Gomer Santiago Miguel

Expediente 341/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
341/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Gomer Santiago Miguel

Actuaciones

  1. Principal

    Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de uno de abril de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado Notifíquese.

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Gomer Santiago Miguel, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 341/2022-I. Desechamiento. Ahora, la Jueza tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preponderante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano. En principio, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Destacado lo anterior, este órgano constitucional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo. El primer numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los demás preceptos señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a tales ordinales, el plazo para la interposición del juicio de amparo, es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Consecuentemente, la demanda de amparo que se promueva fuera del plazo de quince días, será extemporánea. - Caso concreto En el caso a estudio, la accionante de esta vía reclama, la orden girada y/o que se llegase a girar, orden de aprehensión y/o presentación y/o citación y/o detención y/o captura y actos por los que se le pretenda privar de la libertad, así como contra la autorización de la orden de cateo que se ejecute y/o pretenda ejecutar en el inmueble con domicilio ubicado en calle Xoconostle, sin número, poblado y/o colonia Santa María Cozotlan, municipio de Teotihuacán, Estado de México. Lo anterior, en razón de lo expresado por el propio quejoso en su escrito de demanda, a saber: "Es el caso que en fecha 31 de enero del año en curso, se presentaron en el domicilio del suscrito, unas personas que dijeron a mi familia ser miembros de la policía judicial y/o policía de investigación y/o policía ministerial del Estado de México; y sin identificarse les manifestaron que traían una orden de aprehensión y/o presentación y/o citación en mi contra, así como una orden de cateo para realizar en mi inmueble y/o domicilio en CALLE ***; dictada por la autoridad ordenadora antes mencionada, y sin tener motivo justificado para ello:". Así, de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en el escrito de demanda, son una manifestación de su voluntad, la cual constituye un medio de prueba que goza de valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese panorama, el presente juicio protector de derechos fundamentales se ubica dentro del segundo supuesto del artículo 18, de la Ley de Amparo; puesto que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que a través de esta vía excepcional combate, desde el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por lo que es a partir del día hábil siguiente2 (uno de febrero de dos mil veintidós), en que empezó a correr el plazo de los quince días que otorga el artículo 17 de la ley de la materia para la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior, descontando los días cinco, seis, siete, doce, trece, diecinueve y veinte de febrero de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, de ahí que se evidencia que el lapso de quince días transcurrió del uno al veintidós de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, si la demanda se presentó hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, es inconcuso que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, de ahí que su promoción es extemporánea. Lo anterior, máxime que el acto de referencia no se ubica en ninguno de los casos de excepción del citado artículo 17, fracción IV, de la Ley de amparo, pues en el caso no se reclama la aplicación de una norma general, no se trata de la sentencia definitiva condenatoria dictada en el proceso penal, no se impugnan actos que tengan por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión o disfrute de los derechos agrarios, tampoco se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ni de actos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En consecuencia, como el acto reclamado se considera tácitamente consentidos, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. No es inadvertido para esta juzgadora, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Gomer Santiago Miguel, atento a las consideraciones vertidas en líneas que anteceden. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

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