Gonzalo Arriaga Castillo

Expediente 429/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
429/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Gonzalo Arriaga Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar el oficio que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a través del cual acusa recibo del diverso oficio 11647/2019-N, e informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo bajo el número de expediente 1143/2019. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para ese efecto y dado que no existe trámite alguno pendiente de desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL En términos de lo establecido en el punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurrido el plazo de seis meses a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULAS DE EXPEDIENTES. Por tanto, anótese en la carátula que el presente expediente es destruible y la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia con sede en Rioverde, San Luis Potosí y Actuario de su adscripción, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 429/2019-N. DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA. Del análisis integral de la demanda que se recibe, se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.] Del numeral transcrito en primer término, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese tenor, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En la especie, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado todos y cada uno de los actos procesales tramitados y que deriven del juicio ejecutivo mercantil número 635/2013, que son entre otros embargo, procedimiento de ejecución de sentencia, remate, adjudicación, derivados del juicio antes citado promovido por ...contra ..., seguido ante el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia en Rioverde, San Luis Potosí. Señala también que tiene su domicilio en ..., así como que el domicilio en el cual tuvo verificativo el emplazamiento reclamado es el ubicado en ..., lo que se robustece con las documentales que acompaña a su escrito de demanda consistentes en recibo de luz y copia certificada de su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral. De lo que se colige, que en el caso, el acto reclamado tuvo ejecución en Rioverde, San Luis Potosí, lugar en el que residen las autoridades responsables, en el que además se seguirán ejecutando tales actos y, por ende, es competente para conocer de la demanda de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se materializaron éstos. Es aplicable a lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis aislada I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el citado numeral 37 de la ley de la materia, el juez federal competente para conocer de este juicio constitucional es el Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, que se encuentre en turno, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde tendrán ejecución los actos reclamados, conforme con lo establecido además al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, se ordena remitir la misma, con sus copias y anexos, al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, que se encuentre en turno, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a la profesionista que refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente.

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