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista que se fijará en los estrados de este Juzgado, hasta que señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, para los efectos legales procedentes. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCION QUE ANTECEDE SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA GONZALO CARMONA VICENTE LA RESOLUCION DE TRES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, tres de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de demanda, signado por Gonzalo Carmona Vicente, promovido contra actos del Presidente Municipal de Ángel R. Cabada, Veracruz y otras autoridades; fórmese juicio de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 566/2018-II, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO Ahora bien, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que autoriza al juzgador de amparo a examinar la demanda constitucional integralmente, y a desecharla, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el suscrito advierte que, en el caso particular, se materializa la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la invocada Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, consistentes en: "1. La Frivolidad y la superficialidad con la que actuaron las Autoridades Responsables unas por Acción y otras por Omisión del problemono (sic) en específico, que se les imputa la Creación de un TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO las señaladas como responsables ejecutaras pertenecientes a la comunidad referida, crearon en el lugar referenciado en las coordenadas Latitud 18.6073 Longitud -95.4540 cercanías de la zona Urbana del Municipio de ángel R. Cabada, Veracruz, el referido foco de infección e incluyendo la destrucción de las áreas verdes que había en dicho lugar y la contaminación irreversible de un manantial y riachuelos que están en ese lugar que escurren hasta la Laguna del Márquez perteneciente al Municipio de Ángel R. Cabada. 2. La orden para tirar basura en un lugar cerca de la población Municipal de ángel R. Cabada, Veracruz, sin mediar estudios de suelo y medidas de impacto ambiental ya que se han destruido áreas verdes que se ubican en dicho lugar, aunado a que se encuentra al lado de un nacimiento de agua y un riachuelo que en tiempos de lluvias es escurridero a la Laguna del Márquez Municipio de Ángel R. Cabada. 3. La ilegalidad de cualquier acuerdo dictado por el C. Presidente Municipal de Ángel R. Cabada por el H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, así como de cualquier contrato, convenio o de cualquier otra naturaleza celebrado entre dichas autoridades con la de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz, que implique cualquier proyecto y obra que las autoridades señaladas como responsables de la ejecución de la creación, del basurero a cielo abierto, incluyendo la destrucción de las áreas verdes, manantiales y riachuelos que se ubican en dicho lugar. 4. Cualquier orden de destrucción de las áreas verdes, contaminación de manantiales y riachuelos que se ubican en dicho lugar. 5. La ilegal autorización de la erogación de presupuesto, trámites administrativos y financieros y el manejo ineficaz e ineficiente del mismo por parte de las autoridades señaladas como responsables de la ejecución y la creación del basurero a cielo abierto, incluyendo la destrucción de las áreas verdes, contaminación de manantiales y riachuelos que se ubican en dicho lugar." Este juzgado estima que debe desecharse, como enseguida se expondrá. En efecto, para así considerarlo, cabe precisar, en principio, que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5º, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). En ese contexto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de los quejosos frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En esos términos se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), que se localiza en la página mil setenta y ocho, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del rubro y contenido literal siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Asimismo, en relación a la oportunidad de exigir el acreditamiento del interés legítimo desde la presentación de la demanda, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que es válido, y que para ello el juzgador debe realizar una aproximación inicial, una evaluación preliminar y un ejercicio hipotético de subsunción, mediante el cual determine si el planteamiento del quejoso, en su formulación conceptual, y con los elementos probatorios disponibles, es una posibilidad potencial de actualización de su interés legítimo o que exista una duda razonable, y sólo desechar cuando estime que no existe esa posibilidad lógica, mismo que se contiene en la jurisprudencia que a continuación se invoca: La Jurisprudencia, 1a./J. 44/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible pagina 311, libro XXII, tomo I, julio 2013, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. EN PRINCIPIO, LA FALTA DE ÉSTE NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE CONDUZCA A DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS PADRES, EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO MENOR DE EDAD, ACUDEN A COMBATIR ACTOS DE AUTORIDAD DIRIGIDOS A AFECTAR LOS PREDIOS DE UN TERCERO, DE CUYO USO SE BENEFICIAN POR ALGÚN TÍTULO LÍCITO, Y SE RELACIONAN CON LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SENSIBLES PARA DETERMINADOS DERECHOS CONSTITUCIONALES. El artículo 145 de la Ley de Amparo, establece la facultad de los jueces constitucionales de examinar el escrito de demanda y establece que, de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, supuesto que se actualiza, como se ha reiterado en la jurisprudencia, cuando el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la tesis aislada XLIII/2013), como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; así, para determinar si la falta de interés legítimo es una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduzca a desechar la demanda, los jueces de amparo, mediante una aproximación inicial al caso, deben realizar una evaluación preliminar y realizar un ejercicio hipotético de subsunción, mediante el cual determinen si el planteamiento del quejoso, en su formulación conceptual y con los elementos probatorios disponibles, es una posibilidad potencial de actualización de su interés legítimo o que existe una duda razonable y sólo desechar cuando estimen que no existe tal posibilidad lógica. Así, es una posibilidad de subsunción del concepto de interés legítimo cuando los padres de un menor acuden al amparo a impugnar actos dirigidos contra una asociación civil, con quienes se relacionan jurídicamente y utilizan sus instalaciones, según lo aducen, para satisfacer necesidades sensibles para sus derechos constitucionales, pues en dicho planteamiento se encuentran presentes de manera indiciaria los siguientes tres elementos: 1) la existencia de un tercero, quien siendo titular de un derecho subjetivo, se presume es destinatario de actos reclamados que afectan las condiciones de ejercicio de ese derecho; 2) la parte quejosa afirma tener una relación jurídica relevante con ese tercero, en razón de la cual puede aprovecharse de las condiciones de ejercicio de su derecho subjetivo, por lo cual los actos reclamados pueden detonar una afectación colateral también en su esfera jurídica; y 3) se alega que los actos reclamados violan el derecho objetivo. La presencia de los tres requisitos permite presumir la existencia de un agravio personal e indirecto, el cual conforma una posibilidad aplicativa del interés legítimo cuando se impugnan actos dirigidos contra terceros. Lo anterior, se insiste, debe entenderse como posibilidad conceptual inicial de subsunción que conduzca a admitir la demanda de amparo y no como conclusión definitiva, pues el juez debe resolver en el juicio la efectiva actualización o no del interés legítimo con base en la fijación de los actos reclamados y la valoración de las constancias de autos; en otras palabras, la satisfacción de los tres requisitos señalados conforma un criterio prima facie a favor de la admisión del juicio constitucional, el cual se debe completar con el análisis casuístico de cada demanda de amparo." De modo que el auto inicial sí es propicio para examinar las particularidades de la reclamación desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés legítimo, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma resulta ocioso, lo anterior de conformidad con la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro XXII, Julio de 2013, Décima Época, página 559, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional". En ese contexto, se reitera, en el presente juicio de amparo, se materializa la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que, en lo conducente, por su orden, disponen que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. (.)." De acuerdo con lo anterior el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º, de la propia legislación de la materia. Al respecto, cabe decir que, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de Justicia del País, el interés legítimo, distinto al jurídico, es aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; o sea, se trata de un presupuesto procesal establecido constitucionalmente para que las personas accedan al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales no podrían someter a examen jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, particularmente, de aquellas elegidas de manera democráticamente, pues la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención de establecer una regla absoluta. Por lo tanto, es indudable que a través del juicio de amparo no se puede evaluar cualquier acto de autoridad, pues la existencia del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes, a saber, que los jueces no se posicionen, en todo momento, como órganos supervisores permanentes de veto de las decisiones mayoritarias con legitimidad democrática, sino sólo de afectaciones jurídicamente relevantes que una persona puede resentir, es decir, se traten de actuales, reales y cualificadas, de modo que aquéllas que sean mayoritarias, ideológicas y políticas deben corresponder a los órganos políticos. Así, conviene precisar que en el interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no precisamente patrimonial o económica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Respecto al interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), determinó lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De lo anterior, se colige que las características esenciales del interés legítimo son: - La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, mismo que no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino que se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. - Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un tipo de interés simple, pues para acudir a un tribunal competente, debe existir un vínculo con una norma jurídica, ya que aun cuando no se exige acreditar un derecho subjetivo, tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción de amparo. - La concesión del amparo, se debe traducir en un beneficio actual o futuro, pero cierto, con efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegue a dictar. - Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. - La existencia de una situación jurídica identificable que surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial, en la cual aunque puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible. - Debido a su configuración normativa, pueden existir diversas posibles situaciones y supuestos del interés legítimo que deberá ser analizado, en cada caso, de acuerdo a la labor cotidiana de los juzgadores de amparo, conforme a la dinámica y alcances del propio juicio de amparo. En ese orden de ideas, para que pueda reconocerse el interés legítimo a una persona respecto a actos que no es destinataria debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Ahora bien, en el caso concreto, el impetrante acude a la presente instancia constitucional a combatir la creación de un tiradero de basura a cielo abierto ubicado cerca de la zona urbana de la población de Ángel R. Cabada, Veracruz, coordenadas Latitud 18.6073 Longitud -95.4540, la orden para tirar basura en dicho lugar, cualquier acuerdo, contrato o convenio celebrado que implique cualquier proyecto u obra del basurero, cualquier orden de destrucción de las áreas verdes y la autorización de erogaciones de presupuesto, trámites administrativos y financieros para la ejecución del referido basurero. Dicho impetrante aduce acudir al presente juicio alegando tener un "interés difuso colectivo", es decir, un interés legítimo, dado que es habitante del poblado de Ángel R. Cabada, Veracruz, y alega que los actos reclamados afectan el ecosistema, el medio ambiente, recursos naturales y fauna biosfera, al producir un foco de infección, la destrucción de las áreas verdes y contaminación irreparable de un manantial y riachuelo. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, el suscrito advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo del quejoso, para acceder a esta instancia extraordinaria, habida cuenta que no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Así es, en el caso, la parte quejosa únicamente cuenta con un interés simple para impugnar los actos materia de reclamo y no legítimo, menos aún jurídico; toda vez que de la lectura de la demanda, se observa que sólo busca lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor. En efecto, su situación se traduce en el interés simple que tiene todo gobernado en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, pues para ello, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso. El interés planteado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en este Estado, en que se proteja el ecosistema, medio ambiente y recursos naturales, acorde a las leyes aplicables; pues los actos objeto de reclamo, no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa, tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico del accionante, es decir, el beneficio que obtendrían los promoventes no sería concreto sino abstracto, de tal manera que tampoco podría diferenciarse del que recibiría el resto de la sociedad. Así, no basta que el promovente del amparo refiera que por ser habitante del Municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz, cuenten con interés legítimo para acudir a la presente instancia constitucional, dado que ese aspecto no fue justificado. Es decir, el impetrante solo exhibió copia simple de su credencial para votar con fotografía y copia simple de un comprobante de pago del servicio eléctrico; medios de convicción que al ser copia simple no se les puede otorgar valor probatorio, y por ende, no quedó acreditado que sea habitante del Municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz. Incluso, de acreditar que es habitante de dicha población, tampoco se advierte de la demanda de amparo una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, habida cuenta que el impetrante bajo protesta de decir verdad refirió que el basurero a cielo abierto se encuentra cerca de la zona urbana de la población de Ángel R. Cabada, Veracruz, coordenadas Latitud 18.6073 Longitud -95.4540, y que para ubicarlo, tuvo que efectuar una búsqueda con diversos vecinos de la población. Es decir, el basurero a cielo abierto no se encuentra en la población de Ángel R. Cabada, Veracruz, sino fuera de la zona urbana, y tampoco a simple vista, dado que el quejoso tuvo que efectuar una búsqueda para encontrarlo; por tanto, carece de interés legítimo, dado que una persona respecto a actos que no es destinataria debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Así es, no se advierte la titularidad del derecho cuestionado, ni cuenta con una especial situación frente a ese derecho; y en ese sentido, contrario a lo indicado, no tienen el interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se requiere para que la anulación de los actos que se reclaman produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, no se justifica, ni en forma provisional, el interés legítimo que el quejoso dice que le asiste para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Aunado a que, por una parte, el quejoso hace derivar ese interés legítimo del hecho de que es habitante del Municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz; y por otra únicamente hacen valer un interés genérico como miembros de la sociedad, respecto que se proteja el ecosistema, medio ambiente los recursos naturales y la fauna; empero, sin que en forma alguna justifique tener en su esfera jurídica algún otro que sea cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior se afirma, a la luz de los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para tener por configurado un interés de tal naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, tal como lo exige la propia norma constitucional y en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica de los quejosos, ante la cual una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, pues lo que se advierte es un interés simple, igual al de cualquier gobernado, ya que sólo se endereza una defensa abstracta del derecho cuestionado. Ello implica un interés abstracto o simple y no el legítimo que hacen valer, el cual consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico; de ahí que, el interés legítimo no implica la generalización de una acción, sino el acceso a los tribunales ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. De tal suerte, que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá al quejoso en el goce de algún derecho concreto, ni aun de manera indirecta, es claro que la promoción del medio de defensa no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues este está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación del acto que se reclame. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo lleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto que no cumpla con el marco constitucional y legal, lo cual tornaría al juicio de amparo en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador. Lo anterior es así, porque, como se ha sostenido, el interés legítimo es el presupuesto procesal establecido en la Constitución para acceder al juicio de amparo, en ausencia del cual los órganos de control constitucional se encuentran inhabilitados para someter a revisión jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, especialmente, de aquellas elegidas democráticamente. Así, la preservación del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes: que los órganos de control constitucional no se posicionen como órganos supervisores permanentes o aduanas de veto de las decisiones con legitimidad democrática; por otra parte, garantiza el fin positivo de ese mismo principio: aprovechar las funciones de control constitucional para utilizarse en su máxima capacidad en el ámbito en el que los jueces gozan de ventajas institucionales sobre los poderes políticos, a saber, la resolución imparcial de controversias concretas mediante la aplicación del derecho. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales -mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no ocurre en el presente caso, al evidenciarse que se trata de interés simple, porque no se le ocasiona al quejoso, un agravio real, palpable y cualitativamente distinto al de los demás, como lo exige la fracción I del artículo 107 constitucional, lo que no implica que el resto de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en este momento, habida cuenta que las afectaciones mayoritarias, ideológicas y políticas corresponde a los órganos políticos resolverlas, y no, a los órganos de control constitucional. Lo anterior, de conformidad con la tesis siguiente: Sirve de sustento legal, la tesis 1a. CLXXXI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 447, libro 18, tomo I, al tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ES NECESARIO ACREDITARLO PARA ACTIVAR EL PODER DE REVISIÓN EN SEDE JUDICIAL DE LOS ACTOS DE LOS PODERES POLÍTICOS. El interés legítimo es el presupuesto procesal establecido en la Constitución para acceder al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales se encuentran inhabilitados para someter a revisión jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, especialmente, de aquellas elegidas democráticamente. Este diseño se conecta con la preocupación del Constituyente originario de preservar una cierta forma de gobierno, asentado sobre el principio de división de poderes, conforme al cual el poder se ha de dividir para su ejercicio entre distintos departamentos con competencias propias, sobre la base de una idea de pesos y contrapesos. Así, la preservación del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes: que los jueces no se posicionen como órganos supervisores permanentes o aduanas de veto de las decisiones con legitimidad democrática; por otra parte, garantiza el fin positivo de ese mismo principio: aprovechar las funciones de control constitucional para utilizarse en su máxima capacidad en el ámbito en el que los jueces gozan de ventajas institucionales sobre los poderes políticos, a saber, la resolución imparcial de controversias concretas mediante la aplicación del derecho. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales -mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no implica que el resto de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en ese momento. Las afectaciones mayoritarias, ideológicas y políticas corresponde a los órganos políticos resolverlas. Impedir que los jueces incursionen en este ámbito preserva el ideal de co-participación que busca alcanzar la Constitución mediante la difusión del poder." En ese orden de ideas, si, como ya se dijo, la existencia del interés legítimo o en los casos en los que no se posee uno jurídico, es legalmente indispensable para la procedencia de la acción de amparo y, en la especie, se insiste, no se justificó, ni existe la posibilidad de acreditarlo durante la tramitación del juicio, pues no hay evidencia alguna al respecto, de ello se sigue que es procedente el desechamiento de la demanda origen del presente juicio de amparo, por ese motivo, se ajusta al supuesto jurídico expresamente contemplado para esos casos, que deriva de relacionar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, con el diverso 5º, fracción I, ibídem. De modo que al haberse apreciado con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente a los actos de autoridad implica un mero interés simple; es factible desechar la demanda de amparo, pues así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la invocada jurisprudencia de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO".. Por otra parte, aunque hasta lo aquí razonado es suficiente para patentizar la improcedencia del juicio, en aras de exhaustividad, a lo expuesto cabría agregar como una razón adicional, que por sí sola soporta también la determinación de desechamiento, que ese tipo de acciones que pretende el solicitante de amparo, son de tipo general (dejar insubsistente un basurero a cielo abierto), es decir, alcanzar a toda la población del Municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz. Orienta la anterior determinación la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), visible en la página 448, libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población". Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia analizada a lo largo de este proveído; en consecuencia, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda constitucional promovida por el impetrante. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en Ángel R. Cabada Veracruz, líbrese despacho al Juez Municipal, con residencia en Ángel R. Cabada, Veracruz, a fin que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído al quejoso Gonzalo Carmona Vicente, en el domicilio ubicado en la casa número sesenta y siete (67) de la Rúa Jaime Nuno en la colonia José López Portillo, en Ángel R. Cabada Veracruz; y lo requiera para que en el plazo de tres días, contado a partir de aquél en que quede legalmente notificado del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz, para oír y recibir notificaciones, en la inteligencia que de no hacerlo, se realizarán por lista las notificaciones que tengan el carácter de personales, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene como su autorizado únicamente en términos del Segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lino Muñoz Yepez, por así haberlo solicitado el quejoso en su escrito de demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias

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