Gonzala Martínez Hernández
Expediente 782/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Gonzala Martínez Hernández
- Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, doce de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Rubén Ortega Lima, autorizado del tercero interesado Benjamín Montiel Corona; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su consta copias certificadas de las constancias que refiere, hasta en tanto exista las condiciones necesarias para realizar el trámite de fotocopiado respectivo, previa identificación y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que obra a foja 311 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a la quejosa y al tercero interesado mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, Gonzala Martínez Hernández, por propio derecho, solicitó la protección constitucional contra la sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca 178/2019, de su índice y su ejecución. Mediante auto de seis de enero de dos mil veinte, el presente asunto fue seleccionado para que el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en auxilio de este Órgano jurisdiccional, dictara la sentencia correspondiente. En sesión celebrada el catorce de febrero de dos mil veinte, el citado Tribunal auxiliar, dictó el fallo correspondiente, en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por los motivos y para los siguientes efectos: "En una porción del segundo concepto de violación, alega la quejosa la sentencia reclamada trasgrede los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, ya que la sala responsable tuvo por acreditado el tercer requisito de la acción (identidad), sin emitir un análisis consensuado de los agravios esgrimidos por la inconforme en apelación, no obstante que la norma así lo exige. La quejosa señala que la responsable fue omisa en analizar debidamente las periciales, en particular, las objeciones que formuló a los dictámenes en materia de topografía y agrimensura, emitidos por la perito de la parte actora, y el perito tercero en discordia. Sigue manifestando que, del contenido de los dictámenes del perito de la actora como del tercero en discordia, se advertía que fueron coincidentes en concluir que el inmueble que posee la inconforme no cuenta con las medidas del predio que ampara la escritura pública ofrecida por el actor, por ser mayor la superficie de éste último, en comparación con el inmueble que posee la quejosa, incluso, refieren que el bien que está en posesión de la impetrante en apariencia está inserto dentro de la superficie que ampara el título de propiedad del actor, por ser menor la superficie, es decir, constituye una fracción de dicho predio. En ese sentido, refiere que a la quejosa no se le puede demandar por algo que no puede poseer, y en el supuesto de que poseyera una fracción del inmueble propiedad del actor, entonces era necesario que así lo precisara en la demanda, sin embargo, no le reclamó una fracción de la propiedad sino la totalidad. Alega que dichas situaciones las hizo valer oportunamente, así como las objeciones a los dictámenes y su análisis fue omitido al momento de dictar la sentencia reclamada; por tanto, al ser irrefutable que la responsable no valoró adecuadamente el material probatorio, dejó de analizar argumentos y razonamientos vertidos en las objeciones, por tanto, solicita que se valoren y analicen los puntos antes detallados. Los anteriores argumentos son fundados. Esto es así, porque como lo refiere el quejoso, la Sala responsable fue omisa en analizar diversos argumentos que expresó en sus agravios de apelación en contra de la decisión de primer grado. En relación con el dictado de las sentencias los artículos 476, 479, 482 y 541, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, disponen lo siguiente: (Se trascriben tales dispositivos, se explica qué se desprende de ellos y qué son los principios de congruencia, exhaustividad, de igual forma, se cita la tesis de rubro: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL."). Ahora bien, para justificar la omisión de estudio alegada por la quejosa, es necesario traer a contexto el contenido de los agravios formulados en apelación (énfasis añadido): (.) "RESPECTO DEL DICTAMEN PERICIAL que fue ofrecido y exhibido por la parte actora, por acuerdo de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, a la suscrita se me tuvo por presente objetando en tiempo y forma el dictamen pericial que rindió el perito de la parte actora Arq. María de la Luz Sandoval García, del cual se hizo notar que en el dictamen rendido no se expresaron las referencias físicas o puntos visibles que tomó en consideración para obtener sus conclusiones, es decir, no documenta, ilustra o justifica con medio idóneo (antecedentes, constancias públicas, planos y fotografías) la existencia de referencias visibles (construcción, calles, viviendas) que tomó en consideración para dar identidad al citado inmueble, así como también omitió realizar el levantamiento topográfico correspondiente y señalar la metodología aplicada; objeción que reproduzco en este acto como si a la letra se insertase. Y que para efectos del presente recurso de apelación expongo que tales peticiones no fueron analizadas por el juez de origen al momento de dictar la sentencia definitiva." (.) De lo trascrito se obtiene que la apelante expuso ante la autoridad responsable, para lo que en este apartado es de interés, los siguientes argumentos: (Se sintetizan tales argumentos) Acotado lo anterior, del análisis de la sentencia reclamada, no se advierte que la sala responsable haya abordado el estudio de los motivos de disentimiento antes sintetizados. Para avalar tal postura, debe tenerse en cuenta las consideraciones que sustentó la sala responsable, para emitir la sentencia reclamada: (Se resumen dichos razonamientos). Las consideraciones sintetizadas, ponen de manifiesto que la Sala de apelación no se pronunció respecto a los argumentos de la apelante, en los que, esencialmente, alegó: Que de las actuaciones del juicio se acreditaba que el inmueble que trata de reivindicarse el actor aparentemente tiene una superficie mucho mayor, con respecto al bien que posee la demandada, por tanto, no está en posibilidad de devolver un bien que no posee, solicitando a la sala de apelación que de forma oficiosa se analizaran las causas de improcedencia que no advirtió el juez de origen. Que no se valoró debidamente la pericial, porque no se analizaron las objeciones respecto a los dictámenes periciales emitidos por la perito de la actora y el tercero en discordia, objeciones que dijo fueron promovidas oportunamente durante el trámite del juicio. En esos términos, se estima que la responsable no atendió en forma exhaustiva, la totalidad de los argumentos que se le expusieron en los agravios formulados por la apelante, aquí quejosa, no obstante que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, debió atender cada uno de ellos. De modo que, al no haber cumplido con dichos principios, se vulneran sus derechos fundamentales, particularmente, el contenido en el artículo 17 constitucional, que impone a los órganos jurisdiccionales, la obligación de atender todas las pretensiones que manifiesten los justiciables y que en la especie, se debió cristalizar mediante el estudio de la totalidad de los agravios que se hicieron valer. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los argumentos anteriores, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar, emita una nueva en la que, una vez que reitere las consideraciones que no son materia de concesión, analice los argumentos de agravio que omitió abordar y que se han destacado en esta ejecutoria y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. La concesión del amparo se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama al Diligenciario adscrito a la Sala responsable, en términos de la jurisprudencia 88, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: (Se transcribe datos de localización) "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLMADOS POR VICIOS PROPIOS. (Se transcribe texto y precedentes)". La conclusión alcanzada impide el estudio de los restantes conceptos de violación, toda vez que versan sobre aspectos de la identidad del bien inmueble materia de litis, y tomando en cuenta que los agravios que no analizó la responsable, están vinculados precisamente con el tópico de la identidad del bien, porque la apelante argumentó: a) Que la superficie que reclama el actor es mayor, al del bien que ella posee; b) La omisión de atender las objeciones que hizo valer contra los dictámenes periciales rendidos por la perito del actor y el tercero en discordia, y dichas probanzas son en las que se sustentó la autoridad responsable para concluir la identidad del bien, es inconcuso que la responsable deberá emitir otra sentencia en la que, con libertad de jurisdicción determinará lo conducente en torno a la identidad del bien." Mediante oficio 2044/2020, este Órgano Jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se procedería en términos del precepto citado en último término. En acato a lo anterior, a través del oficio 217/2020-1, la responsable hizo del conocimiento a este Tribunal que dejó insubsistente la sentencia reclamada y que ordenó traer los autos a vista para dictar un nuevo fallo. Por oficio 264/2020-1, la Sala responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada el cuatro de marzo de dos mil veinte, la cual, posteriormente, mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por no cumplida, en base a lo siguiente: "Sin embargo, el lineamiento "2." del fallo protector está parciamente cumplido. En efecto, se observa del fallo protector, que el Tribunal Auxiliar sostuvo, entre otras cuestiones, que la quejosa señaló que la responsable fue omisa en analizar debidamente las periciales, en particular, las objeciones que formuló a los dictámenes en materia de topografía y agrimensura emitidos por la experta del actor (foja 114 vuelta de autos). Posteriormente, el Tribunal Auxiliar expuso, que para justificar la omisión de estudio alegada por la quejosa, era necesario traer a contexto el contenido de los agravios formulados en apelación, respecto de los cuales, entre otros, trascribió el siguiente (foja 118 vuelta de autos): "RESPECTO DEL DICTAMEN PERICIAL que fue ofrecido y exhibido por la parte actora, por acuerdo de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, a la suscrita se me tuvo por presente objetando en tiempo y forma el dictamen pericial que rindió el perito de la parte actora Arq. María de la Luz Sandoval García, del cual se hizo notar que en el dictamen rendido no se expresaron las referencias físicas o puntos visibles que tomó en consideración para obtener sus conclusiones, es decir, no documenta, ilustra o justifica con medio idóneo (antecedentes, constancias públicas, planos y fotografías) la existencia de referencias visibles (construcción, calles, viviendas) que tomó en consideración para dar identidad al citado inmueble, así como también omitió realizar el levantamiento topográfico correspondiente y señalar la metodología aplicada; objeción que reproduzco en este acto como si a la letra se insertase. Y que para efectos del presente recurso de apelación expongo que tales peticiones no fueron analizadas por el juez de origen al momento de dictar la sentencia definitiva." Acto seguido, el Tribunal Auxiliar plasmó lo siguiente (fojas 120 y vuelta de autos): "De lo trascrito se obtiene que la apelante expuso ante la autoridad responsable, para lo que en este apartado es de interés, los siguientes argumentos: (.) * Que respecto del dictamen pericial ofrecido y exhibido por la parte actora, la quejosa presentó escrito objetando en tiempo y forma dicha opinión pericial, objeciones que no fueron analizadas por el juez de origen al dictar la sentencia definitiva (.)". Luego, resumió las consideraciones que al respecto expuso la Sala responsable en la sentencia reclamada (fojas 121 a 124 de autos); acto seguido, concluyó lo siguiente (folios 124 vuelta a 126 vuelta): "Las consideraciones sintetizadas, ponen de manifiesto que la Sala de apelación no se pronunció respecto a los argumentos de la apelante, en los que, esencialmente, alegó: Que de las actuaciones del juicio se acreditaba que el inmueble que trata de reivindicarse el actor aparentemente tiene una superficie mucho mayor, con respecto al bien que posee la demandada, por tanto, no está en posibilidad de devolver un bien que no posee, solicitando a la sala de apelación que de forma oficiosa se analizaran las causas de improcedencia que no advirtió el juez de origen. Que no se valoró debidamente la pericial, porque no se analizaron las objeciones respecto a los dictámenes periciales emitidos por la perito de la actora y el tercero en discordia, objeciones que dijo fueron promovidas oportunamente durante el trámite del juicio." En esos términos, se estima que la responsable no atendió en forma exhaustiva, la totalidad de los argumentos que se le expusieron en los agravios formulados por la apelante, aquí quejosa, no obstante que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, debió atender cada uno de ellos. De modo que, al no haber cumplido con dichos principios, se vulneran sus derechos fundamentales, particularmente, el contenido en el artículo 17 constitucional, que impone a los órganos jurisdiccionales, la obligación de atender todas las pretensiones que manifiesten los justiciables y que en la especie, se debió cristalizar mediante el estudio de la totalidad de los agravios que se hicieron valer. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los argumentos anteriores, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar, emita una nueva en la que, una vez que reitere las consideraciones que no son materia de concesión, analice los argumentos de agravio que omitió abordar y que se han destacado en esta ejecutoria y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. La concesión del amparo se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama al Diligenciario adscrito a la sala responsable, en términos de la jurisprudencia 88, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: (Se transcribe datos de localización) "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLMADOS POR VICIOS PROPIOS. (Se transcribe texto y precedentes)". La conclusión alcanzada impide el estudio de los restantes conceptos de violación, toda vez que versan sobre aspectos de la identidad del bien inmueble materia de litis, y tomando en cuenta que los agravios que no analizó la responsable, están vinculados precisamente con el tópico de la identidad del bien, porque la apelante argumentó: a) Que la superficie que reclama el actor es mayor, al del bien que ella posee; b) La omisión de atender las objeciones que hizo valer contra los dictámenes periciales rendidos por la perito del actor y el tercero en discordia, y dichas probanzas son en las que se sustentó la autoridad responsable para concluir la identidad del bien, es inconcuso que la responsable deberá emitir otra sentencia en la que, con libertad de jurisdicción determinará lo conducente en torno a la identidad del bien." Ahora, en observancia al lineamiento "2.", la Sala responsable estableció en el fallo que se revisa, lo que sigue (fojas 186 vuelta-191 de autos): "V.- A continuación, esta alzada procede al análisis de los agravios destacados por la Autoridad Federal, cuya omisión advirtió y precisó en la ejecutoria de amparo que aquí se cumplimenta, estando vinculados precisamente con el tópico de la identidad del bien, porque la apelante argumentó: a) Que la superficie que reclama el actor es mayor, al de bien que ella posee; b) La omisión de atender las objeciones que hizo valer contra los dictámenes periciales rendidos por la perito del actor y el tercero en discordia. Advirtiéndose de la lectura a su escrito de agravios, que la inconforme refiere quedó plenamente demostrado que la acción ejercitada y los hechos narrados en la demanda inicial, no guardan relación con las prestaciones del demandante, esto es, que la demandada realice la entrega de un inmueble que no tiene identidad con los hechos narrados, porque de las actuaciones del juicio, el inmueble que trata de reivindicarse el actor aparentemente tiene una superficie mucho mayor, con respecto al bien que ella posee, por tanto, no está en posibilidad de devolver un bien que no posee. Al respecto, es pertinente hacer referencia que, si bien el actor hace mención en su demanda que el inmueble "EX-RANCHO DE ATENCO", ubicado en calle Atlanga Número 102 colonia Granjas de Guadalupe, del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, Cuya reivindicación pretende, se identifica con las siguientes medidas y colindancias: NORTE: Mide 20.00 metros y linda con calle Constitución. ORIENTE: Mide 30.00 metros y linda con Sebastián Carmona. PONIENTE: Mide 30.00 metros y linda con Avenida Atlanga. Omitiendo citar expresamente las medidas y colindancias por el viento SUR; empero, tal circunstancia quedó superada, al establecer el Juez de primer grado, que: "No es óbice a lo señalado que en la demanda y el título que funda la acción que dicho sea de paso basta observarlo para advertir que se reprodujo de manera incompleta -ver foja siete, vuelta, parte final del expediente principal- se advierta que efectivamente se reclama un inmueble que al tomar de referencia las medidas consignadas, es triangular; empero, ello deviene inconcuso dado que a la demanda también se acompañó el certificado de inscripción respecto del título que funda la acción en el que se advierte que el inmueble materia del juicio propiedad del actor BENJAMIN MONTIEL CORONA tiene las siguientes medidas y colindancias: NORTE: 20.00 metros, linda con MANUEL SÁNCHEZ; SUR: 20:00 metros, linda con Calle Constitución; ORIENTE: 30.00 metros, linda con SEBASTIÁN CARMONA; PONIENTE: 30.00 metros, linda con Avenida Atlanga. Además, el deber de expresar los hechos fundatorios de la acción se cumple cuando el actor hace remisión expresa y detallada a situaciones, datos o hechos contenidos en los documentos exhibidos junto con la demanda, pues con esa remisión, aunada al traslado que se le corre con la copia de ellos, la parte demandada tendrá conocimiento de esos hechos para así preparar su defensa y aportar las pruebas adecuadas para desvirtuarlas, por tanto, si el hoy actor en su libelo inicial se remitió al certificado de inscripción de la copia certificada de la escritura que acompañó como fundatorio de su acción, es claro que este documento formó parte de la demanda, la que constituye un todo, y para el juzgador su estudio no se limita sólo a la misma, sino también comprende el análisis de los documentos a que se remite dicho escrito. De ahí que no es verdad lo que afirma la enjuiciada de que el inmueble que reclama el actor es triangular. Y tampoco resulta obstáculo para resolver a favor del actor la pifia asentada en su demanda respecto a las medidas que citó dado que ni siquiera es necesario que en dicho escrito se precisen la superficie, linderos y colindancias del bien, pues estas características son objeto de prueba, ya que basta con que en la demanda, se precise el bien que se reclama se encuentra en posesión del demandado; es decir, es suficiente con que en la demanda se identifique el bien que se pretende reivindicar, pero la identidad entre el bien reclamado y el que posee el demandado será objeto de prueba, pues el actor debe demostrar que el bien que reclama y al que tiene derecho, es el que se encuentra en posesión del demandado, para lo cual en el periodo probatorio deberá aportar los medios de convicción que acrediten tal extremo, para lo cual podrá aportar los medios de convicción que acrediten tal extremo, para lo cual podrá llegar a ser necesario establecer la superficie, medidas y colindancias del bien del actor y del poseído por el demandado a efecto de determinar si es el mismo." En efecto, se insiste, en el presente asunto quedó acreditada la superficie del inmueble propiedad del actor, con las documentales que hizo mención y justipreció el Juez de primer grado, además, para la procedencia de la acción en estudio, no es impedimento que en el juicio quede evidenciado que el demandado posea una superficie menor a la que ampara el título de propiedad exhibido por el actor, pues como ha quedado establecido en la presente resolución, el elemento consistente en la identidad del predio a reivindicar se acredita dentro del procedimiento, a través de cualquier medio probatorio reconocido por la ley, que permita crear convicción en el juzgador de que el inmueble reclamado es el poseído por la parte demandada, quien únicamente estará obligada a reivindicar la porción del inmueble que ilegalmente tenga en posesión; quedando acreditado en el presente asunto, que a partir del año mil novecientos ochenta y siete, GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, tiene en posesión la superficie en la que actualmente se encuentra edificada su vivienda, ubicada en la intersección que se forma entre la calle Constitución y Avenida Atlangatepec, de la Colonia Granjas de Guadalupe, Apizaco, Tlaxcala, lo que así se corroboró en el desahogo de la inspección judicial, llevada a cabo el día cinco de marzo del año dos mil dieciocho, en el inmueble localizado en calle Atlanga número ciento dos, Colonia Granjas de Guadalupe, de Apizaco, Tlaxcala, diligencia en la que la propia demandada -oferente- permitió el acceso al personal judicial a cuyo cargo estuvo dicha prueba. Incluso, el perito tercero en discordia Ingeniero Arquitecto CÉSAR MORENO SÁNCHEZ, constató la existencia y ubicación de dicha vivienda, ya que en el desarrollo de su dictamen refirió: (Transcribe) Perito tercero en discordia que procedió a describir e ilustrar las características del inmueble localizado en Calle de Atlanga número 102, Colonia Granjas de Guadalupe, Apizaco, Tlaxcala, estableciendo la hipótesis de que el inmueble en posesión de la demandada, con una superficie de 184.53 m2., cuyas medidas y colindancias son: "Al Norte: 10.15 M. Colinda con Casa Propiedad del Actor (rentada). Al Sur: 10.15 M. Colinda con Calle Constitución. Al Oriente: 18.18 M. Colinda con Lote Baldío. Al Poniente: 18.18 M. Colinda con Calle de Atlanga", se encuentra inmerso dentro de un predio de 20.00 M. x 30.00 M., propiedad del actor, concluyendo lo siguiente: "CONCLUSIÓN.- Queda demostrado Técnicamente que el Instrumento Notarial número 52, volumen sexto, de catorce de julio de mil novecientos sesenta y seis contempla un predio de 20.00 M. x 30.00 M. =600.00 M2. A).- Que dentro de éste (sic) predio se encuentra comprendida la casa habitación de 2 Niveles en posesión de la demandada Sra. Gonzala Martínez Hernández con una superficie de Terreno de 184.53 M2. B).- Que dentro de éste (sic) predio también se encuentra comprendida la casa habitación de un nivel ubicada al norte del inmueble al parecer propiedad del Actor y rentada actualmente, con una superficie de terreno de 242.60 M2. C).- Que dentro de éste predio (sic) también se encuentra comprendido un terreno baldío descrito en los puntos concretos anteriores, con una superficie de Terreno de 179.98 M2. D).- Sumando A + B + C = 607.11 M2 VS 600.00 M2. Existiendo técnicamente plena congruencia técnica ya que la variación es de "1% que no es significativo." Circunstancia que el Juez de primer grado no atendió, al condenar a la demandada GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, a la reivindicación del bien inmueble propiedad del actor BENJAMÍN MONTIEL CORONA, de ahí que, sea fundado el agravio que hace valer la apelante, relativo a que la superficie que reclama el actor es mayor, al del bien que ella posee. En otro orden de ideas, si bien GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, mediante escrito presentado el día trece de abril de dos mil dieciocho, objetó el dictamen de la perito designada por el actor BENJAMÍN MONTIEL CORONA, emitido dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada, sin embargo dicha objeción no fue acordada de conformidad por el Juez natural, como se advierte del contenido del auto de fecha dieciséis de abril del año dos mil dieciocho, el cual no fue controvertido por las partes, surtiendo sus efectos procesales correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 567, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por tanto, no causa agravio a la aquí apelante, la omisión, por parte del Juez de primer grado, en relación a dicha objeción. Aunado a lo anterior, las objeciones que GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, formuló al dictamen del perito tercero en discordia Ingeniero Arquitecto CÉSAR MORENO SÁNCHEZ, y que se le tuvieron por formuladas en auto de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve (mismas sobre las que el Juez de primer grado no realizó pronunciamiento), deben desestimarse, como al efecto así se hace, por las consideraciones emitidas en párrafos que preceden, y por las siguientes: De conformidad con lo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el valor probatorio de los dictámenes periciales será estimado por el Juez según las circunstancias, atendiendo para ello a las reglas de la lógica y la experiencia; de ahí que, dichos dictámenes, como en la especie el del perito tercero en discordia, no se puede tener como una verdad legal o como conclusiones definitivas, ya que el Juzgador debe analizar la prueba colegiada atendiendo a las diversas opiniones de los peritos que intervinieron en su desahogo, en relación con el objeto de la prueba, es decir, el hecho que se pretende dilucidar a través de los conocimientos especiales que tienen los peritos. Establecido lo anterior, deviene equívoca la aseveración que formuló GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, al sostener que el dictamen del perito tercero en discordia, se limita a manifestar "observaciones a cada pregunta del cuestionario", y que se adhiere al dictamen de otro de los peritos de las partes o ambos, careciendo de los requisitos necesarios para que se le otorgue valor probatorio; se afirma lo anterior, ya que si bien dicho perito al emitir su dictamen realizó, primeramente, un "análisis de los peritajes de cada una de las partes" sin embargo, ello fue solo como referencia, ya que procedió inmediatamente a dar respuesta a cada uno de los puntos contenidos en el cuestionario exhibido por la oferente de la prueba GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, como se advierte de la lectura y análisis del contenido de las páginas 12 a 33 de su dictamen pericial (fojas de la 416 a la 436 del expediente de primer grado); además, el perito tomó en consideración los documentos exhibidos en el juicio, a fin de dilucidar el punto controvertido por las partes en litigio, consistente en la identidad del bien inmueble propiedad del actor, cuya reivindicación demanda, lo cual fue precisamente el objeto de la prueba pericial ofrecida por GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, por tanto, el actuar del perito tercero en discordia no varía la litis planteada por las partes; conteniéndose en el dictamen respectico, las conclusiones alcanzadas por el perito tercero en discordia, con las que, incuestionablemente da contestación al punto número ocho del cuestionario exhibido por la oferente, consistente en "8.- Que el perito exponga sus conclusiones." Con base en las consideraciones emitidas en el presente fallo, resulta procedente condenar a la demandada GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, a la restitución de la superficie que tiene en posesión, del bien inmueble propiedad del actor, con las medidas y colindancias que han quedado especificadas en líneas que preceden. Por tanto, tomando en consideración que en el presente asunto resulta procedente enmendar la sentencia definitiva impugnada en apelación, no se hace condenación en constas a cargo de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En mérito de lo anterior, lo procedente es modificar, como al efecto se modifica la sentencia definitiva de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Ciudad Judicial, Apizaco, Tlaxcala, dentro del expediente número 615/2017, relativo al JUICIO REIVINDICATORIO, promovido por BENJAMÍN MONTIEL CORONA, en contra de GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, únicamente por cuanto se refiere a su puntos resolutivos TERCERO y CUARTO, para quedar en los siguientes términos: "TERCERO.- Se condena a GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ al desalojo, reivindicación y entrega material, a favor de la parte actora BENJAMIN MONTIEL CORONA, de una superficie del bien inmueble denominado "ÉX-RANCHO DE ATENCO", ubicado en calle Atlanga número ciento dos, colonia Granjas de Guadalupe, del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, la cual se identifica con las siguientes medidas y colindancias: "Al Norte: 10.5 M. Colinda con Casa Propiedad del Actor. Al Sur: 10.5 M. Colinda con Calle Constitución. Al Oriente: 18.18 M. Colinda con Lote Baldío. Al Poniente: 18.18 M. Colinda con Calle Atlanga", lo que deberá hacer dentro del término de cinco días al que cause ejecutoria esta resolución, previo requerimiento que en forma personal y en el domicilio que obra en autos le realice el diligenciario de la adscripción, apercibida que, de no hacerlo, el suscrito Juez lo hará en su rebeldía en ejecución forzosa. CUARTO.- Se absuelve a las partes del pago de costas." De la reproducción anterior se desprende, en lo conducente, que la Sala responsable indicó: 1) Que analizaría los agravios en los que la apelante esencialmente alegó: a) que la superficie que reclamó el actor era mayor al del bien que posee la apelante; b) la omisión de atender las objeciones que hizo valer contra los dictámenes periciales rendidos por la experta del actor y el tercero en discordia. 2) Respecto del inciso "b)" que precede, se observa que la responsable expuso: que si bien mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil dieciocho, la quejosa objetó el dictamen de la perito designada por el actor, sin embargo, dicha objeción no fue acordada de conformidad por el Juez natural, lo que se advertía del auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, el cual no fue controvertido por las partes, por lo que surtió los efectos procesales correspondientes y, por ende, no causaba agravio a la apelante la omisión del Juez de primer grado en relación a dicha objeción. Sin embargo, como lo alega la quejosa en el escrito de vista presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, la ejecutoria de amparo está parcialmente cumplida, en virtud de que la responsable no se pronunció respecto del agravio en el que la quejosa adujo que: "RESPECTO DEL DICTAMEN PERICIAL que fue ofrecido y exhibido por la parte actora, por acuerdo de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, a la suscrita se me tuvo por presente objetando en tiempo y forma el dictamen pericial que rindió el perito de la parte actora Arq. María de la Luz Sandoval García, del cual se hizo notar que en el dictamen rendido no se expresaron las referencias físicas o puntos visibles que tomó en consideración para obtener sus conclusiones, es decir, no documenta, ilustra o justifica con medio idóneo (antecedentes, constancias públicas, planos y fotografías) la existencia de referencias visibles (construcción, calles, viviendas) que tomó en consideración para dar identidad al citado inmueble, así como también omitió realizar el levantamiento topográfico correspondiente y señalar la metodología aplicada; objeción que reproduzco en este acto como si a la letra se insertase. Y que para efectos del presente recurso de apelación expongo que tales peticiones no fueron analizadas por el juez de origen al momento de dictar la sentencia definitiva." Cierto, no se observa del fallo que se examina, que la responsable se pronunciara respecto del escrito de objeción que aduce la quejosa fue acordado favorablemente el veinticinco de abril del dos mil dieciocho (indica la impetrante que fue en el cuaderno de pruebas de la accionante), es decir, sólo se refirió respecto del ocurso de objeción que no fue acordado por el Juez natural en auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia, ante el defectuoso actuar de la responsable, procede tener por no cumplido el fallo protector, por consiguiente, no es procedente examinar el resto las manifestaciones que vierte la quejosa en el escrito de desahogo de vista. Por consiguiente, se requiere a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de veinticuatro horas deje insubsistente la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veinte y, en su lugar, dicte otra en la que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de catorce de febrero de dos mil veinte, esto es, reitere lo que no fue materia de concesión y atienda puntualmente los lineamientos de la concesión otorgada a la quejosa Gonzala Martínez Hernández." En mérito de lo anterior, a través del oficio 974/2021, se remitió el testimonio de dicha resolución a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes, bajo los apercibimientos de ley. Luego, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 61/2021-1, por medio del cual la Sala responsable informó que dejó insubsistente la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veinte y, ordenó traer los autos a la vista para resolver lo conducente. Posteriormente, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 120/2021-1, a través del cual la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada el once del mes y año en cita, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que alegaran lo conducente. El siete de abril de dos mil veintiuno, se recibió el escrito signado por Eloy Edmundo Hernández Fierro y Guillermo González Guevara, (el primero en el carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y el segundo como autorizado en términos restringidos), a través del libelo en trato hicieron del conocimiento de este órgano colegiado del fallecimiento de la quejosa, asimismo, se reservaron intervenir en el presente asunto por haber cambiado la situación de su designación, por lo que en esa misma data se requirió a los citados a fin de que exhibieran el acta de defunción de la quejosa. Luego, el doce de abril de dos mil veintiuno, se recibió el ocurso signado por los autorizados en líneas anteriores, por medio del cual exhibieron el acta de defunción de la quejosa, y en esa misma data, se hizo saber que los autorizados carecían de facultades para continuar con el presente juicio, pues esta encomienda debe recaer en el representante legal de la sucesión de la extinta quejosa. En mérito de lo anterior, el diez de mayo de dos mil veintiuno, se suspendió el procedimiento por un plazo de sesenta días a fin de que compareciera el albacea o representante legal de la extinta quejosa. Posteriormente, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que no compareció persona alguna que representara a la finada quejosa, se ordenó reanudar el procedimiento para los fines legales conducentes. Ahora, y dado que el presente asunto se encuentra en fase de ejecución del fallo protector cuya prosecución es oficiosa y de orden público, corresponderá a este órgano constitucional determinar si el deceso de la quejosa repercute en el cumplimiento de dicho fallo. Tiene aplicación por su idea jurídica la tesis IV.1o.A.10 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 2573 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo." Ahora, del examen de la sentencia que remitió la autoridad civil de alzada responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y de las constancias que obran en autos, se aprecia que: A. Dejó insubsistente la sentencia reclamada mediante auto dictado el uno de marzo de dos mil veintiuno, foja 246 de autos. Cumplimiento del lineamiento "1". A fin de hacer patente lo anterior, se transcribe la parte conducente, tal y como se aprecia a foja 246 de autos: "(.) en consecuencia, como lo ordena la autoridad federal se deja insubsistente la resolución pronunciada por la Sala Civil-Familiar de ese Tribunal, el cuatro de marzo del año dos mil veinte, en el Toca Civil de Apelación 178/2019, en que se actúa y a efecto de dar cumplimiento al acuerdo dictado por el Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad de Apizaco, Tlaxcala, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en los autos del citado juicio de amparo, tráiganse a la vista los autos de primera y segunda instancia contenidos en el expediente 615/2017, Incidente de Tachas deducido del mismo y el Toca Civil de Apelación número 178/2019, para dictar una nueva resolución." B. Dictó otra sentencia, en la que: I. Reiteró las consideraciones que no fueron materia de concesión, esto es: Que era inoperante el segundo punto agravios en el que la apelante alegó violación o faltas al procedimiento (páginas 7-9 de la sentencia en examen). Que era infundado el quinto punto de agravio en el que la inconforme alegó, que la acción del actor era improcedente porque no estaba legitimado para demandar la reivindicación del bien en conflicto (páginas 11-16 de la resolución de cumplimiento). Que eran inoperantes los agravios de la disidente relativos a que el Juez de primera instancia no analizó las pruebas que ofreció para acreditar sus excepciones y el incidente de tachas de testigos (páginas 16-63 de la resolución en examen.) II. Posteriormente, analizó los argumentos de agravio que omitió abordar (páginas 63-77 de la sentencia dictada en cumplimiento) y que quedaron destacados en la ejecutoria de amparo, cumplimiento del lineamiento "2", a saber: a. Que la superficie que reclama el actor es mayor al del bien que ella posee. b. La omisión de atender las objeciones que hizo valer contra los dictámenes periciales rendidos por la perito del actor y el tercero en discordia. Ahora, en cuanto a al argumento marcado con el inciso "a", la sala de alzada responsable analizó la prueba consistente en la inspección judicial y posteriormente declaró fundado dicho agravio, a fin de hacer patente lo dicho, se transcribe la parte que interesa, tal y como se observa de las páginas 63-69 del fallo en examen: "Advirtiéndose de la lectura a su escrito de agravios, que la inconforme refiere quedó plenamente demostrado que la acción ejercitada y los hechos narrados en la demanda inicial, no guardan relación con las prestaciones del demandante, esto es, que la demandada realice entrega de un inmueble que no tiene identidad con los hechos narrados, porque de las actuaciones del juicio el inmueble que trata de reivindicarse el actor aparénteme tiene una superficie mucho mayor, con respecto al bien que ella posee, por tanto, no está en posibilidad de devolver un bien que no posee. Al respecto, es pertinente hacer referencia que, si bien el actor hace mención en su demanda que el inmueble "EX-RANCHO DE ATENCO", ubicado en calle Atlanga Número 102, colonia Granjas de Guadalupe, del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, cuya reivindicación pretende, se identifica con las siguientes medidas y colindancias: TRANSCRIBE COLINDANCIAS. Omitiendo citar expresamente las medidas y colindancias por el viento SUR; empero, tal circunstancia quedó superada, al establecer el Juez de primer grado, que: TRANSCRIBE. En efecto, se insiste, en el presente asunto quedó acreditada la superficie del inmueble propiedad del actor, con las documentales que hizo mención y justipreció el Juez de primer grado; además, para la procedencia de la acción en estudio, no es impedimento que en el juicio quede evidenciado que el demandado posea una superficie menor a la que ampara el título de propiedad exhibido por el actor, pues como ha quedado establecido en la presente resolución, el elemento consistente en la identidad del predio a reivindicar se acredita dentro del procedimiento, a través de cualquier medio probatorio reconocido por la ley, que permita crear convicción en el juzgador de que el inmueble reclamado es el poseído por la parte demandada, quien únicamente estará obligada a reivindicar la porción del inmueble que ilegalmente tenga en posesión; quedando acreditado en el presente asunto, que a partir del año mil novecientos ochenta y siete, GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ tiene en posesión la superficie en la que actualmente se encuentra edificada su vivienda, ubicada en la intersección que se forma entre la calle Constitución y Avenida Atlangatepec, de la Colonia Granjas de Guadalupe, Apizaco, Tlaxcala, lo que así se corroboró en el desahogo de la inspección judicial, llevada a cabo el día cinco de marzo del año dos mil dieciocho, en el inmueble localizado en calle Atlanga número ciento dos, Colonia Granjas de Guadalupe, de Apizaco, Tlaxcala, diligencia en la que la propia demandada -oferente- permitió el acceso al personal judicial a cuyo cargo estuvo dicha prueba. Incluso, el perito tercero en discordia Ingeniero Arquitecto CÉSAR MORENO SÁNCHEZ, constató la existencia y ubicación de dicha vivienda, ya que en el desarrollo de su dictamen refirió: TRANSCRIBE. Perito tercero en discordia que procedió a describir e ilustrar las características del inmueble localizado en Calle de Atlanga número 102, Colonia Granjas de Guadalupe, Apizaco, Tlaxcala, estableciendo la hipótesis de que el inmueble en posesión de la demandada, con una superficie de 184.53 m2., cuyas medidas y colindancias son: "Al Norte: 10.15 M. Colinda con Casa Propiedad del Actor (rentada). Al Sur: 10.15 M. Colinda con Calle Constitución. Al Oriente: 18.18 M. Colinda con Lote Baldío. Al Poniente: 18.18 M. Colinda con Calle de Atlanga", se encuentra inmerso dentro de un predio de 20.00 M. x 30.00 M., propiedad del actor, concluyendo lo siguiente: TRANSCRIBE. Circunstancia que el Juez de primer grado no atendió, al condenar a la demandada GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ a la reivindicación del bien inmueble propiedad del actor BENJAMÍN MONTIEL CORONA; de ahí que, sea fundado el agravio que hace valer la apelante, relativo a que la superficie que reclama el actor es mayor, al del bien que ella posee. " Ahora, en cuanto al argumento marcado con el inciso "b", la autoridad responsable, desestimó las objeciones intentadas por la quejosa contra los dictámenes periciales rendidos por la experta del actor, así como del perito tercero en discordia, a fin de hacer patente lo antepuesto, se calca la parte conducente, tal y como se observa a páginas 69-77 del fallo en examen. "Aunado a lo anterior, GONZALA MARTÍNEZ HERÁNDEZ, mediante escrito presentado el día dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dentro del Cuaderno de Pruebas de la Parte Actora, objetó el dictamen emitido por la Arquitecta MARÍA DE LA LUZ SANDOVAL GARCÍA, perito designada por BENJAMÍN MONTIEL CORONA, sin que el Juez de primer grado atendiera dichas objeciones al momento de valorar la prueba pericial; sin embargo, dicho argumento deviene inoperante para los fines que pretende la inconforme, ya que tales objeciones no demeritan el valor que le atribuyó el juzgador, por lo siguiente: Sostiene esencialmente la demandada, en su escrito de objeciones, citado en el párrafo que antecede, que la perito no basó sus conclusiones en los hechos descritos en la demanda, ni en los documentos anexos a la misma como base de su acción; que no expresa las referencias físicas o puntos visibles, que tomó en consideración para obtener sus conclusiones, es decir, no documenta, ilustra o justifica con medio idóneo (antecedentes, constancias públicas, planos y fotografías) la existencia de referencias visibles (construcción, calles, viviendas), que tomó en consideración para dar identidad al citado inmueble; que en su dictamen, no se aprecia el levantamiento topográfico correspondiente, ni el señalamiento de la metodología aplicada, solicitada por el oferente; que no se encuentra descripción alguna referente al proceso científico de medición de las dimensiones de un área particular de la superficie de la tierra, incluyendo sus distancias horizontales, direcciones, ángulos y elevaciones; que las medidas que cita el perito, no coinciden con las que se contienen en el documento fundatorio de la acción, por lo que, dichas medidas y colindancias corresponden a inmuebles diversos, porque el bien que se describe en el citado documento sólo tiene tres vientos o lados, teniendo una forma triangular y no rectangular; de ahí que, no hay coincidencias, con las medidas señaladas por el actor con las existentes físicamente. Con relación a dichas objeciones, es pertinente establecer que, si bien el actor señaló en su 'escrito de demanda las medidas y colindancias del bien inmueble objeto del juicio, referentes al NORTE, ORIENTE y PONIENTE, omitiendo la del viento SUR, sin embargo, tal cuestión fue abordada por el Juez de primer grado, al emitir la sentencia apelada, y dilucidada en el presente fallo, estableciéndose que de la observación al título en que se funda la acción se advierte que se reprodujo de manera incompleta, empero, ello deviene inocuo dado que a la demanda también se acompañó el certificado de inscripción, respecto del título que funda la acción, en el que se advierte que el inmueble materia del juicio propiedad del actor BENJAMÍN MONTIEL CORONA, tiene las siguientes medidas y colindancias: NORTE: 20.00 metros, linda con MANUEL SÁNCHEZ; SUR: 20.00 metros, linda con Calle Constitución, ORIENTE: 30.00 metros, linda con SEBASTIÁN CARMONA; PONIENTE: 30.00 METROS, linda con Avenida Atlanga; de ahí que, dicho inmueble tiene una forma rectangular y no triangular, contrario a lo que hace valer la inconforme, lo cual se corroboró con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número cincuenta y dos, volumen sexto, que exhibió el actor en la etapa probatoria mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Advirtiéndose del dictamen de la perito Arquitecta MARÍA DE LA LUZ SANDOVAL GARCÍA, que ésta manifestó que lo rinde de acuerdo: a) a la visita al lugar, b) de la inspección minuciosa ocular, c) al análisis detallado de los documentos presentados, y d) a la toma de datos e información en el sitio; dando respuesta a los puntos del cuestionario exhibido por el oferente, haciendo mención de haberse constituido en el predio ubicado en la esquina que forman las calles Atlanga y Constitución, de la Colonia Granjas de Guadalupe, Apizaco, Tlaxcala, exhibiendo el gráfico satelital, realizando el levantamiento topográfico para obtener las medidas y colindancias de dicho inmueble, como resultado del trabajo de campo realizado en la parte del terreno denominado "EX RANCHO DE ATENCO", en el que ejerce posesión la demandada GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, verificando con dicho levantamiento topográfico que las medidas coinciden con las medidas que aparecen en el documento que ampara la propiedad a favor del actor, y con las que fueron asentadas en el certificado, de inscripción, expedido por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, con fecha veintidós de agosto del año dos mil diecisiete, el cual fue exhibido por el actor con su demanda, realizando dicha Perito los croquis correspondientes, así como la conclusión siguiente: TRANSCRIBE. Por tanto, la perito Arquitecta MARÍA DE LA LUZ SANDOVAL GARCÍA, sí expresó las referencias físicas o puntos visibles (esquina que forman las calles Atlanga y Constitución) que tomó en consideración para constituirse en el bien inmueble materia de la prueba pericial, y respecto del cual desahogaría y daría respuesta al cuestionario exhibido para tal efecto, emitiendo sus conclusiones; para lo cual se basó, también, en los documentos exhibidos con la demanda, específicamente el certificado de inscripción expedido por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado, con fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en el que el citado Director hizo constar que Una Fracción del terreno denominado "EX RANCHO DE ATENCO", ubicado en extramuros de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, cuya reivindicación demandó el actor, linda por su lado SUR con calle Constitución, y por el lado PONIENTE con avenida Atlanga, siendo estos lados los que conformadla esquina a la que se remitió dicho Perito; de ahí que, su dictamen se encuentra documentado e ilustrado con fotografías satelitales y croquis, en los que hizo referencia de la ubicación del inmueble, con sus medidas y colindancias, calles con las que colindan sus lados SUR y PONIENTE; y si bien, de la lectura a dicho dictamen, se advierte que la Perito no hizo mención expresa de la metodología aplicada, ni de la descripción referente al proceso científico de medición de las dimensiones de un área particular de la superficie de la tierra, incluyendo sus distancias horizontales, direcciones, ángulos y elevaciones; sin embargo, sí precisó que realizó visita al inmueble, en el que procedió al levantamiento topográfico correspondiente. En otro orden de ideas, si bien GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, mediante escrito presentado el día trece de abril de dos mil dieciocho, objetó el dictamen de la perito designada por el actor BENJAMÍN MONTIEL CORONA, emitido dentro del Cuaderno de Pruebas de la Parte Demandada, sin embargo, dicha objeción no fue acordada de conformidad por el Juez natural, como se advierte del contenido del auto de fecha dieciséis de abril del año dos mil dieciocho, el cual no fue controvertido por las partes, surtiendo sus efectos procesales correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 567, fracción lll, del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por tanto, no causa agravio a la aquí apelante, la omisión, por parte del Juez de primer grado, en relación a dicha objeción. Aunado a lo anterior, las objeciones que GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ formuló al dictamen del Perito Tercero en discordia Ingeniero Arquitecto CÉSAR MORENO SÁNCHEZ, y que se le tuvieron por formuladas en auto de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve (mismas sobre las que el Juez de primer grado no realizó pronunciamiento), deben desestimarse, como al efecto así se hace, por las consideraciones emitidas en párrafos que preceden, y por las siguientes: De conformidad con lo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el valor probatorio de los dictámenes periciales será estimado por el Juez según las circunstancias, atendiendo para ello a las reglas de la lógica y la experiencia; de ahí que, dichos dictámenes, como en la especie el del perito tercero en discordia, no se puede tener como una verdad legal o como conclusiones definitivas, ya que el Juzgador debe analizar la prueba colegiada atendiendo a las diversas opiniones de los peritos que intervinieron en su desahogo, en relación con el objeto de la prueba, es decir, el hecho que se pretende dilucidar a través de los conocimientos especiales que tiene los peritos. Establecido lo anterior, deviene equívoca la aseveración que formuló GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, al sostener que el dictamen del perito tercero en discordia, se limita a manifestar "observaciones a cada pregunta del cuestionario", y que se adhiere al dictamen de otro de los peritos de las partes o ambos, careciendo de los requisitos necesarios para que se le otorgue valor probatorio; se afirma lo anterior, ya que si bien dicho perito al emitir su dictamen realizó, primeramente, un "análisis de los peritajes de cada una de las partes", sin embargo, ello fue sólo como referencia, ya que procedió inmediatamente a dar respuesta a cada uno de los puntos contenidos en el cuestionario exhibido por la oferente de la prueba GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, como se advierte de la lectura y análisis del contenido de las páginas 12 a 33 de su dictamen pericial (fojas de la 416 a la 436 del expediente de primer grado), además, el perito tomó en consideración los documentos exhibidos en el juicio, a fin de dilucidar el punto controvertido por las partes en litigio, consistente en la identidad del bien inmueble propiedad del actor, cuya reivindicación demanda, con el poseído o detentado por la parte demandada, lo cual fue precisamente el objeto de la prueba pericial ofrecida por GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, por tanto, el actuar del perito tercero en discordia no varía la litis planteada por las partes; conteniéndose en el dictamen respectivo, las conclusiones alcanzadas por el perito tercero en discordia, con las que, incuestionablemente, da contestación al punto número ocho del cuestionario exhibido por la oferente, consistente en: "8.- Que el perito exponga sus conclusiones." Con base en las consideraciones emitidas en el prese te fallo, resulta procedente condenar a la demandada GONZALA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, a la restitución de la superficie que tiene en posesión, del bien inmueble propiedad del actor, con las medidas y colindancias que han quedado especificadas en el presente fallo." C. Finalmente, con libertad de jurisdicción, la Sala de alzada responsable modificó la sentencia recurrida y condenó a la finada quejosa a la restitución de la superficie que detentó con las medidas especificadas en el fallo analizado. Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, subsanado el defectuoso cumplimiento dado al punto 2, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Lo anterior se decreta, en términos del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Amparo, que mandata que en el caso de que la sucesión del fallecido no intervenga en el juicio de amparo dentro de los sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión del procedimiento, el juzgador ordenará lo conducente, según cada caso. Ya que, el fallecimiento acaeció en la etapa de ejecución de sentencia, cuando el amparo ya estaba otorgado, de modo que aunque no compareció al procedimiento de ejecución la sucesión de la de cujus, se debe privilegiar la impartición de justicia pronta, dentro del juicio natural, en conformidad con el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que, dicho procedimiento ordinario culmine en todas sus etapas legales, esto es, hasta su total conclusión y archivo; y, de proceder, según sea el caso, se de -en ese proceso- intervención legal a la representación legal o a la sucesión de la de cujus, o esta acuda a manifestar lo que a su interés convenga. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Finalmente, con libertad de jurisdicción, la Sala de alzada responsable modificó la sentencia recurrida y condenó a la finada quejosa a la restitución de la superficie que detentó con las medidas especificadas en el fallo analizado. Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, subsanado el defectuoso cumplimiento dado al punto 2, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Lo anterior se decreta, en términos del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Amparo, que mandata que en el caso de que la sucesión del fallecido no intervenga en el juicio de amparo dentro de los sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión del procedimiento, el juzgador ordenará lo conducente, según cada caso. Ya que, el fallecimiento acaeció en la etapa de ejecución de sentencia, cuando el amparo ya estaba otorgado, de modo que aunque no compareció al procedimiento de ejecución la sucesión de la de cujus, se debe privilegiar la impartición de justicia pronta, dentro del juicio natural, en conformidad con el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que, dicho procedimiento ordinario culmine en todas sus etapas legales, esto es, hasta su total conclusión y archivo; y, de proceder, según sea el caso, se de -en ese proceso- intervención legal a la representación legal o a la sucesión de la de cujus, o esta acuda a manifestar lo que a su interés convenga. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
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