Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua

Expediente 172/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
172/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua
  • Héctor Maynez Maldonado y propietario Casino Azteca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda; en atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa Héctor Máynez Maldonado, como propietario de la negociación "Casino Azteca", pretendiendo dar cumplimiento a la prevención que se le realizó en auto de catorce febrero del dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, del escrito de cuenta, se advierte que la firma que aparece estampada por el quejoso, difiere notablemente de la visible en la demanda de amparo; lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de caligrafía para determinar si Héctor Máynez Maldonado, fue quien suscribió el escrito inicial, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas, incluso con la que obra estampada en la copia de la credencial de elector que se anexó al escrito inicial de la demanda de amparo. A efecto de acreditar lo anterior, se insertan las firmas indicadas: Escrito inicial de demanda: Copia credencial de elector: Escrito aclaratorio de demanda: Ahora, de lo expuesto en párrafos que preceden, se advierte que la firma estampada por el agraviado en el escrito aclaratorio difiere notablemente de las visibles en la demanda de amparo y copia de la credencial de elector que se anexó al libelo de amparo; lo anterior, se reitera, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de caligrafía para determinar si Héctor Máynez Maldonado, fue quien suscribió el escrito inicial, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. En consecuencia, resulta ilógico pensar que las firmas estampadas supuestamente por la misma persona contengan rasgos notoriamente diferentes, pues la firma es el signo grafico que distingue a una persona de otra. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° de la misma legislación, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda atribuida a Héctor Máynez Maldonado, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.) publicada en la página 1344, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Ahora, el artículo 6 de la Ley de Amparo expresa que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de este del derecho que en su concepto ha sido afectación por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, al no coincidir la firma estampada por Héctor Máynez Maldonado, en el escrito aclaratorio recibido en este juzgado el veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, con la que calza la demanda de amparo y la copia de la credencial de elector que se anexó al libelo de amparo, se advierte que el ocurso inicial no fue signado por el quejoso, de lo cual se deduce que el juicio de amparo no fue promovido por el gobernado a quien perjudica los actos reclamados, con lo que se viola el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia emitida por la entonces la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 242775, que señala: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Cabe destacarse que los actos reclamados por el impetrante del amparo en el escrito inicial de demanda, no se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Y sin que se soslaye que el peticionario del amparo en el escrito aclaratorio indica que ratifica la demanda de amparo presentada y firmada por su persona en data trece de febrero del dos mil veintitrés, toda vez que con tal manifestación no se acredita que las firmas estampadas en los documentos mencionados, fueran realizadas por el impetrante del amparo. Por lo que, para efectos exclusivos de este juicio de amparo, se concluye que es falsa la firma estampada en la demanda de amparo indirecto a nombre de Héctor Máynez Maldonado, conforme al artículo 122 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de referencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° de la propia legislación. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia V.2o. J/75, visible en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1993, Tomo 68, Octava Época, del texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En apoyo de lo anterior, se cita la tesis I.12o.C.12 K (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, localizable con el número de registro: 2017619, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes diecicisete de agosto de dos mil dieciocho, Materia(s): (Común), Tesis: I.12o.C.12 K (10a.), que precisa lo siguiente: "FIRMAS NOTORIAMENTE DIFERENTES. SUPUESTO EN EL QUE EL JUEZ PUEDE DETERMINAR SU FALSEDAD SIN EL AUXILIO DE UN PERITO. La participación del perito en el procedimiento judicial tiene como finalidad asesorar al juzgador en determinada materia que es ajena a su función preponderante, en relación con ciertos hechos que para su explicación requieren de los conocimientos especializados de aquél, a fin de que el Juez los entienda y pueda valorar correctamente. En ese sentido, cuando la cuestión consiste en determinar si existen notorias diferencias entre las firmas que calzan ciertos documentos y de la mera observación de éstos se advierte que dichos signos son claramente distintos, resulta innecesaria la opinión técnica y especializada de un experto para arribar al convencimiento de que la firma cuestionada es falsa, debido a que la participación del perito, como auxiliar de la justicia, únicamente es imperante cuando el Juez, para entender y valorar correctamente la cuestión a dilucidar, requiere de conocimientos especializados sobre determinada ciencia o arte a fin de llevar a cabo una adecuada interpretación de sus causas, efectos, significado, relaciones, valoración, etcétera; lo cual no sucede cuando para determinar la falsedad de una firma basta con un simple análisis visual, debido a las burdas diferencias existentes entre las firmas. En suma, cuando las diferencias entre las firmas cuestionadas y la indubitada pueden advertirse mediante un mero análisis visual, el Juez puede determinar su falsedad sin necesidad de contar con la opinión técnica de un experto en la materia." Y la tesis publicada con la clave V.1º.19K, en la página 1391 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1999, Tomo IX, Novena Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió." Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    promovente: Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda; en atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa Héctor Máynez Maldonado, como propietario de la negociación "Casino Azteca", pretendiendo dar cumplimiento a la prevención que se le realizó en auto de catorce febrero del dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, del escrito de cuenta, se advierte que la firma que aparece estampada por el quejoso, difiere notablemente de la visible en la demanda de amparo; lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de caligrafía para determinar si Héctor Máynez Maldonado, fue quien suscribió el escrito inicial, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas, incluso con la que obra estampada en la copia de la credencial de elector que se anexó al escrito inicial de la demanda de amparo. A efecto de acreditar lo anterior, se insertan las firmas indicadas: Escrito inicial de demanda: Copia credencial de elector: Escrito aclaratorio de demanda: Ahora, de lo expuesto en párrafos que preceden, se advierte que la firma estampada por el agraviado en el escrito aclaratorio difiere notablemente de las visibles en la demanda de amparo y copia de la credencial de elector que se anexó al libelo de amparo; lo anterior, se reitera, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de caligrafía para determinar si Héctor Máynez Maldonado, fue quien suscribió el escrito inicial, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. En consecuencia, resulta ilógico pensar que las firmas estampadas supuestamente por la misma persona contengan rasgos notoriamente diferentes, pues la firma es el signo grafico que distingue a una persona de otra. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° de la misma legislación, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda atribuida a Héctor Máynez Maldonado, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.) publicada en la página 1344, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Ahora, el artículo 6 de la Ley de Amparo expresa que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de este del derecho que en su concepto ha sido afectación por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, al no coincidir la firma estampada por Héctor Máynez Maldonado, en el escrito aclaratorio recibido en este juzgado el veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, con la que calza la demanda de amparo y la copia de la credencial de elector que se anexó al libelo de amparo, se advierte que el ocurso inicial no fue signado por el quejoso, de lo cual se deduce que el juicio de amparo no fue promovido por el gobernado a quien perjudica los actos reclamados, con lo que se viola el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia emitida por la entonces la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 242775, que señala: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Cabe destacarse que los actos reclamados por el impetrante del amparo en el escrito inicial de demanda, no se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Y sin que se soslaye que el peticionario del amparo en el escrito aclaratorio indica que ratifica la demanda de amparo presentada y firmada por su persona en data trece de febrero del dos mil veintitrés, toda vez que con tal manifestación no se acredita que las firmas estampadas en los documentos mencionados, fueran realizadas por el impetrante del amparo. Por lo que, para efectos exclusivos de este juicio de amparo, se concluye que es falsa la firma estampada en la demanda de amparo indirecto a nombre de Héctor Máynez Maldonado, conforme al artículo 122 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de referencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° de la propia legislación. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia V.2o. J/75, visible en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1993, Tomo 68, Octava Época, del texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En apoyo de lo anterior, se cita la tesis I.12o.C.12 K (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, localizable con el número de registro: 2017619, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes diecicisete de agosto de dos mil dieciocho, Materia(s): (Común), Tesis: I.12o.C.12 K (10a.), que precisa lo siguiente: "FIRMAS NOTORIAMENTE DIFERENTES. SUPUESTO EN EL QUE EL JUEZ PUEDE DETERMINAR SU FALSEDAD SIN EL AUXILIO DE UN PERITO. La participación del perito en el procedimiento judicial tiene como finalidad asesorar al juzgador en determinada materia que es ajena a su función preponderante, en relación con ciertos hechos que para su explicación requieren de los conocimientos especializados de aquél, a fin de que el Juez los entienda y pueda valorar correctamente. En ese sentido, cuando la cuestión consiste en determinar si existen notorias diferencias entre las firmas que calzan ciertos documentos y de la mera observación de éstos se advierte que dichos signos son claramente distintos, resulta innecesaria la opinión técnica y especializada de un experto para arribar al convencimiento de que la firma cuestionada es falsa, debido a que la participación del perito, como auxiliar de la justicia, únicamente es imperante cuando el Juez, para entender y valorar correctamente la cuestión a dilucidar, requiere de conocimientos especializados sobre determinada ciencia o arte a fin de llevar a cabo una adecuada interpretación de sus causas, efectos, significado, relaciones, valoración, etcétera; lo cual no sucede cuando para determinar la falsedad de una firma basta con un simple análisis visual, debido a las burdas diferencias existentes entre las firmas. En suma, cuando las diferencias entre las firmas cuestionadas y la indubitada pueden advertirse mediante un mero análisis visual, el Juez puede determinar su falsedad sin necesidad de contar con la opinión técnica de un experto en la materia." Y la tesis publicada con la clave V.1º.19K, en la página 1391 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1999, Tomo IX, Novena Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió." Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, sin que sea el caso acordar respecto al contenido del oficio que signa Agente del Ministerio Público, en funciones de Coordinadora del Área de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, toda vez que mediante resolución interlocutoria de trece de enero de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente. CUMPLASE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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