Gonzalo Alberto Barquin Granados

Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
16/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Gonzalo Alberto Barquin Granados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 21, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Sin incidente. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida por esta autoridad en su fecha, Gonzalo Alberto Barquín Granados, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La resolución que recayó a la solicitud de revisión de medidas cautelares de fecha 13 de enero del año 2021, dictada por la C. Juez Katy Lorena Becerra Arroyo, Juez de Primera Instancia de Control. dentro de la causa penal número JC/874/2020 y carpeta de investigación FECC/289/2020.". SEGUNDO. En veintiséis de enero de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, la radicó con el número de expediente 16/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable:  El acuerdo de revisión de medida cautelar de trece de enero de dos mil veintiuno, que declara subsistente la prisión preventiva por el delito de cohecho, en la causa penal JC/874/2020 y carpeta de investigación FECC/289/2020, en consecuencia seguir privado de su libertad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, y remitieron copia certificada de constancias relativas a la causa penal JC/874/2020, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Como apoyo a las consideraciones precisadas, es adecuado citar el criterio Jurisprudencial 278 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su antigua integración, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 231, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad." Así como la Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, esta autoridad advierte se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón a que el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, Isidoro Edie Sandoval Lome, determinó cambiar la prisión preventiva por la prevista en las fracciones I, VII, VIII Y X del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en consecuencia ordenó la libertad del ahora quejoso. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: En diligencia de trece de enero de dos mil veintiuno, decretado por Licenciada Katy Lorena Becerra Arroyo, Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, dentro de la causa penal JC/874/2020, que recayó a la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, que se le impuso en la audiencia judicial de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, misma que subsistió incluso con el dictado del auto de vinculación a proceso en su contra, pronunciado el uno de diciembre de dos mil veinte, por el hecho que la ley califica como delito de COHECHO. En diligencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Juez de Primera instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, Isidoro Edie Sandoval Lome, determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva, que se le impuso al quejoso de referencia en causa penal JC/874/2020, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte; y, en su lugar imponer como medida cautelar las previstas en las fracciones I, VII, VIII Y X del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, ". 1. La presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos, de manera mensual, iniciando su primer firma el día veintisiete de febrero de dos mil veintiuno. VII. La prohibición de acercarse al auto cinema, como también a sus empleados. VIII. La prohibición de acercarse, ni tener contacto, ni comunicación con las víctimas, ni con los coimputados y con ninguna persona relacionada con el proceso. X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo, que desempeñaba como Subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca, desde esta fecha", como consecuencia ordenó la libertad inmediata del ahora quejoso. Así, de la narrativa de antecedentes se desprende que a la parte quejosa en diligencia de trece de enero de dos mil veintiuno, le fue confirmada por Katy Lorena Becerra Arroyo, Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, la medida cautelar de prisión preventiva decretada en diligencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; sin embargo, en diversa de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Juez de Primera instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, Isidoro Edie Sandoval Lome, determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta al quejoso, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte; y, en su lugar imponer como medida cautelar las previstas en las fracciones I, VII, VIII Y X del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, -presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos-. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí parte quejosa reclama en la instancia constitucional que el juez de control en diligencia de trece de enero de dos mil veintiuno, negó modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en consecuencia seguir privado de su libertad; sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, tal acto reclamado quedó superado, esto es así, pues de la diligencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones responsable modificó la medida cautelar de prisión preventiva ahora por presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos, en consecuencia ordenó la libertad inmediata del quejoso, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener vigencia, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (veinticinco de enero de dos mil veintiuno), el juez natural no había acordado en cuanto a la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que aconteció mediante diligencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Por tanto, si al momento de presentación de la demanda no se había emitido el acuerdo de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, la que actualmente ha sido modificada por presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos, y, en consecuencia fue ordenada la libertad inmediata del ahora quejoso, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veinticinco de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, a través del cual informa que mediante oficio 01498/21 de uno de marzo de dos mil veintiuno, rindió informe justificado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional, y dada la voluminosidad de mismas, se ordena formar un anexo por separado, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría de este juzgado para su consulta, previa cita que estos hagan a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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