Gonzalo Almanza Arguello
Expediente 1169/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gonzalo Almanza Arguello
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente ********************, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el nueve de enero de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, presentada por Gonzalo Almanza Arguello, por propio derecho, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1169/2022-I, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO: Ahora, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, es necesario invocar el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto de mérito se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable, por los motivos que la informan, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193379, que dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En este contexto, de la demanda presentada por Gonzalo Almanza Arguello, se observa que señala como actos reclamados: "AUTO DE INCOMPETENCIA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, emitido dentro del Juicio Laboral 1398/2019 del índice de la Junta Especial Número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje" De lo anterior se advierte claramente que la promovente reclama el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual se declaró incompetente, para conocer del juicio laboral 1398/2019 de su índice, determinando remitir el asunto a la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en la ciudad de Xalapa. Esto, dado que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, indica que la responsable estableció que, en virtud de que su adscripción se encuentra en la ciudad de Xalapa, Veracruz, no puede conocer de su asunto, por lo que será turnado a la citada Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Explicado lo anterior, tenemos que en el particular se configura la hipótesis del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte esencialmente que el juicio de amparo resulta improcedente cuando así se disponga en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, Plenos de Circuito, así como Tribunales Colegiados de Circuito. Para el caso, procede señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en jurisprudencia de observancia obligatoria de acuerdo con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que el amparo es procedente en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos; por lo que, de no tener esa calidad, el juicio será improcedente. Dicho criterio es la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, del Tomo I, Libro XXI, de Agosto de dos mil quince, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Entonces, como ha quedado precisado, el acto que se combate en esta vía consiste en el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral número 1398/2019 del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en Veracruz, Veracruz, en la que declaró carecer de competencia para conocer del citado juicio y la declinó en favor de su similar en la ciudad de Xalapa, Veracruz, acto que, al no ser definitivo, de ninguna manera causa la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), extremos que no se actualizan en el caso concreto. De tal manera que la determinación en la que la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en Veracruz, Veracruz, declina competencia, no constituye un acto que hago procedente el juicio constitucional que se intenta. Conclusión que encuentra sustento en la tesis VII.2o.T.38 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2414, con registro digital 2016805, que señala: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN DE DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO CUANDO NO ES DEFINITIVA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 217, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, Y LA JURISPRUDENCIA P./J. 17/2015 (10a.). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO.PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", interpretó el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. En este contexto, en sentido contrario, conforme a dicha jurisprudencia debe entenderse que cuando el acto reclamado no es definitivo, el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia referida, que fijó el alcance del supuesto de procedencia mencionado en el artículo 107, fracción VIII citado. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia I.4º.T.J/205, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible, en la página 36, número 86-2 de febrero de 1995 Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: AMPARO IMPROCEDENTE, EL QUE SE PROMUEVE CONTRA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA JUNTA, CUANDO NO ES AUN DEFINITIVA. La determinación de la Junta Federal, al declinar la competencia en favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sí misma considerada no reviste la condición de definitividad para los efectos del amparo, la que sí se alcanzaría en el supuesto de que dicho tribunal acepte la competencia que se le declinó. Luego entonces, en tanto no ocurra esto, el amparo que se promueve resulta improcedente. En razón de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113, y 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia p./j. 17/2015 (10a.), se desecha la demanda de derechos fundamentales por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta, y como sus apoderados legales a Jose Luis Barradas Viveros y Jean Karlo Olivo Palestina Flores, por tratarse de la parte Trabajadora en el juicio laboral de origen. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, QUE AL TENOR LITERAL DICE LO SIGUIENTE:Boca del Río, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, presentada por Gonzalo Almanza Arguello, por propio derecho, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1169/2022-I, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO: Ahora, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, es necesario invocar el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto de mérito se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable, por los motivos que la informan, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193379, que dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En este contexto, de la demanda presentada por Gonzalo Almanza Arguello, se observa que señala como actos reclamados: "AUTO DE INCOMPETENCIA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, emitido dentro del Juicio Laboral 1398/2019 del índice de la Junta Especial Número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje" De lo anterior se advierte claramente que la promovente reclama el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual se declaró incompetente, para conocer del juicio laboral 1398/2019 de su índice, determinando remitir el asunto a la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en la ciudad de Xalapa. Esto, dado que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, indica que la responsable estableció que, en virtud de que su adscripción se encuentra en la ciudad de Xalapa, Veracruz, no puede conocer de su asunto, por lo que será turnado a la citada Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Explicado lo anterior, tenemos que en el particular se configura la hipótesis del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte esencialmente que el juicio de amparo resulta improcedente cuando así se disponga en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, Plenos de Circuito, así como Tribunales Colegiados de Circuito. Para el caso, procede señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en jurisprudencia de observancia obligatoria de acuerdo con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que el amparo es procedente en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos; por lo que, de no tener esa calidad, el juicio será improcedente. Dicho criterio es la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, del Tomo I, Libro XXI, de Agosto de dos mil quince, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Entonces, como ha quedado precisado, el acto que se combate en esta vía consiste en el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral número 1398/2019 del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en Veracruz, Veracruz, en la que declaró carecer de competencia para conocer del citado juicio y la declinó en favor de su similar en la ciudad de Xalapa, Veracruz, acto que, al no ser definitivo, de ninguna manera causa la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), extremos que no se actualizan en el caso concreto. De tal manera que la determinación en la que la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en Veracruz, Veracruz, declina competencia, no constituye un acto que hago procedente el juicio constitucional que se intenta. Conclusión que encuentra sustento en la tesis VII.2o.T.38 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2414, con registro digital 2016805, que señala: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN DE DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO CUANDO NO ES DEFINITIVA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 217, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, Y LA JURISPRUDENCIA P./J. 17/2015 (10a.). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO.PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", interpretó el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. En este contexto, en sentido contrario, conforme a dicha jurisprudencia debe entenderse que cuando el acto reclamado no es definitivo, el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia referida, que fijó el alcance del supuesto de procedencia mencionado en el artículo 107, fracción VIII citado. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia I.4º.T.J/205, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible, en la página 36, número 86-2 de febrero de 1995 Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: AMPARO IMPROCEDENTE, EL QUE SE PROMUEVE CONTRA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA JUNTA, CUANDO NO ES AUN DEFINITIVA. La determinación de la Junta Federal, al declinar la competencia en favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sí misma considerada no reviste la condición de definitividad para los efectos del amparo, la que sí se alcanzaría en el supuesto de que dicho tribunal acepte la competencia que se le declinó. Luego entonces, en tanto no ocurra esto, el amparo que se promueve resulta improcedente. En razón de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113, y 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia p./j. 17/2015 (10a.), se desecha la demanda de derechos fundamentales por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta, y como sus apoderados legales a Jose Luis Barradas Viveros y Jean Karlo Olivo Palestina Flores, por tratarse de la parte Trabajadora en el juicio laboral de origen. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe.
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