Godeleva Villarreal Vaquera
Expediente 999/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 30 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Godeleva Villarreal Vaquera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
1. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; además, en el cuaderno del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos de la fracción XVIII, del artículo 3° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. 2. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Toda vez que se concedió la medida cautelar en el original del presente incidente de suspensión, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a diecinueve de enero de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede el análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia consistió en: La diligencia de emplazamiento al juicio laboral ********************, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, promovido por ********************(tercero interesado) contra la aquí quejosa; y en vía de consecuencia, las demás actuaciones, notificaciones, incluso el laudo y su ejecución. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Única. Se concede la protección constitucional a ******************** para el efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, realice lo siguiente: i) Dejen insubsistente el emplazamiento realizado a la parte quejosa ******************** en el expediente laboral ********************, así como todo lo actuado, incluyendo el laudo dictado y los actos de ejecución del mismo; única y exclusivamente por lo que hace a la aquí quejosa; y ii) Hecho que sea lo anterior, en lo subsecuente respeten el derecho de audiencia de la quejosa ******************** procediendo conforme a derecho estime corresponda. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Con ello, mediante proveído de once de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado algo al respecto. 3.1 Primer efecto. De las constancias remitidas se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dejó insubsistente el emplazamiento realizado a la parte quejosa ******************** en el expediente laboral ********************, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el laudo dictado y los actos de ejecución del mismo. 3.2 Segundo efecto. Además, en la misma fecha, con la finalidad de respetar el derecho de audiencia de la aquí quejosa, ordenó su emplazamiento. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y del oficio remitido por la citada autoridad responsable, se concluye que la misma atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 181 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria María Eugenia Vela Castellanos, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
- Principal
1. Promoción. Agréguense a los autos los oficios y anexo que acompaña, signados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, mediante los cuales informa lo relativo al cumplimiento dado al fallo protector. 2. Vista a las partes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la anterior circunstancia dése vista a la parte quejosa y tercero interesado, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1. Requerimiento de cumplimiento. Requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la concesión del Amparo otorgada en la ejecutoria de referencia e informe a este Juzgado de Distrito de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. 1.2. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de ser omisa al respecto, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el diverso 258 de la propia ley; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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