Gonzalo Ayora Monroy

Expediente 100/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
100/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Gonzalo Ayora Monroy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 100/2021-I-B, promovido por ******************** ********************. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ******************** ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto de la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno, con residencia en esta capital. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se dio la intervención legal que le competía al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La omisión de desahogar la prueba pericial grafoscópica que solicitó mediante escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, en la averiguación previa ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. En efecto, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, se elaboró el dictamen rendido por la perito en grafoscopía y documentoscopía, correspondiente a la prueba solicitada por la parte aquí quejosa mediante su escrito de trece de junio de dos mil dieciocho. Acreditando lo anterior con las copias certificadas que anexó a su informe de ley, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, pues resulta que a la fecha en que el quejoso presentó la demanda respectiva. Es decir, el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, no existía el acto de omisión que ahora reclama, pues las constancias que integran el presente juicio así lo revelan, ya que con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, la perito designada rindió el dictamen correspondiente, el cual se tuvo por recibido en la propia fecha de la presentación de la demanda. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63 fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** ********************, en contra del acto que reclama de la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno, con residencia en esta capital, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la cuenta, se agrega el escrito firmado electrónicamente con la FIREL del tercero interesado ********************; mediante el cual, solicita acceso al expediente electrónico. Al respecto, no ha lugar a acceder, ya que no proporcionó un "nombre de usuario" que se pueda autorizar para los efectos que pretende, pues el segundo párrafo del artículo 57, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, dispone que para otorgar el permiso que se solicita, es necesario asociar el "nombre de usuario" de cada persona autorizada con los datos de las partes en los sistemas electrónicos y los expedientes respectivos; datos con los que no se cuenta. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se ordena agregar el escrito firmado por el tercero interesado Diego Adán Chan Viana. Atento a su contenido, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa; y como sus autorizados, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ana Leticia Kuk Escobedo, Rosana Maricela Tec Quijano e Isabel Alejandrina Padilla Dzul. Lo anterior, hasta que se acredite que están debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por último, en cuanto al señalamiento del correo electrónico y número telefónico, se tienen por proporcionados, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias; en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el similar 25/2020 y 37/2020, en relación con el periodo de vigencia. Notifíquese y cúmplase.

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