Gonzalo Caballero Cob

Expediente 246/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
246/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Gonzalo Caballero Cob

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    : Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el quince de julio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la documental que aportó a este juicio de amparo (tres tomos de pruebas), en virtud que no resulta necesaria su conservación en este expediente.

  2. Principal

    : Agréguese a los autos la promoción de cuenta, firmada por Oscar Javier Treviño Mandujano, apoderado de la tercera interesada Rosa del Carmen del Rosario Falcón, mediante la cual, realiza manifestaciones a manera de alegatos; sin que proceda dictar mayor proveído, toda vez que a las diez horas con veinte minutos del quince de julio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, en la cual se dictó sentencia.

  3. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con veinte minutos del quince de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, relativa al juicio de amparo indirecto 246/2022-II, Alex Humberto Ramírez Guerrero, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, encargado del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil veintidós, como se advierte en el oficio CCJ/ST/2895/2022 de la misma fecha firmado por la Secretaria Técnica de dicha comisión, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables; en consecuencia, el secretario encargado del despacho acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente (tres tomos de pruebas), ofrecieron pruebas documentales, sin que las demás partes ofrecieran algún medio de prueba; a lo que el secretario encargado del despacho provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, se da por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la tercera interesada Rosa del Carmen del Rosario Falcón, la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente y la Agente del Ministerio Público de la adscripción, formularon manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realizan las partes; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 246/2022-II, promovido por Gonzalo Caballero Cob, por conducto de su apoderada Verónica Rojo Ortega, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno el diecisiete siguiente a este juzgado de distrito, Gonzalo Caballero Cob, por conducto de su apoderada Verónica Rojo Ortega, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1] Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, y del 2] Presidente de su adscripción, por considerarlos violatorios de los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. Acto que se reclama - - - De la Junta, la omisión y/o la abstención de emitir la resolución interlocutoria, relativa al incidente de nulidad de actuaciones, (respecto la constancia de notificación de fecha cuatro de noviembre del año dos mil diecinueve) promovido en fecha tres de diciembre del año dos mil veinte. Incidente que se substanció el día tres de mayo del año dos mil veintiuno y en el cual la única prueba que requería desahogo especial fue desahogada el día dieciocho de junio del mismo año dos mil veintiuno - - - De su Presidente ejecutor, la omisión de ordenar y en general de hacer que se realicen todos los actos tendientes a agotar el procedimiento de ejecución previsto en los artículos 940, 968 y 971 la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto dieciocho siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 246/2022-II; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de conceder el amparo solicitado; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se apersona tercera interesada. Por proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Rosa del Carmen del Rosario Falcón, y se le tuvo apersonándose al presente juicio de amparo; así, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de un tribunal en materia del trabajo que carecen de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se proceden a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en los siguientes: De la 1) Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. a) La omisión de emitir resolución en el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio laboral 334/2002 de su índice, en relación con la notificación de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el cual se substanció en audiencia de tres de mayo de dos mil veintiuno. De la 2) Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. b) La omisión de continuar con la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral citado en el inciso a) que precede. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. La 2) Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, al rendir informe justificado, omitió pronunciarse respecto a la existencia o no del acto reclamado destacado en el inciso b), del considerando tercero de esta sentencia. Sin embargo, no es dable presumir cierto dicho acto, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que la presidente de la junta responsable no se encuentra en aptitud de continuar con el procedimiento de ejecución de laudo, toda vez que previo a instar el presente juicio de amparo, no se ha dictado resolución en la tercería de preferencia promovida por la Administración Local de Recaudación de Cancún, del Servicio de Administración Tributaria, en términos de la audiencia de ocho de septiembre de dos mil once, celebrada en el juicio laboral de origen. Conviene resaltar que en el presente asunto resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, por haberse iniciado el proceso laboral de origen con anterioridad a la fecha en que entró en vigor la modificación de dicho ordenamiento legal (dos mil dos); por tanto, en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo (aplicable), únicamente corresponde al Presidente de la Junta, en lo individual, llevar a cabo la etapa de la ejecución de los laudos. Sentado lo anterior, de la documental que remitió la junta responsable, consistente en fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 334/2002 de su índice (tres tomos de pruebas), a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en lo conducente, se advierte lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil dos, Gonzalo Caballero Cob, demandó en la vía ordinaria laboral a Servicios de Recreación y Esparcimiento, Sociedad Anónima de Capital Variable, y/o Benjamín Camacho López, y/o Antonio Grez Grez, y/o "Shampoo Disco Internacional" y/o "Shampo Men´s Club International", y/o "Quien resulte responsable de la fuente de trabajo", el pago de diversas prestaciones. 2. De dicha demanda correspondió conocer a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; por auto de treinta de mayo de dos mil dos, la radicó bajo el expediente 334/2002 de su índice, la admitió a trámite y ordenó emplazar a juicio a los demandados. 3. Por proveído de once de julio de dos mil dos, se tuvo a la parte actora enderezando la demanda laboral en contra de Inmobiliaria Cristal Cancún, Sociedad Anónima de Capital Variable y Rosa del Carmen del Rosario Falcón, de quienes reclamó las prestaciones contenidas en el escrito inicial de demanda laboral; y se ordenó su emplazamiento. 4. El diecisiete de febrero de dos mil tres, se dictó laudo en el juicio laboral de origen, en el que se condenó a todos los demandados a pagar diversas prestaciones al actor. 5. Mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil tres, la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, dictó auto de ejecución, en el que ordenó requerir a los demandados el pago de la cantidad ahí descrita con motivo del laudo condenatorio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le embargarían bienes. 6. Mediante diligencia actuarial de cinco de junio de dos mil tres, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, dio cumplimiento al auto de ejecución forzosa de laudo y en virtud que los demandados no efectuaron el pago de laudo, realizó el embargo de diversos bienes inmuebles, con la finalidad de garantizar el pago de lo laudado; sin embargo, en proveído de veinticuatro de junio de dos mil tres, se tuvo a la parte actora (aquí quejosa) desistiendo a su entero perjuicio del embargo sobre dichos inmuebles. 7. En diligencia actuarial de diecisiete de junio de dos mil tres, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento al auto ejecución forzosa de laudo, procedió al embargo de varios bienes inmuebles de diversos demandados, a fin de garantizar el monto condenado en el laudo; y, por acuerdo uno de septiembre siguiente, el presidente responsable ordenó la inscripción de dicho embargo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. Sin embargo, por proveído de catorce de septiembre de dos mil seis, se tuvo a la parte actora (aquí quejosa) desistiendo a su entero perjuicio del citado embargo. 8. Mediante diligencia actuarial de veinte de octubre de dos mil seis, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento al auto de ejecución, nuevamente procedió al embargo de cuatro bienes inmuebles de la demandada Inmobiliaria Cristal Cancún, Sociedad Anónima de Capital Variable, con la finalidad de garantizar el pago de lo laudado; y, por auto de veintisiete de octubre siguiente, se ordenó la inscripción de dicho embargo en el registro público. 9. Previas gestiones por parte del entonces presidente de la junta responsable, el veintisiete de junio de dos mil once, se llevó a cabo la audiencia de remate en primera almoneda de dos de los bienes inmuebles embargados de la demandada Inmobiliaria Cristal Cancún, Sociedad Anónima de Capital Variable, y se declaró la adjudicación dichos predios a favor de la parte actora (aquí quejosa); además, se tuvo a la Administración Local de Recaudación de Cancún, del Servicio de Administración Tributaria, por conducto de su apoderado, promoviendo tercería de preferencia de crédito respecto de los bienes sujetos a remate en la citada audiencia; al respecto, el entonces presidente de la junta de origen, hizo del conocimiento de la parte actora que una vez resuelta dicha tercería, se acordaría lo conducente respecto la declaración de tener o no por fincado el remate a favor del actor y la elaboración de la escritura de adjudicación correspondiente; asimismo, señaló día y hora para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, respecto de los dos bienes inmuebles restantes de la parte demandada Inmobiliaria Cristal Cancún, Sociedad Anónima de Capital Variable, y estableció los requisitos que debían cumplir las personas que desearan fungir como postores en dicha audiencia 10. En audiencia de remate en segunda almoneda de ocho de septiembre de dos mil once, se declaró la adjudicación de un bien inmueble embargado a favor de la parte actora (aquí quejosa); además, el otrora presidente de la junta de origen, hizo del conocimiento del actor que se encontraba pendiente la resolución de la tercería de preferencia de crédito promovida por la Administración Local de Recaudación de Cancún, del Servicio de Administración Tributaria, por lo que una vez resuelta dicha tercería se acordaría lo conducente respecto la declaración de tener o no por fincado el remate en su favor y la elaboración de la escritura de adjudicación correspondiente. 11. Mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil catorce, se declaró fincado el remate de los bienes referidos en los numerales 9 y 10 que preceden, a favor de la parte actora y se requirió a la demandada para que exhibiera la escritura conducente, con el objeto que se pudiera hacer la adjudicación a favor del actor, con el apercibimiento correspondiente. 12. Por auto de tres de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a la Rosa del Carmen del Rosario Falcón, por conducto de su apoderado Oscar Javier Treviño Mandujano, promoviendo incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones; se admitió a trámite; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia correspondiente; ordenó dar vista a la parte actora con el escrito incidental y ordenó suspender el juicio principal hasta en tanto se resolviera dicho incidente. 13. En audiencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se desahogó la audiencia incidental de notificaciones y actuaciones citada en el numeral 12 que precede y la junta responsable reservó el dictado de la resolución interlocutoria correspondiente. 14. Mediante resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, la junta responsable resolvió el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones presentado por la parte demandada (ver numeral 12 que antecede), en el que declaró procedente el citado incidente y ordenó dejar sin efectos la diligencia de remate en segunda almoneda de ocho de septiembre de dos mil once (ver numeral 10 que precede), y las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad. 15. Por proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, la junta responsable ordenó aperturar el incidente de reposición de autos, toda vez que diversas constancias del expediente laboral se encontraban extraviadas; para lo cual, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia correspondiente. 16. El seis de noviembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia incidental de reposición de autos citada en el numeral 15 que antecede, y la junta responsable reservó el dictado de la resolución correspondiente; luego, el veintiséis siguiente, se dictó dicha resolución interlocutoria, en la cual se destacó que el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve se notificó a la parte actora (aquí quejosa), la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecinueve, por la que se declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la demandada Rosa del Carmen del Rosario Falcón, y se ordenó dejar sin efectos la diligencia de remate en segunda almoneda de ocho de septiembre de dos mil once, así como las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad; además, se declaró procedente dicha incidencia de reposición de autos, por lo cual se repusieron las autos a partir de la actuación ahí reseñada, y se ordenó continuar con la etapa de ejecución de laudo. 17. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora promoviendo incidente de nulidad de notificaciones respecto la constancia actuarial de cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, por la cual se le notificó la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecinueve (ver numeral 16 que antecede); se admitió a trámite y se señaló fecha y hora para verificar la audiencia incidental correspondiente. 18. En audiencia de tres de mayo de dos mil veintiuno, la junta responsable celebró la audiencia incidental de nulidad de actuaciones citada en el numeral 17 que precede y reservó el dictado de la resolución correspondiente. Esbozado lo anterior, este juzgado federal estima que la omisión reclamada de la 2] Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, resulta inexistente, pues como se advierte de los antecedentes en consulta, sí se han llevado a cabo actuaciones por parte de la presidente responsable, para efecto de lograr la ejecución del laudo en el juicio de origen. En efecto, en la etapa de ejecución forzosa del laudo -que inicia con el requerimiento de pago y embargo- la presidente ejecutor ha verificado diversas actuaciones para ejecutar lo laudado, en virtud que ha verificado que se lleven a cabo i) los embargos de los inmuebles que señaló la parte actora (aquí quejosa), como de los demandados, ii) la inscripción de dichos embargos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, iii) el señalamiento y celebración de las audiencias de remate en primera y segunda almoneda respecto de los citado inmuebles en las que se adjudicó a favor de la parte actora los inmuebles embargados, así como iv) el fincamiento de remate a favor de dicha actora. Máxime que, como se vio, las partes actora y demandada han promovido diversos incidentes durante la fase de ejecución del laudo, que han sido resueltos por la junta responsable y ha ordenado la continuación de la etapa de ejecución de laudo en el juicio laboral de origen. Asimismo, no se advierte que exista promoción de la parte ejecutante pendiente por acordar tendiente a ejecutar el laudo. En otras palabras, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de marzo de dos mil veintidós), la referida autoridad responsable ha verificado múltiples actuaciones para lograr la ejecución de laudo dictado en el juicio de origen y no se advierta que exista una petición de la parte ejecutante para continuar con la ejecución del laudo pendiente por acordar; por tanto, la omisión reclamada de la presidente responsable, precisada en el inciso b), del considerando tercero de esta sentencia, resulta inexistente. Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia: "Registro digital: 2000011 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771 Tipo: Jurisprudencia EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Al respecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Luego, en esta instancia constitucional no se probó de la 2] Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la omisión de continuar con la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral origen de los actos reclamados, previo a la presentación de la demanda de amparo; ergo, no se acreditó la existencia del referido acto reclamado a la citada autoridad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Ahora, este órgano jurisdiccional no inadvierte que la parte quejosa ofreció como pruebas documentales, las siguientes: i) Archivo digitalizado de la audiencia incidental de nulidad de actuaciones de tres de mayo de dos mil veintiuno, verificada en el juicio laboral 334/2002 del índice de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. ii) Archivo digitalizado de la diligencia de inspección de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, verificada en el juicio laboral juicio laboral 334/2002 del índice de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, dichas documentales únicamente cuentan con valor probatorio indiciario para demostrar que probablemente sean una reproducción de su original en términos de los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada de su versión impresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 3°, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Al margen del valor probatorio, únicamente podría acreditar que i) el tres de mayo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia incidental de nulidad de actuaciones en el juicio laboral de origen, y que ii) el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se verificó una diligencia de inspección en autos de dicho juicio; no obstante, dichas documentales no acreditan la existencia de la omisión reclamada en consulta, previo a la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que acredita la existencia del acto reclamado en comento, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la omisión reclamada a la 2] Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisada en el considerando tercero, inciso b), de esta sentencia, por ser inexistente, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable 1] Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia. Además, la certeza del acto que se le atribuye se encuentra corroborada con las fotocopias certificadas que aportó, correspondientes al juicio laboral de origen, a las que se concedió valor probatorio pleno en el considerando que precede, de las que -en lo conducente- se advierte lo siguiente: 1. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora promoviendo incidente de nulidad de notificaciones respecto la constancia actuarial de cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, por la cual se le notificó la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral de origen; se admitió a trámite y se señaló fecha y hora para verificar la audiencia incidental correspondiente. 2. En audiencia de tres de mayo de dos mil veintiuno, la junta responsable celebró la audiencia incidental de nulidad de actuaciones citada en el numeral 2 que precede y reservó el dictado de la resolución correspondiente. Luego, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de marzo de dos mil veintidós), la junta responsable no había emitido la resolución correspondiente en relación con el incidente de nulidad de notificaciones respecto la constancia actuarial de cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, promovido por la parte actora (aquí quejoso). Por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye a la citada autoridad responsable. SEXTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese orden, como lo postula la junta responsable, en relación con el acto que se le reclama, precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativo, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando la responsable actúa en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, como se vio, la parte quejosa reclama de la 1) Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la omisión de emitir resolución en el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio laboral de origen, en relación con la notificación de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el cual se substanció en audiencia de tres de mayo de dos mil veintiuno. Ahora, de la fotocopia certificada que remitió la referida autoridad responsable, en alcance a su informe justificado, consistente en la resolución interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones indicado en el párrafo que precede, a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa. Lo anterior, debido a que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de marzo de dos mil veintidós), no se había dictado la resolución interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio laboral de origen, en relación con la notificación de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el cual se substanció en audiencia de tres de mayo de dos mil veintiuno, situación que aconteció el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Por ello, claramente se desprende que han cesado los efectos de manera total e incondicional del acto reclamado, consistente en la omisión de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, de dictar resolución interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio laboral de origen, en relación con la notificación de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el cual se substanció en audiencia de tres de mayo de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la 1) Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Resulta aplicable, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Finalmente, se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por la tercera interesada Rosa del Carmen del Rosario Falcón y el entonces Agente del Ministerio Público de la adscripción, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gonzalo Caballero Cob, por conducto de su apoderada Verónica Rojo Ortega, contra los actos reclamados de la 1] Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, y de la 2] Presidente de su adscripción, precisados en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el cuarto y sexto de esta sentencia.

  4. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta, remitida por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente; en atención a su contenido, se acuerda: a. Alegatos. Ténganse por hechas las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con las mismas al momento de desahogar la audiencia constitucional. b. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba exhibida por la autoridad responsable; efectúese la relación correspondiente al celebrarse la audiencia constitucional.

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