Gloria Vanessa Martínez Fuentes
Expediente 3708/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3708/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2018
Partes del expediente
- Gloria Vanessa Martínez Fuentes
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiera recurrido la resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Hilario Núñez Arvizu, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/HNA/prm
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta Especial y la Secretaria de Junta Especial, ambas de la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual se les tiene rindiendo su informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo y allegando documentales relativas al juicio laboral de origen, las cuales, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, mismas que se ordena agregar a los presentes autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, revisadas que fueron las documentales de mérito, es dable advertir que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que los efectos del acto reclamado han cesado y, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite de este juicio. Se afirma lo anterior, en virtud que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se aprecia que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que el juzgador, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación de las garantías imputadas por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por los peticionarios de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además, dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al juzgador a esperar la data señalada para la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En la especie, se observa la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo texto, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la facción anterior. .". (La subraya es propia) Para que se actualice la causa de improcedencia apuntada es necesario que: 1. Los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; 2. Por la referencia a la fracción que le precede, se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 3. Además, se refiere a juicios terminados o cuya resolución se encuentra firme, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. En esas condiciones, la causa de improcedencia opera cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria dictada en el anterior juicio, respecto del cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, aunque las violaciones constitucionales hayan sido diversas. Por regla general, la citada causal no se actualiza en casos de desechamiento de la demanda o sobreseimiento en el juicio, ya que en éstos no se decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; sin embargo, se admiten excepciones a esta regla cuando los motivos de improcedencia se fundan en circunstancias que hacen inejercitable la acción de amparo de manera insuperable, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, ya que estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo proceso constitucional. Desde un punto de vista formal o procesal, se ha sostenido que la cosa juzgada significa la imposibilidad de impugnación de una sentencia (se identifica con la firmeza o definitividad que adquieren determinadas resoluciones). Conforme al punto de vista material o de fondo, la autoridad de la cosa juzgada alude al carácter irrebatible o inmodificable de la decisión jurisdiccional a que se ha llegado (se identifica con la verdad legal o eficacia de la decisión en el tiempo). En ese sentido, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en sus artículos 354, 355, 356 y 357, establece: "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.- - Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias:- - - I. Las que no admitan ningún recurso;- - - II. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y- - - III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. Artículo 357. En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer. La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso." En ese contexto, existe cosa juzgada desde un punto de vista formal, cuando la sentencia ha causado ejecutoria, lo cual puede suceder por ministerio de ley o por declaración judicial. En cuanto a las sentencias que causan ejecutoria por declaración judicial, para que adquieran la calidad de cosa juzgada se requiere primero que transcurra un plazo establecido por la ley y que, durante el mismo, no se interponga el recurso o medio de impugnación conducente, en cuyo caso precluye el derecho de combatir la sentencia y ésta adquiere por declaración judicial la calidad de cosa juzgada. En cambio, las sentencias que causan ejecutoria por ministerio de ley, automáticamente al pronunciarse y notificarse, se consideran firmes con la autoridad de la cosa juzgada, sin necesidad de una ulterior declaración judicial que así lo determine. Las anteriores reglas que desde un punto de vista formal identifican la autoridad de la cosa juzgada con la definitividad que adquieren determinadas resoluciones de juicios ordinarios, ya sea por declaración judicial o por ministerio de ley, sirven para distinguir la firmeza que puede adquirir una sentencia de amparo. Sin embargo, la referencia que hace el legislador ordinario a "verdad legal" y a "sentencia ejecutoria", sugiere además, que la cosa juzgada desde un punto de vista material o de fondo se identifica con el carácter inmutable de la decisión, es decir, con la eficacia que puede tener en el tiempo el fallo correspondiente que, por regla general, tiene que ver con el fondo del litigio en jurisdicción ordinaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración anterior, sostuvo los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que el juicio de garantías no es improcedente, cuando se reclaman actos que han sido materia de otro amparo desechado con anterioridad, puesto que si no se entró al estudio de la constitucionalidad de dichos actos, el quejoso puede solicitar nuevamente la protección federal, ya que en tal caso, no puede decirse que, en términos de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el segundo juicio, han sido materia de una ejecutoria". "COSA JUZGADA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR. NO PUEDE FUNDARSE EN UNA SENTENCIA QUE DECRETO EL SOBRESEIMIENTO. La fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, esto es, la causa de improcedencia de cosa juzgada, no puede apoyarse en una sentencia que decretó el sobreseimiento del juicio por no ser ciertos los actos combatidos". En relación con estos criterios se establecieron casos de excepción, al tenor de la jurisprudencia por reiteración de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías" Ahora bien, a fin de verificar la actualización de la causa de improcedencia, en la especie se observa que mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, Gloria Vanessa Martínez Fuentes, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en lo que interesa, contra el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la responsable Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco en proveer el escrito presentado por el quejoso el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Por razón de turno, correspondió conocer de la citada demanda a este juzgado de distrito, quien la admitió, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, con el número de expediente 3190/2017-VI, juicio en el que, el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo solicitado; la cual, el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria al no haber sido recurrida. Sentencia en la que, en su parte en la que concedió el amparo solicitado, estableció: "Provea el escrito de planilla de liquidación presentado por la parte actora del juicio laboral 3428/2017-B, con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete y en caso de existir impedimento legal lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional." Información que se tiene a la vista de este juzgador por constituir un hecho notorio para resolver el presente juicio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la Jurisprudencia 12, visible en la página 295, del Tomo V, Enero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Asimismo, resulta aplicable el criterio de la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, del Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." En mérito de lo expuesto, se concluye que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues, del estudio comparativo del acto reclamado en el presente juicio constitucional, con el combatido en el diverso de amparo 3190/2017, del índice de este juzgador, se aprecia que se trata, en esencia del mismo quejoso y de la misma autoridad responsable, respecto del mismo acto reclamado como lo es la omisión por parte de la responsable Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco en proveer el escrito presentado por el quejoso el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 3428/2014/17-B. De ahí que el acto ahora reclamado constituye cosa juzgada, por haber sido materia de pronunciamiento en diverso juicio de amparo, promovido por la quejosa, en contra del mismo acto reclamado, y quedado firme por haber causado ejecutoria la sentencia. Así, como lo autoriza el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista formal o procesal, la cosa juzgada a que se alude, implica la imposibilidad de impugnación de los actos reclamados, ante la firmeza de la improcedencia de su reclamo anterior en los términos indicados, pues dicha situación no puede ser desconocida en este nuevo proceso constitucional. Estimar lo contrario, implicaría contrariar el sistema que establece la Ley de Amparo, en que la constitucionalidad de los referidos actos se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como se hagan valer en juicios de amparo. Esto, aparte de evitar tanto la litispendencia y respetar la cosa juzgada, evita la contradicción de sentencias sobre el particular, así como la emisión de pluralidad de sentencias estudiando el mismo tema, puesto que basta el estudio de dicho tópico en una ocasión para que resulte innecesario pronunciarse en torno a éste en diversidad de ocasiones. Cobra aplicación la tesis 56, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible bajo el rubro y contenido siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". Asimismo, cobra aplicación la tesis I.6o.T.8 K, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "AMPARO, JUICIO DE. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMOVIÓ POR EL MISMO QUEJOSO. Si el Tribunal Colegiado resolvió un juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por haber sido el acto reclamado materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, procediendo, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal". Consecuentemente, en virtud de que el reclamo en este juicio de amparo, ya había sido planteado por el mismo quejoso en el diverso juicio de amparo 3190/2017 del índice de este juzgado, opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo que procede es sobreseer en el presente juicio antes de la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las doce horas con treinta minutos del trece de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Hilario Nuñez Arvizu. Doy fe. LAPT/HNA/msm
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Del análisis de los autos, se desprende que el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (fojas 530), se tuvo a la parte tercero interesada interponiendo recurso de queja en contra del acuerdo emitido el veintidós de marzo de ese año; asimismo, en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (folio 692), se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, informando la admisión del citado recurso de queja, el cual al día de hoy se encuentra pendiente por resolver. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Amparo, se ordena suspender el procedimiento en este juicio, hasta en tanto se resuelva el recurso de queja mencionado en párrafo que precede. Es aplicable la jurisprudencia P./4/2012 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por analogía, cuyo rubro y texto son los siguientes: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO.- La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto citado en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia". Finalmente, se deja insubsistente la hora y fecha fijada para la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López. Doy fe. FRG/ICL/mf
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