Godofredo Mejia Jiménez
Expediente 63/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Godofredo Mejia Jiménez
Actuaciones
IV. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEIDO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN LA COMUNICACION OFICIAL 337/2018-II, EXHORTO 302/2018-II, DEL INDICE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, DERIVADO DEL EXHORTO 206/2018, DEDUCIDO DEL JUICIO DE AMPARO 175/2018, PROMOVIDO POR GODOFREDO MEJIA JIMENEZ, DEL INDICE DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CON SEDE EN MORELIA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EL PROVEIDO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 175/2018, POR LA AUTORIDAD EXHORTANTE, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 63/2018, de su índice, dado que por auto de doce de febrero de dos mil dieciocho, dicho órgano jurisdiccional ordenó remitir el referido sumario, toda vez que el juez homólogo consideró carecer de competencia para conocer del asunto en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. Fórmese expediente regístrese en el libro de gobierno con el número 175/2018. Acúsese recibo. Por lo anterior, con apoyo en los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito acepta para conocer de la demanda de amparo promovida por Godofredo Mejía Jiménez, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Ario de Rosales, Michoacán, y de otras autoridades. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta, al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°. J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo instituye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedencia: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la ley, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso haya promovido con antelación diversa controversia constitucional, contra las mismas autoridades y respecto de los mismos actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, sin que obste a lo anterior que dicha controversia se encuentre pendiente de resolución. En el caso particular, la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto en contra del acto aquí reclamado, ante este propio órgano, al cual le correspondió el número 137/2018, la cual fue desechada por auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por su notoria e indudable improcedencia, lo que constituye hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, se desprende que la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo indirecto (137/2018), contra las autoridades y respecto de los actos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Ario de Rosales, Michoacán; 2. Secretario de acuerdos del juzgado de Primera Instancia con residencia en Pátzcuaro, Michoacán: y, 3. Secretario de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Ario de Rosales, Michoacán. Acto reclamado: ? El acuerdo de doce d diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ordinario civil 828/2013, en el que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, ordena restituir los predios rústicos materia de la Litis a favor de M. Salud Mejía Jiménez. De lo expuesto con antelación, se advierte que tanto en el juicio de amparo 137/2018, como en el 175/2018 en el que se actúa, fueron promovidos por Godofredo Mejía Jiménez, contra las mismas autoridades responsables y respecto de los mismos actos reclamados, conforme a lo expuesto con antelación. Lo anterior, sin que a la fecha el referido desechamiento haya sido declarado firme ni recurrido a través de recurso de queja. Por tanto, resulta claro que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, respecto del acto que es materia en un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución, promovido por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, tramitado en este propio órgano de control constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J 24/2014 (10ª.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Abril de 2004, Materia Común, Décima Época, número de registro 2006145, visible en la página 265, de texto y rubro siguientes: "LITISDEPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otros juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforma al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número 83, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV, Enero, Materia Común, Novena Época, visible en la página 260 del texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia de juicio." También la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III. Enero 1996, Materia Común, Novena Época, visible en la página 312 del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales; quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Ahora bien, de las constancias del citado juicio se advierte que el quejoso señaló como domicilio para recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados del Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal ordene al personal a su digno cargo, para que notifique el presente auto a la parte quejosa por medio de la lista que se publique en los estrados de ese juzgado dentro del juicio 63/2018 de su índice. Una vez realizada la diligencia requerida, se solicita atentamente se remitan a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas que acrediten lo encomendado, o bien, se informe el impedimento legal o material que haya surgido para no realizarla. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, mediante oficio a la autoridad respectiva y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario
- Principal
IV-Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Catalina Ávila Torres, autorizada de la parte quejosa, por medio del cual, en atención a la incompetencia declinada por este órgano jurisdiccional en favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en acuerdo de doce de febrero actual, para conocer de la demanda de garantías, presentada por Godofredo Mejía Jiménez, solicita se le informe cuál Juzgado de Distrito actualmente se encuentra conociendo de referido asunto, a efecto de solicitar se le acuerde sobre la suspensión del acto reclamado. Consecuentemente, para estar en condiciones de proveer lo conducente respecto del libelo de cuenta, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su precepto 2°, requiérase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede Morelia, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que reciba el oficio de notificación respectivo, informe a este órgano jurisdiccional, el Juzgado de Distrito de esa ciudad, al que se turnó el juicio de amparo 63/2018-IV, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por el citado Godofredo Mejía Jiménez. Finalmente, una vez que se cuente con dicha información, hágase del conocimiento de la parte quejosa, para los efectos que indica en su ocurso de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
IV.-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Godofredo Mejía Jiménez, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ario de Rosales, Michoacán y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 63/2018-IV. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, en el caso y de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por las razones jurídicas que a continuación se exponen. Se sostiene lo anterior, porque el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo párrafo, refiere que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y la tercera, determina que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de garantías, cuando ésta no requiera ejecución material. Así, de la demanda se advierte que, el promovente designa como autoridades responsables a las siguientes: Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ario de Rosales, Michoacán. El Secretario que refrendo y/o autorizó el acuerdo del Juez de Primera Instancia, con sede en Pátzcuaro, Michoacán. Secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia, residente en Ario de Rosales, Michoacán. De quienes reclama: La desposesión de los predios rústicos denominados "El Plan", "El Salto" o "El Cuarto, "La Cañada" y "El Cerro", localizados en el rancho de Tunácuaro, municipio de Ario de Rosales, Michoacán, en cumplimiento al exhorto librado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, en autos del expediente ordinario civil 828/2013, sobre nulidad de contrato de cesión de derechos hereditarios. Por lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia legal por territorio se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, ya que, es en su jurisdicción donde se dictó y en su caso, se ejecutó la desposesión de los predios rústicos denominados "El Plan", "El Salto" o "El Cuarto, "La Cañada" y "El Cerro", localizados en el rancho de Tunácuaro, municipio de Ario de Rosales, Michoacán, en cumplimiento al exhorto librado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, en autos del expediente ordinario civil 828/2013, sobre nulidad de contrato de cesión de derechos hereditarios; pues en efecto, en la demanda de garantías, el quejoso precisó como autoridades responsables a las precisadas con anterioridad, residentes en Ario de Rosales y Pátzcuaro, Michoacán; además, los inmuebles materia del acto reclamado, se encuentran en Ario de Rosales, Michoacán. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 311625 1 de 0 Tercera Sala Tomo XLVIII Pag. 1595 Tesis Aislada(Común) COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO, EN MATERIA DE AMPARO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, actualmente en vigor, en relación con la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, es Juez competente para conocer del juicio de amparo, aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; por lo que cuando en la demanda de amparo se señala como autoridad ejecutora del acto que se reclama, a la policía de determinada entidad federativa, es claro que el Juez federal radicado en dicho Estado, es el competente para conocer del amparo, por ser dentro de su jurisdicción territorial donde trata de ejecutarse el acto reclamado, sin que baste en contrario, para estimarlo incompetente, la circunstancia de que la autoridad ejecutora niegue la existencia del acto que de ella se reclama, porque tal negativa puede ser desvirtuada mediante las pruebas que se rindan en la audiencia, y porque, aun en el caso de que dicha autoridad no hubiese recibido la orden que se ataca en la demanda de amparo, puede recibirla posteriormente y pretender llevar adelante el acto que se le atribuye. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso haya firmado su demanda en esta ciudad de Uruapan, Michoacán y señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito; puesto que tales eventos son insuficientes para considerar que el acto reclamado se vaya a ejecutar o se haya ejecutado en esta ciudad; de ahí que se afirme, que no por las manifestaciones del quejoso debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el Juez de Distrito donde se señala domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia, con el solo hecho de signar su demanda en el lugar en donde quisiera promover, por lo que la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito en donde pertenecen las autoridades responsables y se ejecutó el acto reclamado. Sustenta lo anterior: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206269 1 de 1 Primera Sala Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988 Pag. 147 Tesis Aislada(Común) COMPETENCIA, LUGAR DE EJECUCION COMO CRITERIO PARA LA DETERMINACION DE LA. ES INTRASCENDENTE EL SITIO DONDE SE FIRME LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando el quejoso afirme ser residente de una ciudad determinada, desde hace varios años, y de autos se desprenda que su demanda de garantías la signó en el propio sitio, ello no es suficiente para considerar que la orden de aprehensión, señalada como acto reclamado, se vaya a ejecutar en ese lugar, sobre todo, si no se ofreció principio de prueba para acreditar tal afirmación y las autoridades señaladas como responsables, en esa jurisdicción, negaron los actos reclamados, teniéndose como presuntivamente ciertos los atribuidos a la responsable ordenadora que radica en lugar diverso, lo cual resulta suficiente para estimar que en el caso no es aplicable el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción a la que pertenece el Juez responsable y que emitió el acto reclamado. Atento a lo anterior y con apego al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y además con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, estima que es legalmente competente para conocer y resolver la demanda de garantías, promovida por Godofredo Mejía Jiménez, el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno; razón por la cual y a efecto de que dicho Juzgador esté en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Materia, remítasele la demanda de garantías, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada. Con copia certificada de la demanda, fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que se estime procedente emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de los actos reclamados, dado que ninguno de ellos se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que en términos de lo estipulado por el último párrafo del artículo 48 de la Legislación de la Materia, quien aquí determina se encuentra impedido legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda, hasta en tanto no se decida sobre la competencia. Sustenta a la anterior determinación: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 316027 1 de 1 Segunda Sala Tomo CXXX Pag. 357 Tesis Aislada(Común) SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. Notifíquese; personalmente al quejoso.
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