Gonzalo Arturo Yorba Orozco
Expediente 712/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Gonzalo Arturo Yorba Orozco
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja, previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, contra el auto dictado por este Juzgado, el quince de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de amparo que promueve GONZALO ARTURO YORBA OROZCO, contra actos de las autoridades responsables que precisa en su escrito; fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 712/2018-6A y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. SE DESECHA DEMANDA Ahora bien, respecto del acto consistente en la orden de aprehensión o presentación, así como su ejecución, este Juzgado advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, por los motivos siguientes: Primeramente, resulta conveniente citar los artículos antes mencionados, los cuales, en el orden mencionado, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos. [...] . Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; asimismo, que el plazo con el que cuentan los particulares para presentar su demanda de amparo, por regla general, es de quince días, el cual debe computarse a partir de alguno de los siguientes momentos: a) Al día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Al día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Al día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, no guardan prelación alguna, sustentándose en el conocimiento del acto reclamado y no sólo en la formalidad de la notificación; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por similitud, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Ahora, establecidas las anteriores premisas, se reitera, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a estudio, ya que el quejoso Gonzalo Arturo Yorba Orozco, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el acto reclamado lo conoció el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, pues refirió que desde esa fecha se dio cuenta por medio de testimonios de los vecinos que constantemente han ido a buscarlo sujetos, que al parecer son policías, mismos que cuentan con documentos en la mano, los cuales preguntan por el quejoso, manifestándole que probablemente lo buscan para detenerlo; de ahí que desde el dieciséis de abril pasado a la fecha, haya transcurrido en exceso el plazo de quince días con que contaba para promover juicio de amparo en su contra. Por lo que a fin de computar el plazo para ejercer la acción de amparo en el presente asunto, se surte la regla referente a que debe comenzar a partir del día siguiente al en que la parte quejosa hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar, de ahí que el quejoso pudo ejercer su derecho a promover el juicio constitucional contra el acto que reclama desde el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, día hábil siguiente al que conoció el mismo, pues según lo manifiesta bajo protesta de decir verdad, conoció del acto reclamado desde el dieciséis del mes y año citado. De ahí que de forma inconcusa, se puede concluir que el impetrante Gonzalo Arturo Yorba Orozco, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenía que promover el juicio de amparo contra el acto que reclama dentro del plazo de quince días, computado a partir del día siguiente al en que se tuvo conocimiento del mismo, esto es, del diecisiete de abril al ocho de mayo del presente año, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril y uno, cinco y seis de mayo del año en curso, por ser inhábiles. Así las cosas, la afirmación del quejoso en cuanto a su conocimiento del acto reclamado, constituye prueba plena de conformidad con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 27/96, Tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: En tal sentido, la causa de improcedencia que se estudia, opera en la medida que la parte quejosa no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que éste había fenecido al ocho de mayo de dos mil dieciocho; no obstante, presentó la demanda hasta el once de octubre de dos mil dieciocho, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común, que consta impreso en el escrito de demanda; de ahí que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido implícitamente por el quejoso al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. Por último, cabe destacar que en el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal; tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, por lo tanto, el plazo que tenía la parte quejosa para promover juicio de amparo en su contra es de quince días, el cual en el caso, empezó a computarse desde el diecisiete de abril del presente año, día siguiente al en que el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó tener conocimiento del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia P./J.12/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Libro 18, Tomo I, mayo de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y contenido dicen: De igual forma, no deben de pasar desapercibidos los criterios en los cuales se precisa que la orden de aprehensión se encuentra dentro del procedimiento judicial, por lo cual le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.2o.3 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2886, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto siguiente: Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en: La integración de averiguación previa alguna que se esté integrando o se haya integrado en contra del quejoso. El suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia deducida del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, que la misma ley, en sentido contrario, los cuáles establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] Del primero de los ordinales trascritos se advierte que el juicio de amparo también puede resultar improcedente, si ello resulta así de disposiciones diversas -de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo-, al catálogo del artículo 61 de la Ley de la Materia. Y del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con la precisión anterior, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Asimismo, del contenido del numeral descrito, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de soporte a lo anterior, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 164, del Apéndice de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Materia Común, número de registro 394200, del rubro y texto: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio Ahora, de la demanda que nos ocupa se patentiza que la parte agraviada manifestó como acto reclamado la integración de una averiguación previa o que se esté integrando o se haya integrado en su contra, lo cual no constituye en acto de imposible reparación para efectos del amparo, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado previstos en la Constitución Federal. Ello, debido a que dicha fase procedimental no le para perjuicio alguno al quejoso pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 351, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2004, Tomo XX, Materia Constitucional, Novena Época, número de registro 180028, que es del tenor literal siguiente: En consecuencia, al quedar patente la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracciones XIV, en relación con el diverso 17 y XXIII, todos de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, que la misma ley, en sentido contrario, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo previsto en el diverso 113 de la propia Ley, ya que la misma no podrá ser desvirtuada con ningún medio de prueba, por lo que hace ocioso radicar y tramitar el presente sumario de derechos fundamentales. Por último, debe precisarse que con la presente determinación no se vulnera el derecho humano de acceso a un recurso judicial efectivo, ya que si bien de conformidad con el artículo 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes, no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. Lo anterior, porque tales requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J.22/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 325, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, número de registro 2005917, que es del tenor literal siguiente: DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y por autorizado al pasante en derecho Gonzalo Curiel Leyva, para los mismos efectos. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de amparo que promueve GONZALO ARTURO YORBA OROZCO, contra actos de las autoridades responsables que precisa en su escrito; fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 712/2018-6A y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. SE DESECHA DEMANDA Ahora bien, respecto del acto consistente en la orden de aprehensión o presentación, así como su ejecución, este Juzgado advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, por los motivos siguientes: Primeramente, resulta conveniente citar los artículos antes mencionados, los cuales, en el orden mencionado, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos. [...] ." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; asimismo, que el plazo con el que cuentan los particulares para presentar su demanda de amparo, por regla general, es de quince días, el cual debe computarse a partir de alguno de los siguientes momentos: a) Al día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Al día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Al día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, no guardan prelación alguna, sustentándose en el conocimiento del acto reclamado y no sólo en la formalidad de la notificación; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por similitud, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES." Ahora, establecidas las anteriores premisas, se reitera, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a estudio, ya que el quejoso Gonzalo Arturo Yorba Orozco, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el acto reclamado lo conoció el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, pues refirió que desde esa fecha se dio cuenta por medio de testimonios de los vecinos que constantemente han ido a buscarlo sujetos, que al parecer son policías, mismos que cuentan con documentos en la mano, los cuales preguntan por el quejoso, manifestándole que probablemente lo buscan para detenerlo; de ahí que desde el dieciséis de abril pasado a la fecha, haya transcurrido en exceso el plazo de quince días con que contaba para promover juicio de amparo en su contra. Por lo que a fin de computar el plazo para ejercer la acción de amparo en el presente asunto, se surte la regla referente a que debe comenzar a partir del día siguiente al en que la parte quejosa hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar, de ahí que el quejoso pudo ejercer su derecho a promover el juicio constitucional contra el acto que reclama desde el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, día hábil siguiente al que conoció el mismo, pues según lo manifiesta bajo protesta de decir verdad, conoció del acto reclamado desde el dieciséis del mes y año citado. De ahí que de forma inconcusa, se puede concluir que el impetrante Gonzalo Arturo Yorba Orozco, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenía que promover el juicio de amparo contra el acto que reclama dentro del plazo de quince días, computado a partir del día siguiente al en que se tuvo conocimiento del mismo, esto es, del diecisiete de abril al ocho de mayo del presente año, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril y uno, cinco y seis de mayo del año en curso, por ser inhábiles. Así las cosas, la afirmación del quejoso en cuanto a su conocimiento del acto reclamado, constituye prueba plena de conformidad con lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 27/96, Tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En tal sentido, la causa de improcedencia que se estudia, opera en la medida que la parte quejosa no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que éste había fenecido al ocho de mayo de dos mil dieciocho; no obstante, presentó la demanda hasta el once de octubre de dos mil dieciocho, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común, que consta impreso en el escrito de demanda; de ahí que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido implícitamente por el quejoso al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. Por último, cabe destacar que en el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal; tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, por lo tanto, el plazo que tenía la parte quejosa para promover juicio de amparo en su contra es de quince días, el cual en el caso, empezó a computarse desde el diecisiete de abril del presente año, día siguiente al en que el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó tener conocimiento del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia P./J.12/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Libro 18, Tomo I, mayo de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y contenido dicen: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo , lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." De igual forma, no deben de pasar desapercibidos los criterios en los cuales se precisa que la orden de aprehensión se encuentra dentro del procedimiento judicial, por lo cual le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.2o.3 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2886, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." Asimismo, ilustra a lo anterior la tesis XIII.P.A.38 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 2678, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO.", si se trata de la orden de aprehensión emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo y tomando en consideración que dicha determinación no se la notificará la autoridad responsable al quejoso, por existir una restricción legal expresa, el cómputo del plazo para presentar una nueva demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe por el cual la autoridad responsable remite el nuevo acto en cumplimiento de la ejecutoria, y ordena dar vista al quejoso, salvo que se acredite plenamente, que antes de la notificación mencionada, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso, el cómputo comienza a partir del día siguiente a ese conocimiento. Una interpretación en sentido contrario, implicaría desconocer la notificación de la nueva orden de aprehensión emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que traería como consecuencia alterar el artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento los plazos establecidos por el legislador. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en: La integración de averiguación previa alguna que se esté integrando o se haya integrado en contra del quejoso. El suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia deducida del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, que la misma ley, en sentido contrario, los cuáles establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Del primero de los ordinales trascritos se advierte que el juicio de amparo también puede resultar improcedente, si ello resulta así de disposiciones diversas -de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo-, al catálogo del artículo 61 de la Ley de la Materia. Y del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con la precisión anterior, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Asimismo, del contenido del numeral descrito, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de soporte a lo anterior, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 164, del Apéndice de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Materia Común, número de registro 394200, del rubro y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, de la demanda que nos ocupa se patentiza que la parte agraviada manifestó como acto reclamado la integración de una averiguación previa o que se esté integrando o se haya integrado en su contra, lo cual no constituye en acto de imposible reparación para efectos del amparo, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado previstos en la Constitución Federal. Ello, debido a que dicha fase procedimental no le para perjuicio alguno al quejoso pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 351, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2004, Tomo XX, Materia Constitucional, Novena Época, número de registro 180028, que es del tenor literal siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En consecuencia, al quedar patente la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracciones XIV, en relación con el diverso 17 y XXIII, todos de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, que la misma ley, en sentido contrario, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo previsto en el diverso 113 de la propia Ley, ya que la misma no podrá ser desvirtuada con ningún medio de prueba, por lo que hace ocioso radicar y tramitar el presente sumario de derechos fundamentales. Por último, debe precisarse que con la presente determinación no se vulnera el derecho humano de acceso a un recurso judicial efectivo, ya que si bien de conformidad con el artículo 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes, no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. Lo anterior, porque tales requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J.22/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 325, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, número de registro 2005917, que es del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y por autorizado al pasante en derecho Gonzalo Curiel Leyva, para los mismos efectos. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillén Guerrero, quien autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · 9,683 expedientes
- Gloria Sánchez Sánchez655/2019
- Gloria Talamantes Pérez1208/2022
- Gloria Ventura Puente Salas457/2016
- Gonzalo Alfredo Hernández Aparcana420/2023
- Gonzalo Arias Sillas937/2022
- Gonzalo Arturo Yorba Orozco269/2018
- Gonzalo Cárdenas Magaña1017/2022
- Gonzalo Cardenas Magaña396/2023
- Gonzalo García Hernández525/2016
- Gonzalo Gastelum Armenta519/2017
- Gonzalo González González462/2023
- Gonzalo Hernández Vargas y Otros.965/2023