Godofredo Franco Múñoz

Expediente 92/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
92/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Godofredo Franco Múñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión plenaria de siete de abril del año en curso, determinó la readscripción del titular de este órgano judicial y designó en su lugar al licenciado Guillermo Francisco Urbina Tanús, con efectos a partir del uno de mayo siguiente. Por lo cual, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado por mayoría de razón, conforme a la supletoriedad que prevé el diverso 2 de la Ley de Amparo, se estima necesario comunicarlo a las partes para su conocimiento y efectos legales a los que haya lugar. En consecuencia, se instruye al Actuario Judicial que corresponda, que notifique a las partes. Es ilustrativa, al no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; misma que resulta aplicable en lo conducente, cuyos rubro y texto son: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Por otra parte, vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó de plano la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción III, último párrafo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita; toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que este órgano de control constitucional ha agotado los medios que se encuentran a su alcance para localizar al quejoso, así como a la promovente de amparo, sin obtener resultados positivos. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que se señaló como acto reclamado la detención del quejoso, y derivado ello los diversos actos consistentes en: ".LA INCOMUNICACIÓN Y/O PRIVACIÓN DE LA VIDA Y/O TORTURA Y/O CASTIGO (APANDO) Y/O LOS MALOS TRATOS.", pues de los antecedentes que se expusieron en el escrito inicial se advierte lo siguiente: ". QUE EL DÍA DE ayer a eso de las 19:00 HORAS RECIBÍ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DEL HOY QUEJOSO, QUIEN ME MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: QUE SIENDO APROXIMADAMENTE COMO LAS 20:00 horas del día de ANTIER AL CIRCULAR POR AVENIDA DEL ROSAL, ESQUINA CON CALLE CRISANTEMAS, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDIA IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FUE DETENIDO ILEGALMENTE, POR ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DISTRITO FEDERAL QUIENES SEÑALARON QUE lo trasladarían como detenido a la agencia del ministerio público de la coordinación territorial Iztapalapa 8 con domicilio en Av. Zacatlán MZ4 LT20, Área Federal Panteón San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, 09790 Ciudad de México, CDMX.". Por otro lado, de la razón actuarial que obra en autos, se advierte que la agente del Ministerio Público responsable, le informó a la actuaria adscrita a este órgano de control constitucional que el quejoso ya no se encontraba a su disposición, en virtud de que ". salió libre aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta minutos, por falta de elementos para procesar.". De lo anterior, se advierte que el acto reclamado se consumó de manera irreparable. Bajo la anterior consideración, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse la demanda de amparo respecto de dicho acto, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVI, de la ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". De dicha porción normativa deriva la improcedencia del juicio de amparo con motivo de que el acto que se reclama ha surtido en forma total todos sus efectos y ello origina que ya no puedan ser reparables mediante la vía constitucional; entendidos estos como aquellos que al realizarse en todas sus consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun concediendo la protección de la justicia federal solicitada, no podrían retrotraerse en sus efectos. Para determinar si un acto se ha consumado de modo irreparable, es necesario atender a los efectos y consecuencias de su ejecución, de modo que si en el caso, se advierte que el justiciable en un principio fue detenido y puesto a disposición de la agente del Ministerio Público responsable, aunque, del contenido de la razón actuarial de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se destaca que fue puesto en libertad, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta minutos del día anterior, por falta de elementos para procesar, es evidente que de haber existido, se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, razón por la que no existe motivo para la resolución del fondo del asunto, cuando es evidente que no podría alcanzar su objetivo protector. Sirve de apoyo el criterio aislado emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de 1994, que en su rubro dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". En ese contexto, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a seis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -autoridad no responsable-, del que se advierte se están realizando las gestiones necesarias para cumplir el requerimiento ordenado en autos; en atencio´n a su contenido, dígase a dicha autoridad que una vez que cuente con la informacio´n que le fue requerida, deberá remitirla de manera inmediata a este juzgado. Notifi´quese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, provenientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de los cuales manifiesta que no cuenta con facultades para ". albergar registros o bases de datos respecto de domicilio, tanto de personas físicas como de personas morales usuarios del servicio financiero, sino únicamente de Entidades Financieras sujetas a la Supervisión de esta Comisión.". Al respecto, dígasele que este órgano de control constitucional le solicitó que por su conducto requiriera a los apoderados legales de las instituciones bancarias que refiere son sujetas a su supervisión, proporcionaran los datos que refiere, no así para que sea dicha institución la que actúe en esos términos; por tanto, requiérasele que en el plazo de tres días, contado a partir de que quede notificada de este proveído, dé cumplimiento a lo ordenado en autos, apercibida que en caso de no desahogar el presente requerimiento, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con apoyo en la fracción I del numeral 237, en relación con el precepto 259 de la ley de la materia. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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