Gonzalo Armando Romo Trejo
Expediente 1031/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gonzalo Armando Romo Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa de la AUTO de fecha 27/octubre/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Ciudad de México; veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso ningún medio de defensa en contra de la sentencia dictada en el presente juicio dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, el expediente principal es susceptible de depuración, además de que este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por el cual deba conservarse. En otro contexto y, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y obra agregado documento original, exhibido por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el segundo y tercer párrafo del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se pone a su disposición dicho documento por el término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado a efecto de que recoja el mismo, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido junto con el expediente. Asimismo, hágase de su conocimiento que deberá seguir el procedimiento establecido en el Capítulo II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus del COVID-19, a fin de recoger dicho documento. Por último, a efecto de que se proceda a realizar la notificación del presente proveído en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para practicar la diligencia que se encomienda, en horas y días inhábiles."
- Principal
PERSONAL Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso ningún medio de defensa en contra de la sentencia dictada en el presente juicio dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
intégrese a los autos la razón de cuenta suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 43722/2021, que contiene inserta la resolución de treinta de septiembre del año en curso, dirigido al "Órgano de Operación y Servicio del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores", por las razones que ahí menciona. Atento a lo anterior, agregarse únicamente para que obre como corresponda; y, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a su contenido, toda vez que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se dejó de tener como autoridad responsable a la antes mencionada, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia de fecha 30/septiembre/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio/aviso que se dejó en su domicilio. Sentencia cuyo contenido es:Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo número 1031/2020, promovido por GONZALO ARMANDO ROMO TREJO, por propio derecho, contra actos del Director del Institución del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. (PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA). Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, GONZALO ARMANDO ROMO TREJO demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y acto siguientes:Acto que el quejoso estima violatorio de los derechos humanos contenidos en el artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. (RADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEMANDA). De la demanda correspondió conocer a este juzgado de Distrito, y en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte radicó la demanda con el número de expediente 1031/2020, y se requirió al quejoso para que dentro del plazo de cinco días hábiles precisara el acto reclamado y la denominación correcta de la autoridad responsable denominada, Órgano de Operación y Servicio del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores,bajo el apercibimiento que de no hacerlo no se le tendría como autoridad responsable. TERCERO. (ADMISIÓN DE DEMANDA). En auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, al no haber desahogado el quejoso el requerimiento de antecedentes, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra y se dejó de tener como autoridad responsable al Órgano de Operación y Servicio del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, admitiéndose a trámite únicamente por el Director de dicho Instituto, a quien se le solicitó su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional.CUARTO. (PRIMERA AMPLIACIÓN DE DEMANDA). Durante la secuela procesal, por proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno se tuvo por ampliada la demanda, por cuanto a la autoridad responsable, Ombudsperson Institucional del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, requiriéndose su respectivo informe de ley. QUINTO. (SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA). El siete de junio de dos mil veintiuno, se proveyó lo conducente respecto a una segunda ampliación de demanda, con motivo del returno de la petición cuya omisión en su contestación se impugna, atribuyéndose el carácter de autoridad responsable al Gerente Sénior de Vinculación, Seguimiento y Proyectos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, a quien se le pidió su informe de ley. SEXTO. (TERCERA AMPLIACIÓN DE DEMANDA). En acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, y ante la emisión del oficio contestatorio, este juzgado deDistrito tuvo por ampliada la demanda, por tercera ocasión, teniéndose como autoridad responsable al Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, y como acto reclamado, el oficio de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por lo que se solicitó el informe con justificación a dicha autoridad, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente y, en la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional ésta se llevó a cabo, sin la asistencia de las partes y al tenor del acta que antecede; y,C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. (COMPETENCIA). Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer del presente asunto, por razón de materia y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 35, 37, 107, fracción I, inciso b), 108 y 124 de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicciónSEGUNDO. (FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS). En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura íntegra de la demanda, escritos por las que se amplía, de los informes justificados y demás constancias que obran en el expediente, se colige que el quejoso controvierte: ? La falta de contestación al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en la ventanilla única de recepción de documentos del Institución del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. ? El oficio contestatorio, de veintiocho de junio de dos mil veintiuno. TERCERO. (EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO). Por cuestión de método y técnica jurídica a continuación se determinará si se encuentra acreditado o no el acto reclamado, debido a que de no ser así, sería innecesario e incluso ocioso, abordar el estudio de la procedencia del juicio de garantías y menos aún sería conducente analizar su constitucionalidad.Esta forma de proceder, tiene sustento en la jurisprudencia identificada con el número XVII.2o. J/10, localizable en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: «ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento».Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Director General, Ombudsperson Institucional, Gerente Sénior de Vinculación, Seguimiento y Proyectos y Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil, todos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, consistentes en la falta de contestación al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en la ventanilla única de recepción de documentos del Institución del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, así como el oficio contestatorio, de veintiocho de junio de dos mil veintiuno; no obstante que al rendir su informe con justificación haya negado su existencia, bajo el argumento que tal petición fue turnada para su atención y conocimiento; sin embargo, como este encausamiento se conoció al momento de la emisión de su informe de ley, es que se tiene por cierto el acto omisivo atribuido, tomando en consideración, la fecha de presentación de la demanda.CUARTO. (CAUSALES DE IMPROCEDENCIA). Previo al estudio de fondo del amparo deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo, y Jurisprudencia II.1º J/5, del Primer Tribunal colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica:«IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia». En ese sentido, esta resolutora advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud a que ha cesado en sus efectos el acto omisivo reclamado, conforme a los razonamientos que a continuación se expondrán. El precepto y fracción referidos establecen lo siguiente:«ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)».Como se puede ver, el ordinal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado en sus efectos y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso.Lo anterior es así, porque el juicio no tiene razón de ser cuando su objeto ha desaparecido, que en términos del arábigo 77 de la ley en consulta, es restituir al peticionario en el pleno goce y respeto del derecho violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión. Pues bien, a fin de justificar la postura asumida en relación con la operancia de la causal de improcedencia a estudio resulta oportuno precisar que el quejoso, mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en la ventanilla única de recepción de documentos del Institución del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, solicitó en esencia lo siguiente:Escrito que, conforme a los razonamientos esbozados en los respectivos informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como de los oficios correspondientes, fue turnado por el Director General, al Ombudsperson Institucional, y éste a su vez, lo envió al Gerente Sénior de Vinculación, Seguimiento y Proyectos, siendo el Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil, el que finalmente atendió la petición del quejoso, con la emisión del oficio de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en los siguientes términos:Con la determinación antes reproducida queda demostrado plenamente que se ha dado respuesta a lapetición referida. En este aspecto, cobra vigencia la jurisprudencia invocada, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 50, Tomo XI, Junio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: «PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno». Lo anterior, sin perjuicio de que en el presente fallo el principio de congruencia se analice a la luz del escrito de ampliación de demanda en el considerando siguiente. Ahora bien, en relación con el conocimiento del quejoso de la citada resolución por la que se atiende su petición, si bien fue posterior a la presentación de la demanda de amparo, por las razones expuestas en el considerando anterior, cierto es que en el presente caso se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de la determinación contestatoria. Sobre ese tenor, se colige que la conducta omisiva ejercida por las autoridades responsables, Director General, Ombudsperson Institucional y Gerente Sénior de Vinculación, Seguimiento y Proyectos, todos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, que motivó la promoción del juicio de amparo, cesó en sus efectos, al haberse emitido el oficio contestatorio, de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mismo que se hizo de conocimiento del impetrante durante la tramitación de este juicio de amparo, al grado de que formuló su ampliación de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, enero de 2009, materia común, página 605. Que señala: «CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto». De igual manera, aplica al caso la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a páginas 198, tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de marzo de 1993, octava época, bajo el rubro y texto: «ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta».También, da sustento a los anteriores razonamientos la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 210, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, novena época, bajo el rubro y texto: «SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo». En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; lo procedente es SOBRESEER el presente juicio de amparo, respecto del acto omisivo atribuido alDirector General, Ombudsperson Institucional y Gerente Sénior de Vinculación, Seguimiento y Proyectos, todos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, haya dejado entrever la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, sin embargo, soslayó formular argumentos tendentes a evidenciar su actualización, de ahí que su sola cita no obligue a esta resolutora a realizar mayor pronunciamiento, pues las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones. Nohabiendo más causales de improcedencia invocadas por las partes, ni otras que se observen de oficio por esta juez federal, procede analizar el fondo del negocio, ya que no es obligatorio el estudiar las causales no invocadas por las partes y que se establecen en el artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a lo establecido en la jurisprudencia P./J.22/91, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, Tomo VII, Junio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en laley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento». QUINTO. (ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN). En atención a los principios de prontitud en la impartición de la justicia y economía procesal, no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el agraviado, en virtud de que no es una obligación para esta juzgadora; ya que no se le priva de la oportunidad de recurrir la sentencia y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en dado caso, su ilegalidad.En apoyo a lo considerado, se cita la jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer»Ahora bien, el estudio de los conceptos de violación permite considerar lo siguiente. Sostiene el quejoso de manera sustancial y reiterada que el oficio contestatorio de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emitido por el Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, trastoca en su perjuicio los artículos 1º, 8º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no atender de manera frontal, completa y congruente, las peticiones formuladas. Así también alega el impetrante, que la autoridad responsable pasó por alto que su cliente es una persona que tiene discapacidad total en su visión, de edad avanzada (93 años), y que en irrestricto respeto de los derechos de las personas con discapacidad se debe incluir un procedimiento para este tipo de trámites, acorde al convenio que el Estado Mexicano tiene celebrado con la Organización de las Naciones Unidas, a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, adoptando todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables, así como para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones abiertas al público o de uso público y a los edificios. Que la respuesta dada a su petición, carece de fundamentación y motivación, por cuanto a la competencia de la autoridad emisora, pues no existe ningún ordenamiento legal que sustente o justifique la representación del Gerente Sénior de Vinculación, Seguimiento y Proyectos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, a fin de fuera el Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil de dicho Instituto, el encargado de atender su escrito.Que en observancia al principio PRO PERSONA, la autoridad responsable debió considerar que el trámite que se pretende desahogar debe ser con el apoyo de un asesor jurídico, dadas las condiciones de vida que le aquejan a su cliente, y no asumir que se trata de actos personalísimos, pasando por alto la perspectiva de género, al no contar con políticas y trámites con tal enfoque. Po lo que, a su juicio, no se ha dado una respuesta fundada y motivada, no como su representante, sino al representado, quien se reitera, es una persona adulta mayor, con discapacidad visual. Para analizar los conceptos de violación sintetizados, lo procedente es transcribir el artículo 8° de la Carta Magna, a continuación: «ARTÍCULO 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario». Del precepto transcrito se conoce que el gobernado deberá formular su petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa a la responsable, para que dé contestación por escrito, mismo que debe hacerlo de su conocimiento en breve término. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito ha establecido que se encuentran íntimamente vinculados el escrito de petición y su respuesta, de manera que les resulta aplicable el principio de congruencia. Es aplicable, la tesis aislada II.1o.A.121 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Julio de 2006, página 1201 que dice: «DERECHO DE PETICIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA INDIVIDUAL, EL JUZGADOR NECESARIAMENTE DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO. Desde un inicio el derecho de petición se instituyó de manera plena para el ciudadano -Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 22 de octubre de 1814-, posteriormente fue limitado en materia política y casi eliminado con motivo del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 10 de abril de 1865, aunque retomó su vigencia en el Proyecto de Constitución de 1o. de diciembre de 1916 hasta incorporarse a la Constitución de 1917. Así, conforme al texto actual, el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado, se traduce en la facultad de acudir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. De ello se sigue que el acto de petición en sí y el contenido de ésta, se encuentran íntimamente vinculados entre sí, al participar del principio de congruencia, por lo que al conocer del juicio de amparo promovido por violación a la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juzgador necesariamente debe analizar si la respuesta que emite la autoridad es acorde con lo solicitado». Asimismo, es importante señalar que la garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8º constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes:1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. Dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.A. J/54 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, de la Décima Época, que a la letra dice: «PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus ntereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido». Por otra parte, el artículo 16 constitucional dispone lo siguiente: «ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento». La garantía consagrada en el artículo 16 constitucional importa que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado; entendiéndose por lo primero que debe expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse también las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hubieren tomado en consideración para la emisión del acto; siendo indispensable, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Compilación de 1995, Séptima Época, Tomo VI, parte SCJN, Tesis 260, página 175, que expresa lo siguiente: «FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas». Es importante mencionar que se analizan ambos preceptos constitucionales con la finalidad de que la autoridad responsable respete el derecho de petición y el principio de seguridad jurídica tutelados por los preceptos en cita; además, el gobernado se encontraría en posibilidad de comprobar si la autoridad es competente para responder, para posteriormente fundar y motivar su contestación. Ahora, para un mejor entendimiento del asunto que nos ocupa, es menester destacar que el oficio reclamado surge de las peticiones expresas del quejoso, en los siguientes términos: Como se observa, el impetrante solicitó, en síntesis, que se le brindara la fundamentación y motivación legal, respecto a la negativa de acceso a las instalaciones públicas a los abogados para los nuevos trámites y servicios administrativos, en relación con la devolución de ahorros a derechohabientes finados sin juicio, lo cual, según su dicho, fue anunciado a los medios de comunicación del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.Luego, mediante oficio de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emitido por el Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, el cual a continuación se digitaliza, contestó lo siguiente: AtentoAtento a lo anterior, se tiene que la autoridad responsable sí atendió de forma puntal las inquietudes formuladas por el quejoso, ya que de manera fundada y motivada dio contestación a sus cuestionamientos, como se verá a continuación. En primer término, y contrario a lo argumentado por el quejoso, la responsable sí sustentó sus atribuciones para dar contestación a la solicitud del quejoso, la cual estaba dirigida al Director General del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores; ello, conforme a lo estatuido en el artículo 17, fracción I, del Estatuto Orgánico de dicho Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de mayo de dos mil veinte1. Ahora, por lo que ve a su expresa petición de que se le brindara la fundamentación y motivación legal, respecto a la negativa de acceso a las instalaciones públicas a los abogados para los nuevos trámites y servicios administrativos, en relación con la devolución de ahorros a derechohabientes finados sin juicio, lo cual, según su dicho, fue anunciado a los medios de comunicación del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho; la responsable señaló que el Director General del referido Instituto no realizó tal comunicado y, por ende, no existe fundamentación o motivación que se tenga que proporcionar, al asumir que el acto relativo al anuncio no existe. Así también agregó la responsable, que no existe política o procedimiento ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, que contenga una prohibición de esa naturaleza. Finalmente señaló, que si bien conforme a la normativa vigente, los trámites en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, son de carácter personalísimo, de ser el caso que se actúe en representación de alguna persona, tal calidad deber ser debidamente acreditada con la documentación idónea. Como puede advertirse, la responsable citó el numeral en el que sustentó su competencia o atribuciones para dar contestación al escrito originalmente dirigido al Director General del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores. Después abordó de manera puntal el por qué no podía brindar la fundamentación y motivación requeridas, al asumir que no existió el anuncio en los medios de comunicación, respecto a la negativa de acceso a las instalaciones públicas a los abogados para los nuevos trámites y servicios administrativos. Para dejar en claro, que pese a que los trámites ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores son de carácter personalísimo, se puede actuar en representación de una persona, cuando se acredite debidamente tal personalidad. En las relatadas consideraciones, una autoridad cumple con la obligación que le impone el derecho de petición, al dictar un acuerdo, expresado por escrito y respecto de la solicitud que se le haya elevado; independientemente, del sentido y términos en que la respuesta se haya concebido. En otras palabras, la violación al artículo 8° constitucional, no se desvirtúa por simple contestación de la autoridad en un plazo razonable, sino que es preciso verificar que esa contestación efectivamente la haya emitido la autoridad ante la cual se elevó la petición, sea congruente con lo pedido, sin evasivas, y que se notifique al gobernado.Así, el derecho fundamental de petición exige el cumplimiento de ciertos requisitos, que son: a) Toda petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito y se debe formular de manera pacífica y respetuosa. b) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo congruente con lo pedido y por escrito. c) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. De donde se advierte, que al confrontar lo solicitado respecto de la contestación otorgada, se encuentra satisfecho el derecho fundamental consagrado en el artículo 8º constitucional. Sin perjuicio del sentido de los motivos y fundamentos en que se apoya la respuesta que involucró el derecho de petición. Lo que lleva a concluir, que el pronunciamiento de la autoridad responsable queda intocado para efectos de este asunto, por lo que se le confiere pleno valor probatorio para efectos de resolver que no existe violación al principio de congruencia. Sirve de apoyo, la tesis II.1o.A.121 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época; Tomo XXIV; Julio de 2006; página 1201. Que establece: «DERECHO DE PETICIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA INDIVIDUAL, EL JUZGADOR NECESARIAMENTE DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO. Desde un inicio el derecho de petición se instituyó de manera plena para el ciudadano -Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 22 de octubre de 1814-, posteriormente fue limitado en materia política y casi eliminado con motivo del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 10 de abril de 1865, aunque retomó su vigencia en el Proyecto de Constitución de 1o. de diciembre de 1916 hasta incorporarse a la Constitución de 1917. Así, conforme al texto actual, el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado, se traduce en la facultad de acudir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. De ello se sigue que el acto de petición en sí y el contenido de ésta, se encuentran íntimamente vinculados entre sí, al participar del principio de congruencia, por lo que al conocer del juicio de amparo promovido por violación a la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juzgador necesariamente debe analizar si la respuesta que emite la autoridad es acorde con lo solicitado». Luego, si contra lo argumentado por la responsable, de manera fundada, motivada y congruente, ninguna consideración realiza el promovente, al insistir que no se atendió de manera frontal su petición, cuando en el caso quedó demostrado que sí hubo una respuesta específica para cada uno de sus cuestionamientos, es que se estima que sus motivos de disenso, deviene inoperantes, al construirse a partir de una apreciación errónea, respecto a que no se dio contestación a sus inquietudes, lo cual, como se vio, no es correcto. Máxime que, a través de esta instancia pretende hacer valer argumentos que no formuló en el escrito de petición, ya que su ocurso lo suscribió por derecho propio y no, como representante legal de quien aduce es su cliente, asumiendo una vulneración al derecho a la libertad de trabajo, contemplado en el artículo 5º de la Constitución Federal.Ello, sin ponderar la discapacidad que adujo padece su cliente, ni ejercer derecho alguno en relación a éste, pues se reitera, cuestionó la restricción o limitación de su profesión, ante la gratuidad de los servicios que calificó como mal entendida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores. De ahí que las manifestaciones que vierte el quejoso en relación con los derechos de las personas con discapacidad, escapan de la litis constitucional conformada por el escrito de petición, y la respuesta dada por la responsable, en la que se ponderó que la suscripción del ocurso en comento fue por propio derecho y no, en su calidad de representante legal de quien señala es su cliente, y que le asigna cierta condición de vida. Por las razones que la conforman, se cita al caso la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo criterio se comparte, visible en la página 1605, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes». Ahora, respecto a que la autoridad responsable pasó por alto que su intervención era necesaria como profesional del derecho, tal argumento resulta ineficaz, ya que fue la responsable quien planteó al quejoso que en caso de actuar en representación de otra personal, tal calidad debía acreditarla de manera idónea, dejando abierta la posibilidad de su actuación en tales términos. En consecuencia, la determinación asumida por la autoridad responsable satisface la pretensión del inconforme, considerando para ello, la exposición de las razones, motivos y fundamentos, en respuesta a sus interrogantes. En esta línea de pensamiento, la contestación congruente y breve que el derecho de petición amerita; es claro que se satisfizo. En conclusión, al resultar infundados en una parte, e inoperantes en otra, los argumentos vertidos por el quejoso, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por GONZALO ARMANDO ROMO TREJO, respecto del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, conforme a lo establecido en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a GONZALO ARMANDO ROMO TREJO, en contra del acto y autoridad señalados en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso; por lista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y,por oficio a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo.
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