Godofredo Morales Salmerón

Expediente 935/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 46 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
935/2016
Año
2016
Actuaciones
46
Última actuación
12/09/2017

Partes del expediente

  • GODOFREDO MORALES SALMERÓN y Otros.
  • Godofredo Morales Salmerón
  • ARMANDO MOLINA ZAMORA HEREDERO DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE AGRIPINO ZAMORA MANZANAREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; doce de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los diversos documentos que exhibió en el presente juicio de amparo; en atención a su contenido, hágasele saber que deberá de estarse a lo acordado en proveído de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se dejó a su disposición los documentos que solicita. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; cuatro de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero; en atención a su contenido, envíesele copia simple de la sentencia de fecha siete de junio emitida por este juzgado Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, a veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por cuanto al tomo de prueba que se formó por separado, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, devuélvase al Secretario General del Gobierno del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, quien lo remitió con su informe justificado. Finalmente, dado que la parte quejosa adjunto al presente juicio de amparo diversas documentales; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal con documento de validez oficial que contenga su fotografía, a fin de que le sean entregadas, previa certificación de su desglose y constancia legal de su entrega, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dichas constancias serán destruidas junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 935/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Godofredo Morales Salmerón, por derecho propio y en su carácter de apoderado legal de Pablo Martínez Correa, Justino Blanco Ávila, María Salas Pérez, Alfredo Gutiérrez Palma, Celerino Ángel Leyva, Emigdia Gallo Cruz, Roberto Blanco Molina, Evaristo Martínez Correa y Armando Molina Zamora (este último como heredero de la sucesión testamentaria a bienes de Agripino Zamora Manzanares), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras Gobernador del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. Ejecutoras Grupo Ica, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en la Ciudad de México. Grupo Ideal Constructor, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La indemnización de pago, daños y perjuicios por la afectación y uso de las tierras de la copropiedad de la Ex-Hacienda el Coloso en esta ciudad de Acapulco, Guerrero." SEGUNDO. La parte quejosa sostiene que se violan en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 27 de la Constitución General de la República. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 935/2016, y se requirió a los quejosos para que precisaran el acto que reclamaban, lo que se realizó mediante escrito recibido el seis de octubre siguiente, por lo que en auto de siete del mes en cita se desechó la demanda respecto de las autoridades Grupo Ica y Grupo Ideal Constructor, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, admitiéndose por las restantes autoridades, de quienes se solicitó su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en varias ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. SEGUNDO. Mediante escrito presentado el dos de diciembre del año pasado, la parte quejosa señaló como nueva autoridad responsable a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo; por lo que en acuerdo de cinco del mismo mes se tuvo por ampliada la demanda en los términos aludidos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracciones III, inciso b), y VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto omisivo atribuido a autoridades administrativas que tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los quejosos reclaman por esta instancia la falta de pago indemnizatorio con motivo de la afectación sufrida en los bienes inmuebles que aducen son de su propiedad consistentes en las fracciones Alta Loma, el Rincón, El Nuevo y Vista Hermosa que se ubican en las dos porciones comprendidas entre el antiguo camino lindero de la Ex-Hacienda "El Coloso" y el lindero del ejido definitivo de "La Sabana", la primera a la altura de "Paso de la Parota" y "Siete Revueltas" con superficie determinada gráficamente de veintiún hectáreas, cero áreas, cero centiáreas y la segunda en la zona comprendida entre la fracción veinticinco romano y el "Palmar Rodríguez", con superficie determinada gráficamente de ciento dos hectáreas, cero áreas, cero centiáreas, con motivo de la cesión onerosa de derecho real de propiedad de bienes inmuebles que se contiene en la escritura pública número 9,045 (nueve mil cuarenta y cinco) que en copia certificada exhibieron. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Establecido lo anterior, procede ahora verificar la certeza de los actos reclamados; en ese sentido, tenemos que el Gobernador, el Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, todos del Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, al rendir sus informes con justificación por conducto de los funcionarios públicos que los representan (fojas 136, 81 y 204), negaron el acto que se les reclama, sin que obre en el sumario prueba encaminada a desvirtuar dicha negativa, y que se corrobora jurídicamente, ya que como se verá en el siguiente considerando, el acto combatido es atribuible a diversas autoridades responsables; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y lo que se impone es sobreseer en el juicio a su respecto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Secretario General de Gobierno y el Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, al rendir sus informes con justificación a través de los funcionarios públicos que los representan (fojas 223 y 169), negaron la certeza del acto que se les atribuye; no obstante, el primero manifestó en su informe que sí se indemnizó a todas y cada una de las personas que resultaron afectadas con la construcción de la obra denominada Escénica Alterna de Acapulco, a los que se les otorgó una determinada cantidad de dinero como contraprestación a la cesión de los derechos posesorios de sus respectivos solares del Ejido Llano Largo de esta ciudad, y exhibió al efecto copia certificada de las ciento cinco escrituras públicas en las que se consignan las cesiones de derechos posesorios celebradas entre diversas personas como cedentes (entre las que no se encuentran los aquí quejosos) y el Secretario de Finanzas y Administración del Estado como cesionario, las cuales hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Por tanto, pese a la negativa indicada, debe tenerse por cierto el mismo, ya que de las constancias aludidas no se advierte que se hubiera efectuado algún pago a favor de los quejosos y al tratarse de actos negativos, corresponde a las autoridades la carga de la prueba para demostrar que no incurrieron en la omisión que se les atribuye. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Antes de proceder al análisis de la litis constitucional, deben estudiarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, que de oficio se adviertan, por ser esta cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." De la literalidad de tales preceptos, se tiene que uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, es el interés jurídico. Efectivamente, porque si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Por lo cual, aquél debe de acreditar fehaciente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, ya que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resultará improcedente, máxime porque el interés jurídico no puede inferirse a base de presunciones. Consecuentemente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación por un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones: a) Un interés exclusivo, actual y directo; b) Reconocido y tutelado por la ley; y c) Esta protección legal se resuelva en aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. También, se ha sostenido por el Alto Tribunal que debe distinguirse entre perjuicio e interés jurídico como condición para la procedencia del juicio de amparo con el perjuicio económico (no jurídico) sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es una condición para la procedencia del juicio de amparo, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto o grupo de individuos, y no afectarse su esfera jurídica. En ese contexto, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que aquél sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; actuación que podría ocurrir de dos formas, a saber: 1) Si se afecta en abstracto la esfera jurídica del demandante, porque se le imponga una obligación que antes no se tenía por parte de la autoridad; o 2) Si se afecta un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Sin embargo, del análisis que se realiza a las constancias que integran el expediente se concluye que los quejosos carecen de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, ya que no acreditaron con medio de prueba idóneo ser propietarios o posesionarios del bien raíz que por esta vía defienden y que refieren fue afectado con la construcción de la obra denominada Escénica Alterna de Acapulco. Ello es así, ya que para acreditar su interés jurídico los quejosos Godofredo Morales Salmerón, Pablo Martínez Correa, Justino Blanco Ávila, Celerino Ángel Leyva, Emigdia Gallo Cruz, Evaristo Martínez Correa y Armando Molina Zamora allegaron al sumario como pruebas las siguientes: 1) Copia certificada de la escritura pública número 9,045 (nueve mil cuarenta y cinco), de dieciocho de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, pasada ante la fe del Notario Público número Ciento Cuatro del Distrito Federal, licenciado Julio Sentíes García, relativo al contrato de cesión onerosa de derechos reales de propiedad de bienes inmuebles, celebrado entre Esperanza Alonso de Iturriaga, Luís Alonso Iturriaga y María del Rosario Fernández de Alonso, como cedentes y Simón Hernández Murillo, Manuel Hernández Genchi, Cleotilde Palma Rodríguez, Eufemio Martínez Cortes, Pablo Martínez Correas, Ángel Morales Carbajal, Ignacio Silva Bibiano, Joaquín Salinas Hernández, Esteban Morales Muñoz, Santos Morales Balderrama, David Hernández Cruz, Apolinar Castillo Cruz, Guadalupe Palma Morales, Santos Zamora Chávez, Rogelio Castillo Cruz, Agustín Díaz Valente, Carmen Alvarado Aparicio, Anastasio Olea Carmona, J. Isabel Salinas Hernández, Víctor Zamora Chávez, Rubén Salinas Hernández, Ignacio Alvarado Bailón, Luís Ávila Cruz, Andrés Ávila Cruz, Sabino de la Rosa Ávila, Romualdo Vázquez Suástegui, Evaristo Martínez Correa, Agripino Zamora Manzanares, Ascención Palma García, Franco Palma Salmerón, Godofredo Morales Salmerón, Pantaleón Cardona Palma, Roberto Blanco Ávila, Justino Blanco Ávila, Rodolfo Ávila Enciso, Alfredo Mendoza Gutiérrez, Jesús Vélez Hernández, Isidora Morales Balderrama, Bernardo Gutiérrez Ignacio, Emigdia Gayo Cruz, Tomasa Morales Bibiano, Marta Rodríguez Gallegos, Benita Palma Salmerón, Natividad Ignacio Gallego, Filiberto Suástegui Molina, Celerino Ángel Leyva, Salvador Torres Rodríguez, Carmelo Palma Rodríguez, Rumualdo García Gómez, Pedro Rodríguez Parra, Santiago Rodríguez Godínez, Esteban Aparicio Gutiérrez, Marcos Salinas Hernández, Jesús García Cruz, Sabina Hernández Castillo, Eduardo García Cortez, Luís Barrientos Cruz, Isabel Barrientos Cruz, Eufemio Núñez Reséndiz, Bonifacio Ingles Alonso, José Ávila Fuentes, Trinidad González Santana, Pedro Guadalupe Herrera, Ascensión Martínez Núñez, Simón Marina Alfaro, Fidela García López, Tomás Olea Muñoz, Julián Beltrán Magallón, Anastasio Chávez León, Lucía Olea Carmona, Nicomedes Rodríguez Godínez, Ofelia Mendoza Agatón, Julián Aparicio Barreto, Adolfo Olea Carmona, Anselmo Adame García, Vicenta Díaz Salinas, María Cruz García, Gonzalo Soberanis Palma, Ignacio Ávila Sandoval, María García Sala, Elena Adame García, Andon Cortez Analco, Constancia Portillo Peralta, Eusebia Colon Morales, Paula Mendoza Nava, Vicente Martínez Adame, Pedro Calleja García, Eusebia Palma García, Balbina Molina Ávila, Antonio Martínez Pérez, Alberto García Díaz, Marta Morales Cedomio, Aurora Clemente Damian, Sabas Santos Alcocer, Tomás Quintero Castillo, Eduwigis Analco Morales, Bernardo Carmona Cardona, Lucio Cardona Salinas, Alejnadro Bernal López, Reymunda Palma Rivera, Apolinar Velázquez Chávez, Francisca Marcelo Ávila y Juan Sierra Castillo, como cesionarios, representados en ese acto por Enrique Álvarez Manilla, respecto a las fracciones Alta Loma, el Rincón, El Nuevo y Vista Hermosa que se ubican en las dos porciones comprendidas entre el antiguo camino lindero de la Ex-Hacienda "El Coloso" y el lindero del ejido definitivo de "La Sabana", la primera a la altura de "Paso de la Parota" y "Siete Revueltas" con superficie determinada gráficamente de veintiún hectáreas, cero áreas, cero centiáreas y la segunda en la zona comprendida entre la fracción veinticinco romano y el "Palmar Rodríguez", con superficie determinada gráficamente de ciento dos hectáreas, cero áreas, cero centiáreas, en cuya clausula novena se asentó: "Novena. Declaran ambas partes conocer el infundado y temerario Juicio Civil que por prescripción adquisitiva ha entablado en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, el extranjero Andrés Francisco Anderson Flores, y que por lo tanto, los cesionarios reciben la cesión conociendo todos los alcances y consecuencias que un procedimiento de esta índole pueda acarrearles en lo futuro, y conociendo así mismo que a partir de esta fecha tendrán el carácter de codemandados con los cedentes en el procedimiento antes mencionado, en el cual reclama el actor la propiedad de todos los sobrantes de la ex-Hacienda de "El Coloso", alegando posesión pública pacífica y continua suficiente para adquirir en propiedad." 2) Plano certificado que obra exhibido en la escritura a que se hace alusión en el inciso que antecede. 3) Copia simple de una carta abierta de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dirigida al Gobernador del Estado de Guerrero, por la quejosa Emigdia Gallo Cruz y los diversos copropietarios de la Ex-hacienda El Coloso. 4) Dictamen en materia de avaluó de treinta de enero de dos mil diecisiete, emitido por Humberto Ventura Prudente. 5) Documental privada consistente en el plano informativo del levantamiento topográfico del proyecto vialidad escénica alterna (Macro Tunel) afectando a los Ejidos de Cayaco o Coacoyular, Llano Largo y Copropiedad del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 6) Copia certificada del acta de Asamblea General de Ejidatarios convocada el día dieciséis de enero del dos mil, por el Comisario Ejidal y Consejo de Vigilancia y celebrada por segunda convocatoria en el Ejido de Llano Largo, Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. En tanto que los restantes quejosos María Salas Pérez, Alfredo Gutiérrez Palma y Roberto Blanco Molina, solo exhibieron los identificados con los números del 2) al 6) pues del análisis efectuado al contenido del acta pública número 9,045 (nueve mil cuarenta y cinco), no aparecen relacionados sus nombres. Sin embargo, los medios de convicción allegados por los quejosos, no son suficientes para acreditar el interés jurídico con que se ostentan, en razón de que el identificado bajo el número 3 carece de valor probatorio al tratarse de una copia fotostática; mientras que los reseñados en los incisos 4) y 5), por ser documentales privadas son insuficientes para tener por acreditado lo ahí contenido, y finalmente las restantes si bien gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia resultan insuficientes pues del análisis del instrumento público número 9,045 (nueve mil cuarenta y cinco), de dieciocho de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, con el que pretenden acreditar la propiedad del bien raíz que por esta vía defienden y que refieren fue afectado con la construcción de la obra denominada Escénica Alterna de Acapulco, se observa que se trató de una cesión de bienes litigiosos, pues de su cláusula novena se obtiene que la transmisión de la propiedad del bien inmueble materia de la cesión quedó sujeta al resultado del juicio civil de prescripción adquisitiva promovido por Andrés Francisco Anderson Flores, en contra de los cedentes Esperanza Alonso de Iturriaga, Luís Alonso Iturriaga y María del Rosario Fernández de Alonso, es decir, la transmisión de la propiedad se perfeccionaría en el momento en que el aludido juicio fuera resuelto de manera favorable para los cedentes y cesionarios, que adquirieron la calidad de codemandados y en caso contrario, de serles desfavorable los cedentes perderían la propiedad del inmuebles materia de la controversia del juicio (terrenos sobrantes de la Ex-hacienda El Coloso), circunstancia que se hacía extensiva a los cesionarios en su calidad de codemandados. En ese sentido, para acreditar plenamente la propiedad de los inmuebles que defienden era necesario que los quejosos allegaran al sumario la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio civil de prescripción adquisitiva promovido por Andrés Francisco Anderson Flores, en la que se hubiere resuelto improcedente la acción solicitada, ya que al tratarse de una cuestión que atañe al interés jurídico no puede deducirse con base en presunciones, por lo que al no hacerlo así, no es factible tener certeza sobre la validez del acto jurídico realizado y consecuentemente, tener por acreditado el interés jurídico de los quejosos. Sin que obste a lo anterior, la manifestación que bajo protesta de decir verdad adujeron en la demanda de amparo los quejosos, dado que ello no los releva de la carga procesal de demostrar que tienen interés, no solo simple, si no jurídico, para ejercer la acción de amparo. Luego, al resultar ineficaces los medios de convicción ofrecidos por los quejosos, se actualiza la causa de improcedencia invocada, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios invocados en el presente asunto no obstante que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 935/2016, contra el acto y autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta resolución y por las razones señaladas en el tercero y último de sus considerandos. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio juzgado que autoriza. Doy fe.-

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