Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua

Expediente 133/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
133/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto por medio del cual se desechó la demanda de amparo, dictado en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental; por haberse desechado, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo y anexo presentada por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno como juicio de amparo 133/2023-II-A, para el control y registro de los datos estadísticos del índice de los asuntos que se tramitan en este Juzgado de Distrito, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." De lo trascrito se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que no se promueva dentro de los términos que establece el artículo 17 de la ley de la materia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En la especie, el impetrante del amparo reclama de las autoridades responsables, la promulgación, aprobación y expedición del Decreto número LXVII/APLIE/0476/2022 I P.O., a través del cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio para el Estado de Chihuahua, con motivo del primer acto de aplicación que dice erogó el nueve de enero de dos mil veintitrés, al realizar el pago de derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Notariado. Así se tiene que, el acto de aplicación de la norma que reclama se produjo el nueve de enero de dos mil veintitrés, al realizar el pago de derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en la Secretaría del Hacienda del Gobierno del Estado, sobre la escrituración que realizó ante el Notario Público Número Dieciséis del Distrito Judicial Bravos; en ese sentido, es evidente que ese anterior a día fue tuvo conocimiento del acto reclamado, pues en ese instante cumplió con el deber impositivo, que era la erogación del pago voluntario y espontáneo del tributo al que estaba obligado, empero, no se tiene noticia de ese dato, sin embargo, no tiene claridad de cuando haya el pago al Notario Público. En ese contexto, aún al tomar en consideración la fecha de realización del impuesto de referencia resulta incuestionable que la demanda resulta extemporánea; por ende, el plazo para acudir a instar es de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba para promover demanda de amparo inició al día siguiente al en que conoció del acto reclamado (nueve de enero de dos mil veintitrés) y feneció el treinta de enero del año en curso. Luego, si la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de enero de dos mil veinitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, como se obtiene de la papeleta de turno de dicha oficina, es claro que se realizó cuando ya había fenecido el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo. Así las cosas, es claro que la quejosa se conformó tácitamente con el acto reclamado, acto de aplicación del Decreto número LXVII/APLIE/0476/202 I P.O., a través del cual se expide la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua; por lo que, al no encontrarse ante alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, es indudable que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******************** ********************, número ********************, ********************, colonia ********************, en esta ciudad; y de conformidad con el artículo 12, de la ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a ********************, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que propone, para los fines legales procedentes, sin las restantes atribuciones a que se refiere el primer párrafo, por así haberlo designado la parte quejosa. Por otra parte, conforme con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el usuario ********************, para que acceda al presente juicio de amparo, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual se ordena al Oficial encargado del Sistema de Seguimiento de Expedientes haga el alta respectiva. En términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, entregándole copia autorizada de la demanda. Tal como lo dispone el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente. Ta autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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